Sentencia 22099 de abril 6 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA

LA PERSONA JURÍDICA ES SUJETO PASIVO EN EL PRIMERO PERO NO EN EL SEGUNDO

EXTRACTOS: «2.2. En punto a la preclusión de la instrucción por el delito de injuria adoptada el 5 de febrero de 2003, al resolver la impugnación interpuesta contra la resolución de acusación por parte de la defensa fundada en que las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasivos de dicho delito, la Sala llega a la convicción que configura el delito de prevaricato.

La Corte tradicionalmente ha sido del criterio que las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasivos de calumnia por la imposibilidad que tienen de realizar conductas punibles habida cuenta que en Colombia impera el derecho penal de acto (art. 29 de la Carta) que predica la culpabilidad exclusivamente de la persona humana; pero sí del tipo penal de injuria porque de los derechos a la honra y al buen nombre son titulares tanto las personas naturales como las jurídicas.

Posición fundamentada no solo en el texto de la ley sino en el contenido y alcance del bien jurídico tutelado, la integridad moral, interpretado a la luz de los preceptos constitucionales como es debido.

Ciertamente, en orden a la redacción del supuesto de hecho del delito de injuria —C. Penal, art. 220—“el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas”, es evidente que tanto las personas naturales como las jurídicas pueden concurrir como sujetos pasivos comoquiera que ambas son titulares de los derechos fundamentales de la honra y el buen nombre; amen que por persona el artículo 73 del Código Civil entiende esas dos modalidades.

Cosa diferente ocurre con la calumnia que describe: el que impute falsamente a otro una conducta típica, tipo penal que alude sin lugar a dudas exclusivamente a las personas naturales por ser las únicas capaces de realizar conductas punibles, como atrás se vio.

El contenido y alcance de la integridad moral también lo confirma. La doctrina y la jurisprudencia admiten que de los derechos fundamentales de la honra y el buen nombre son titulares las personas naturales y jurídicas, los cuales consagra la Constitución en los artículos 21 y 15 de la Carta y en los tratados públicos, conformando el bloque de constitucionalidad prevalente en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, como es sabido el honor comporta dos sentidos, el subjetivo u honor propiamente dicho y el objetivo o la honra. Entendido el primero como el sentimiento de la propia dignidad y decoro, el conjunto de valoresmorales que cada uno se atribuye; y el segundo, como la opinión o estimación que los demás tienen de nosotros, la reputación, el buen nombre o la fama derivados del modo de ser y actuar de cada cual en sociedad, predicable esencialmente de la persona humana pero en lo atinente al buen nombre también de la persona jurídica.

Quiere decir lo anterior que las personas jurídicas no pueden ser ofendidas en su honor en sentido subjetivo por carecer del sentimiento de su propia divinidad, pero si lesionadas en su reputación o buen nombre.

El buen nombre tiene que ver con la buena fama y el prestigio que los demás seres humanos han construido de un individuo como reflejo de su personalidad y comportamiento en sociedad, del cual son titulares tanto las personas naturales como jurídicas.

Así lo viene pregonando de antaño la CorteConstitucional, v. gr. en la sentencia C-063 de 1994, dijo:

“... El derecho al buen nombre, entendido por ello el derecho a la reputación, o sea al concepto que las demás personas tienen de uno.

Ese derecho en general cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas. En el caso de la protección de las personas naturales, el constituyente consideró necesario desarrollar el núcleo esencial del derecho al buen nombre en el artículo 21 de la Constitución.

Pero el núcleo esencial del artículo 15 permite también proteger las personas jurídicas, ante la difamación que de él produzcan expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado “Good will” en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente...”.

Más adelante refirió:

“Aunque la honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia entre ellos. El honor se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno —el sentimiento interno del honor—, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros —honra—.

En el pleno ejercido del desarrollo de la personalidad, cada individuo puede forjarse su identidad y nadie más que él es responsable de su buen nombre. La honra, como la fama, es una valoración externa de la manera como cada persona proyecta su imagen. Las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello así como las buenasacciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular es responsable de sus actuaciones”.

Criterio reiterado entre otras decisiones en las sentencias de tutela 412, 470 y 512 de 1992, y 367 de 1993, 411 de 1995 y 1319 de 2001.

En esta última expresó:

“Esta Corte al igual que diversos autores, se ha referido a la relación existente entre el derecho a la honra y el buen nombre. Tanto el uno como el otro suponen una valoración que trasciende a una esfera externa y que comparte necesariamente el derecho de un sujeto dentro de un determinado ámbito social.

La honra es el esfuerzo del hombre para que su virtud fuera reconocida y valorada en sociedad.

