PROCESOS RELATIVOS A PROPIEDAD INDUSTRIAL

COMPETENCIA Y TRÁMITE

Magistrado Sustanciador:

Dr. Rafael Méndez Arango

Ref.: Exp. 2213

Sentencia Nº 37. Acción de inexequibilidad contra el artículo 1º regla 211 del Decreto 2282 de 1989.

Bogotá, D.E., marzo veintiuno de mil novecientos noventa y uno.

I. Antecedentes

Haciendo uso del derecho político que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional el ciudadano Ernesto Cavelier pide a la Corte declarar la inexequibilidad del número 211 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 “en cuanto omitió sin intención de suprimir, del anterior artículo 414 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 408) el anterior ordinal 17”, al excluir de los procesos abreviados los de oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes, o los de cancelación de tales registros.

Cumplidos los trámites de rigor y rendido el concepto por el Procurador General de la Nación, se procede ahora a resolver sobre la petición formulada.

II. Norma acusada

Su texto es el siguiente:

“211. El artículo 408 quedará así:

Asuntos sujetos a su trámite. Se tramitarán y decidirán en proceso abreviado los siguientes asuntos, cualquiera que sea su cuantía:

1. Los relacionados con servidumbres de cualquier origen o naturaleza y las indemnizaciones a que hubiere lugar, salvo norma en contrario.

2. Interdictos para recuperar o conservar la posesión, y el reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

3. Entrega material por el tradente al adquirir de un bien enajenado por inscripción en el registro, y el reconocimiento de las indemnizaciones a hubiere lugar.

4. Rendición de cuentas.

5. Pago por consignación.

6. Impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas, y de juntas directivas o de socios, de sociedades civiles o comerciales, cuando con ellos se contravenga la ley o los estatutos sociales, y la correspondiente indemnización.

7. Declaración de bienes vacantes o mostrencos y adjudicación de patronatos o capellanías.

8. La declaración de pertenencia en los casos previstos por el Decreto 508 de 1974 y la prescripción agraria, salvo norma especial en contrario.

9. Restitución del inmueble arrendado y el conocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

10. Otros procesos de restitución de tenencia a cualquier título, restitución de la cosa a solicitud del tenedor y el reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

III. Razones de la demanda

El actor, luego de transcribir los artículos 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional, la letra e) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987 y el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil antes de su reforma por el precepto acusado, hace ver que este último no incluye dentro de los asuntos que deberán decidirse en proceso abreviado los contemplados en el desaparecido ordinal 17 del antiguo artículo 414.

Al decir del promotor del juicio de inconstucionalidad, la supresión del susodicho numeral “fue material, mas no jurídica” y “no fue intencional sino meramente mecánica”, porque los citados negocios no se incluyeron expresamente entre los sometidos al proceso ordinario ni tampoco dentro de los que deben seguirse por el trámite verbal; pero dado que el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil sujeta al primer trámite los asuntos contenciosos para los que no esté fijado un procedimiento especial, síguese de allí que la omisión señalada determina el que las acciones por oposición a esta clase de registros o las de cancelación de los mismos deban adelantarse por el proceso ordinario.

De conformidad con las anteriores reflexiones, asevera que la norma acusada en vez de simplificar el trámite de tales procesos lo complicó, al convertirlos de abreviados en ordinarios, contrariando el propósito de la Ley 30 de 1987 e incurriendo por tal motivo el Presidente de la República en la violación de los artículos 76-12 y 118-8 de la Constitución, al haber ejercido indebidamente las facultades legislativas de las que fue revestido.

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

Mediante oficio Nº 1630 de octubre 19 de 1990 el Procurador General de la Nación rindió concepto y pidió a la Corte abstenerse de decidir sobre el mérito de la acusación, por considerar que no está obligada a pronunciarse sobre “demandas que no tienen la estructura ni los elementos que para esta clase exige la ley como mínima condición para su decisión, así en principio haya sido admitida desde el punto de vista formal”, por cuanto —así lo dice— “es sólo en el momento del fallo cuando la Corte evalúa si existe fundamento idóneo que sirva de base a un pronunciamiento de fondo”.

