Sentencia 22434 de diciembre 1º de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

MODIFICACIÓN DE LA SANCIÓN DE ARRESTO A MULTA

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Casación Nº 22.434

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil cuatro.

Vistos

Decide la Sala el recurso extraordinario de casación discrecional interpuesto por la Procuradora Novena Judicial Penal, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de diciembre de 2003, parcialmente revocatoria de la sentencia condenatoria de primera instancia emitida por el juzgado 45 penal del circuito el 5 de diciembre de 2000 que, entre otras decisiones, condenó a los procesados Antonio Ignacio Díaz Vélez y Héctor Manuel Fonseca Beltrán a la pena principal de seis (6) meses de arresto por el delito de falsa autoacusación, para en su lugar abstenerse de imponerle pena por el mismo, al tiempo que confirmó la sanción a 36 meses de prisión impuesta por el delito de falsedad ideológica en documento público impuesta a Martín Duarte Ruiz y Plutarco Vásquez Peña.

Hechos y actuación procesal

Dado su acierto, acoge la Sala la síntesis del asunto fáctico que condensa el fallo impugnado, así:

“El 19 de abril de 1996 aproximadamente a las 11:30 p.m. en la intersección de la carrera 38 con calle 73, el vehículo Mitsubishi con placas de circulación BFI 595 conducido por Héctor Manuel Fonseca Beltrán colisionó con la buseta de servicio público con placas de circulación SGM-779 guiada por Carlos Alberto León, resultando lesionada la menor Mary Alexandra Fonseca Ruíz a quien el Instituto Nacional de Medicina Legal le dictaminó una incapacidad definitiva de 15 días sin secuelas.

Al lugar del suceso, acudieron los agentes de tránsito Martín Duarte Ruiz y Plutarco Vásquez Peña, quienes con el fin de favorecer al conductor Fonseca Beltrán —quien se encontraba en avanzado estado de embriaguez—, elaboraron el informe de accidente 94-153577 en el cual dejaron plasmado que quien conducía la camioneta Mitsubishi al momento del choque era Antonio Ignacio Díaz Vélez, omitiendo señalar igualmente la existencia de la menor lesionada, todo esto a pesar del desacuerdo del conductor del automotor de servicio público Carlos Alberto León, quien días después instauró denuncia ante las autoridades”.

Mediante resolución fechada el 18 de julio de 1997, el juzgado 54 penal municipal de esta ciudad, autoridad que adelantaba la investigación por la contravención especial de lesiones personales de la menor Mary Alexandra, ordenó se compulsaran copias de la denuncia presentada el 25 de junio de dicho año por León Nova ante la oficina de asignaciones locales, así como del croquis de accidente y de los diversos testimonios que daban cuenta de los hechos, elementos to dos con fundamento en los cuales un fiscal adscrito a la unidad segunda de delitos contra la administración pública y la justicia decretó formal apertura instructiva el 2 de febrero de 1998 (fl. 65).

Escuchados los testimonios de Carlos Alberto León Nova (fl. 67), Rosalba Beltrán Gaona (fl. 86), Juan Carlos Martínez Suárez (fl. 102) y Jairo Cortés Álvarez (fl. 104) y las injuradas de Martín Duarte Ruiz (fl. 90), