Sentencia 22073 de febrero 23 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Aprobado Acta Nº 12

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Con arreglo a lo conceptuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por no existir tratado de extradición aplicable entre los dos Estados, serán las normas del Código de Procedimiento Penal las que disciplinen el presente concepto.

No es cierto, como lo afirma la defensa, que la Corte haya venido evadiendo el análisis de la fuente formal aplicable a las solicitudes de extradición presentadas por los Estados Unidos de América, puesto que de tiempo atrás tiene definido el punto, compartiendo el criterio reiterativo de la autoridad que por mandato constitucional le compete determinar qué instrumentos internacionales son aplicables en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que pese a estar vigente el de extradición en el exterior suscrito con el país requirente, el mismo no puede ser aplicado en el ordenamiento jurídico interno por ser declaradas inexequibles las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo ratificaban, sin que hasta la fecha haya sido promulgada una en su reemplazo.

Por consiguiente, al no existir tratado de extradición aplicable entre los dos países y con arreglo a lo preceptuado por los artículos 35 y 18 de la Carta Política y el Código Penal respectivamente, y 508 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, siendo estas las disposiciones llamadas a ser aplicadas en el presente caso.

2. Pues bien, en orden a lo estipulado por el artículo 520 de la Ley 600 de 2000, la Corte Suprema de Justicia fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.

Elementos observados parcialmente por el país requirente, tal como lo pregona el señor agente del Ministerio Público. Veamos:

Cuestiones previas:

1. Inicialmente deja la Sala en claro, que en los trámites de extradición en los que los hechos imputados hayan ocurrido con anterioridad al 17 de diciembre de 1997 y se prolonguen después de esa fecha, viene rindiendo concepto favorable a la extradición para aquellos ocurridos en vigencia del Acto Legislativo 1 de 1997 que restableció la extradición de colombianos por nacimiento, y desfavorablemente para los ejecutados con anterioridad; por lo tanto, acogerá la solicitud de la defensa de rendir concepto adverso en relación con los hechos acaecidos con antelación a esa data.

A lo que no accederá es a disponer el retiro de los cargos y de las evidencias que comprueben la ocurrencia de los hechos previos a esa fecha, como que por ellos Miguel Rodríguez Orejuela ya fue juzgado en Colombia, por tratarse de una función no asignada a la Corte en el trámite de extradición, ya que según el Código Procesal Penal solo le incumbe impulsar la fase judicial que termina con el concepto en donde debe verificar si los elementos del artículo 520 se reúnen, dentro de los cuales obviamente no están los tópicos pretendidos por la defensa.

2. Sobre la improcedencia de la extradición por la causal prevista en el artículo 565 del Decreto 2700 de 1991, aplicable ante la declaratoria de inexequibilidad del artículo 527 del Código de Procedimiento Penal vigente, (la norma actual no la regula), no son de recibo las razones ofrecidas por el defensor por cuanto de tiempo atrás la Sala viene reiterando que indagar si en Colombia el requerido en extradición está siendo o fue juzgado por los mismos hechos que es reclamado o por otros, con miras a decidir si niega, concede o difiere la extradición, es un asunto que desborda el objeto del concepto, y que concierne definir al Gobierno Nacional, autoridad que por mandato legal es quien decide si concede o no la entrega.

No es cierto que le competa a la Corte definir este aspecto, por corresponder al máximo órgano de justicia del país velar por el respeto de la Constitución y los derechos individuales, comoquiera que el trámite de extradición no responde a la noción de un proceso penal de suerte que en su proceder le está vedado averiguar sobre la coexistencia de las categorías de la conducta punible atribuida al requerido, es decir, si los hechos verdaderamente ocurrieron, en qué fecha y lugar, si son típicos y antijurídicos, sobre la responsabilidad del solicitado y la pena a imponer en caso de condena, por ser aspectos que constituyen el objeto de los procesos penales fundamentos de la reclamación, a decidir por las autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos de América; debiéndose restringir a impulsar la fase judicial que culmina con la emisión del concepto en el cual debe constatar si los elementos estipulados en el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal se reúnen, labor en la cual no está facultada para cuestionar la validez y mérito de los medios de prueba anexados; correspondiendo al Gobierno Nacional, en últimas, resolver si concede o no la extradición.

En otras palabras dicho, de acoger el pensamiento de la defensa la Sala socavaría el principio de legalidad que rige el trámite de extradición, comoquiera que son los artículos 518 y 520 del Código de Procedimiento Penal (arts. 500 y 502 actuales), los que le imponen a la Sala de manera armónica la obligación de decretar e incorporar las pruebas que necesite para rendir el concepto y fundamentar este en la validez formal de la documentación, en la plena identidad del requerido, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la decisión proferida en el extranjero, y cuando sea el caso en lo dispuesto por los tratados internacionales.

Interpretación con la cual Sala no está violando el principio del non bis in ídem, ya que lo que viene pregonando es que el competente para decidir sobre él es el Gobierno Nacional, estando obligado a negar la extradición en caso de comprobar su presencia.

El cumplimiento o no de este precepto por parte del ejecutivo, corresponde controlarlo a la misma administración y a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la Corte, a través del recurso de reposición y las acciones correspondientes.

Sobre este tema la Corte Constitucional se pronunció en el mismo sentido en la Sentencia 1106 de 2000, con ponencia del magistrado, doctor Alfredo Beltrán Sierra, de la siguiente manera:

“Para esta corporación, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, comoquiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esta conducta a la norma jurídica penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento.

Por eso —y no por otra razón—, es que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se circunscribe a emitir un concepto en relación con el cumplimiento del Estado requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan en el Código de Procedimiento Penal.

Así, resulta claro entonces, que este concepto de la Corte Suprema de Justicia, puede ser acogido o no por el jefe del Estado, si es favorable, lo que significa que, en últimas, es el Presidente de la República como supremo director de las relaciones internacionales del país, quien resuelve si extradita o se abstiene de hacerlo.