Sustenta su petición en los siguientes razonamientos:

Si bien considera como algo “incuestionable que el Ejecutivo no estaba habilitado en la expedición del Decreto 2282 de 1989 para suprimir procesos”, por lo que —esas son sus textuales palabras— “en principio debería aceptarse el planteamiento del demandante en el sentido de que el Ejecutivo vulneró las atribuciones concedidas por cuanto dicha omisión no tiene fundamento ni apoyo en la ley de autorizaciones”, opina, sin embargo, que el pronunciamiento en este caso no puede ser de inexequibilidad del artículo acusado debido a que “las previsiones del mismo se ajustan en los 10 numerales que contiene, al querer del legislador ordinario”, pues “visto en su conjunto”, —también estas son palabras del Procurador— “la omisión del legislador extraordinario al no incluir el proceso de oposición al registro de marcas y patentes en el listado de los asuntos abreviados, no puede generar la inexequibilidad de una norma que es constitucional”.

Finalmente, refiriéndose a las consecuencias prácticas que se derivarían de un fallo de inexequibilidad del artículo enjuiciado, en razón de los efectos propios que esa decisión genera, plantea que si “reviviera el antiguo precepto 411 (sic), tendríamos que cinco de los procesos abreviados que fueron en el Decreto 2282 trasladados en su trámite al proceso verbal, aparecerían igualmente señalados como procesos abreviados, generándose un conflicto normativo de difícil resolución a la luz de las normas de tránsito legislativo, habida cuenta de la confusión que se suscitaría al establecer (sic) la norma posterior y la intención del legislador extraordinario de simplificar los trámites estableciendo para ellos el proceso verbal”; y concluye: “En síntesis la declaratoria de inexequibilidad del nuevo artículo 408 no enervaría la irregularidad constitucional”. Esto siempre y cuando se acepte que la inexequibilidad tiene la virtualidad de revivir el antiguo artículo 414, pues “de aceptarse que no revive la anterior disposición, tendríamos que los 10 procesos que por disposición del legislador extraordinario se siguen por el procedimiento abreviado, quedarían a la luz del artículo 396 del mismo ordenamiento procedimental, sometidos al trámite del proceso ordinario (...); de manera que en este caso, en vez de simplificar los diez mencionados procesos, se crearía para ellos un trámite más largo y dispendioso, contrario al querer del legislador ordinario”, para decirlo copiando las propias palabras que trae el concepto del Procurador de la Nación.

V. Consideraciones de la Corte

a) Competencia

Como el precepto acusado hace parte de un decreto dictado por el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias, la Corte es el juez competente para decidir sobre su constitucionalidad, por disponerlo así el ordinal 2º del artículo 214 de la Carta Fundamental.

b) La tesis inhibitoria de la Procuraduría

Por cuanto la vista fiscal es del parecer que debe la Corte inhibirse dado que la demanda no tiene “la estructura ni los elementos que para esta clase exige la ley como mínima condición para su decisión”, se harán algunas consideraciones al respecto antes de estudiar el fondo del asunto.

Aunque justo es reconocer que la acusación propuesta podría ser mirada, a primera vista, como extraña a lo que propiamente constituye el objeto del juicio constitucional, el cual fue instituido, entre otras finalidades igualmente previstas, para que la Corte pudiera decidir definitivamente acerca de la exequibilidad de “todas las leyes y decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los artículos 76, ordinales 11 y 12, y 80 de la Constitución Nacional”, retirando del orden jurídico aquellas disposiciones que sean inconstitucionales por contrariarlo, y no para obtener que se declare vigente una determinada norma, tal cual se pide aquí; sin embargo, es la verdad que no puede pasarse por alto que en todo caso el eventual renacimiento del ordinal 17 del anterior artículo 414 del Código de Procedimiento Civil no sería más que el efecto obligado de que resultase inconstitucional la eliminación de entre los procesos abreviados de aquel que versaba sobre la “oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes, o cancelación de aquel” y su consecuente inclusión dentro de la regla general que manda ventilar y decidir “en proceso ordinario todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial” (art. 396 ibídem); por manera que se cae de su peso tanto la competencia de la Corte para decidir como su insoslayable deber de hacerlo en el fondo; ya que, contrariamente a lo que opina la Procuraduría, la demanda presentada es estructuralmente apta para que sobre ella recaiga un proveimiento de mérito y contiene “los elementos que para esta clase exige la ley como mínima condición para su decisión”, debido a que cumple con largueza los requisitos tanto de forma como de fondo que trae el Decreto 432 de 1969.

