Sentencia de casación 22259 de agosto 2 de 2004

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CONTRATOS ENTRE MÉDICOS E INSTITUCIONES DE SALUD

PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LO PACTADO

Magistrado Ponente:

Luis Javier Osorio López

Acta Nº 53

Bogotá, dos de agosto de dos mil cuatro.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Laboral, del 29 de mayo de 2003, en el proceso adelantado por Wilson Antonio Pérez Villalba contra la sociedad Somédica Limitada.

I. Antecedentes

El accionante en mención demandó en proceso laboral a la sociedad Somédica Limitada, procurando se le declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo que finalizó por decisión unilateral y sin justa causa, y se le condenara a pagarle, cesantías e intereses a la misma, vacaciones, prima de servicios, indemnización por despido, recargo por trabajo nocturno, moratoria a razón de un día de salario por cada día de retardo y las costas.

Como fundamento de sus pretensiones expuso en resumen: que laboró para la demandada mediante un contrato verbal de trabajo en el cargo de médico de planta, devengando un promedio mensual en los últimos 6 meses de $ 1.116.205, salarios que se cancelaron en las propias oficinas de la compañía; que prestó servicios en la Clínica Unión de la ciudad de Montería y de propiedad de la accionada, los que se ejecutaron de manera personal, obedeciendo instrucciones del empleador y cumpliendo un horario de 12 horas de lunes a viernes dos veces a la semana y de 48 horas una vez al mes en fin de semana sábado y domingo, sin que jamás se hubiere presentado queja por mal comportamiento; que desarrolló funciones relacionadas con asistencia médica en urgencias, observación, procedimientos médicos, cirugías, control y seguimiento de pacientes hospitalizados, además durante los años 1995, 1996 y 1997 desempeñó funciones administrativas de medio tiempo como coordinador médico y actividades educativas al personal de enfermería; que a partir del 27 de febrero de 1997 suscribió con la empresa un contrato de prestación de servicios profesionales de adhesión, viéndose obligado a firmarlo para poder continuar vinculado y con el que se trata de desvirtuar la relación laborar existente desde el 1º de junio de 1990; que el nexo se le terminó sin justa causa legal con la comunicación dirigida por la gerente de la sociedad Dra. Inés Botero de Bejarano, en la que se le informó la decisión de suspender su contrato a partir del 1º de marzo de 1999 invocando motivos tales como llamados de atención, falta de colaboración en las cirugías, con pacientes hospitalizados en piso, quejas de los especialistas sobre su comportamiento, el hecho de no haberse presentado el día 8 de febrero de 1999 a la cirugía de la señora Flora Tuirán, pero sí llenado la nota de cargo de la ayudantía sin hacerla, cuando según su versión lo sucedido con la paciente mencionada fue que “... Normalmente existe un médico asignado al servicio de urgencias y otro a cirugía. La noche del lunes 8 de febrero de 1999 yo me encontraba laborando en el servicio de urgencia. Se trataba de una paciente de la unidad de cuidados intensivos, quien presentó hemorragia y el Dr. Daniel Anaya decidió intervenirla de emergencia, sin informar al médico de turno en cirugía o en su defecto al de urgencia. Fue iniciativa del mismo Dr. Anaya, quien de su puño y letra me colocó como ayudante en la cirugía, para que la clínica pudiera cobrar el servicio de ayudantía a la EPS correspondiente...”; y por último alegó que aún se le adeuda las correspondientes prestaciones sociales, recargos, indemnización por despido y la sanción moratoria.

La entidad accionada al dar contestación al libelo demandatorio, se opuso a la prosperidad de la todas las pretensiones argumentando que nunca se dieron entre las partes los elementos característicos de un contrato de trabajo, pues la demandada nunca adquirió obligaciones de índole contractual laboral. En relación con los hechos, aceptó como cierto que el día 27 de febrero de 1997 se suscribió un contrato de prestación de servicios y que el 10 de febrero de 1999 se comunicó al demandante su terminación por incumplimiento de lo pactado y negó los demás supuestos fácticos. Alegó la prescripción de los derechos reclamados por haber transcurrido más de tres (3) años.

En su defensa sostuvo en resumen: que el actor no acordó vinculación mediante contrato verbal de trabajo ni devengó salarios, ya que éste solicitó a la accionada la oportunidad de poder hacer algunos turnos durante sus horas disponibles, en especial en la noche por cuanto laboraba con la Universidad de Córdoba y en el ISS, accediendo la clínica a darle permiso para ingresar; que el propio demandante con otros colegas elaboraban su programación, se fijaron un límite en el horario y uno de ellos hacía de coordinador, que por esto, el cargo de “Coordinador médico” no existía; que desde junio de 1990 hasta el 26 de febrero de 1997 se mantuvo verbal la contratación para que el accionante como médico atendiera cuando tuviera disponibilidad, siendo lo pactado la distribución de tarifas por porcentajes entre la sociedad y el doctor Pérez Villalba, valga decir, por consulta externa 40% y 60%, por ayudantías quirúrgicas el 25% y 75%, por consultas particulares 35% y 65%, respectivamente, resultando superior el porcentaje que le correspondía al profesional; que por parte de la entidad no se impartieron instrucciones u órdenes de un trabajo dependiente, como tampoco el contratista cumplió funciones relativas a un trabajador, lo que había eran reglas acordadas para ejecutar el contrato; que el actor podía mandar reemplazos que eran cancelados por su cuenta, pues a éste lo único que se le exigía era atender al paciente cuando cubría un turno; que en las certificaciones que se expidieron se estipuló ingresos más no salarios, al igual que se determinó fue el tiempo de inicio de prestación de servicios, constancias que se emitieron porque fueron peticionadas por el médico para utilizarlas en préstamos bancarios u hojas de vida para elevar solicitud de empleo; que el contrato de prestación de servicios no era de adhesión, dado que se pactó de mutuo acuerdo y no se obligaba a firmar documento o soporte alguno; que el contrato suscrito por las partes finalizó por incumplimiento del contratista por las razones expresadas en la carta de terminación conforme a lo pactado en el artículo 6º del convenio.

Al celebrarse la primera audiencia de trámite, el demandante reformó la demanda a fin de adicionar el hecho segundo para agregar que el horario asignado entre semana era de “7 P.M. a & (sic) A.M. del día siguiente” y en cuanto a las pruebas, reemplazar un testigo por otro, a lo cual la accionada dio contestación negando el hecho y aclaró que la sociedad “... nunca impuso horario de trabajo al doctor Wilson Pérez debido a que como lo hemos manifestado en el transcurso de la contestación de la demanda inicial el médico conjuntamente con sus otros colegas que conformaban un grupo de profesionales prestaban sus servicios dentro de los turnos que comúnmente y de común acuerdo se distribuían entre ellos, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada uno de los médicos y dentro del horario que a cada uno de ellos les convenía y concretamente dentro de la conveniencia de horario del doctor Wilson Pérez, ya que éste prestaba sus servicios al mismo tiempo en otras instituciones y de esta manera era imposible cumplir con un horario que estableciera la clínica, dicho horario también era fijado por ellos mismos en cuanto a los días en que ellos dentro de su disponibilidad de tiempo, querían o deseaban hacer turnos...” (fls. 140 y 141).

II. Sentencia de primera instancia

La primera instancia la desató el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, mediante sentencia del 26 de octubre de 2000, en la que absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte actora.