Y por la misma razón, dada la naturaleza jurídica de la actividad que cumple la Corte Suprema de Justicia al emitir el concepto aludido, cuando este es negativo lo que se manifiesta por ella es que no se cumplieron por el Estado requirente, los requisitos mínimos de esa figura de cooperación internacional señalados en el Código de Procedimiento Penal y, por ello, ese concepto negativo resulta obligatorio para el Presidente de la República pues tanto él como la Corte Suprema de Justicia se encuentran sometidos a la ley colombiana, sin que, se repite, ese concepto negativo sea un acto jurisdiccional dado que al emitirlo no se dicta una providencia de juzgamiento como ya se dijo”.

No está demás precisar, como viene de enunciarse, que el nuevo Código de Procedimiento Penal excluyó esa causal de improcedencia de la extradición.

3. Comoquiera que el Código de Procedimiento Penal no contempla el fenómeno de la prescripción de la acción penal y de la pena como motivo que impide la extradición, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre él, tal como lo postula la defensa.

4. Tampoco lo hará sobre la validez y valoración de las pruebas en las cuales se fundamentan los cargos atribuidos al requerido, la supuesta falta de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales norteamericanas por eventuales actos de discriminación y prejuzgamiento, y la posible improcedencia de la extradición en aplicación de tratados internacionales, cuya verificación y aplicación es propia del Gobierno Nacional, como la Sala insistentemente lo ha venido sosteniendo en el curso de este trámite.

Además, el bloque de constitucionalidad en lo relativo a los derechos humanos de los solicitados en extradición, la Sala lo viene aplicando pidiéndole al Gobierno Nacional en los conceptos favorables condicionar su entrega a que el país requirente no lo someta a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles o degradantes, a penas de destierro, ni a prisión perpetua atendiendo lo normado por los artículos 12 y 34 de la Carta Política; las que en el nuevo Código Procesal fueron incluidas en el artículo 494.

No se pronunciará la Sala sobre los múltiples argumentos expuestos por la defensa para controvertir los ofrecidos por la Sala para fundamentar el concepto favorable a la extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela, por cuanto con ello pretende revivir el debate ya culminado en otro trámite de extradición.

1.1. De la validez formal de la documentación.

Con arreglo a lo estipulado por el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal (art. 495 actual), la solicitud de extradición ha de realizarse por vía diplomática, y excepcionalmente por la consular, o de gobierno a gobierno, acompañada con copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; la indicación exacta de los actos que fundamentan la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; todos los datos que el país requirente posea y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada y, copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.

Documentación que ha de ser expedida con arreglo a la legislación interna del país requirente y traducida al castellano, si fuere el caso.

A su turno, el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118, preceptúa que los documentos públicos otorgados por un país extranjero a través de uno de sus funcionarios o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron acorde a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agente consular de un país amigo, se autenticará previamente por funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.

Presupuestos cabalmente observados por el Gobierno de los Estados Unidos en conexión con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano, Miguel Ángel Rodríguez Orejuela.

Efectivamente, la petición fue elevada inicialmente por la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país al Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, por vía diplomática, anexando la resolución de acusación sustitutiva 03-20774-CR-MORENO (s), dictada el 22 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, que atribuye a Miguel Rodríguez Orejuela los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína; concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína; concierto para lavar las utilidades provenientes del tráfico de narcóticos, y concierto para obstruir la justicia; las declaraciones del fiscal federal adjunto de la oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de la Florida, Laurence M. Bardfeld, y del agente especial de la oficina de aplicación de la ley de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, Edward Kacerosky, informan sobre la continuación de las actividades criminales por parte de los hermanos Rodríguez Orejuela mientras permanecían en prisión, relacionando las evidencias acopiadas en la investigación, esto es, los testimonios de miembros de la organización que vienen colaborando con las autoridades norteamericanas; documentos y evidencia física que ponen de manifiesto que muchas de las actividades de los principales dirigentes del “Cartel de Cali” encarcelados en 1995 y 1996 han continuado desde las prisiones colombianas, entre ellas: preparar y organizar la compra y empaque de cocaína, preparar o de cualquier otra manera negociar el envío de cocaína a los Estados Unidos y su distribución, preparar y organizar el cobro de millones de dólares en ganancias derivadas de la cocaína y el envío de las ganancias en efectivo a Colombia, preparar el posterior lavado de dichas ganancias; preparar los cambios de nombre y la reestructuración de empresas y corporaciones con el fin de encubrir la verdadera propiedad de las mismas, preparar y dirigir los pagos de las sumas mensuales de ganancias de la organización para los miembros encarcelados de la misma y/o de sus familiares en los Estados Unidos, Colombia y en cualquier otro lugar, a cambio del silencio de dichos confabuladores, y preparar y dirigir actos violentos con la intención de obstruir la justicia en Colombia, los Estados Unidos y otros lugares que incluyen secuestros, violaciones y asesinatos.

Los hechos que motivan la solicitud de extradición se encuentran detallados en la solicitud de extradición y sus anexos, en los cuales se determinan los períodos en que fueron ejecutados los delitos atribuidos al requerido, los actos que evidencian el establecimiento y funcionamiento de los diversos conciertos, denotando los lugares, fechas y personas que en ellos participaron; particularidades suficientes para que la Sala entre a verificar, más adelante, si el principio de la doble incriminación se presenta.

De otro lado, junto con las notas verbales con las cuales fueron solicitadas la detención provisional y la extradición del requerido, aportaron los datos necesarios para identificarlo, y transcripción de los estatutos penales supuestamente vulnerados.

Posteriormente la misma Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, con la nota verbal 494 del 2 de marzo de 2004, complementó la solicitud de extradición incluyendo un caso del Distrito Sur de Nueva York, anexando la cuarta resolución de acusación sustitutiva S4 03 Cr. 1465, dictada en contra de Miguel Rodríguez Orejuela, en la cual se le acusa de concertar con otras personas desde el año de 1982 o aproximadamente desde ese año y hasta inclusive el 24 de febrero de 2004 o aproximadamente hasta esa fecha, para lavar las utilidades de las actividades ilícitas de tráfico de narcóticos a través de una red internacional de empresas fachada diseñadas para evadir la aplicación de sanciones económicas impuestas a ellas por la oficina de activos extranjeros del departamento del tesoro (“OFAC”), y convenir con otras personas para realizar transacciones financieras con el fin de evadir y evitar las sanciones económicas de la OFAC durante el mismo período de tiempo.

Y, las declaraciones rendidas por el fiscal federal delegado para el Distrito Sur de Nueva York, Boyd Jonson III, y el agente especial para la administración antidrogas, Daniel Dyer, quienes precisan que el solicitado en extradición junto con su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, al menos desde 1982 o alrededor de esa fecha hasta 1995 o alrededor de esa fecha, lideraron el Cartel de Cali, el cual participó de todos los aspectos del comercio de cocaína, y el lavado de dinero; que al ser capturados en sus declaraciones de culpabilidad admitieron que entre 1982 o alrededor de esa fecha y 1995 o alrededor de esa fecha, el Cartel de Cali transportó y distribuyó bajo su liderazgo un mínimo de 29.980 kilogramos de cocaína, cuya venta les generó una fortuna ilícita superior a los 1.000 millones de dólares; que según las fuentes confidenciales Cs1 y Cs2, a finales de los 80 y comienzos de los 90, conspiraron con otras personas para invertir dicha fortuna en empresas de apariencia legítima, e intentaron ocultar el hecho de ser los dueños de las empresas que ejercían su control para proteger sus activos y evitar que les fueran confiscados por las autoridades.

Hechos que también fueron detallados, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron ejecutados los actos demostrativos de los delitos imputados.

Testimonios que junto con las notas verbales con las que al inicio fue solicitada la detención preventiva y después formalizada la solicitud de extradición, comportan la información necesaria para identificar al reclamado; las que por demás fueron acompañadas por la transcripción de las disposiciones supuestamente transgredidas.

Los anexos fueron autenticados en su totalidad cumpliendo las exigencias del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, que la hacen presumir otorgada conforme al ordenamiento jurídico de ese país, por consiguiente, debe ser valorada formalmente como medios de prueba en este trámite.

Ciertamente, en lo que atañe al primer proceso, la directora asociada de la oficina de asuntos internacionales, división de lo penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Mary D. Rodríguez, certificó que copias fieles de las declaraciones juradas del fiscal federal adjunto Laurence M. Bardfeld de la oficina del fiscal federal del Distrito Sur de Florida, y del agente especial de la oficina de aplicación de la ley de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, Edward Kacerosky, se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de Washington.

El procurador de los Estados Unidos, John Ashcroft, atestó que Mary D. Rodríguez, para la fecha que signó el anterior documento, desempeñaba el cargo de directora asociada de la oficina de asuntos internacionales, división de lo penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para constancia de lo cual hizo estampar el sello del departamento de justicia y que el director adjunto de la oficina de asuntos internacionales, diera fe de su firma.

Por su parte, el Secretario de Estado, Colin L. Powell, certificó que a los documentos anexos se les fijó el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, el que es digno de plena fe y crédito, en testimonio de lo cual hizo estampar el sello del dicho departamento y que suscribiera su nombre el funcionario auxiliar de autenticaciones, Sonia N. Johnson.

La cónsul de Colombia en Washington, María de los Angeles Barraza, atestó que Sonia N. Johnson, desempeñaba para ese entonces las funciones de auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado, y su firma fue avalada por el jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Documentos traducidos al castellano por la Embajada de los Estados Unidos de América.

Trámite que fue observado totalmente en lo que atañe a los anexos del segundo proceso, en la participación de los mismos funcionarios de los Estados Unidos de América, de la vicecónsul de Colombia en Washington y del jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; los cuales también fueron traducidos al castellano por la Embajada de los Estados Unidos de América.

En suma, reunidas las exigencias del artículo 513 del Código de Procedimiento Penal, se da por acreditado el elemento de la validez formal de la documentación aportada.

2.2. De la plena identidad del requerido.

Para la Sala es claro que la persona requerida en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América es la misma a quien se le notificó la orden de captura con esos fines y que permanece privada de la libertad a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación por virtud de este trámite.

Conclusión a la que llega la Sala tras valorar en conjunto la siguiente información que conforma el expediente.

En la nota verbal 2241 del 16 de diciembre de 2003, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país solicitó la detención provisional con fines de extradición, aportó como datos atinentes a la identidad de la persona requerida que responde al nombre de Miguel Rodríguez Orejuela, también conocido como “El Señor”, ciudadano colombiano, nacido el 15 de agosto de 1943, en Cali, Colombia, que su descripción es la de un hombre de tipo hispánico, que mide aproximadamente 5 pies, 6 pulgadas de estatura (167.64 cm), pesa más o menos 155 libras (70.70 kg.), tiene pelo negro y gris, y ojos carmelitas, portador de la cédula de ciudadanía colombiana 6.095.803, y que está detenido actualmente en Colombia; los mismos recabados en la nota verbal 375 con la cual fue formalizada la solicitud de extradición, y en las declaraciones rendidas en apoyo por Laurence M. Bardfeld y Edward Kacerosky, transcritos en la resolución por medio de la cual el despacho del Fiscal General de la Nación decretó su captura con esos propósitos, y confirmados por la fiscalía 17 de la unidad nacional de fiscalías antinarcóticos y de interdicción marítima al notificar dicha resolución, teniendo en cuenta, además, la fotografía anexada que según el agente especial empleado por la oficina de aplicación de la ley de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, Edward J. Kacerosky, fue identificada por Guillermo Pallomari, Jorge Salcedo, Harol Ackerman, Viki Giron, Julio Jo, Fernando Flores, y Beatriz Garmendia, como de Miguel Rodríguez Orejuela.

Información que en lo fundamental coincide con la suministrada por la misma Embajada de los Estados Unidos de América en relación con el segundo caso, comoquiera que en la nota verbal 494, con la cual complementó la solicitud de extradición incluyendo el segundo proceso, ratifica que el solicitado en extradición es Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, identificado con la cédula de ciudadanía 6.095.803, y en las declaraciones rendidas en apoyo por el fiscal federal delegado del Distrito Sur de Nueva York, Boid M. Jonson III, manifiesta que es ciudadano colombiano, con pasaporte colombiano, en custodia en nuestro país, y por el agente especial de la DEA, Daniel Dyer, reitera que nació el 15 de agosto de 1943, de raza caucásica/hispana, mide aproximadamente 5.7, pesa aproximadamente 160 libras, con cabello caño y ojos calor carmelita, con cédula de ciudadanía 6095803.