En efecto:

Siendo innegable el que lógicamente el razonamiento que obliga a efectuar la demanda de inconstitucionalidad hace necesario en el sub lite tomar en consideración no sólo el artículo acusado sino también los artículos 396 y 435 del Código de Procedimiento Civil, e inclusive el antiguo artículo 414 de dicho estatuto procesal, puesto que únicamente mediante tal cotejo podría llegarse a determinar si es o no acertada la conclusión del actor, según la cual al haberse omitido contemplar entre los procesos abreviados el relativo a la oposición o a la cancelación del registro de marcas, nombres, dibujos industriales, diseños y patentes, sin que tampoco se les hubiese sometido a otro trámite especial simplificado, por obligada consecuencia se les sujetó al del proceso ordinario, esta sola circunstancia no significa que jurídicamente también sea necesario integrar la proposición con todos estos preceptos; en la medida en que la regla acusada goza de la autonomía normativa que por sí sola la erige en una proposición jurídica completa. Y todavía más, es lo cierto que ni siquiera sería técnicamente posible acusar el anterior artículo 414, total o parcialmente, debido a que en tanto no se produzca la declaración de inexequibilidad pedida, él no se halla vigente, y, como es apenas obvio, no puede exigirse que sea parte de la proposición que haga viable el ataque una disposición de la cual no cabe predicar en el momento su existencia.

Todo lo anterior suponiendo que el reparo por ineptitud que el Procurador hace a la demanda diga relación a la proposición jurídica de Ia misma. Esto por cuanto en verdad el concepto no sabe explicar en qué estriba su solicitud de inhibición.

Fuerza es concluir entonces que no le asiste razón a la vista fiscal cuando conceptúa que la demanda se muestra estructuralmente inepta para que sobre ella recaiga una decisión de fondo.

c) Jurisdicción y competencia en materia de asuntos relativos a la propiedad industrial

Dado que sobre el tema de la jurisdicción y competencia de los asuntos relativos a la propiedad industrial se han dividido las opiniones jurisprudenciales y por cuanto la elucidación del punto incide en la decisión final que habrá de adoptarse en el presente juicio de constitucionalidad, se hace necesario hacer previamente referencia a esta cuestión recordando las dos diferentes tesis que al respecto han sostenido la Sala de Casación Civil de la Corte y la Sección Primera del Consejo de Estado. A ello se procede así:

1. Tesis de la Sala de Casación Civil.

En este punto el criterio de la sala especializada de la Corte es el de que con la expedición del Código de Comercio, cuya vigencia comenzó el 1º de enero de 1972, se reglamentó íntegramente lo relacionado con la jurisdicción en materia de asuntos sobre propiedad industrial, habiéndose por ello derogado toda la legislación anterior que se remontaba al año de 1925.

En efecto, de acuerdo con el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de Casación Civil en sentencia de 30 de marzo de 1981, las Leyes 31 de 1925 y 94 de 1931 que regulaban lo relativo a la propiedad industrial en lo atinente a patentes, marcas, dibujos, nombres y modelos industriales, radicaba en los jueces civiles del circuito de Bogotá la competencia para conocer de los procesos de oposición, cancelación de patentes o marca, nulidad, competencia desleal y usurpación.

Este régimen se modificó temporalmente en la reforma judicial de 1964 al atribuírsele la competencia a los jueces municipales de Bogotá, pero en 1965 nuevamente volvió ella a corresponder a los jueces del circuito.

La Ley 16 de 1968 mantuvo de igual modo la competencia acerca de tales asuntos y dicho régimen fue adoptado por el Código de Procedimiento Civil que comenzó a regir el 1º de julio de 1971 (arts. 16, 366 ordinal 4º, 414 ordinal 17 y 441).

Mas como ya se dijo, para la Sala de Casación Civil esto se varió radicalmente con la expedición del Código de Comercio, el cual en el Título II del Libro Tercero, artículos 534 a 618, reglamentó íntegramente lo concerniente a la jurisdicción y competencia de los asuntos relativos a la propiedad industrial, determinando casuísticamente el conocimiento de tales negocios unos al Consejo de Estado y otros a los jueces civiles del circuito de Bogotá.

Así los artículos 567, 580 y 596 del Código de Comercio atribuyen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su orden, la competencia para conocer de los procesos de nulidad de las patentes en los casos en que no fuera patentable la invención (arts. 534 a 538 ibídem); le otorgan a la Oficina de Propiedad Industrial, al Ministerio Público o a cualquier persona la posibilidad de solicitar la nulidad del certificado de registro de un dibujo o modelo “si no son nuevos o si se refieren a alguna ventaja técnica” y establecen que cualquier persona, dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su registro, pueda solicitar que se anule el certificado de una marca cuando al expedirlo se violaren los artículos 585 y 586 del mismo código, acciones estas de las que conoce privativamente el Consejo de Estado.

