Sentencia 22404 de mayo 31 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SEGURIDAD SOCIAL EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

LA COOPERATIVA DEBE ASUMIR LOS RIESGOS SURGIDOS DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE SUS MIEMBROS.

Radicación 22404

Acta 54

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se considera

En el recurso de casación no se discute el supuesto de hecho fijado en la sentencia impugnada, atinente a que el actor tuvo la calidad de asociado de la cooperativa demandada, según los documentos de folios 118 y 119; tampoco se controvierte la disposición de los estatutos que el tribunal transcribió, así:

“ART. 90—Seguridad social. Debido a la condición autogestionaria de la cooperativa, a que los asociados ostentan la condición de agentes en use de buen retiro de la Policía Nacional y en tal virtud poseen seguridad social integral por parte de la institución, incluida la asignación por retiro, los asociados de la cooperativa no serán vinculados al sistema de seguridad social Integral.

“PAR.—Para efectos del presente artículo, se aplica la exclusión del artículo 279 Ley 100 de 1993, ya que los asociados de Cooseguridad tienen la calidad de miembros de la Policía Nacional y por ende los servicios de seguridad social”.

De la misma forma, se acepta, para los fines de este recurso de casación, que la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, cuya acta obra a folios 36 a 39, negó la vinculación del personal al sistema de seguridad integral.

Surge de este modo, como tema de la acusación, el relacionado con la obligación que tenia la cooperativa de afiliar al accionante al referido sistema, contrario a lo que considero el juzgador, con sustento en el artículo 59 de la Ley 79 de 1988.

Al respecto se observa que, como lo dice el censor, en la disposición legal citada “se alude a que la seguridad social se rige por lo previsto en las normas estatutarias”, como también lo reconociera el ad quem; sin embargo, en este caso se desconoció el rango superior del derecho a la seguridad social, y su naturaleza de irrenunciable, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política. Cabe aquí precisar que no se cuestiona el tema de la afiliación al sistema de seguridad social en general, la vinculación o afiliación a los regímenes de salud o de pensiones, porque, por las características del personal asociado —agentes pensionados de la Policía Nacional—, no cabe duda que tienen amparadas las respectivas contingencias; en cambio no sucede lo mismo respecto al régimen de riesgos derivados de la actividad desarrollada.

En ese orden, para este evento se impone afirmar, independientemente de las regulaciones legales y estatutarias, en punto a la libertad de las cooperativas y de sus asociados de establecer sus propios regímenes, que no deben ellas sustraerse del sistema de riesgos de protección, precisamente porque en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y seguridad privada, sus asociados están sometidos a determinadas contingencias que los hace vulnerables, sin que puedan excluirse totalmente de las previsiones, en esa específica materia. Por ello no podría entenderse que con tal definición contrarían la naturaleza del cooperativismo, ni la condición de asociados o gestores, diferentes a los trabajadores dependientes o subordinados.

Lo que ocurre es que Cooseguridad, debió fijar el régimen concerniente a los riesgos que se derivan de la ejecución de un servicio como el de vigilancia y seguridad privada, y la forma de asumirlos, ya directa o indirectamente, a través de una aseguradora que amparará esa clase de riesgos, toda vez que el referido artículo 59 de la Ley 79 de 1988, así lo ordena cuando señala, entre otros, que el régimen de previsión y de seguridad social “será establecido en los estatutos y reglamentos”, es decir, que la norma no permite la indefinición o la indeterminación, sino que impone a la Cooperativa la obligación de hacerlo a través de sus propias normativas, dada su particular naturaleza, y la especial relación que surge entre la cooperativa y sus asociados con una finalidad autogestionaria.

