Sentencia 2228 de febrero 28 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

NULIDAD DEL ACTO QUE RECONOCIÓ UNA PENSIÓN

CERTIFICACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS QUE NO CORRESPONDE A LA VERDAD

EXTRACTOS: «En el presente caso se trata de dilucidar si el acto acusado, mediante el cual se le reconoció al demandado una pensión mensual vitalicia de jubilación, fue proferido con desconocimiento de los requisitos consagrados en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, lo que impone a la Sala estudiar el acervo probatorio que obra en el plenario.

A folio 10 del expediente obra la certificación de la jefe de recursos humanos, Yolanda Mirta Ortiz, con fecha 12 de septiembre de 1995, según la cual el demandado Guillermo Manuel Chamorro Ramos prestó servicios a la contraloría del departamento de Córdoba, como revisor de la sección de cuentas municipales desde el 14 de enero de 1960 hasta el 6 de abril de 1973, para un total de 13 años y 2 meses y 22 días, tiempo con el cual, según la resolución; demandada, completaba veinte años al servicio oficial.

Sin embargo, a folio 13 aparece la certificación del 20 de febrero de 1997 suscrita por el contralor general del departamento en donde manifiesta que “revisado (sic) nuestros archivos, no se encontró resolución de nombramiento ni acta de posesión” del señor Guillermo Manuel Chamorro Ramos. En igual sentido obra certificado de 11 de mayo de 1995 suscrito por la jefe de la división de recursos humanos y bienestar social de la contraloría departamental de Córdoba (fI. 14).

Ahora bien, según manifiesta el departamento de Córdoba en su demanda, el motivo para acusar ante esta jurisdicción la resolución que le reconoció la pensión de jubilación al demandado, fueron los resultados de una investigación ordenada por el entonces gobernador del departamento reseñado, en la cual se descubrió que el demandante no había sido funcionario de la contraloría general del departamento, pues nunca fue designado para laborar en dicha entidad.

A juicio de esta Sala las certificaciones que obran a folios 13 y 14 expedidas con ocasión de la investigación adelantada, son veraces, no así la que allegó el demandado para obtener de manera sinuosa la pensión de jubilación. Lo anterior por cuanto el demandado no pudo desvirtuar tal constancia ni demostró por otros medios que prestó sus servicios a la contraloría.

Sus argumentos giraron alrededor de la presunción de la buena fe y la diferencia en relación con el caso de otro empleado, sin desvirtuar el cargo que le hizo la demandante. En este caso se invertía la carga de la prueba y el demandado estaba obligado a demostrar, por los diversos medios probatorios, que efectivamente fue empleado de la contraloría, en las fechas que dice haber desempeñado el empleo revisor de la sección de cuentas municipales, pero de ello carece el proceso. No existe pues, elemento alguno que permita a esta Sala presumir, siquiera, que el certificado que allegó el demandado para obtener la pensión de jubilación, corresponde a la realidad.

El comportamiento procesal corriente, normal, razonable y lógico cuando hay duda sobre un tiempo de servicios no es alegar, sin ningún elemento probatorio, que ello no puede serle achacado al demandado. Por el contrario, el interesado habrá de demostrar que, no obstante la inexistencia de datos, lo cierto fue que prestó sus servicios. Es decir, no se trata de buscar culpables de una presunta ineficiencia administrativa sino de probar que, en efecto, se laboró para el Estado y por ello se es acreedor a la pensión reconocida. Lo que se discutía en este proceso nada tenía que ver con el ejercicio adecuado de la función pública, sino con la forma como se adquirió el derecho pensional en aras a determinar si la decisión que provocó el demandado fue legal.

Esta Sala con ponencia de la Consejera doctora Ana Margarita Olaya Forero, en sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil uno 2001, expediente 23001-23-31-000 9336-02 (3376-00), actor departamento de Córdoba - (Urbano Manuel Naranjo Núñez), expresó:

“... En este aspecto es preciso distinguir la falsedad material, que es la que tiene lugar cuando se hace al documento supresiones, cambios o adiciones o se suplanta su firma, de la falsedad ideológica o intelectual que se presenta cuando la declaración que contiene el documento no corresponde a la realidad; por ello, no puede ser de recibo el argumento del demandado de que el documento en discusión fue expedido por funcionario competente; pues bien puede proferirlo el empleado con facultades para ello, pero estar viciado de falsedad, al no ajustarse a la verdad ...”.

Así entonces, desestimada la certificación en que se fundamentó la Caja de Previsión Social del departamento para reconocerle la pensión de jubilación al señor Guillermo Manuel Chamorro Ramos, por no corresponder a la realidad, forzoso es concluir que la decisión de la entidad de previsión es nula, pues la pensión de jubilación fue reconocida sin que el beneficiario completara 20 años al servicio oficial, como lo prescribe el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, norma que gobernaba la situación del demandado. Se confirmará en ese orden la decisión del tribunal que declaró la nulidad del acto acusado.

Igual decisión recaerá sobre la orden de reintegro de los dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación ya que, es claro para esta Sala la mala fe con que actuó en sede gubernativa al presentar una certificación de tiempo de servicios que no corresponde a la verdad, asaltando su buena fe, para hacerse acreedor a una prestación a la que no tenía derecho. Este hecho, por sí sólo, demuestra el torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin merecerlas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo.

No existiendo elemento alguno que permita a la Sala desprender un comportamiento honesto del demandado en su actuación ante la administración, resulta forzoso concluir en contrario. No se trata pues, de presumir la mala fe sino que, probado que el demandante no prestó servicios al Estado, ello fuerza a concluir que actuó de mala fe al solicitar a conciencia un derecho que no tenía.

De igual manera se confirmará la orden del tribunal de enviar copia de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo, con el fin de que no quede impune casos como el debatido en esta litis. En manera alguna puede confundirse la decisión a que se contrae esta sentencia, nulidad de un acto administrativo y el consiguiente restablecimiento del derecho, con el debate que corresponde dilucidar a la fiscalía en términos de investigar si existió infracción a la ley penal. Son materias completamente diferentes y, en esas condiciones, mal puede estimarse, siquiera remotamente, una prejudicialidad. Independientemente de lo que pudiera suceder en la investigación por un presunto delito, no hay duda que al expedirse el acto demandado se desconoció la normatividad que se a plica en relación con la pensión de jubilación».

(Sentencia de 28 de febrero de 2002. Expediente 2228-01. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

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