Sentencia 2458-98 de marzo 25 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PRUEBA TESTIMONIAL

COMO PRUEBA SUPLETORIA DEL TIEMPO DE SERVICIOS

EXTRACTOS: «La Ley 50 de 1886, mediante la cual se fijan las reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilación señaló en el artículo 7º que:

“No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que deben constar por documentos o por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar de los respectivos nombramientos; los servicios de un individuo que deben constar en los actos oficiales que ejecutara y de que debió quedar prueba escrita y todos los hechos de la misma naturaleza, deben probarse con los respectivos documentos y sus copias auténticas”.

Empero, el artículo 8º ibídem, preceptúa:

“En el caso de que se pruebe que los archivos donde han debido reposar las pruebas preestablecidas de los hechos que deben comprobarse con arreglo a esta ley o al Código Militar, han desaparecido, el interesado debe recurrir a aquellos documentos que pueden remplazar los perdidos o hacer verosímil la existencia de éstos, ocurriendo para ello a las otras oficinas o archivos donde pueden hallarse estas pruebas. La prueba testimonial no es posible sino en caso de falta absoluta bien justificada, de pruebas preestablecidas y escritas; dicha prueba testimonial debe llenar, además de las condiciones generales, las que se especifican en el artículo siguiente. La prueba supletoria es también admisible cuando se acredite de un modo satisfactorio que no se pudo establecer oportunamente prueba escrita y las razones por las cuales esto sucedió”.

En este orden de ideas dirá la Sala que la ley permite la prueba testimonial en casos excepcionales, en el evento de falta absoluta de pruebas preestablecidas y escritas.

Esta prueba supletoria es admisible siempre que se demuestre de modo idóneo que no se pudo establecer oportunamente prueba escrita y las razones de esta eventualidad.

El artículo 9º de la Ley 50 de 1886 establece los requisitos que debe reunir la prueba testimonial para que pueda ser valorada como prueba supletoria y son los siguientes:

1. Que el testigo dé razón clara y precisa de su dicho o sea que exprese de qué modo tuvo conocimiento de los hechos sobre que declara; y que de esta expresión resulte que el testigo declara de sus propias y directas percepciones, de forma que lo que él afirma sea lo que vio, oyó o en general percibió directamente.

2. Respecto de los hechos crónicos que el testigo afirme, debe así mismo expresar si estuvo presente a todos los hechos que racionalmente dejan establecida la cualidad de crónicos de los hechos sobre que declaran.

3. Que el funcionario que recibe la declaración haga constar que él mismo la recibió personalmente oyéndola del testigo y haciendo a éste todas las preguntas conducentes a establecer el convencimiento de su veracidad y de su pleno conocimiento de los hechos que declara y distintamente afirma.

Con la certificación de folio 14 y suscrita por el jefe del departamento de relaciones industriales de las citadas empresas quedó acreditado que “debido a la destrucción parcial de los archivos por el incendio del mes de octubre de 1983, no se encontró constancia alguna en el sentido de que el señor Samuel Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía 2.600.523 de Palmira (Valle), hubiese laborado en esta entidad entre los años 1945 a 1953”.

En estas condiciones está plenamente probada la imposibilidad absoluta en que se encuentran las empresa municipales de Cartago para expedir certificación del tiempo de servicio laborado por el demandante por el lapso comprendido entre los años de 1945 a 1953, debido a la destrucción de los archivos, siendo imposible obtener la prueba escrita que exige la ley en cita.

Con la finalidad de demostrar el tiempo laborado en las empresas municipales de Cartago se recepcionaron los testimonios de Ciro Murgueito y Luis Evelio Vélez, visible a folios 1-8 del cuaderno de anexos Nº 3.

(...).

Conforme a la preceptiva de que tratan los artículos 226 y 228 del Código de Procedimiento Civil, resulta evidente que la anterior prueba testimonial valorada conforme a la sana crítica y a los principios científicos que la inspiran merece plena credibilidad, en razón a que los deponentes son claros, responsivos e indican la ciencia de su dicho narrando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se percataron de los hechos.

El actor demostró haber laborado para el municipio de Cali de 1º de junio de 1977 al 27 de agosto de 1992 (fl. 10) para un tiempo de servicio de 15 años, 2 meses, 26 días, y para la contraloría departamental del 30 de enero de 1975 a octubre 25 de 1976 (fl. 11), es decir un año, 8 meses y 26 días, para un total de tiempo laborado de 16 años, 11 meses y 23 días. Que el último cargo desempeñado fue de supervisor E de la Contraloría municipal de Cali. Aportó también la partida de bautismo (fl 7) demostrando que nació el 9 de julio de 1921. Y de la prueba testimonial quedó establecido que trabajó al servicio de las empresas municipales de Cartago por un tiempo superior de 5 años.

Así las cosas, es evidente que para la fecha en que el demandante solicitó pensión de jubilación tenía más de 55 años de edad y superaba los 20 años de servicio a entidades públicas tal como lo exige la ley para ser beneficiario de esta prestación».

(Sentencia de marzo 25 de 1999. Expediente 2458-98. Consejero Ponente: Dr. Carlos A. Orjuela Góngora).

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