Otro mandato, igualmente contundente, se halla en el artículo 9º del Decreto Reglamentario 468 de 1990, que dispone que “Las cooperativas de trabajo asociado, de conformidad con la ley, regularan sus actos de trabajo con sus asociados mediante un régimen de trabajo, de previsión y seguridad social”, es decir, que repite el requerimiento de una reglamentación en sentido positivo, tanto así, que el artículo 15 de ese decreto se refiere al “Contenido del régimen de previsión y seguridad social” e impone que ese régimen contenga “los diferentes servicios de protección que la cooperativa, directamente, o a través de otras entidades de previsión o seguridad social prestará a sus asociados, de acuerdo con las capacidades económicas de la cooperativa y sus miembros, procurando cubrir los diversos riesgos que puedan presentarse...” y en ese sentido, prevé el precepto que se consagrarán “las contribuciones económicas que para tales amparos y servicios pueda exigírsele a los trabajadores asociados” y “la constitución de fondos especiales cuando los servicios se presten directamente por la cooperativa, caso en el cual y tratándose de protecciones futuras inciertas deberán efectuarse los estudios técnicos y actuariales que garanticen en el tiempo el cumplimiento de los amparos acordados”.

En cambio, si la organización cooperativa implanta la afiliación a una institución, como el ISS, dice el artículo 16 del Decreto 468, dentro del régimen de seguridad social y previsión, esa entidad prestará a los asociados “todos los servicios establecidos para los trabajadores dependientes” y la cooperativa, tendrá las obligaciones de un empleador; además, la base para liquidar las cotizaciones será la correspondiente a las compensaciones ordinarias permanentes, sin perjuicio de respetar los aportes mínimos señalados en los reglamentos del ISS (art. 17).

Todo lo anterior ratifica que siempre debe existir una reglamentación en el punto especifico de la previsión y seguridad social, amén de que otro fundamento para estimar que en este evento la cooperativa debía asumir los riesgos surgidos de la realización del trabajo de sus miembros, lo consagra el artículo 6º del mismo Decreto 468 de 1990, que así lo dispone, al señalar que “la cooperativa de trabajo asociado deberá organizar directamente las actividades de trabajo de sus asociados con autonomía administrativa y asumiendo los riesgos en su realización”.

No sobra reiterar que la Constitución de 1991 instituyó la seguridad social como un derecho de rango fundamental, precisamente por sus inconmensurables dimensiones, y dada la necesaria protección de los riesgos o contingencias que pueden presentársele al ser humano, y específicamente, como ya se dijo, a quienes desarrollan labores que ameritan especial amparo.

Las reflexiones anteriores conducirían a la prosperidad del cargo, no obstante la sentencia acusada no podría casarse, porque en instancia se arribaría a la misma conclusión del tribunal, esto es, a confirmar el fallo absolutorio de primer grado, como a continuación se explica:

No cabe duda alguna que si bien la ley le da la posibilidad a las cooperativas de reglamentar el cubrimiento de los riesgos derivados de la prestación del servicio, esto es, de prevención o protección de sus asociados, ello no puede constituir un aval para que cuando no lo hagan, queden exoneradas de responsabilidad frente a alguno de ellos que ha sufrido un accidente de trabajo.

Pero para suplir esa responsabilidad de la cooperativa, por su omisión de amparar el riesgo de invalidez a través de una entidad de seguridad, no podría en este caso imponérsele a pagar la pensión de invalidez reclamada por el actor, porque tanto sus estatutos, como la Ley 79 de 1988 y Decreto Reglamentario 468 de 1990, no previeron ese reconocimiento, como consecuencia de la aludida omisión. Es más, el artículo 59 de la citada Ley 79 de 1988, declarado exequible por la Corte Constitucional, fue explícito en consagrar, que el régimen “de previsión, seguridad social..., será establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes...”.

No puede dejarse de lado que la cooperativa intentó afiliar a sus asociados para el cubrimiento de riesgo, a una entidad de seguridad social, acorde con el artículo 15 del Decreto R. 468 de 1990, pero fueron ellos los que rechazaron esa iniciativa en asamblea general, tal como consta dentro del expediente (fl. 296 y ss).