En cambio, otorgósele a los jueces ordinarios la competencia para conocer, entre otros, de los procesos en que deba fijarse el monto de una compensación a favor del trabajador que realice una invención (art. 539); aquellos en que la persona perjudicada reivindica la invención y reclama para sí los derechos anejos a la solicitud cuando en la patente “se comprende una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes o es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal” (art. 541); en el caso de existir desacuerdo entre los comuneros respecto de la licencia de explotación a terceros o de controversias sobre el precio de la cuota parte cedida por uno de los comuneros cuando los otros ejercitan su derecho preferencial para adquirirla (art. 554); en caso de impetrarse el otorgamiento de una licencia para explotar una patente (art. 558); en caso de la denominada “licencia de oficio” pedida por el Ministerio Público por tratarse de “patentes que interesen a la salud pública, o por necesidades del desarrollo económico, o si los productos a que se refiere el objeto de la patente no han sido puestos a disposición del público en cantidad y calidad suficientes para su normal consumo, o si sus precios son excesivos”, o también cuando se solicita por el titular de una patente “cuya explotación requiere necesariamente el empleo de otra” (art. 560); para fijar el monto de las compensaciones a que dé lugar la concesión de una licencia de oficio (art. 561); para decidir sobre la terminación de la licencia obligatoria o de oficio por incumplirse las condiciones en ella establecidas (art. 563); cuando a petición del titular de la patente o licencia se decretan medidas cautelares a fin de evitar que se infrinjan sus derechos (art. 568) y para levantar tales medidas (art. 570), y, por último, para impedir el uso de un nombre comercial y decretar la correspondiente indemnización de perjuicios (art. 609).

En todas estas hipótesis a las que se refiere el Título II del Libro Tercero del Código de Comercio, los jueces competentes serán los del circuito de Bogotá “y entre éstos, aquel o aquellos que el Tribunal Superior de Bogotá deberá designar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 16 de 1968”, según las voces del artículo 614 y lo que en armonía con él preceptúa el artículo 17 del Código de Procedimiento CiviI.

Son estas las razones que llevaron a la Sala de Casación Civil a considerar tácitamente derogado el ordinal 17 del antiguo artículo 414 del CPC, al entender que la totalidad de los procesos relativos a la oposición y cancelación del registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes pasaron a ser de competencia exclusiva del Consejo de Estado.

2. Tesis del Consejo de Estado.

El criterio jurisprudencial anterior no es compartido por el Consejo de Estado, ya que para esta corporación judicial debe hacerse una distinción en razón de existir dos clases de oposición a la petición de registro, a saber:

a) La oposición oficiosa de la administración que corresponde a la Oficina de Propiedad Industrial cuando considera que se da alguna de las eventualidades contempladas en el artículo 586 del Código de Comercio y 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incorporada a la legislación nacional mediante el Decreto 1190 de 1978, publicado en el Diario Oficial 35054 de 13 de julio de ese año.

b) La oposición proveniente de terceros o instancia de parte, regulada inicialmente por el artículo 590 del C. de Co., y en la actualidad por los artículos 65 y 66 de la Decisión 85, la cual puede ser llevada a cabo por cualquier persona dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud; publicación que obviamente supone la aceptación de la solicitud por la Oficina de Propiedad Industrial.

Y basándose en la existencia de estas dos diferentes clases de oposición al registro de una marca y en el hecho de que en ocasiones se debatirá la legalidad del acto administrativo correspondiente y en otros el reconocimiento de un mejor derecho a la utilización de la marca discutida, la Sección Primera del Consejo de Estado ha concluido que lo primero deberá hacerse mediante demanda instaurada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de Ia acción de nulidad o de restablecimiento del derecho, según sea lo que el demandante pretenda; mientras que lo segundo deberá ventilarse en proceso en que la controversia girará en torno a los derechos que aleguen tener quienes se dicen titulares de los mismos y, por ende, su conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. Por ello la Sección Primera del Consejo de Estado concluye que, por ejemplo, en las hipótesis previstas en los artículos 585, 586, 589, 591, 595, 596 y 601 del C. de Co., es suya la competencia; pero que si en relación con el tema de las marcas y patentes lo controvertido se refiere a los derechos adquiridos por los particulares o “mejores derechos”, la competencia es de los jueces del Circuito de Bogotá al tenor de lo dispuesto en los artículos 17 y 414 del ordinal 17 del C.P.C. (la referencia es al antiguo artículo) y 614 del C. de Co.