El a quo fundó su decisión considerando que:

“(...) Acorde con la probanza recaudada, fuerza a concluir que en este caso concreto, la dependencia o subordinación que se dio entre las partes en contienda judicial no fue la inherente a las del contrato de trabajo. En efecto, ha de tenerse en cuenta que en toda clase de contratos existen obligaciones mutuas que las partes están obligadas a cumplir. La dependencia que caracteriza y tipifica los contratos de trabajo, es que permite al empleador en algunos casos sustituir totalmente la voluntad del trabajador... Se trata en el evento bajo examen de un trabajador calificado, es decir, un profesional que en las decisiones propias de su especialidad gozaba de plena autonomía e independencia. Lógico es aceptar su sometimiento a turnos laborales, por la misma naturaleza de la labor desarrollada y por consistir esa circunstancia en una de las obligaciones dentro de la dependencia jurídico personal que también se da en contrato de naturaleza civil o comercial...”.

III. Sentencia de segunda instancia

Apeló la parte actora y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 29 de mayo de 2003, confirmó la sentencia de primer grado.

El ad quem acogió íntegramente las apreciaciones del juez a quo, y adicionalmente encontró que entre las partes lo que existió fue un acuerdo de porcentajes, sin el lleno de los elementos esenciales del contrato de trabajo; que por la naturaleza de la labor, las características del servicio prestado y la forma de pago, en el caso particular hay ausencia de actividad personal, subordinación y salario; que no se impartían órdenes de ningún tipo y el propio demandante distribuía los turnos o los cambiaba con otros colegas; que se ejecutó un contrato de prestación de servicios profesionales en virtud del cual el accionante se comprometió a prestar su servicio como médico de la clínica en turno presencial con absoluta autonomía y libertad técnica; y que en esa clase de contrato independiente civil o comercial no resulta ajena la supervisión del contratante.

Textualmente sustenta su decisión en lo siguiente:

“(…) Luego de efectuar el respectivo estudio al proceso allegado por vía de apelación, la Sala acoge íntegramente las apreciaciones plasmadas por el inferior para despachar desfavorablemente las peticiones del demandante, pues en realidad no existen elementos de juicio que le permitan a esta colegiatura enervar la misma.

En efecto, reposan en el expediente certificaciones emitidas por la accionada en la que da la denominación del cargo, tiempo e ingresos del actor; así como también aparecen los certificados de egresos por los cuales hacen efectivo el pago de honorarios con las respectivas deducciones de ley (retención en la fuente), el cual presentaba variaciones mensuales, lo que demuestra que entre las partes existía un acuerdo de porcentajes. Se allegaron a folios 24, 25 y 26 la distribución de los turnos de los médicos de planta de la clínica; a folio 28 copia del contrato de prestación de servicios profesionales, en el que claramente se observa que no reúne los elementos esenciales constitutivos del contrato de trabajo.

De otra parte, las pruebas testimoniales, coinciden en que el actor estaba vinculado a la clínica, que cumplía dos turnos a la semana, distribuidos por él mismo en la lista de médicos de planta para turnos de la clínica, algunos manifiestan que no saben la remuneración y otros coinciden en que ganaba un porcentaje de lo que se hiciera y que cumplía con las funciones propias de médico (ingresos de pacientes, consulta externa, entre otras).

Es evidente que entre las partes no existió contrato laboral, pues por la naturaleza de la labor que desempeñaba el actor, las características de la prestación del servicio y del pago que por el mismo se le hacía al actor, se determina que hay ausencia de subordinación, salario y labor personal, tal como lo contempla el Código Sustantivo del Trabajo.

La jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha sostenido: “... que es de la esencia del contrato de trabajo la subordinación jurídica; donde ésta exista habrá contrato de esta naturaleza y donde no exista se dará un contrato de derecho común...”.

En lo atinente a la subordinación, cabe anotar que, donde aparezca la autonomía o libertad para prestar un servicio habrá trabajo independiente, pues la subordinación versa sobre la facultad, o posibilidad que tiene un empleador para dar órdenes e instrucciones en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, y en la obligación correlativa del trabajador para acatar su cumplimiento.

En el caso bajo examen, vemos con claridad la ausencia de subordinación, pues el actor no recibía órdenes de ningún tipo de la accionada, tan es así, que él mismo distribuía los turnos, e inclusive podía cambiarlos o negociarlos por así decirlo, con otro colega, lo importante aquí, era la presencia del médico, independiente de quien fuera, para que cumpliera con las labores de tal.

En este orden de ideas, se tiene que del examen hecho a la relación entre las partes, existió un contrato de prestación de servicios profesionales, un acuerdo de voluntades en virtud del cual el demandante se comprometió a prestar sus servicios como médico de la clínica en turno presencial, ciñéndose al pago por porcentaje del producido, con absoluta autonomía y libertad técnica. Debe recordarse, que la existencia de un contrato independiente civil o comercial en ningún caso implica la veda total de instrucciones o el ejercicio de control y supervisión del contratante sobre el contratista, desde luego que tampoco la sola existencia de estos elementos permite concluir, de manera automática, la existencia del contrato de trabajo.

Resultan suficientes las anteriores consideraciones para confirmar el fallo materia de apelación...”.

IV. Recurso de casación

Persigue la parte demandante con el recurso, según lo manifestó en el alcance de la impugnación, que esta corporación CASE totalmente la sentencia acusada, en cuanto confirmó las absoluciones a favor de la sociedad Somédica Ltda. y al constituirse en sede de instancia revoque el fallo del a quo condenando a la accionada a las pretensiones de la demanda inicial proveyendo lo necesario en costas.

En subsidio y en el evento que se considere que entre las partes hubo contrato de prestación de servicios del 27 de febrero de 1997 al 1º de marzo de 1999, se CASE la sentencia impugnada para que se disponga la existencia del contrato de trabajo entre el 1º de junio de 1990 y el 26 de febrero de 1997 con todas las consecuencias prestacionales.

Con este objeto, invocó la causal primera de casación prevista en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, y formuló un único cargo que no fue replicado.

V. Cargo único

Acusó la sentencia del tribunal de violar en forma (vía) directa y en la modalidad de aplicación indebida los artículos “21, 22, 23 (L. 50/90, art. 1º), 24 (L. 50/90, art. 2º), 55, 61 (L. 50/90, art. 5º), 62 (D.L. 2351/65, art. 7º) y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 1603 del Código Civil; artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia; en relación con los artículos 4º, 6º, 174, 177, 187, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Violación que dijo el censor se produjo como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el sentenciador, que a continuación se relacionan:

“(...) 1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que sí existió contrato de trabajo entre las partes, a partir del 1º de junio de 1990 y hasta el 1º de marzo de 1999. O por lo menos entre el 1º junio de 1990 y el 26 febrero de 1997.

2. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que entre las partes existió un contrato de prestación de servicios profesionales.

3. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada terminó el contrato de trabajo al actor de manera unilateral y sin justa causa el 1º de marzo de 1999.

4. Dar por establecido, sin estarlo, que la demandada no terminó el contrato de trabajo al actor de manera unilateral y sin justa causa el 1º de marzo de 1999. par (sic) considerar el tribunal que lo que existió fue un contrato de prestación de servicios profesionales.

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada está obligada a pagar al actor todas las prestaciones sociales impetradas en la demanda y derivadas de la relación laboral.

6. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo, que la demandada no está obligada a pagar al actor todas las prestaciones sociales impetradas en la demanda y derivadas de la relación laboral, por considerar el ad quem que lo que existió fue un contrato de prestación de servicios profesionales...”.

Señaló como pruebas erróneamente apreciadas e inestimadas las siguientes:

“(…) Pruebas erróneamente apreciadas:

1. La certificación otorgada por la demanda al actor el 24 de septiembre de 1994, visible a folio 12.

2. La certificación otorgada por la demandada al actor el 29 de junio de 1996, visible a folio 13.

3. La certificación otorgada por la demandada al actor el 30 de junio de 1997, visible a folio 14.

4. La certificación otorgada por la demandada al actor el 13 de marzo de 1998, visible a folio 15.

5. El mal denominado “Contrato para prestación de servicios profesionales independientes”, visible a folios 28 y 29 y repetido a folios 50 y 51.

