Sentencia 22186 de mayo 27 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONTRATOS DE TRABAJO SUCESIVOS

CIRCUNSTANCIAS QUE NO EVIDENCIAN LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO ÚNICO

EXTRACTOS: «Para arribar a la conclusión de que entre las partes existieron dos relaciones de trabajo, la primera vigente entre el 7 de marzo de 1977 y el 30 de diciembre 1991 y la segunda desde el 27 de enero de 1992 hasta el 30 de junio de 1999, el tribunal se apoyó básicamente en la renuncia del trabajador presentada el 26 de diciembre 1991, y en los documentos contentivos de los respectivos contratos.

El recurrente increpa al juzgador la equivocada apreciación de las citadas probanzas y la falta de estimación de otras, las cuales permiten vislumbrar, a su juicio, la existencia de una sola relación laboral, toda vez que tanto la renuncia del trabajador como el segundo contrato suscrito son simulados, ante lo que implícitamente reclama la aplicación del principio de primacía de la realidad.

Auscultados los medios demostrativos pertinentes, a fin de constatar si el ad quem incurrió en los yerros fácticos que se le atribuyen, se obtiene el siguiente resultado:

1. A folio 40 del expediente aparece original de la carta de renuncia presentada por el trabajador el 26 de diciembre de 1991, donde anuncia la terminación del contrato de trabajo a partir del 30 del mismo mes y año. Mirada objetivamente no existe ninguna evidencia de que tal comunicación sea resultado de error, violencia, engaño o de presiones por parte del empleador o de que este la haya insinuado, o de que no haya sido fruto de la voluntad libre y espontánea de quien la suscribe, ni hay ningún rastro de que la misma sea simulada o no se corresponda con la realidad, situación que tampoco se infiere de las restantes pruebas denunciadas, como se verá posteriormente. Dicho documento simplemente acredita, conforme lo consideró el ad quem, que el demandante decidió dar por terminada unilateralmente la relación de trabajo que lo unía a la accionada desde el mes de marzo de 1977, sin que sea posible extraer de su texto y de su contexto la existencia de algún motivo para ello diferente a la mera voluntad del dimitente.

2. Las probanzas de folios 38 y 45 dan cuenta de la existencia de dos contratos de trabajo suscritos entre las mismas partes, ambos a término indefinido, el último firmado 28 días después de terminado el primer vínculo, sin que sea claro que los oficios en ambos hayan sido los mismos ya que en el inicial está claro que las tareas convenidas fueron las de “cortero, alzador, palero, abonador, fumigador o cualquier otro que haya en la empresa... ” (fl. 38), mientras que en el segundo contrato no aparecen detalladas las tareas que debe ejecutar el trabajador. En todo caso, a título aclaratorio debe dejarse en claro que según el aviso de entrada al ISS (fl. 39), en el contrato primigenio el cargo fue el de obrero de campo y en el otro fue el de guarapero (fl. 46), siendo imposible afirmar que se trate del mismo empleo o de idénticos quehaceres. Y aun cuando es cierto que en la carta de dimisión el actor dice renunciar al cargo de guarapero de molinos, esa mención no es suficiente para concluir en ese sentido dada la contradicción que salta a la vista con el otro elemento probatorio atrás referido.

El examen material de esos documentos no suministra elementos de juicio que permitan considerar de manera contundente que el segundo contrato sea simulado e inexistente, mucho menos cuando la conclusión del juzgador sobre la carta de renuncia del trabajador se mantiene incólume. El tribunal ciertamente se percató de que hubo un estrecho intervalo de 28 días entre el final de una relación y el comienzo de la otra, pero estimó que esa circunstancia no era suficiente para predicar la simulación del segundo contrato. En lo cual además no hizo otra cosa que acoger el criterio jurisprudencial expuesto por esta Sala en el fallo del 17 de septiembre de 2003 (exp. 20.496) en el sentido de que el simple hecho de que haya mediado un pequeño margen de tiempo entre la terminación de un contrato y el comienzo de otro no es razón suficiente para sostener la unicidad del vínculo o la existencia de simulación en la extinción del primero, puesto que puede suceder, como de hecho allí aconteció, que tal situación ocurra real y verídicamente dentro del normal desarrollo de la actividad laboral de las empresas, aun en la hipótesis de que los oficios desempeñados por el empleado en ambas contrataciones sea el mismo.