Esta interpretación de los textos legales que fijan la jurisdicción competente para conocer de los procesos relativos a la oposición al registro de las marcas y patentes ha sido hecha por la Sección Primera del Consejo de Estado en diferentes oportunidades, de las que cabe citar las sentencias de 19 de diciembre de 1981, 19 de agosto de 1982 y 26 de julio de 1985.

d) Constitucionalidad del precepto acusado.

Aun cuando quien promueve el juicio de inconstitucionalidad no lo diga expresamente, es lógico entender que su demanda parte de la interpretación que de la legislación entonces vigente hizo el Consejo de Estado; pero en razón de diferir el criterio de dicha corporación judicial del que sobre el mismo tema ha sentado la Sala especializada de la Corte, resultaba necesario referirse previamente a ambas posiciones jurisprudenciales, por ser apenas obvio que de aceptarse el tajante criterio de la Sala de Casación Civil, por fuerza habría de concluirse que el Ejecutivo no excedió las facultades conferidas por la ley habilitante al no incluir dentro de la lista de los procesos de trámite abreviado aquellos que versaran sobre la “oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes, o cancelación de aquel” que preveía el desaparecido numeral 17 del antiguo artículo 414 del C.P.C.; ya que tales asuntos habían dejado de ser del conocimiento de los jueces civiles desde el 1º de enero de 1972, con la expedición del Código de Comercio que reguló íntegra la materia y le asignó la competencia de tales negocios a la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que el trámite de la oposición a tales registros fue entregado a la Oficina de Propiedad Industrial y la acción de nulidad y la de cancelación de los mismos quedó del exclusivo conocimiento del Consejo de Estado. Así que bien sea por esta directa atribución de competencia que hizo el Código de Comercio en sus artículos 567, 580 y 596 al Consejo de Estado, ora porque la decisión administrativa de la Oficina de Propiedad Industrial fuese judicialmente debatida, la conclusión forzosamente tendría que ser la de que en todos los casos no era la jurisdicción ordinaria sino la de lo contencioso administrativo la competente para decidir la controversia. Esto, se repite, si se acoge la interpretación de la sentencia del 30 de marzo de 1981.

Sin embargo, ocurre que en verdad en tal sentencia no se tuvo en cuenta que por virtud de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena —legislación comunitaria incorporada a nuestro ordenamiento positivo mediante el Decreto 1190 de 1978—, subsistió en cabeza de los jueces ordinarios por lo menos un caso de oposición al registro de una patente.

Ciertamente, el texto íntegro del artículo 7º, de la Decisión 85 es el siguiente:

“Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes, o es el resultado de incumplimiento de una obligación contractual o legal, el perjudicado podrá reclamar la calidad de verdadero titular dentro del lapso de noventa días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de la patente o en acción judicial, si ésta hubiere sido ya concedida y el interesado no hubiera alegado ese derecho en la vía administrativa.

En caso de la oposición prevista en este artículo, recibida esta por la Oficina Nacional Competente, se remitirá al órgano jurisdiccional competente. En esta oportunidad el solicitante de la patente previa autorización contestará la oposición conforme lo establecido en el correspondiente país miembro.

La acción prevista sólo podrá intentarse dentro de los dos años siguientes al otorgamiento de la patente” (Se subraya).

El artículo acabado de copiar no introdujo en verdad una modificación a lo previsto en la legislación nacional, pues al respecto el artículo 541 del C. de Co. establecía lo que sigue:

“Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes o es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal, la persona perjudicada puede reivindicar la invención y reclamar para sí los derechos anejos a la solicitud.

La misma acción se concede cuando se ha otorgado el título.

La competencia corresponde al juez. La demanda suspende la tramitación de la solicitud, siempre que el actor preste caución suficiente a juicio del juez, para indemnizar los perjuicios que se causen”. (Se subraya).

Y como en verdad basta con leer el artículo 7º de la Decisión 85, que ya se dijo fue incorporada a nuestra legislación nacional por el Decreto 1190 de 1978, para convencerse de que sí existe al menos un caso de oposición al registro de una patente cuyo conocimiento corresponde a los jueces civiles, se cae de su peso que al menos para este evento subsistía lo dispuesto en el ordinal 17 del antiguo artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.