6. Los comprobantes de egreso de la demandada, erróneamente denominados por el ad quem como “comprobante de cancelación de honorarios con deducción de retención en la fuente”, visibles a folios 19 a 23; 30, 53 a 58, 99, 107 a 111 y 125 al 147.

7. La distribución de turnos visible a folios 24 a 26.

8. El testimonio de Alberto Antonio Ruiz Padilla visible a folios 151 y 152.

9. El testimonio de Aída Sofía Sánchez de Galván visible a folios 153 y 154.

10. El testimonio de Eliécer Ramón Arrieta Arteaga visible a folios 154 a 156.

11. El testimonio de Álvaro Pío Brunal Flórez visible a folios 156 a 159.

12. El testimonio de Leney Cecilia Arroyo de Berdugo visible a folios 169 y 170.

13. El testimonio de Astrid Cecilia Kerguelen Puche visible a folios 170 a 172.

Pruebas no apreciadas:

La demanda visible a folios 1 a 6.

2. El llamado de atención hecho por la demandada al actor, en su condición de médico coordinador, de fecha 19 de julio de 1995, visible a folio 16.

3. La orden dada por la demandada al actor, en su condición de médico coordinador, de fecha 17 de mayo de 1995, visible a folio 17.

4. La orden impartida por la demandada al actor el 17 de febrero de 1997, visible a folio 27, para que firmara como compromiso formal el supuesto contrato de prestación de servicios profesionales independientes, es decir, aquel que obra a folios 28 y 29.

5. La terminación de la relación laboral, visible a folio 31 y repetida a folio 52.

6. El organigrama de la demandada, visible a folios 59 a 98.

7. La certificación del contador de la demandada con el visto bueno del gerente de la misma, visible a folios 223 y 224 …”.

Para sustentar la acusación, argumentó:

“(…) Los yerros fácticos en los que incurrió la Sala de decisión laboral del honorable tribunal son protuberantes, ostensibles, contradictorios e incongruentes entre la sentencia, el defecto valorativo de las pruebas ya puntualizadas, la realidad procesal y la ley sustancial:

Es evidente que el tribunal fundamentó su fallo en un conjunto de pruebas, entre ellas los testimonios que en el cargo se señalan como erróneamente apreciados, lo que posibilita el examen de los mismos.

Elementos esenciales del contrato de trabajo:

1. Actividad personal realizada por el mismo demandante.

No hay duda que con las pruebas erróneamente apreciadas por el tribunal, tales como: Las certificaciones visibles .a folios 12 a 15; los comprobantes de pago por su trabajo al actor de folios 19 a 23, 30, 53 a 58, 107 a 111 y 125 a 147; la distribución de los turnos y los testimonios puntualizados en el cargo, quedó probado que el doctor Wilson Antonio Pérez Villalba realizó la actividad personal ya como médico de planta, o también como coordinador médico de la sociedad demandada. No otra cosa puede deducirse cuando:

— En la certificación del folio 12 la demandada reconoció que el actor “... ha laborado en nuestra institución desde junio de 1990, ...”.

— En la certificación del folio 13 la demandada reconoció que el actor “... trabaja en esta institución, como médico de planta, el cual recibe ingresos mensuales de quinientos mil pesos mcte. ($ 500.000)”, sin que aquí se hubiese certificado que la remuneración eran honorarios y no salarios.

— En la certificación del folio 14 la demandada reconoció que el actor “... trabaja en esta institución, como médico de planta, desde el mes de junio de 1990, con una intensidad horaria de medio tiempo...”.

— En la certificación del folio 15 la demandada reconoció que el actor “… trabaja en esta entidad como médico de planta desde el día 1º de junio de 1990, con un ingreso mensual de un millón doscientos mil pesos (1.200.000)”.

— En la cláusula primera del presunto contrato de prestación de servicios profesionales independientes, se constata la actividad o labor personal del actor al servicio de la demandada.

— En los comprobantes de egreso ya puntualizados en el cargo, también se constata que dicha remuneración le fue pagada al demandante por la actividad o labor personal al servicio de la demandada.

— En el contenido de los testimonios, quienes dijeron: Alberto Antonio Ruiz Padilla, que el actor “... hacía turnos lunes y viernes por la noche y hacía turno 48 horas...” entrando “... los sábados a las 7 de la mañana y salía los lunes a las 7 de la mañana...”; Aída Sofía Sánchez de Galván, que el actor “hacía turnos en la clínica los lunes y los viernes por la noche y en el mes hacía un fin de semana de 48 horas” pero que “... siempre estaba pendiente de que los otros médicos cumplieran porque era el coordinador…”; Eliécer Ramón Arrieta Arteaga, cuyos dichos no podían ser valorados por haberse tenido en cuenta la tacha propuesta, visible a folio 155; Álvaro Pío Brunal Flórez, cuyos dichos tampoco podían ser valorados por haberse tenido en cuenta la tacha propuesta, visible a folio 157; Lyney Cecilia Arroyo de Berdugo, que “… El horario de trabajo eran turnos de 12 horas más o menos...“ y que “... el señor Pérez ingresó en el año de 1990”; Astrid Cecilia Kerguelen Puche, dijo que quien le programaba los turnos al demandante era “La gerencia de la clínica”.

Ninguna duda existe, que también con las pruebas no apreciadas por el tribunal, tales como: las visibles a folios 16, 17, 31, 59 a 98 y 223 a 224, quedó probado que el doctor Wilson Antonio Pérez Villalba realizó la actividad personal ya como médico de planta, o también como coordinador médico de la sociedad demandada. El alcance de estas pruebas es el siguiente:

— En el llamado de atención del folio 16 la demandada reconoció que el actor prestaba sus servicios personales a la demandada como “Médico coordinador”.

— En la orden dada al actor del folio 17 la demandada reconoce la prestación personal del servicio del demandante, como “Coordinador médico”.

— En la documental de folio 27 se le induce al actor a un formal contrato de prestación de servicios profesionales independientes, pero la demandada reconoce la continuidad de la prestación personal del servicio del demandado. Igual reconocimiento hace la demandada en los folios 31 y 223 a 224.

2. Continuada subordinación o dependencia del demandante respecto a la sociedad demandada.

Frente a este elemento esencial del contrato de trabajo, tampoco hay duda que con las pruebas erróneamente apreciadas por el tribunal, tales como: Las certificaciones visibles a folios 12 a 15; los comprobantes de pago por su trabajo al actor de folios 19 a 23, 30, 53 a 58, 107 a 111 y 125 a 147; la distribución de los turnos y los testimonios puntualizados en el cargo, quedó probado que el doctor Wilson Antonio Pérez Villalba recibió órdenes y fue un dependiente y subordinado continuo de la demandada ya como médico de planta, o también como coordinador médico de la sociedad demandada. Así lo indican las pruebas erróneamente apreciadas por el tribunal, cuyos yerros a continuación puntualizó:

— En la certificación del folio 12 la demandada reconoció que el actor “… ha laborado en nuestra institución desde junio de 1990 con suficiente capacidad, honestidad...”. Se trata de una certificación expedida el 24 de septiembre de 1994, cuyo texto trascrito indica la subordinación y dependencia del actor para la demandada desde de junio de 1990 hasta la fecha en que fue expedida dicha certificación.

— En la certificación del folio 13 la demandada reconoció que el actor “... trabaja en esta institución, como médico de planta, el cual recibe ingresos mensuales de quinientos mil pesos mcte. ($ 500.000)...”. Aquí nuevamente la demandada reconoce la subordinación y dependencia del actor desde su ingreso hasta la fecha de la certificación que lo es el 29 de junio de 1996.