Pero si alguna duda persistiera sobre la concurrencia de este requisito son el requerido y su defensor quienes se encargan de diluirla, ya que el primero desde que fue notificado de la captura con fines de extradición se viene identificando con la cédula de ciudadanía aportada por las autoridades extranjeras y, el segundo, por no controvertir en el curso del trámite este requisito afincando la defensa en otros tópicos diferentes.

Por lo tanto, en tratándose de la misma persona, la Sala da por acreditado este elemento.

2.3. Principio de la doble incriminación.

Acorde con lo establecido por el artículo 511 del Código de Procedimiento Penal (art. 493-2 actual), para que proceda la entrega es necesario que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior de cuatro (4) años.

Exigencia cumplida parcialmente en lo correspondiente a los delitos endilgados a Miguel Ángel Rodríguez Orejuela.

2.3.1. En la resolución de acusación substitutiva 03-20774-CR-MORENO (s), dictada el 22 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se acusa al requerido de los siguientes cargos:

“Cargo 1.

Aproximadamente desde 1990, hasta aproximadamente julio de 2002, siendo las fechas exactas desconocidas para el gran jurado, en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de la Florida, y otros lugares, los acusados, Miguel Rodríguez Orejuela, alias “El Señor” ... a sabiendas e intencionalmente se unieron, aliaron, confabularon, y acordaron entre sí y en otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo una sustancia estupefaciente controlada de la categoría II, es decir, cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, en violación del capítulo 21 del Código de los Estados Unidos, sección 952 (a); todo lo anterior en violación del capítulo 21 del Código de lo Estados Unidos, secciones 963 y 960(b)(1)(B).

Cargo 2.

Aproximadamente desde 1990, hasta aproximadamente julio de 2002, siendo las fechas exactas desconocidas para el gran jurado, en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida, y otros lugares, los acusados, Miguel Rodríguez Orejuela, alias “El Señor” ... a sabiendas e intencionalmente se unieron, aliaron, confabularon, y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para poseer con intención de distribuir una sustancia estupefaciente controlada de la categoría II, es decir, cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína; en violación del capítulo 21 del Código de los Estados Unidos, sección, 841 (a)(1); todo lo anterior en violación del capítulo 21 del Código de los Estados Unidos, secciones 846 y 841(b)(1)(A)(ii).

Cargo 3.

Aproximadamente desde 1990, hasta aproximadamente julio de 2002, siendo las fechas exactas desconocidas para el gran jurado, en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de la Florida y otros lugares, los acusados, Miguel Rodríguez Orejuela, alias “El Señor” ... a sabiendas e intencionalmente se unieron, aliaron, confabularon, y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para a sabiendas llevar a cabo transacciones financieras que afectan el comercio nacional y extranjero, lo cual incluye las ganancias producto de actividades ilegales específicas, es decir, comprar, vender, importar y negociar con sustancias controladas, hechos sancionables bajo las leyes de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de dicha actividad ilícita, y teniendo conocimiento de que las transacciones estaban total o parcialmente diseñadas para esconder y disfrazar la naturaleza, lugar, fuente, propiedad y control de las ganancias producto de dichas actividades ilegales; y que mientras se llevaba a cabo y se intentan llevar a cabo dichas transacciones financieras, tenían conocimiento que la propiedad involucrada en dichas transacciones financieras, es decir, los instrumentos monetarios y las propiedades muebles, representaban las ganancias producto de actividades ilegales específicas en violación del capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(a)(1)(A)(i), 1956(a)(1)(B)(i); todo lo anterior en violación del capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1956(h).

Cargo 4.

A principio o alrededor de 1990, siendo las fechas exactas desconocidas por el gran jurado, y de ahí sucesivamente hasta la fecha del presente sobreseimiento al acta de acusación, en Miami, Condado de Dade, en el Distrito Sur de la Florida, y otros lugares, los acusados, Miguel Rodríguez Orejuela, alias “El Señor” ... a sabiendas e intencionalmente se unieron, aliaron, confabularon y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para cometer un delito en contra de los Estados Unidos, a saber, influenciar, obstruir e impedir la debida administración de justicia por medio de corrupción, amenazas y violencia; en violación del capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1503; asesinar a otras personas con la intención de impedir la asistencia y testimonio de cualquier persona en procesos funcionarios(sic) en violación del capítulo 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1512(a)(1)(A); y asesinar otras personas con la intención de impedir la comunicación por cualquier persona con cualquier autoridad del orden público o juez de los Estados Unidos para informar en relación con la perpetración o posible perpetración de un delito federal en violación del capítulo 18 Código de los Estados Unidos, sección 1512(a)(1)(C).

Los cargos de concierto para importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de él 5 kilogramos o más de cocaína, y el concierto para poseer con intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína atribuidos al requerido en el país requirente, también constituyen delito en nuestro territorio por encasillarse en el concierto para delinquir con fines de narcotráfico, injusto definido por el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, y sancionado con prisión de 6 a 12 años.

Por otra parte, el artículo 376 ídem, sanciona al que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, con prisión de 8 a 20 años, y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la cantidad de cocaína”.

En cuanto al concierto para lavar las utilidades provenientes del tráfico de narcóticos, su adecuación se logra en Colombia en el tipo penal de lavado de activos, el cual es descrito por el artículo 323 del Código Penal, como el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen mediato o inmediato en actividades, entre otras, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito; sancionándolo con prisión de 6 a 15 años y multa de 500 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es decir, que en relación con estos tres cargos el principio de la doble incriminación coexiste por ser tipificados en Colombia como delitos y sancionados con pena privativa de la libertad no inferior a cuatro años, en lo que tiene que ver con los hechos ocurridos a partir del 17 de diciembre de 1997.

No sucede igual con la conspiración para obstruir la justicia, por cuanto su ubicación dentro del Código Penal se alcanza genéricamente en el concierto para delinquir contemplado en el inciso primero del artículo 340, el cual prevé un castigo de prisión de 3 a 6 años, el cual no puede ser incrementado aplicando el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, una tercera parte al mínimo y la mitad al máximo, por cuanto que habiendo sido expedida para dar aplicación al nuevo sistema acusatorio en Colombia y teniendo en cuenta que el trámite de extradición no tiene la naturaleza de un proceso penal, solo puede aplicarse a las solicitudes de extradición hechas durante su vigencia, en tanto, que los requerimientos en curso al instante de entrar a regir el nuevo sistema serán tramitadas por la Ley 600 de 2000 y el Código Penal, sin su reforma.