Con más razón cuando, como en el presente caso es el propio trabajador quien da por terminada la relación inicial, sin que aduzca o insinúe que hubo presión o vicio en la presentación de la dimisión, y adicionalmente recibe sin reticencias las prestaciones sociales al término de cada una de las relaciones mostrando inconformidad únicamente al recibir la segunda.

De otro lado, hay que señalar que cuando el ad quem manifestó que el segundo contrato era de naturaleza diferente no le estaba dando a esa expresión el alcance que ahora le otorga el recurrente, pues simplemente quiso decir que se trataba de otro contrato, diferente al primero, entendimiento que se infiere de la referencia que hizo seguidamente a la renuncia del trabajador. De todas formas, el hecho de que ambos contratos hayan sido a término indefinido y para desempeñar labores afines, tampoco permite concluir la simulación que pregona el impugnante.

Conviene dejar en claro que la demostración de simulación en el curso de relaciones de trabajo, que dé lugar a la aplicación del principio de primacía de la realidad, corresponde a quien la alega, debiendo ser la prueba convincente y concluyente de tal manera que no quede ninguna duda o resquicio sobre la existencia de una realidad diferente a la que muestran los documentos, situación que no se configura en el presente caso toda vez que el discurso del recurrente se apoya de manera primordial en suposiciones y conjeturas, como se ha visto hasta ahora y como se verá más adelante.

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que esta Corte ha señalado de manera reiterada que no hay lugar a la ocurrencia de errores protuberantes de hecho cuando el juzgador de segundo grado opta por uno de los posibles entendimientos que sea factible deducir de una o varias pruebas en su conjunto, pues en tal caso no hace cosa diferente que formar libremente su convencimiento de acuerdo con las pautas fijadas en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sin que esa inferencia constituya un desvarío fáctico que dé lugar a la anulación del fallo.

Hasta aquí no hay evidencia de yerros cometidos por el tribunal al apreciar la carta de renuncia y los contratos de trabajo.

3. Dice el censor que el tribunal ignoró el documento de folio 41 en el que aparece que las vacaciones del demandante fueron liquidadas con el salario ordinario y no con el salario base, hecho indicativo de que no hubo verdadera terminación del contrato de trabajo pues en realidad el trabajador salió a disfrutar de vacaciones, máxime cuando entre la terminación del primer contrato y el comienzo del segundo transcurrieron exactamente 15 días hábiles.

Del análisis de la probanza de folio 41 se desprende que la empresa pagó al demandante por concepto de vacaciones del último período la suma de $32.548 sin que sea posible establecer con base en qué salario hizo tal liquidación. Lo que sí es cierto es que se equivoca el recurrente al señalar que la realizó con base en el salario básico de $2.269 porque si el trabajador no tenía derecho a 15 días de vacaciones compensadas en dinero sino a 12.25 días toda vez que las vacaciones del período 1990 - 1991 fueron disfrutadas, según se observa a folio 54 del cuaderno principal, quedaba solamente pendiente de pago la proporción comprendida entre en 7 de marzo y el 30 de diciembre de 1991, que liquidada con el citado salario arroja la cantidad de $27.795, inferior a la efectivamente cancelada. Además, el impugnante parte de que la fecha de terminación del contrato de trabajo fue el 4 de enero de 1992 cuando lo fue el 30 de diciembre del año anterior, momento a partir del cual transcurrieron más de 15 días hábiles hasta el 27 de enero de 1992. En consecuencia, de haber apreciado el tribunal el mentado documento ninguna incidencia habría tenido en la decisión que finalmente adoptó ni en la fijación de los hechos del proceso, sobre todo teniendo en cuenta que los razonamientos del recurrente en torno a esta temática resultan notoriamente especulativos y carentes de sustento objetivo.