Quiere lo anterior decir que le asiste razón al ciudadano demandante cuando estima que hasta la entrada en vigor del Decreto Ley 2282 de 1989 existía al menos un proceso de oposición al registro de una patente que debía tramitarse mediante el proceso abreviado ante los jueces civiles. Sin embargo, reconocerle esta parte de razón al actor no significa aceptar igualmente la conclusión a que llega respecto de la inexequibilidad del número 211 del artículo 1º del susodicho decreto “en cuanto omitió sin intención de suprimir, del anterior artículo 414 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 408) el anterior ordinal 17” —para decirlo con sus propias palabras—, por ser lo cierto que quien promueve el juicio de inconstitucionalidad ha pasado por alto que el mismo Decreto 2282 dispuso en el número 230 de su artículo 1º, que se tramitará en proceso verbal por el procedimiento consagrado en el Capítulo I del Título XXIII “... todo otro asunto que dicho código (se refiere al de comercio) ordene resolver mediante proceso abreviado o por trámite incidental o autónomo”.

El texto completo de la regla contenida en el ordinal 12 del parágrafo 2º del número 230 del artículo 1º del Decreto Ley 2282 de 1989, es el siguiente:

“Se tramitarán en proceso verbal por el procedimiento consagrado en este capítulo, los siguientes asuntos:

...12. Los previstos en los artículos 175, 519, 940 inciso segundo y tercero, 941, 943, 945, 948, 950, 852 (sic —la referencia debe entenderse hecha al artículo 952—), 966, 972, 1164, 1170 y 1346 del Código de Comercio y todo otro asunto que dicho código ordene resolver mediante proceso abreviado o por trámite incidental autónomo” (se subraya).

Así que siendo obligado entender que la oposición del verdadero titular al registro de una patente que comprenda “una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes o en el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal” —que incluso podría ser la única hipótesis en que la competencia corresponda a los jueces civiles—, debía ser tramitada mediante el proceso abreviado tal cual lo disponía el desaparecido ordinal 17 del antiguo artículo 414 del C.P.C., deberá ahora interpretarse la regla del ordinal 12 del parágrafo 2 del número 230 del artículo 1º del Decreto 228 de 1989 (actual artículo 427 del C.P.C.), en el sentido de ser éste uno de los asuntos en que el Código de Comercio, que fue el ordenamiento nacional modificado por la Decisión 85, mandaba resolver mediante “proceso abreviado” y en consecuencia, desde la puesta en vigor del Decreto 2282 los tales procesos de oposición al registro de la patente a que se refiere el artículo 7º de la Decisión 85 deberán tramitarse en “proceso verbal”, al igual que cualquiera otro asunto en que así lo establezca el Código de Comercio.

Síguese de lo antes dicho que no le asiste razón al demandante cuando asevera que al omitirse del catálogo de los procesos abreviados los contemplados en el desaparecido ordinal 17 del antiguo artículo 414 del C.P.C. se incurrió en un desbordamiento de la ley habilitante por parte del Ejecutivo, pues, como ya se explicó, al someterse estos procesos de oposición al registro de una patente que aún son de competencia de los jueces civiles del Circuito de Bogotá (en virtud de lo dispuesto por los artículos 17 del C.P.C., 614 del C. de Co. y 7º de la Decisión 85) al trámite del proceso verbal, se dio entero y cabal cumplimiento por el legislador extraordinario a la atribución que le fue conferida por el literal e) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, que invistió al Presidente de la República pro tempore de facultades para simplificar el trámite de los procesos judiciales, ya que, como es sabido, el proceso verbal, como sumario que es, comparado con el de trámite abreviado es un proceso mucho más “simplificado”.

VI. Decisión

En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación, del cual se aparta,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, el número 211 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, por cuanto el Presidente no excedió las facultades conferidas mediante la ley habilitante.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente—Rafael Baquero Herrera—Jorge Carreño Luengas—Ricardo Calvete Rangel—Manuel Enrique Daza Alvarez—Guillermo Duque Ruiz—Pedro Augusto Escobar Trujillo—Eduardo García Sarmiento—Gustavo Gómez Velásquez—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Ernesto Jiménez Díaz—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Rafael Méndez Arango—Fabio Morón Díaz—Dídimo Páez Velandia—Jorge Iván Palacio Palacio— Simón Rodríguez Rodríguez— Rafael Romero Sierra—Edgar Saavedra Rojas—Jaime Sanín Greiffenstein—Hugo Suescún Pujols—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia Martínez—Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuán, Secretaria general.

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