O sea, que la exigencia del artículo 511 de la Ley 600 de 2000 relativa a que la conducta que motiva la solicitud de extradición además de delictiva en Colombia debe ser sancionada con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años, se cumple en cuanto a los tres primeros delitos, y por los hechos acaecidos después del 17 de diciembre de 1997.

2.3.2. En la resolución de acusación sustitutiva S 4 Cr. 1465, dictada por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York, en contra de Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, se le hace los siguientes cargos:

“Primer cargo.

Desde 1982 o alrededor de esa fecha hasta los corrientes, en las inmediaciones del Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, los acusados Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, junto con otros conocidos y desconocidos, se unieron, se asociaron, conspiraron y se pusieron de acuerdo entre ellos y con cada uno de los demás de manera ilícita, voluntaria y a sabiendas para infringir la sección 1956 del título 18 del Código de los Estados Unidos.

Como parte y objeto de dicha conspiración, los acusados Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, junto con otros conocidos y desconocidos, en un delito que involucra e incide en el comercio interestatal y en el comercio exterior, a sabiendas de que los bienes involucrados en determinadas transacciones financieras, a saber, transferencias bancarias de cientos de miles de dólares, representaban el fruto de algún tipo de actividad ilícita, cientos de miles de dólares, representaban el fruto de algún tipo de actividad ilícita, de manera ilícita, voluntariamente y a sabiendas llevaron a cabo e intentaron llevar a cabo tales transacciones financieras cuyo propósito y efecto era el de evadir y eludir, y que en efecto facilitaron la evasión y la elusión de las prohibiciones establecidas en la orden ejecutiva 12978 y de las reglamentaciones emitidas de conformidad con dicha orden y al amparo de la IEEPA, lo cual incluye las “Narcotics traffickig sanctiones regulations”, parte 536 del título 31 del Código de Reglamentaciones Federales, con la intención de fomentar la realización de la actividad ilícita mencionada, con lo cual infringieron la sección 1956 (a)(1)(A)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos.

Como parte y objeto adicional de la conspiración, los acusados Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, junto con otros conocidos y desconocidos, en un delito que involucra y que incide en el comercio interestatal y en el comercio exterior, y a sabiendas de que los bienes involucrados en determinadas transacciones financieras, a saber, la transferencia, de millones de dólares en efectivo, representaban el fruto de un tipo de actividad ilícita, de manera ilícita, voluntariamente y a sabiendas intentarían llevar a cabo dichas transacciones financieras y así lo hicieron. Las transacciones en cuestión involucraron, efectivamente, el fruto de una actividad ilícita específica, a saber, las ganancias de determinadas transacciones ilícitas de estupefacientes, a sabiendas de que las transacciones estaban destinadas en parte y en su totalidad a ocultar y a cubrir la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los frutos de actividades ilícitas específicas, con lo cual se violó la sección 1956 (a) (1) (B) (i) del título 18 del Código de los Estados Unidos”.

“Segundo cargo.

Las alegaciones presentadas en el primer cargo quedan incorporadas aquí por referencia como se enunciaran de nuevo en su totalidad.

Desde 1982 o alrededor de esa fecha hasta los corrientes o alrededor de esta fecha, en las inmediaciones del Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, los acusados Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, junto con otros conocidos y desconocidos, se asociaron, se unieron, conspiraron y se pusieron de acuerdo entre ellos y con cada uno de los demás de manera ilícita, voluntaria y a sabiendas para cometer un delito contra los Estados Unidos, a saber, infringir las secciones 1701 y 1706 del título 500 del Código de los Estados Unidos.

Como parte de la conspiración, los acusados Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, junto con otros conocidos y desconocidos, llevaron a cabo transacciones destinadas a evadir y eludir y cuyo efecto fue el de evadir y eludir y que facilitaron la evasión y la elusión de las prohibiciones especificadas en la orden ejecutiva 12978 y en las reglamentaciones emitidas de conformidad con la orden y al amparo del international emergency economic power act, incluso las narcotics trafficking sanctiones regulationes, parte 536 del título 31 del Código de Reglamentaciones, con lo cual se infringieron las secciones 1701 y 1706 del título 50 del Código de los Estados Unidos”.

La conspiración para lavar las utilidades del tráfico de narcóticos imputado en el primer cargo, configura en nuestra patria el delito de lavado de activos, que es sancionado, como atrás se vio, con prisión de 6 a 15 años, lo que significa que el principio de la doble incriminación en relación con él se cumple, claro está en lo que se refiere a los hechos ocurridos después del 17 de diciembre de 1997.

No sucede igual cosa con el segundo cargo, el concierto para realizar transacciones financieras con el propósito de evadir las sanciones económicas de la OFAC, que tiene como base la misma conducta del cargo anterior, en virtud a que en nuestro ordenamiento jurídico penal acordar con otras personas eludir las sanciones económicas previstas en el ordenamiento jurídico extranjero, no está previsto de manera autónoma e independiente en nuestra ley penal sustantiva como delito, habida cuenta que no existe ningún tipo penal que de manera específica prohíba eludir los efectos de los reglamentos u órdenes ejecutivas expedidas bajo la égida de la ley de emergencia económica de los Estados Unidos de América, por lo que en relación con este cargo no se satisface el principio de la doble incriminación.

En punto a estos dos cargos la Sala en el concepto emitido en el expediente 22.072, de fecha 3 de noviembre de 2004, con ponencia del honorable magistrado, Alfredo Gómez Quintero, expresó con esta misma orientación, lo siguiente:

“... aunque ambos delitos imputados se fundamentan en similares hechos lo cierto es que estos se plantean a la manera de un concurso delictual, en la medida en que con una acción se habrían vulnerado diversos tipos penales, por manera que las mismas operaciones financieras tuvieron por fin “esconder o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad o el control del producto de una actividad ilícita específica”, pero a la vez “infringir cualquier licencia, orden o reglamento” entre ellos la denominada Lista Clinton, emitida al amparo de la ley de emergencia económica, por ello los cargos terminan discriminando las normas violadas, aquel la sección 1956 (a)(1)(B) del título 18 del Código de los Estados Unidos que precisamente se refiere al lavado de instrumentos monetarios y este a las secciones 1701 a 1706 del título 50 del mismo código que hacen relación a las facultades del Presidente de los Estados Unidos (incluida la de emitir reglamentos), ante amenazas inusuales y extraordinarias.