De otra parte, era su deber constituir un fondo especial cuando los servicios los prestara directamente, según el mismo artículo 15 comentado, pero esta claro que así no obró. Sin embargo, frente a esta otra omisión, tampoco puede condenársele a reconocer la pensión de invalidez demandada, porque, se repite, esa sanción no fue prevista por la ley que rige las cooperativas, como en el caso de la accionada.

De esta suerte, debió pedirse el resarcimiento por la tantas veces enunciada omisión, distinta a la pretensión que se elevó, ya que el juez esta impedido para imponer sanciones que el legislador no previo, frente a las cooperativas de trabajo asociado.

No se imponen costas, porque aunque la sentencia acusada finalmente no se casó, el recurso resulto fundado.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 24 de junio de 2003, en el proceso que promovió José Leonardo Otálvaro Álvarez contra la Cooperativa de Trabajo Servicios de Seguridad y Vigilancia —Cooseguridad—.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto me aparto de la decisión que no dio prosperidad al cargo propuesto en cuanto se considero que, a pesar de ser fundado, actuando en sede de instancia la Corte no podría condenar a la demandada al reconocimiento de la pensión de invalidez demandada por no haber sido prevista esa sanción por la ley que rige a las cooperativas, de suerte que ha debido deprecarse en lugar de esa pretensión el resarcimiento del perjuicio ocasionado por la omisión en que incurrió la entidad cooperativa llamada a juicio.

Es mi criterio que en este caso si hubiese sido posible condenar a la accionada a reconocer la pensión reclamada, por las siguientes razones que expongo brevemente a continuación:

1. En el fallo del que me aparto con acierto se explicó que el régimen de previsión y seguridad social de los miembros de una cooperativa de trabajo asociado debe ser fijado en los estatutos y reglamentos de la cooperativa y que el artículo 15 del Decreto 468 de 1990 les impone que ese régimen debe contener los servicios de protección que se brinden directamente o a través de una entidad de seguridad social, pero procurando cubrir los diversos riesgos que puedan presentarse. Agrega el citado artículo que cuando los servicios los preste directamente la cooperativa, respecto de las protecciones futuras en inciertas, se deberán efectuar los estudios técnicos y actuariales que garanticen el cumplimiento de los amparos acordados.

2. No desconozco que de los preceptos antes citados se desprende que gozan las citadas cooperativas de un régimen especial en lo que atañe a la seguridad social, en la medida en que puede regularlo por sus propias normas estatutarias, en condiciones distintas a como se halla dispuesto por la ley. Pero, con todo, se trata de un régimen de seguridad social, esto es, de uno que, con sus particularidades, necesariamente debe cumplir con los objetivos de aquella y estar orientado por los mismos principios constitucionales y legales que la inspiran, dentro de ellos garantizar los derechos irrenunciables de la persona para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana y la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y de servicios.

Así se consideró en la sentencia de la cual discrepo, cuando se dijo que no pueden sustraerse las cooperativas del sistema de protección de riesgos.

3. Por lo dicho, si en el proceso se estableció que Cooseguridad, debiendo hacerlo, no fijo el régimen concerniente a los riesgos que se derivan de la ejecución de un servicio como el de vigilancia y no afilió al actor a una entidad de seguridad social, a falta de regulación expresa sobre el particular en los estatutos y de norma legal que gobierne puntualmente el asunto, el incumplimiento de esas obligaciones que, se reitera, se enmarcan dentro de la seguridad social, ha debido ser analizada a la Iuz de las disposiciones que gobiernan el tema, esto es, las que en nuestro sistema legal se ocupan del sistema de seguridad social integral.

4. Y si lo anterior es así, estimo que en este caso el incumplimiento de tales obligaciones, que, como se dijo en el fallo implican una responsabilidad de la cooperativa, ha debido estudiarse de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1295 de 1994 en materia de prestaciones para accidentes profesionales, lo que hubiese permitido la condena a la pensión de invalidez demandada.

Fecha ut supra

Gustavo José Gnecco Mendoza.

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