— En la certificación del folio 14 la demandada reconoció que el actor “trabaja en esta institución, como médico de planta, desde el mes de junio de 1990, con una intensidad horaria de medio tiempo...”. Aquí la demandada corrobora la subordinación y dependencia del actor desde su ingreso hasta la fecha de la certificación que lo es el 30 de junio de 1997; inclusive con esta documental se demuestra la mala fe de la empresa en cuanto al supuesto contrato de prestación de servicios profesionales independientes (fls. 28 y 29), firmado el 27 de febrero del mismo año 1997.

— En la certificación del folio 15 la demandada reconoció que el actor “… trabaja en esta entidad como médico de planta desde el día 1º de junio de 1990, con un ingreso mensual de un millón doscientos mil pesos (1.200.000)…”, He aquí la manifiesta mala fe de la demandada en la ejecución del contrato de trabajo y dentro de la práctica del acervo probatorio del proceso. Es de lógica jurídica que lo que existió entre las partes fue un contrato de trabajo desde el 1º de junio de 1990, con el ingreso mensual para el 13 de marzo de 1998 puntualizado en esta documental, pues de no haber sido esa la realidad, el contenido de esta certificación sería distinto según la formalidad de los folios 28 a 29.

— En la cláusula tercera del presunto contrato de prestación de servicios profesionales independientes, la empresa demandada le impuso una obligación en los siguientes términos “... el CONTRATISTA está obligado a cumplir con el turno asignado...” (la negrilla fuera de texto). Del texto trascrito se deduce con claridad meridiana que el actor sí estuvo subordinado de manera continua para la demandada en cuanto al momento, al modo, tiempo y cantidad de trabajo, como que fue la empresa quien lo obligó a cumplir los turnos que ella misma le asignó.

— En los comprobantes de egreso ya puntualizados en el cargo, no estableció que los pagos allí hechos al actor fueran hechos por conceptos de honorarios y menos aquellos anteriores al 27 de febrero de 1997. Con esos comprobantes y la distribución de turnos de los folios 24 a 26, lo que se probó fue la real subordinación y dependencia del actor para la demandada.

— Las pruebas testimoniales apreciadas erróneamente por el Tribunal, contienen un alcance inverso al que consideró el ad quem: Alberto Antonio Ruiz Padilla, dijo a folio 152 que el actor “... recibía órdenes de la institución, de la dirección de la clínica en el manejo de los turnos de los médicos, del horario, cambio de turno, en cuanto al horario que le trazaban, cuando él era coordinador él exigía a sus compañeros el cumplimiento, la dirección de la clínica le imponía el horario de trabajo a él...”; Aída Sofía Sánchez de Galván, dijo a folio 154 que “... yo trabaje con él en la Clínica Unión...”, que el actor “... recibía instrucciones de los funcionarios, porque hasta a veces le hacían reuniones a los médicos (sic) de planta en privado”; Eliécer Ramón Arrieta Arteaga, cuyos dichos no podían ser valorados por haberse tenido en cuenta la tacha propuesta, visible a folio 155; Álvaro Pío Brunal Flórez, cuyos dichos tampoco podían ser valorados por haberse tenido en cuenta la tacha propuesta, visible a folio 157; Astrid Cecilia Kerguelen Puche, dijo a folio 171 que el actor “... recibía órdenes de la directiva de la clínica...”, que era “La gerencia de la Clínica” quien programaba los turnos al demandante.

También con las pruebas no apreciadas por el tribunal, tales como: Las visibles a folios 16,17, 31, 59 a 98 y 223 a 224, quedó probado que el doctor Wilson Antonio Pérez Villalba fue un subordinado y dependiente de la demandada ya como médico de planta, o también como coordinador médico. Así se deduce de las siguientes pruebas no apreciadas por el tribunal:

— Del llamado de atención del folio 16 donde la demandada imparte al actor la orden de corregir las faltas allí puntualizadas.

— De la orden dada al actor del folio 17 donde la demandada le ordena realizar o diligenciar el anexo respecto a las primeras 20 causas de mortalidad por consulta externa en la sociedad demandada.

— De la documental de folio 27 con el que la demandada le envía al actor el mal llamado “Contrato para prestación de servicios profesionales independientes” ya elaborado y le ordena que lo estudie y lo devuelva firmado.

— Con el organigrama de la empresa en donde a folios 88 y 89 se constata las funciones del coordinador de procedimientos quirúrgicos cuya actividad reconoció la empresa en cabeza del actor en los folios 16 y 17 y que por supuesto no corresponde a lo establecido en la cláusula primera de la documental de folios 28 y 29, sí más bien a una actividad subordinada pertinente al contrato de trabajo.

3. Un salario como retribución del servicio.

Este último elemento esencial del contrato de trabajo, está plenamente establecido con las pruebas erróneamente apreciadas por el tribunal:

— En la certificación del folio 13 la demandada reconoció un salario pagado por esta al actor en cuantía de “… ingresos mensuales de quinientos mil pesos mcte. ($ 500.000)”.

— En la certificación del folio 15 la demandada reconoció la relación laboral desde el 1º de junio de 1990, con “... un ingreso mensual de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000)”. Para el momento que expidió esta certificación, esto es, para el 13 de marzo de 1998.

— En contraste a las anteriores pruebas, en la cláusula segunda del denominado “contrato para prestación de servicios profesionales independientes” (fl. 28) formalmente se establecieron unos porcentajes, que ni siquiera se dijo que fueran honorarios y que la empresa demandada no demostró haberlos pagado al actor como erróneamente lo consideró el tribunal, toda vez que los comprobantes de egreso que también valoró erróneamente el ad quem visibles a folios 19 a 23; 30; 53 a 58; 99; 107 a 111 y 125 al 147, ni siquiera contemplan como concepto el pago de honorarios, en tanto que en folios como el 56, 58 y 109 entre otros, mi poderdante cobró sus salarios por “Servicios prestados a la clínica” y no como honorarios.

— Las pruebas testimoniales apreciadas erróneamente por el tribunal, también dan fe de la remuneración recibida por el actor como salario por su trabajo prestado a la demandada, así algunos de ellos hayan dicho que ese salario fue bajo un porcentaje, pues al fin y al cabo, también es factor salarial a la Luz del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que el ad quem aplicó en forma indebida...”.

Transcribió jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 1997 y de esta Corte calendada 1º de diciembre de 1981, sobre la primacía de la realidad en el contrato de prestación de servicios y continuó:

“(...) Resumen del cargo

Si el ad quem hubiese apreciado sin error las pruebas que erróneamente apreció y hubiese apreciado aquellas que dejó de darles valor probatorio, necesariamente hubiera concluido:

— Que se probó: La definición de contrato de trabajo; los elementos esenciales del contrato de trabajo y la presunción del contrato de trabajo establecidos como principios generales en los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que el tribunal aplicó en forma indebida.

— Que frente a las normas que regulan los contratos de prestación de servicios, están las del derecho laboral, en particular el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que igualmente el tribunal aplicó en forma indebida.

— Que probados como están: La relación laboral y sus extremos, la continuada subordinación y el salario; la sociedad demandada está obligada a pagar al actor todos los derechos sociales derivados de esa relación laboral, sobre los que el ad quem la absolvió porque aplicó en forma indebida las normas sustantivas pertinentes invocadas en la proposición jurídica del cargo.

Demostrados como están los yerros en que incurrió el ad quem, en cuanto a que infringió las disposiciones sustantivas citadas en esta censura, el cargo debe prosperar, lo que conduce a la casación impetrada de la sentencia de segundo grado acusada, y en instancia debe llevar a la honorable Corte (Sala Laboral) a revocar las absoluciones del fallo de primer grado e imponer condena en contra de la sociedad demandada y a favor del actor, respecto a las pretensiones de la demanda; todo conforme se solicitó en el alcance de la impugnación...”.

VI. Se considera

La censura cuestiona que el tribunal no hubiera dado por acreditada la relación laboral alegada entre el demandante y la sociedad Somédica Limitada desde el 1º de junio de 1990 al 1º de marzo de 1999, y por el contrario estimara que el vínculo fue por contrato de prestación de servicios profesionales, en virtud del cual el contratista se comprometió a prestar sus servicios como médico de la Clínica Unión en turno presencial, ciñéndose al pago por porcentaje del producido, con absoluta autonomía y libertad técnica.

En efecto, el juez de apelaciones para adoptar la decisión acogió la argumentación del fallador de primer grado, donde este último previo análisis de la documental aportada y la prueba testimonial recibida, infirió la ausencia de subordinación o dependencia inherente al contrato de trabajo. Adicionalmente, el ad quem para prohijar las conclusiones del fallo apelado, se refirió a las certificaciones expedidas, a los comprobantes de pago y egreso, a la distribución de turnos, a lo pactado en el contrato de prestación de servicios y a lo dicho por los testigos sin ahondar en la valoración debida de los medios de convicción, para agregar que tampoco se dio en el sub lite la “labor personal” y el “salario”. En cuanto a la subordinación el tribunal coligió que “... el actor no recibía órdenes de ningún tipo de la accionada, tan es así, que él mismo distribuía los turnos, e inclusive podía cambiarlos o negociarlos por así decirlo, con otro colega. Lo importante aquí, era la presencia del médico, independiente de quien fuera, para que cumpliera las labores de tal...”.

Por lo expresado, los dislates fácticos que le atribuye el censor a la sentencia recurrida, se orientan de manera principal a determinar la naturaleza jurídica del vínculo contractual, para lo cual denunció la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de estimación de otras, cuyo ataque se encaminó a sostener y demostrar que en realidad lo que existió fue un contrato de trabajo, entrando a analizar las constancias calendadas el 24 de septiembre de 1994, 29 de junio de 1996, 30 de junio de 1997 y 13 de marzo de 1998, que en su sentir reconocen los servicios personales subordinados, la continuidad de los mismos y el salario devengado (fls. 12, 13, 14 y 15); el contrato de prestación de servicios, de cuyo contenido a su juicio se desprende la actividad personal y la imposición de obligaciones propias de una relación laboral (fls. 28, 29, 50 y 51); los comprobantes de egreso que denotan la retribución cancelada (fls. 19 a 23, 30, 53 a 58, 99 y 107 a 111); la distribución de turnos en la que aparece relacionado el Dr. Wilson Pérez (fls. 24 a 26), el llamado de atención dirigido al actor como “médico coordinador” que data del 19 de julio de 1995 (fl. 16), la orden impartida según comunicación de mayo 17 de 1995 (fl. 17), la solicitud de firma del contrato de prestación de servicios (fl. 27), la carta de terminación del vínculo (fls. 31 y 52); el organigrama de la empresa que relaciona el cargo de coordinador de procedimientos quirúrgicos (fls. 59, 88 y 89) y la certificación del contador que menciona el tiempo servido (fls. 223 y 224). Además, el recurrente respaldó su reproche en la prueba testimonial que afirmó que contenía un alcance inverso al estimado por el tribunal (fls. 151 a 159 y 169 a 172).

Como primera medida se ha de esclarecer si de las pruebas denunciadas se deriva la actividad personal que el censor sostiene está acreditada en el proceso, o si por el contrario como lo determinó el tribunal hay carencia de ese elemento esencial de todo contrato de trabajo que exige que el trabajador ejecute la labor por sí mismo y no a través de otra persona.

En este puntual aspecto como vamos a analizarlo, la Sala encuentra el primer error evidente del sentenciador de alzada, quien acudió a una relación de algunos medios probatorios, sin presentar un análisis y valoración serio como ponderado de ellos, y no hizo el más mínimo esfuerzo por exponer las razones que lo llevaron a aseverar que se presentó la “... ausencia de... labor personal, tal como lo contempla el Código Sustantivo de Trabajo...”.

Ciertamente, si se considera cuidadosamente lo expuesto por la censura, valga la verdad que el tribunal apreció erróneamente las certificaciones expedidas visibles a folios 12, 13, 14 y 15 así como el denominado “contrato para prestación de servicios profesionales independientes” obrante a folios 50 y 51 que fue suscrito con el accionante tiempo después de iniciada la relación, habida cuenta que las documentales emanadas de la sociedad demandada son coincidentes en certificar que el doctor Wilson Pérez Villalba “laboró” o “trabajó” en la institución desde el 1º de junio de 1990 sin que se hiciera salvedad alguna con respecto a que los servicios se hubieren prestado por interpuesta persona, además en el documento contractual fechado el 27 de febrero de 1997 se lee en su cláusula primera que al demandante allí bautizado como “CONTRATISTA” en su calidad de médico general se le obligó “... a prestar servicio de turno presencial en la urgencia...” (resalta la Sala), valga decir, de manera personal, pues según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define el vocablo “presencial”, como “... Perteneciente o relativo a la presencia. Asistencia personal,o estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo paraje de ellas...”, lo que conduce a que de estas probanzas se desprenda palmariamente todo lo contrario a lo concluido con evidente error por el fallador de alzada.

Acerca de esas certificaciones allegadas al proceso y mal valoradas por el ad quem, no hay razón para dudar sobre la veracidad de sus datos, y si bien la demandada en la respuesta al libelo adujo que le expidió al actor certificaciones y constancias pero con la finalidad de implorar préstamos bancarios o solicitar empleo (fl. 38), no cumplió con la carga de contraprobar lo certificado conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil., en armonía con los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S. En relación a la valoración de aquella clase de documentos, la Corte se pronunció en sentencia del 8 de marzo de 1996 radicado 8360, oportunidad en la cual puntualizó:

“(...) El demandante en el interrogatorio de parte admitió que solicitó para diligencias particulares de él las constancias que le expidiera el demandado sobre tiempo de servicios y salario, pero no dijo que su contenido fuera inexacto o contrario a la realidad que de ellas emerge. El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral...”.

Además de demostrar la prestación personal del servicio con las pruebas reseñadas, de su correcta apreciación se extraen tres características que son signo indicativo de subordinación o dependencia laboral, cuales son la obligación de cumplir órdenes, entre ellas el horario, como el asistir a reuniones y la disponibilidad para con el empleador, que no fueron establecidas en la providencia impugnada por razón de la equivocada valoración que el tribunal fijó a los medios probatorios, incurriendo nuevamente en un error manifiesto de hecho.

Pues bien, volviendo a lo pactado por las partes en el documento contractual de folio 50; de su lectura se colige que las partes dejaron sentada la obligación del demandante como médico general de “... prestar servicio de turno presencial en la urgencia y de disponibilidad en la Clínica Unión, para atender los usuarios de las EPS que tienen contrato integral con la clínica...” advirtiendo más adelante que “... (el contratista está obligado a cumplir con el turno asignado...” (cláusulas primera y tercera), sujetando por tanto la actividad a la oportunidad en que se debe cumplir la laboral igual quea la permanencia del demandante en las instalaciones de la clínica en el respectivo turno para quedar disponible en espera de atender a los pacientes o usuarios de la respectiva EPS que concurran a utilizar sus servicios, con lo cual le limita a éste la libre distribución y uso del tiempo, condicionamientos que además riñen con la autonomía o libertad técnica que menciona el tribunal, en cuanto implica un control de la sociedad que lo contrató. Luego, la labor desarrollada por el accionante en turnos de naturaleza presencial y quedando a disponibilidad en la clínica, se distingue por la preponderancia del sometimiento y dependencia para con la demandada.

Cosa distinta es que el demandante, actuando como, “médico de planta” según las constancias de folios 13, 14 y 15 o “médico coordinador” o “coordinador médico” tal como aparece en los documentos de folios 18, 24, 25 y 26 y se desprende de las comunicaciones dirigidas por la gerente de la Clínica Unión de Somédica Ltda. visibles a folios 16 y 17, tuviera la facultad de organizar los turnos con los demás galenos, lo cual de ninguna manera le otorga libertad absoluta para sustraerse de realizar un turno previamente asignado o como supone el ad quem de cambiar o negociar el mismo, en la medida en que se mantiene invariable, como efectivamente sucede en el caso a estudio, la obligación de acatar los turnos que a cada médico le correspondía cubrir en las instalaciones de la clínica y en los horarios que para tal fin la demandada había establecido o impuesto, por ejemplo los referidos en el documento de folio 24 denominado “horarios de atención y disponibilidad de médicos de planta...”, esto es, los de medio tiempo de “7 a.m. - 10 a.m.” “10 a.m. - 1 p.m.”, “1 p.m. - 5 p.m.”, “1 p.m. - 4 p.m.”, “4 p.m. - 7 p.m.”; “5 p.m. - 8 p.m., los nocturnos de “8 p.m. 7 a.m.”, y los de rotación en fines de semana de “7 a.m. - 1 p.m.”, “7 a.m. 7 a.m. (24 horas)”, acorde a la programación mensual como la de folios 25 y 26; documentos todos que no solo aparecen con el “visto bueno” del demandante como coordinador sino con la aprobación de la directora de la Clínica Unión. Es por ello, que no era dable concluir como lo hizo equivocadamente el juzgador de segundo grado de que esa distribución de turnos fuera exclusiva del querer del demandante, sino por el contrario cualquier modificación o cambio requería finalmente de la autorización de la jefe o directora de la institución.

Pero hay algo más que añadir, y es que el cumplimiento por parte del actor de la media jornada lo ratifica la certificación fechada el 30 de junio de 1997, que muestra que para esa época el médico Wilson Pérez Villalba tenía una jornada con “intensidad horaria de medio tiempo” (fl. 14).

A lo apuntado se suma, que aparecen en el plenario otras probanzas que el censor también denuncia como mal valoradas o inestimadas, que conllevan a la sujeción disciplinaria frente a la clínica que se ajusta a la prestación del servicio subordinado, y que son concretamente la misiva del 19 de julio de 1995 obrante a folio 16, con la cual como lo pone de presente la censura se le hace al demandante una amonestación para que corrija las faltas o fallas que según la empresa éste venía cometiendo; vale decir, efectuar cirugías sin ayudante, y la comunicación de folio 31 o 52 que data del 10 de febrero de 1999 que corresponde a la carta mediante la cual se le finalizó el contrato firmado, donde se le invocan como motivos los “llamados de atención” por la falta de colaboración en las cirugías y a los pacientes hospitalizados en el piso, al igual que las quejas sobre su comportamiento y la asistencia a la cirugía de la señora Flora Tuirán únicamente para cobrar la ayudantía sin haberla hecho; traduciéndose todo esto en el ejercicio de la empleadora del auténtico poder disciplinario y subordinante sobre el trabajador, consistente en la potestad o facultad de sancionar el incumplimiento de órdenes, instrucciones, obligaciones, prohibiciones o la deficiente ejecución en la labor, lo que resulta ajeno a cualquier relación de naturaleza civil o comercial y sí propio de la subordinación jurídica del contrato de trabajo a que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

Respecto a los certificados o comprobantes de egreso que el tribunal tomó para inferir que lo que existió entre las partes fue un “acuerdo de porcentajes” y que el ataque le atribuyó su equivocada apreciación, la censura en el desarrollo del cargo adujo que los mismos no establecen los pagos allí efectuados como honorarios, al exponer que “... los comprobantes de egreso que también valoró erróneamente el ad quem visibles a folios 19 a 23; 30; 53 a 58; 99; 107 a 111 y 125 al 147, ni siquiera contemplan como concepto el pago de honorarios en tanto que en folios como el 56, 58 y 109 entre otros, mi poderdante cobró sus salarios por “... servicios prestados a la clínica” y no como honorarios...”, y en efecto no todos ellos especifican el concepto cancelado y si bien demuestran que el accionante de acuerdo a lo que facturaba recibía por sus servicios un porcentaje según atendiera en la clínica consulta externa a los afiliados de la EPS y consulta a particulares o por ayudantías quirúrgicas, esa situación en manera alguna en el caso particular descarta la existencia de la relación laboral y por el contrario le da firmeza, dado que el total de lo recibido individualmente por el actor es lo que vendría a constituir su contraprestación o retribución, modalidad de pago que dentro de la libertad de estipulación del salario prevista en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 es factible pactarla en esa forma.

En consecuencia, lo anterior conduce a que el tribunal cayó sin hesitación alguna en el error de hecho evidente que le atribuye la censura de no dar por demostrado, a pesar de estarlo, que existió un contrato de trabajo entre las partes.

Por todo lo razonado hasta aquí, a la luz de la prueba estudiada exhaustivamente, es suficiente para estructurar fehacientemente los desatinos evidentes de hecho cometidos por el tribunal, originados en la errónea apreciación de las pruebas descritas por el censor, lo que le imprime prosperidad al cargo; pues no debe olvidarse que en los términos de los artículos 60 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S. y 187 del Código de Procedimiento Civil el juez está en la obligación de sopesar todas las pruebas de manera conjunta. Sin embargo se estima como deber de la Sala agregar lo siguiente:

— De lo convenido en el único contrato que se suscribió, no se extrae que sea el propio médico trabajador quien fije las tarifas, ya que éstas como allí reza son “... acordadas con cada una de las EPS...” (Cláusula segunda, fl. 50), lo que también está en contravía de la autonomía que el tribunal estimó que tenía el actor.

— En cuanto a la prueba testimonial, con la que igualmente el ad quem soportó su fallo y que procede la Sala a examinar por ya estar demostrado con prueba calificada el error de valoración probatoria en el que se incurrió, demuestra una vez más el vínculo laboral y se deduce palmariamente la existencia de la subordinación jurídica a la cual estuvo sujeto el accionante, pues los deponentes Alberto Antonio Ruiz Padilla, Aída Sofía Sánchez de Galván, Álvaro Pío Brunal Flórez y Astrid Cecilia Kerguelen Puche, dando la razón de la ciencia del dicho, exponiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar a que se refiere el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 61 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S., quienes afirmaron haber trabajado en la Clínica Unión, fuera de guardar consonancia con respecto a lo manifestado sobre los varios años servidos del demandante en las instalaciones de la clínica de la demandada desde el año 1990, sus funciones como médico de planta o coordinador y los turnos que éste debía cumplir, dan fe de las órdenes e instrucciones que impartía la dirección de la institución para el manejo y programación de esos turnos, sus cambios, imposición de horarios, e incluso de reuniones a las que debían asistir los médicos de planta, todo lo cual a contrario de lo que sostienen los falladores de instancia, no corresponde a una supervisión o sometimiento posible dentro de un contrato de naturaleza civil y comercial, si no como ya se dijo, a una subordinación jurídico laboral que la Corte ha entendido como la “... aptitud o facultad del empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador y de vigilar su cumplimiento en cualquier momento, durante la ejecución del contrato y la obligación permanente del asalariado de obedecerlas y acatarlas cumplidamente...” (sent., jul. 1º/94, rad. 6258).

En efecto, los mencionados testigos compañeros del demandante, aseguraron que éste recibía órdenes de la gerencia de la institución en cuanto al manejo de los turnos de los médicos, además le imponía horario, programaba el cambio de turnos y le señalaba las funciones que debía cumplir. Que como coordinador el actor le exigía a sus compañeros el cumplimiento; que una vez al mes realizaba turnos de 48 horas, entrando los sábados a las 7 de la mañana y saliendo los lunes a las 7 de la mañana. Que como médico de planta, atendía consulta externa y consulta de urgencia, ayudaba a las cirugías; si había que ingresar a un paciente él le hacía el ingreso, si lo hospitalizaban estaba pendiente de aquel en la noche, si había una cirugía nocturna, entraba como ayudante de la misma, si llegaba una señora de parto, él la atendía mientras le daba tiempo de llegar al ginecólogo, y que cuando se programaban reuniones en privado, los médicos de planta tenían que asistir.