En esas condiciones el primer cargo contiene indudablemente una imputación de concierto para lavado de activos, así en últimas se terminen eludiendo las sanciones económicas dispuestas en la orden ejecutiva mencionada y ello —siendo también punible en Colombia— cumple de ese modo el principio de la doble incriminación.

Pero el segundo cargo expresado en términos según los cuales el requerido y otras personas acordaron sus voluntades para eludir las sanciones económicas prescritas en esa legislación extranjera, no tiene en verdad —como lo precisa el delegado— equivalente jurídico en nuestro país; no existe norma alguna en el ordenamiento interno que describa como punible el concierto para eludir los efectos de los reglamentos u órdenes ejecutivas emitidas al abrigo de la ley estadounidense de emergencia económica, luego es evidente que respecto a dicha imputación ausente se halla la exigida doble incriminación y en consecuencia, por ese cargo el concepto habrá de ser desfavorable”.

Así entonces, fluye con claridad la sinrazón de la defensa al pregonar que el primer cargo no constituye el delito de lavado de activos sino violación de las facultades de emergencias nacionales, ya que la resolución de acusación expresamente le endilga el cargo de conspiración para lavar las utilidades de las actividades ilícitas de tráfico de narcóticos transgrediendo la sección 1956 (h) del Código de los Estados Unidos que tipifica justamente ese ilícito; cosa distinta es que el mismo tipo penal prevea la posibilidad que este injusto se realice con violación de la sección 7201 a 7206 del Código del Servicio de Impuestos Internos de 1986.

Porque nuestra legislación penal no prevé el concierto para realizar transacciones financieras con el propósito de evadir y evitar las sanciones económicas de la OFAC contraviniendo la aludida sección 7201 a 7206 de manera independiente, es que la Sala concluye que no se satisface el principio de la doble incriminación en lo que toca con este cargo.

Tampoco es atendible la valoración que hace la defensa sobre la supuesta imposibilidad de autorizar la extradición por varios cargos de concierto respecto del mismo delito, debido a que en Colombia no se permite penalizar un concierto por cada una de las conductas alternativas previstas en los delitos de narcotráfico y lavado de activos sino por un solo concierto; en virtud a que el principio de la doble incriminación implica determinar si los delitos atribuidos también tienen ese carácter en Colombia y que sean sancionados con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años, de modo que establecer si existe concurso de delitos o si se sancionaría dos veces en el mismo país por una misma conducta, son aspectos que desborda el objeto del concepto y que debe ser planteado por la defensa en el proceso penal base de la reclamación.

Por último, será negada la solicitud del defensor relativa a que la Sala emita concepto adverso a la entrega porque los hechos ocurrieron en Colombia y no en el exterior, afincado en que la intención de la asociación para traficar estupefacientes, lavar activos y obstruir la justicia se produjo en nuestro territorio, sin que los resultados acaecidos en Estados Unidos, dice, pueda cambiar su momento consumativo en tratándose de delitos de mero peligro, puesto que su perfeccionamiento se lograría con la puesta en peligro del bien jurídico tutelado con la realización de alguna de las conductas alternativas, por las siguientes razones:

Acerca del contenido y alcance de esta exigencia prevista en el artículo 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 1997, la Sala con antelación viene reiterando que su verificación la hará en el momento de rendir el concepto cimentada en la información suministrada por el país requirente en la solicitud de extradición y sus anexos, la cual debe cumplir con las exigencias del artículo 513 de la Ley 600 de 2000 (art. 495 actual), es decir, entregar: copia o transcripción auténtica de la sentencia, la resolución de acusación o su equivalente, e indicar con exactitud los actos que determinan la solicitud de extradición y, el lugar y la fecha en que fueron ejecutados.

Si evidencia la ejecución completa de la conducta endilgada en territorio patrio rinde concepto desfavorable a la extradición así converjan los elementos del artículo 520 del Código Procesal Penal (art. 502 actual), pero si lo que acredita es la tipificación de alguna de las excepciones del principio de territorialidad el concepto será favorable siempre que los fundamentos legales estén también satisfechos, hincada en que constituyendo principios de derecho internacional su acatamiento en el ordenamiento jurídico interno es imperativo por mandato del artículo 90 de la Carta, y en virtud a que la Corte Constitucional estableció que su vigencia en la órbita internacional es de doble vía, a la vez que habilita la aplicación de la ley penal colombiana a personas que hayan delinquido total o parcialmente en el exterior, admite la intervención de la jurisdicción extranjera a conductas punibles cometidas así sea parcialmente en nuestro territorio.

Interpretación acorde con la naturaleza mixta del trámite de extradición pasiva, en el cual la Corte contrae su función a establecer si formal y objetivamente se satisfacen los fundamentos del concepto con la documentación recibida, quedándole prohibido cuestionar la validez o el mérito de las pruebas aportadas.

Frente a este marco jurídico conceptual, es claro que los delitos imputados al requerido en que concurren el principio de la doble incriminación, sucedieron parcialmente en territorio de los Estados Unidos, por lo que es viable la extradición.

Ciertamente, en cuanto a la resolución de acusación 03-20774-CR-MORENO (s), la solicitud de extradición y sus anexos atribuyen a Miguel Rodríguez Orejuela los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos y poseer cocaína, y para lavar las ganancias provenientes del narcotráfico; tipos en los cuales la Corte tiene establecido que es de su esencia la concurrencia de pluralidad de personas previamente concertadas, y que las conductas indicativas del concierto se manifiesten en cada país involucrado en el comercio ilícito o en el lavado de activos, es decir, el país de origen, los de tránsito y el de destino.

Particularidad presente en este evento dado que en cuanto a los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos de América y para poseer cocaína, y para lavar las ganancias del narcotráfico endilgados al requerido, se indica, entre otros, el territorio de los Estados Unidos como lugar en donde fueron ejecutados actos demostrativos del acuerdo.

En efecto, la acusación y los testimonios rendidos en apoyo de la solicitud, informan que los hermanos Rodríguez Orejuela continuaron enviando cargamentos de cocaína a los Estados Unidos participando de las denominadas “cargas carcelarias colectivas”, propósito para el cual un grupo de importantes traficantes encarcelados aunaron recursos y cocaína.

Entre otros comportamientos que evidencian que los conciertos para importar y poseer cocaína se realizaron parcialmente en Estados Unidos se pueden citar, que la organización criminal utilizó una ruta ya existente para importar más de 1.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos; que durante 3 años contados a partir de 1997, mientras permanecía en prisión, Víctor Patiño Fomeque suministró el transporte marítimo a grandes cantidades de cocaína para la organización liderada por los hermanos Rodríguez Orejuela; y la confiscación en Miami del envío de un cargamento de cocaína en el año 2000 financiado por el requerido, para probar una nueva ruta.

Del concierto para lavar activos, la recolección de millones de dólares producto del tráfico de narcóticos, en los primeros meses de 1998, el establecimiento de un nuevo sistema de contrabando de divisas para Miguel Rodríguez Orejuela desde los Estados Unidos a Colombia pasando por Venezuela, a finales de 1997 y comienzos de 1998, y el contrabando de 500.000 dólares a Cúcuta, en junio de 1998.

Lo anterior comprueba que los actos constitutivos de los delitos de concierto para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína en los Estados Unidos, y para lavar las ganancias del narcotráfico, ocurrieron parcialmente en ese país, agotándose el presupuesto en estudio.

Igual sucede con el concierto para lavar las utilidades del tráfico de narcóticos imputado en la Resolución S4 03 Cr. 1465, teniendo en cuenta que la acusación y sus anexos como actos que revelan el concierto señalan que a finales de los 80 y comienzos de los 90, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, empezaron a preocuparse porque las investigaciones de las autoridades pusieran en riesgo sus activos provenientes de las actividades delictivas, conspirando con terceras personas para invertir la fortuna ilícita del Cartel de Cali en empresas de apariencia legítima, intentando ocultar posteriormente el hecho de que eran dueños de las empresas que ejercían su control para proteger sus activos y para que no les fueran confiscados por las autoridades.

En desarrollo de esa actividad, precisan, que para evadir las sanciones de la OFAC, el requerido en extradición hizo arreglos para que los servicios prestados por la Empresa Domarca pasaran a ser suministrados por Matsum, compañía que hasta ese momento no había sido sancionada.

Como resultado de lo anterior, añaden, a partir de julio de 2000 o alrededor de esa fecha, Matsum empezó a exportar las drogas de tipo farmacéutico del Cartel de Cali a otras empresas testaferro ubicadas en Venezuela, Perú, Ecuador, Costa Rica y Panamá, entre otros países.

Que entre marzo de 2002 o alrededor de esa fecha y enero de 2003, transfirieron más de 1.5 millones de dólares desde las empresas C.A.V.J. en Venezuela, Colfarma en Perú, Espibena en Ecuador, Jomga de Costa Rica en Costa Rica, y Premier Sales en Panamá, a Matsum en Colombia a través de una cuenta bancaria del Citi Bank de Nueva York, Nueva York.

Quiere decir lo anterior, que este delito también tuvo lugar parcialmente en el país requirente, por consiguiente, el presupuesto estudiado también se satisface.

No acoge la Sala la solicitud del defensor de tener como antecedente para negar la extradición el concepto adverso emitido en el trámite de Jorge Alfonso Ayala Varón, comoquiera que en ese caso la Corte concluyó que de acuerdo con la solicitud de extradición y sus anexos los hechos a él imputados ocurrieron totalmente en territorio Colombiano, cosa que no sucede en este evento.

1.4. Equivalencia de la providencia dictada en el exterior.

En atención a las previsiones hechas por el artículo 511-2 del Código de Procedimiento Penal (art. 493-2 actual), para conceder la extradición es necesario por lo menos que se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente. Exigencia satisfecha en este evento.

Es claro que las resoluciones de acusación, sustitutiva 03-20774-CR-MORENO (s), dictada el 22 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y cuarta sustitutiva S4 03 Cr. 1465, proferida el 24 de febrero de 2004, en el Distrito Sur de Nueva York, son equivalentes a la resolución de acusación reglamentada en el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, dado que contiene una relación sucinta de las conductas endilgadas al requerido, describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron ejecutadas, realiza su calificación jurídica e individualiza las disposiciones penales sustitutivas transgredidas.

Ahora, si bien es cierto que el defensor se esfuerza en presentar las particularidades y diferencias existentes entre el sistema procesal penal estadounidense y el que regía en Colombia para el momento en que se elevó la solicitud de extradición, entre los presupuestos que deben cumplir el indictment del país requirente y la resolución de acusación nuestra, ellas no tienen la potencialidad suficiente para desvirtuar la equivalencia de las dos providencias, en virtud a que son el fruto de la las divergencias propias de un sistema acusatorio de tipo anglosajón que rige en el Estado solicitante y uno de carácter mixto como era el colombiano; circunstancia conscientemente tenida en cuenta en los diversos instrumentos internacionales y en la legislación procesal penal nuestra al requerir la equivalencia de las decisiones y no su identidad, entendiendo que pueden ser ontológicamente diferentes pero con el mismo valor dentro de su sistema por cumplir igual función, porque de lo contrario se renegaría del fin perseguido por la extradición.

En consecuencia, ninguna razón asiste al defensor al afirmar que precisamente por regir dos sistemas procesales diferentes en los dos países es imposible cumplir con este requisito pues las providencias serán siempre diferentes, pues de aceptar la Sala este argumento, soslayaría la naturaleza jurídica de este instituto que es la de servir de instrumento de colaboración entre las naciones en la lucha contra el crimen.

Así pues, es evidente, se reitera, que los dos proveídos son equiparables en su valor por constituir requisito para dar inicio a la etapa de juzgamiento, contener específicamente los cargos a debatir en el juicio, formulada la acusación o presentado el indictment, descubiertas o practicadas las pruebas se pasa al debate público, culminando el trámite con la expedición de la sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria en ambos países, de ahí que sea notoria la función similar que cumplen en los dos sistemas.

