Sentencia 22327 de marzo 9 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

COAUTORÍA

Diferencia con la complicidad.

EXTRACTOS: «En la sentencia de casación del 22 de mayo de 2003, radicado 17.457, la Sala realizó un pertinente recuento histórico sobre las posiciones jurisprudenciales que se han sostenido durante más de dos décadas para diferenciar los conceptos de coautoría y complicidad, recuento que por su pertinencia para dilucidar el caso que se debate, se rememora en esta oportunidad:

“(...) partiendo de la existencia legal de la coautoría y con el ánimo de distinguir entre autores materiales y cómplices, dijo el 9 de septiembre de 1980:

Serán coautores quienes a pesar de haber desempeñado funciones que por sí mismas no configuren el delito, han actuado como copartícipes de una empresa común —comprensiva de uno o varios hechos— que, por lo mismo, a todos pertenece como conjuntamente suya; y serán cómplices quienes, sin haber realizado acción u omisión por sí misma constitutiva de delito o delitos en que participan, prestan colaboración o ayuda en lo que consideran hecho punible ajeno” (M.P. Alfonso Reyes Echandía).

Poco tiempo después, volvió a decir:

Cuando son varias las personas que mancomunadamente ejecutan el hecho punible, reciben la calificación de ''coautores'', en cuyo caso lo que existe, obviamente, es una pluralidad de autores. Por manera que llamar autores a los coautores no constituye incongruencia alguna, ni sustancial error” (ago. 11/81, M.P. Alfonso Reyes Echandía).

Unos años más tarde, hizo hincapié en la presencia de la coautoría en el Código Penal de 1980, cuando afirmó que:

La coautoría en el ámbito de la participación criminal no puede entenderse como fenómeno jurídico que integre hasta confundir en uno solo los actos ejecutados por los diversos autores... El coautor sigue siendo autor, aun cuando hipotéticamente se suprima otra participación...” M.P. Lisandro Martínez Zúñiga, nov. 23/88).

Por si existieran dudas, la Corte fue aún más enfática el 10 de mayo de 1991:

Las legislaciones que dan preferente acogida a la teoría del dominio de la acción (para otros, por diferente camino pero confluyendo al mismo objetivo, la causa eficiente o la conditio sine qua non, etc.) suelen destacar esta vocación con términos que la dan a entender (v. gr. cooperar a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiera efectuado). Pero quien lea nuestros artículos 23... y 24... no podrá encontrar esa connotación, pues el articulado se muestra más favorable a incluir un número mayor de partícipes, en calidad de autores, que los que usualmente sus intérpretes piensan o imaginan. La tesis restrictiva de la autoría (solo son tales los que ejecutan directamente la acción típica mandada por la ley), nunca ha encontrado respaldo en nuestra doctrina y jurisprudencia nacionales. Por el contrario impera la extensiva, la que no pretende, como su nombre bien lo indica, disminuir el número de autores, sino ampliarlo... Con esta tendencia nuestro estatuto se adscribe a la corriente legislativa y hermenéutica que trata de imperar en el mundo actual del derecho penal: la complicidad secundaria se bate en retirada bajo la consideración, en especial, “de integrar en la autoría todas las actividades dimanantes de un mutuo acuerdo o plan, que genera ... una responsabilidad in solidum de todos los partícipes, cualquiera que fuese el acto de su intervención”” (M.P. Gustavo Gómez Velásquez).

Esta tradición jurisprudencial no ha variado. Y no ha variado, porque es lógica frente al Código Penal de 1980. Por ello, recientemente repitió esa tradición, con estas palabras:

En oposición a lo que estima el recurrente, el concepto de coautor no constituye una creación jurisprudencial, porque si a voces del diccionario, por tal se debe entender al ''autor o autora con otro u otros'', es incuestionable que no se trata de una invención, ni de que la Sala legislara, porque, en últimas, el coautor es un autor, sólo que lleva a cabo el hecho en compañía de otros. Así, es claro que no hubo omisión legislativa alguna y que el artículo 23 del Estatuto Penal de 1980 previó, dentro del concepto de autoría, la realización de la conducta por parte de una o varias personas. El sentido natural y obvio de las palabras no tornaba indispensable que en la disposición se incluyera la definición de coautor, cuando quiera que es una variable de la de autor” (sent. sep. 12/2002, rad. 17.403)”.