Finalmente la testigo Lyney Cecilia Arroyo de Berdugo (fls. 169 y 170), en su calidad de administradora de la clínica y refiriéndose al demandante expuso que “... Todo administrador hace las veces de jefe de personal y como tal me tocaba supervisar que cada uno cumpliera con su labor y funciones”, con lo que se reafirma el poder subordinante del empleador.

Por todo lo expuesto es que el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia impugnada.

VII. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia a más de las expresadas al estudiar el cargo, recuerda la Corte que para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor de la demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral, no es menester su acreditación con la producción de la prueba apta, cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que para un caso como el que ocupa la atención de la Sala, sería en su versión posterior a la sentencia de la Corte Constitucional C-665 del 12 de noviembre de 1998 que declaró inexequible su segundo inciso, esto es, en los términos vigentes para el momento de la ruptura del vínculo (mar. 1º/99) que consagró definitivamente que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.

Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.

En el sub lite desde un comienzo quedó acreditada la prestación personal del servicio o la actividad desplegada por el accionante, presumiéndose por tanto la subordinación en los términos del mencionado artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, sin que la accionada conforme con las reglas de la carga de la prueba, haya logrado destruir dicha presunción, pues por el contrario las probanzas arrimadas en tiempo corroboran la estructuración de esa dependencia, acorde con lo que aflora de la realidad de los hechos, debiéndose en el caso particular dar aplicación al principio constitucional de la primacía de la realidad sobre la forma del documento contractual, para establecer la existencia de la relación laboral.

En efecto, del análisis objetivo y ponderado de los elementos probatorios referidos en sede de casación, surge la aplicación para este asunto en concreto del principio protector de la primacía de la realidad, que en materia laboral ha tenido cabida antes y después de la Constitución Política de 1991, por cuanto su reconocimiento viene de tiempo atrás por la jurisprudencia y la doctrina nacional y ahora expresamente consagrado en el artículo 53 de la Carta Mayor, consistente en darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, que conlleva necesariamente a que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad las que se deben tener en cuenta y no otras las que deben determinar el convencimiento diáfano del juez con respecto a los servicios prestados por una persona natural y que se reclaman en una acción judicial, como determinantes de la existencia de un contrato de trabajo.

Dentro de este contexto ha de considerarse que por el hecho de que las partes hayan firmando un contrato bajo la apariencia de uno de prestación de servicios profesionales independientes, después de haber venido sosteniendo uno celebrado de manera verbal, por sí solo, no le da a la relación la connotación de una de naturaleza civil o comercial, máxime cuando lo pactado en él constituye e impone obligaciones que no concuerdan con esta clase de contratación y sí con una realidad que confirma el vínculo contractual de carácter laboral.

La verdad es, que no ha sido extraño para la jurisprudencia y la doctrina que en muchas ocasiones se pretende desconocer el contrato de trabajo, debiéndose acudir por el juzgador al análisis de las situaciones objetivas presentadas durante la relación, averiguando por todas las circunstancias que rodearon la actividad desarrollada desde su iniciación, teniendo en cuenta la forma como se dio el acuerdo de voluntades, la naturaleza de la institución como tal, si el empleador o institución a través de sus directivos daba órdenes perentorias al operario y cómo las cumplía, el salario acordado, la forma de pago, cuáles derechos se reconocían, cuál horario se agotaba o debía cumplirse, la conducta asumida por las partes en la ejecución del contrato, etc., para de allí deducir el contrato real, que según el principio de la primacía de la realidad, cuando hay discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

Quiere decir lo anterior que la relación de trabajo no depende necesariamente de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentra colocado. Es por ello que la jurisprudencia y la doctrina a la luz del artículo 53 de la Carta Política, se orientan a que la aplicación del derecho del trabajo dependa cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuando de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento aparecen circunstancias claras y reales, suficientes para contrarrestar las estipulaciones pactadas por las partes, por no corresponder a la realidad presentada durante el desarrollo del acto jurídico laboral.

Y es evidente que al aplicar el mencionado principio, lo que se busca es el imperio de la buena fe que debe revestir a todos los contratos, haciendo que surja la verdad real, que desde luego en el litigio tendrá que resultar del análisis serio y ponderado de la prueba arrimada a los autos, evitando la preponderancia de las ficciones que con actos desleales a la justicia, tratan de disimular la realidad con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o convencionales.

Al respecto la Corte en sentencia de diciembre 1º de 1981 - GJ. XCI - 1157 expresó:

“(...) Dada la multiplicidad de los aspectos y de las formas con que se realiza el contrato de trabajo, es criterio generalmente adoptado por la doctrina y la jurisprudencia, que no se debe estar a las denominaciones dadas por las partes o por una de ellas a la relación jurídica, sino observar la naturaleza de la misma respecto de las prestaciones de trabajo ejecutadas y de su carácter para definir lo esencial del contrato”.

Consecuente a lo anterior, en el caso particular los elementos esenciales del contrato quedaron plenamente demostrados en el proceso, cuales son la actividad personal y la subordinación o dependencia, así como la retribución recibida por el actor en la forma como quedó probado.

De otro lado, lo certificado por la accionada a folios 12, 13, 14 y 15 fuera de hacer constar la condición de trabajador del accionante y lo devengado por aquel para la época de expedición del documento, determina el extremo inicial del vínculo; al igual que con la comunicación de folios 52 mediante la cual se le dio ruptura, se establece la fecha de retiro. De suerte que, la vigencia del contrato de trabajo lo es entre el 1º de junio de 1990 al 1º de marzo de 1999 de manera continua e ininterrumpida, si se tiene en cuenta que la opositora no alegó ni probó interrupción alguna, en especial para febrero de 1997 cuando se suscribió el denominado contrato de prestación de servicios de folios 50 y 51, como tampoco se evidencia que los turnos que cumplió el actor fueran ocasionales o esporádicos.

Adicionalmente en cuanto al monto del salario debe advertirse, que en el hecho primero de la demanda solo se informa de la cuantía de la asignación promedio en los últimos meses mas no de lo percibido en cada uno de los años anteriores, como que en el transcurso del proceso se allegaron unos pocos comprobantes de lo recibido por el accionante dada la manifestación del contador de la empresa de que no aparecieron los recibos de la totalidad de los pagos efectuados (fl. 223), es por ello que si bien el demandante devengaba un porcentaje de acuerdo a la consulta externa de afiliados a las EPS o particulares y por ayudantías quirúrgicas, ignorándose los promedios en la mayoría de los años laborados, para los períodos en que no se cuente con esa información se tomará para el cálculo de las acreencias a pagar, el salario mínimo legal vigente para cada época en el equivalente a media jornada, pues como se analizó, el actor así devengara por porcentajes, lo cierto es que cumplía un horario o jornada de trabajo de acuerdo a los turnos establecidos e impuestos por la demandada.