De suerte que tenerlas como equivalentes para los fines de esta clase de trámites de ningún modo fractura el debido proceso y el derecho de defensa, por el contrario atiende cabalmente la reglamentación que sobre esa materia hace el Código de Procedimiento Penal, observando el principio de legalidad del trámite y la naturaleza jurídica del instituto de la extradición pasiva, que por supuesto alumbra la interpretación de las disposiciones de la fuente formal aplicable a este caso.

No es cierto que los indictment estuvieran incompletos por no ser remitidos los sustituidos, toda vez que como lo viene sosteniendo la Sala no solo en el curso de este trámite sino en casos análogos, el indictment sustitutivo por contener los hechos investigados, los cargos atribuidos al requerido y las normas supuestamente transgredidas por él, bastan para efectuar la comparación con las normas del Código Procesal Penal Colombiano que reglamentan la resolución de acusación y así definir si concurre o no este requisito.

Además, es claro que en los Estados Unidos un indictment sustitutivo reemplazó al dictado anteriormente con el objeto de adicionar alias, cargos, coacusados, corregir nombres y errores de mecanografía, hacer cambios gramaticales, o hacer una mayor evaluación de la ley de las pruebas existentes; o sea, que fundamentada la solicitud de extradición en estos indictment, ninguna utilidad reportarían al trámite traer los inicialmente proferidos.

Se reitera que no es acertado aseverar, como lo hace la defensa, que los hechos no están determinados en las acusaciones por cuanto en ellas se precisa el período y lugares en donde fueron ejecutados, y los actos manifiestos de los diversos conciertos atribuidos al requerido en extradición, lo que como ya se vio fue suficiente para concluir la presencia del principio de la doble incriminación.

Ninguno de los argumentos que soportan la tesis de la Corte se debilita con la interpretación pro homine que reclama el defensor, pues si esta comporta un conflicto en la aplicación de las normas o dudas en su intelección las cuales deben resolverse a favor del requerido, es palmar que en este caso se descarta la presencia de cualquiera de estas hipótesis ante la claridad del precepto que regula este requisito, según el cual el país requirente debe anexar a la solicitud la resolución de acusación o su equivalente, lo que ciertamente hizo el Gobierno de los Estados Unidos de América; de suerte que por esta vía no tiene la posibilidad de violar el principio de igualdad.

No hay duda pues de la presencia de esta última exigencia, con mayor razón ahora que el nuevo Código de Procedimiento Penal introdujo el sistema acusatorio puro, en donde la acusación es similar al indictment de los Estados Unidos.

En conclusión, reunidas las exigencias contenidas en el capítulo III, del título 1, libro V del Código de Procedimiento Penal, procederá la Corte a emitir concepto favorable a la solicitud de extradición por los delitos de concierto para importar a los Estados Unidos de América 5 kilogramos o más de cocaína, concierto para poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, y concierto para lavar las utilidades provenientes del tráfico de narcóticos; concepto desfavorable por los cargos anteriores en relación con los hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997, y por el delito de concierto para obstruir la administración de justicia, atribuidos en la resolución de acusación sustitutiva 03-20774-CR-1465 MORENO (s), dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Concepto favorable por el delito de conspiración para lavar las utilidades del tráfico de narcóticos; desfavorable por el mismo cargo pero en relación con los hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997, lo mismo que por el ilícito de concierto para realizar transacciones financieras con el propósito de evadir sanciones económicas de la “OFAC”, atribuidos al requerido en extradición en la resolución de acusación sustitutiva S4 Cr. 1465, dictada en el Distrito Sur de Nueva York.

Ahora, de conformidad con lo normado por los artículos 12 y 34 de la Carta Política, el requerido en extradición no podrá ser juzgado por hechos anteriores o distintos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, ni desaparición forzada, por el país solicitante. Circunstancias que el nuevo Código Procesal Penal incluyó expresamente en el artículo 494, como obligatorias condiciones en los casos de concederse u ofrecerse la extradición.

Es al Gobierno Nacional y no a la Corte a quien, además, incumbe subordinar el ofrecimiento o concesión de la extradición a las condiciones obligatorias y discrecionales, y velar porque las anteriores y estas sean cumplidas por el país requirente, de conformidad con lo normado por el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal anterior (art. 494 actual).

“Además, la Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al gobierno, encabezado por el señor Presidente como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento” (Decis. feb. 23/2005, dentro del radicado 22375, con ponencia del honorable M. Herman Galán Castellanos).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal;

CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano, Miguel Rodríguez Orejuela, o Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, también conocido como “El Señor”, de condiciones civiles y personales conocidas en el curso de este proveído, por los delitos de concierto para importar cocaína a los Estados Unidos de América, concierto para poseer cocaína, y concierto para lavar las utilidades del tráfico de narcóticos, a él imputadas en la Resolución de Acusación Sustitutiva 03-20774 C-R-MORENO (s), dictada el 22 de enero de 2004 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

CONCEPTÚA DESFAVORABLEMENTE por los mismos cargos por hechos ocurridos con antelación al 17 de diciembre de 1997, y por el delito de concierto para obstruir la administración de justicia.

CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, por el delito de concierto para lavar las utilidades del tráfico de narcóticos, a él endilgado en la Resolución de Acusación Sustitutiva S4 Cr. 1465, dictada en el Distrito Sur de Nueva York, por hechos ocurridos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

CONCEPTÚA DESFAVORABLEMENTE a la extradición por ese mismo cargo, en cuanto a los hechos acaecidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, se refiere.

Y, CONCEPTÚA DESFAVORABLEMENTE por el delito de concierto para realizar transacciones financieras con el propósito de evadir sanciones económicas de la “OFAC”, atribuido al requerido en la misma resolución de acusación.

Lo anterior conforme a la solicitud de extradición elevada por la Embajada de los Estados Unidos de América, mediante las notas verbales 375 y 494 del 18 de febrero y 2 de marzo de 2004.

La secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado, Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, a su defensor, al señor Fiscal General de la Nación y al Ministerio Público.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su cargo».

______________________________