En esa misma oportunidad (1) , también destacó la Corte la dificultad que a nivel doctrinal se había evidenciado alrededor de los criterios para diferenciar la coautoría de la complicidad, especialmente cuando los copartícipes intervienen en el momento consumativo del hecho punible, como sucede en el caso que hoy examina la Sala, aspecto sobre el cual se clarificó que:

“(...). Basta, sin embargo, para despejar el equívoco y dejar en claro la objetividad legal de la distinción, precisar, en uno y otro caso, si el actor se halla ligado finalísticamente o no a la realización de la conducta. En la primera hipótesis, cuando brinda colaboración posterior a un hecho punible del cual hace parte, por razón de su compromiso objetivo y subjetivo con sus resultados, se trata de un coautor. Pero si esa ayuda es de mera coadyuvancia externa a los fines de los integrantes de la empresa común, despojada de alianza anímica con los propósitos últimos de sus autores directos, quien así actúa es cómplice del hecho punible”.

De acuerdo con esta última conclusión, que hoy reitera la Sala, bastará conjugar elementos objetivos y subjetivos en la consumación de la conducta, para diferenciar la coautoría y la complicidad, en la medida en que para que una persona pueda ser considerada coautora de un delito, no sólo se exige su voluntad incondicional de realizarlo, sino también su contribución objetiva, es decir, la importancia de su aporte en la fase ejecutiva, pues ello es lo que en últimas determina el llamado “codominio del hecho”, entendiendo como “hecho” el proceso causal que con la conducta se pone en marcha.

Precisamente, como lo recuerda el procurador delegado en su concepto, de acuerdo con la llamada “teoría del dominio del hecho”, de gran utilidad para diferenciar las dos formas de participación, es autor aquél que se encuentra en capacidad “(...) de continuar, detener o interrumpir, por su comportamiento, la realización del tipo” (2) . Por lo tanto, cuando son varios los sujetos que preacordados concurren a la realización de la conducta antijurídica, para que el aporte configure coautoría se requiere que sea esencial, y que se materialice durante la ejecución típica.

De allí que sólo quien domina el hecho puede ser tenido como autor; mientras que el cómplice es aquél que simplemente presta una ayuda o brinda un apoyo que no es de significativa importancia para la realización de la conducta ilícita, es decir, participa sin tener el dominio propio del hecho.

De cara a los presupuestos fácticos de este caso, no existe la menor duda de que el procesado Gelver Sánchez Alvarado fue aprehendido en flagrancia cuando en compañía de Germán lbarguen se transportaba en una motocicleta, desde Popayán y con destino a Cali, llevando cada uno camuflada en su respectivo casco protector, cierta cantidad de sustancia estupefaciente identificada como morfina base, que arrojó un peso total de 1.580.5 gramos.

De acuerdo con los razonamientos expuestos por el tribunal en la sentencia, “por la movilización en la misma motocicleta, por la amistad entre los ocupantes, por la similitud de la sustancia, por la forma de empaque y de camuflaje, y hasta por el dicho mismo de los procesados, desde un principio, se asumió dicho transporte como una sola conducta, con intervención material y directa de los dos sujetos” (fl. 16, C. del tribunal, negrillas de la Sala).