4. Asevera el recurrente que el tribunal dejó de apreciar la confesión ficta resultante de la falta de comparecencia del representante legal de la demandada a absolver el interrogatorio de parte a que había sido citado, omitiendo así considerar que aceptó los hechos del libelo inicial relacionados con la unidad contractual y la simulación de la carta de renuncia y del segundo contrato de trabajo.

Luego de revisar la actuación correspondiente se tiene que en efecto en la segunda audiencia de trámite celebrada el 11 de abril de 2000 (fl. 79, c. ppal) el juzgado dejó constancia de no haber comparecido el representante legal de la demandada, quien debía absolver el interrogatorio de parte. Dos días después la mandataria judicial de la empresa hace llegar al despacho judicial un memorial justificando la inasistencia de su poderdante a la indicada diligencia por encontrarse fuera de país, para lo cual acompaña copias de los pasajes y la planilla de reserva respectiva, pidiendo sea citado de nuevo. Posteriormente, en la audiencia del 15 de junio siguiente el juzgado deniega la solicitud de fijación de nueva fecha para el interrogatorio por considerar que los documentos presentados tienen tachaduras, y precisa que procederá a declarar la confesión ficta correspondiente “en el momento procesal oportuno”.

Sobre la confesión ficta derivada de la falta de comparecencia del absolvente al interrogatorio de parte, ha dicho la Sala:

“De acuerdo con las normas transcritas, resulta claro que para que se produzca el efecto probatorio en cuestión, esto es, la confesión ficta o presunta, deben cumplirse los requisitos o condiciones en ellas contemplados con el alcance deducido por la jurisprudencia, vale decir, que el juez deje expresa constancia en el acta respectiva de la falta de comparecencia del citado a la audiencia, y una vez transcurrido el término de tres días contemplado en el artículo 209, sin que se haya presentado justificación alguna de parte del citado o que la aducida sea insatisfactoria, así lo declarará expresamente para que se surtan las consecuencias del artículo 210, es decir, habiendo cuestionario escrito, la presunción legal de certeza de los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el mismo o, a falta de tal interrogatorio, “de los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones”, desde luego también en tanto sean susceptibles de confesión.

Es lógico que, como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala, tal declaración debe ser en audiencia anterior al pronunciamiento del fallo de primer grado, con el fin de que la parte afectada con la misma pueda hacer uso de los medios de impugnación consagrados en el Código Procesal del Trabajo contra las providencias interlocutorias.

Y es que tales exigencias buscan precisamente garantizar los derechos fundamentales de defensa y al debido proceso del contumaz al permitirle tener la mayor claridad respecto de la situación en que queda al ser declarado confeso y pueda tener la oportunidad de impugnar oportunamente esta determinación ante el juez o su superior funcional o trate de desvirtuar por otros medios los hechos específicos que se presumen ciertos” (Sent. sep. 12/2001, exp. 16496).

En el sub lite no se siguieron al pie de la letra esas pautas jurisprudenciales, pues aunque el juez de primer grado dejó constancia expresa de la falta de comparecencia del citado al interrogatorio de parte y desechó los motivos aducidos para justificar la inasistencia negándose a citarlo por segunda vez, no cumplió con el deber de precisar los puntos respecto de los cuales se entendería hubo confesión pues difirió tal asunto para la oportunidad procesal respectiva, sin que esta jamás se produjera y sin que el demandante tampoco lo solicitara.

Así las cosas, no hubo en el presente caso una confesión ficta y por ende no pudo incurrir en desatino el tribunal al dejar de apreciar una prueba inexistente.

5. En lo que se refiere a la prueba de folio 48, que el recurrente califica como la orden de reingreso al mismo cargo, debe decirse que la misma es en verdad una solicitud de trabajo presentada por el señor Cuaspud Inchuchala, en la que incluso luego de asentar que trabajó con anterioridad con la empresa, admite que su retiro fue voluntario. De manera que si el tribunal hubiera apreciado esta prueba, habría reforzado su conclusión sobre la existencia de la renuncia del trabajador respecto del primer contrato.

Por consiguiente, el cargo no prospera, por cuanto el recurrente no demostró la ocurrencia de los errores que le achaca el tribunal».

(Sentencia de casación, 27 de mayo de 2004. Radicación 22.186. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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