Igualmente ha de considerarse que al haberse formulado en la contestación al libelo demandatorio, la prescripción de los derechos demandados (fl. 41), fuera de aquellos que se hacen exigibles a la ruptura del vínculo como el caso de la cesantía dentro del régimen anterior, los que se hayan causado con anterioridad al 25 de mayo de 1996 estarán afectados por dicho fenómeno conforme a los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S. y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, salvo las vacaciones cuya reclamación implica la pérdida del derecho del trabajador a disfrutar o compensar las correspondientes a los años que excedan de cuatro, pues las mismas son exigibles hasta cuando venza el año que tiene el empleador para concederlas de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, la cesantía de todo el tiempo servido se liquidará con el promedio salarial del último año por haber tenido la retribución variación en los últimos tres meses, artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo ($ 1.101.071,16 mensuales, de acuerdo a lo que se extrae de los comprobantes de fls. 20 a 23, 53 a 58, 229 a 237 y 240) y las vacaciones no disfrutadas se compensarán en dinero, con el último salario devengado, artículo 189 numeral 3º ibídem ($ 1.048187 mensuales según recibos de fls. 23, 55 y 56),

Hechas las operaciones del caso, por cesantías del 1º de junio de 1990 al 1º de marzo de 1999 le corresponde al demandante la suma de $ 9.634.372.65 y por vacaciones no prescritas del lapso del 1º de junio de 1994 al 1º de marzo de 1999 su valor a cancelar es de $ 2.489.444.12.

Así mismo, por intereses a la cesantía del período no prescrito comprendido entre el 25 de mayo de 1996 a la fecha de retiro 1º de marzo de 1999, se calculará para su liquidación con corte a diciembre de 1996 y 1997 con el salario mínimo legal de media jornada, las de la anualidad de 1998 con el salario promedio certificado a folio 19 y las de la fracción de 1999 con la cesantía que como definitiva resultó adeudando la accionada, para un total a pagar por intereses a la misma de $ 1.356.014,41.

Del mismo modo, se adeuda las primas de servicio no afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción, esto es, del 1º de junio de 1996 al 31 de diciembre de 1998, debiéndose liquidar las del año 1998 tomando como referencia el salario promedio base de $ 1.020.758,33 que se obtiene del certificado de ese año gravable de folio 19 y las que anteceden con el salario mínimo legal correspondiente a medio tiempo, todo lo cual arroja una suma a pagar de $ 1.142.292,08.

En cuanto a la pretensión de los recargos por trabajo nocturno se absolverá al no existir elemento probatorio en el expediente que permita despachar favorablemente esta pretensión.

En lo que respecta a la indemnización por ruptura ilegal del contrato, con la carta de folio 52 se demostró el hecho del despido, en la que se dijo que el contrato quedaba suspendido a partir del 1ºde marzo de 1999 imputándole al actor varias faltas, entre otras, haberse presentado a la cirugía de la señora Flora Tuirán únicamente para llenar la nota de cargo, cobrando la ayudantía sin haberla realizado, hecho debidamente aceptado por el operario.

Efectivamente desde la demanda con la que se instauró la acción, se encuentra confesado por el demandante, que no intervino como ayudante en la cirugía de la señora Tuirán, pero que cobró el servicio de ayudantía, sin que aparezca prueba de sus exculpaciones contenidas en lo narrado en el hecho quinto del libelo (fl. 2), valga decir, que según el actor esa situación se presentó por iniciativa del médico que realizó la intervención Dr. Daniel Anaya, quien de su puño y letra lo colocó como ayudante sin haberlo asistido, siendo costumbre hacerlo con el fin de que la clínica pudiera cobrar ese servicio.

De suerte que, resultando suficiente la demostración de una de las faltas que se señalan en la comunicación de despido, la cual reviste gravedad por sustraerse el demandante sin justificación alguna a prestar el servicio de ayudantía y, fuera de ello, cobrar por el mismo, su despido se torna en justo, lo que conlleva a la absolución de esta súplica.

En lo que tiene que ver con la Indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la Sala no vislumbra actuación que permita inferir que la entidad demandada obró de mala fe cuando se abstuvo de considerar el nexo como laboral y pagar las acreencias cuyos reconocimientos se están ordenando a través de esta decisión. Pues resulta claro, que la sociedad tenía la convicción de que la relación estaba regida por un vínculo distinto al laboral, según la apreciación que le diera al contrato de prestación de servicios que se suscribió y acorde con el sistema de pago que se estableció, situación que solo se vino a definir al resolverse el fondo de esta litis, lo que hace que su conducta deba justificarse para ubicarla dentro del terreno de la buena fe y en consecuencia se absolverá de esta petición.

Las costas de la primera y segunda instancia serán a cargo de la sociedad demandada y por la prosperidad de la acusación, no hay a ellas en (sic) el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 29 de mayo de 2003, en el proceso adelantado por Wilson Antonio Pérez Villalba contra la sociedad Somédica Limitada y en sede de instancia

FALLA:

Se revoca la sentencia de primer grado en cuanto dispuso la inexistencia del contrato de trabajo, absolviendo a la sociedad demandada de todos los cargos imputados. En su lugar, se declara la existencia del contrato de trabajo celebrado entre las partes y como consecuencia se condena a la demandada a pagar a favor del demandante las sumas de nueve millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos con 65/100 ($ 9.634.372,65) por cesantía, un millón trescientos cincuenta y seis mil catorce pesos con 41/100 ($ 1.356.014,41) por intereses de cesantía, dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 12/100 ($ 2.489.444,12) por vacaciones y un millón ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa y dos pesos con 08/100 ($ 1.142.292,08) por prima de servicios.

Se confirman las demás absoluciones.

Se condena en costas de las dos instancias a la parte vencida tal como se indicó en la parte motiva, sin que haya lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Javier Osorio López—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Disiento, respetuosamente, del criterio de la mayoría sobre el que se fundamenta la sentencia proferida en el proceso de la referencia, razón por la cual, salvo mi voto, por las siguientes razones:

No existe error ostensible en la conclusión del tribunal sobre la naturaleza civil de la vinculación de la entidad demandada con el actor, para la prestación de los servicios médicos.

La decisión de la Sala de la que me aparto hace derivar el error manifiesto de la valoración del ad quem de las pruebas que daban cuenta sobre la exigencia de una disponibilidad presencial y la existencia de un horario para la prestación del servicio contratado; de unas certificaciones otorgadas por la accionada; y de documentos sobre una supuesta sujeción disciplinaria del actor.

El tribunal para decidir el asunto puesto bajo su consideración tuvo en especial y expresa cuenta la naturaleza de la actividad desarrollada por el demandante, apreciando para el efecto los contratos de prestación de servicios celebrado entre las partes; así entonces, se ha de entender que la conclusión a la que llegó el juzgador asienta como supuesto que hubo una prestación de servicios personales, y que estos no eran subordinados, dándole a los contratos la capacidad de desvirtuar la presunción de subordinación.

A la circunstancia de la disponibilidad presencial para la ejecución de la tareas contratadas no puede tener, ni siquiera, el valor indiciario sobre la naturaleza de los servicios en cuestión; la atención médica —con contadas excepciones que no son del caso—forzosamente han de realizarse de manera personal, cualquiera que sea la modalidad de vinculación, ya fuere laboral o por prestación de servicios.

El horario pactado para quien deba atender los usuarios de la entidad contratante no puede ser tomado como elemento unívoco de subordinación; cuando aquel se pacta puede serlo como circunstancia de coordinación entre quien ha de prestar el servicio y quien lo ha de recibir.

La valoración de las certificaciones que otorgue la entidad contratante no pueden ser leídas con independencia del contexto dentro del cual se ofrecen; para el sub lite, las que otorgó la sociedad médica respecto a su profesional no pueden obrar más que respecto a los factores económicos en él consignados, dada la finalidad con ellas perseguidas. A una certificación dada para un tercero, no puede concedérsele el alcance de otrosí al contrato firmado, con la virtualidad de modificar su naturaleza.

De condicionamientos impuestos por una entidad prestadora de servicios de salud al médico contratado no necesariamente conllevan pérdida de autonomía profesional; la exigencia de una ayudantía para la realización de un procedimiento puede tener su razón de ser en un protocolo de seguridad para el paciente.

De esta manera de las pruebas referidas, ni del conjunto probatorio, que admiten varias lecturas, todas razonables, puede concluirse que el tribunal no incurrió en yerro ostensible, por haber optado por una de ellas.

Fecha ut supra 

Eduardo López Villegas 

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