Para el mismo juzgador, tampoco estuvo sujeto a duda alguna que “Sánchez Alvarado intervenía en la ilicitud con previo conocimiento de causa y voluntad, lo que conduce a inferir también sin temor a equívoco un acuerdo previo con Germán lbarguen, para el transporte de la sustancia”, inferencia que se extrajo de “las versiones de los uniformados que participaron en el operativo, y el indicio del conocimiento derivado de hechos indicantes como el cambio de los cascos, el sobrepeso y la notable e incómoda posición que con el relleno adicional ofrecían, aparte de la debilidad de las exculpaciones y de la comprobada amistad entre los involucrados” (fl. 17, ídem).

A partir de esos razonamientos, en los cuales se evidencia la concurrencia de los elementos que configuran la coautoría, era de esperarse que el tribunal hiciera una subsunción exacta entre el hecho de la vida real (premisa histórica) y el tipo de la ley (premisa legal) al cual accedía esa forma de intervención en la conducta, a saber: “material y directa de los dos sujetos”, “con previo conocimiento de causa y voluntad” y mediatizada por “un acuerdo previo con Germán lbarguen, para el transporte de la sustancia”, según se asume en el fallo demandado.

No obstante, con un divorcio de dimensiones considerables, a renglón seguido concluye que la intervención de Sánchez Alvarado sólo puede predicarse a título de cómplice, porque se concreta a “haber recibido, conscientemente del contenido ilícito, el casco que le entregó el conductor de la motocicleta, para que puesto sobre su cabeza como parrillero, pudiera pasar más fácilmente desapercibida parte de la sustancia a los retenes policiales”, aporte que no posibilitaba concluir “sobre una división del trabajo o ejecución por aportes de la conducta, y, mucho menos, endilgarle codominio del hecho injusto”.

Cuando el tribunal llega a esta última conclusión, parte de presupuestos contrarios a la realidad que momentos antes acaba de declarar como probada, a saber, que mediando concierto previo Gelver Sánchez Alvarado y Germán Ibarquen acordaron transportar mancomunadamente una determinada sustancia estupefaciente debidamente camuflada en los cascos protectores de la motocicleta en que pretendieron desplazarse desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Cali.

En realidad no resulta comprensible que con distanciamiento de las normas que regulan la coautoría y complicidad criminal, se diga que una intervención de esa naturaleza pueda calificarse como mera complicidad, pues ni la más extrema de las teorías alrededor de los temas analizados, autoriza desconocer la realidad de la conducta asumida por el sujeto agente frente al delito, pues si el procesado no ha “contribuido” a la realización del hecho, ni ha “prestado ayuda posterior al mismo”, sino que inequívocamente lo ha realizado con otro, su intervención como protagonista lo ubica en el plano del coautor.

Los hechos que se declararon como probados en la sentencia impugnada, descartan que la intervención del procesado Gelver Sánchez Álvarado hubiese sido secundaria y accesoria frente al transporte de la sustancia estupefaciente que fue decomisada en su poder, pues fue quien personalmente desplazó, en acuerdo previo con otro, debidamente camuflada en un accesorio que vestía, cierta cantidad de morfina por una carretera nacional, comportamiento descrito típicamente en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 como “transporte” de sustancia estupefaciente, cuya coautoría, por tanto no da lugar a cavilaciones.

Demostrada entonces la trasgresión de la ley, se casará parcialmente la sentencia materia de impugnación, para condenar al procesado Gelver Sánchez Álvarado como coautor de la conducta descrita y sancionada en el artículo 33-1 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997, motivo por el cual, atendiendo los parámetros observados por los falladores de instancia se le impondrá una pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión y multa por el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes para el momento de los hechos, pena que corresponde al mínimo señalado en la normatividad citada y favorable frente al artículo 376 de la Ley 599 de 2000 que describe la misma conducta».

(Sentencia de casación, 9 de marzo de 2006. Radicación 22327. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

(1) Fallo de casación 17.457 del 22 de mayo de 2003.

(2) Klauss Roxin, Autoría y dominio del hecho en derecho penal, Madrid, Marcial Pons. 1998, pág. 42.

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