Se trató de diferenciar aquel reconocimiento que la sociedad hace de los valores intrínsecos de las personas porque de por sí son incorporales, del usufructo de esas atribuciones. Es en ese momento cuando surge del concepto del buen nombre, concepto que si bien algunas veces resulta inescindible de la honra, en otras puede diferenciarse, por cuanto abarca una valoración pecuniaria o económica...

Ese derecho también hace parte de los llamados derechos de la personalidad, es decir, de aquellos que no pueden ser separados de su titular y que permiten la vida del hombre en sociedad.

Por ello toda persona adquiere el derecho de exigir que las manifestaciones que se expresen o se divulguen en torno suyo se encuentran siempre ajustadas a la realidad, pues de lo contrario su imagen, reputación, o como también lo llaman, su good will, resultaría lesionado”.

En armonía con lo anterior, la Sala en providencia del 22 de febrero de 1995, con ponencia del magistrado doctor Ricardo Calvete Rangel, dentro del radicado 7379, dejó dicho:

“En estascondiciones, la primera conclusión que surge es que se debe descartar la imputación por calumnia, ya que las personas jurídicasno son sujetos pasivos de ese delito, en la medida en que no se les puede imputar a ellas la comisión de hechos punibles.

Hipótesis diferente es la situación respecto de la injuria, puesto que las imputaciones deshonrosas pueden predicarse tanto de las personas naturales como de las jurídicas, razón por la cual corresponde concretar, si la conducta atribuida... se adecua a la descripción típica prevista en el artículo 313 del Código Penal”».

(Sentencia de única instancia, 6 de abril de 2005. Radicación 22.099. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Resumo las razones que expuse en la Sala respectiva:

1. El soporte de la resolución declarada contraria a derecho es la estimación del fiscal según la cual la persona jurídica no puede ser pasible de injuria ni de calumnia.

La Sala desarrolla el tema fundamentalmente en las páginas 53 y siguientes de su fallo, para lo cual distingue entre injuria y calumnia; las separa en cuanto a la posibilidad de ser sujeto pasivo en uno u otro caso; recuerda tradición de la Corte sobre el tema; desentraña el alcance del “honor”; lo compenetra con la “honra”, la “dignidad”, los “valores morales”, el “decoro”, la “opinión de los demás”, la “reputación”, etc.; acude a plurales decisiones de la Corte Constitucional en torno a fenómenos similares, especialmente a tutelas; y se apoya en la Corte Suprema de Justicia pare concluir que las personas jurídicas no pueden ser víctimas de calumnia, sencillamente porque no pueden delinquir, mientras sí pueden serlo de injuria porque esta tiene que ver con la deshonra.

El solo esfuerzo hecho por la Sala indica que el punto es discutible y que, en realidad, la distinción entre uno y otro delito en materia de bien jurídico es bastante sutil. Bastaría decir que si a una persona natural o jurídica se le imputa un hecho deshonroso, de la misma manera se le puede imputar uno delictivo. Y si el asunto no es tan sencillo, mal se puede hablar de decisión manifiestamente opuesta a la ley.

2. La Sala se ocupa de otros temas, entre ellos, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y afirma que no es posible. El punto también es bastante disputable. Sería suficiente recordar que por la tendencia afirmativa se orienta desde hace rato un grueso sector de la política criminal contemporánea, y que hasta existen ya legislaciones que prevén esa forma de responsabilidad. Súmese que esa corriente en Colombia no ha sido extraña pues, recuérdese, hasta un proyecto de Código Penal antiguo, y un proyecto moderno de Código Penal preveían esa forma de responsabilidad.

Por supuesto que el doctor Arévalo no se detuvo en estos análisis. Se detuvo, sí, la Corte. El procesado, de manera sencilla, ante una solicitud de preclusión que se basaba precisamente en la imposibilidad de ofender por calumnia o injuria a las personas jurídicas, respondió en el mismo sentido.

Lo que se quiere señalar es que las disquisiciones de la Sala enseñan que la solución no es pacífica; y si no es pacífica, no es posible afirmar que el fiscal Arévalo dejó totalmente de lado el ordenamiento jurídico para caer en el terreno del delito.

Esto permite inferir que la decisión del funcionario procesado no es abiertamente contraria al “derecho”. Y digo “derecho” porque de la simple lectura de los artículos del Código Penal que componen el bien jurídico integridad moral no se desprende todo aquello que afirma la Sala mayoritaria. Lo que esta afirma es lo que ha venido creando la jurisprudencia respecto de ese interés tutelado y del diverso alcance de la injuria y de la calumnia en punto de objeto jurídico tutelado. Dicho con otras palabras, el doctor Arévalo habría ido contra un sector de la jurisprudencia y no contra la ley. Y un sector, porque el debate ha permitido una y otra manera de ver las cosas y la verdad, no es posible aseverar que la disputa esté definitivamente zanjada».

Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 

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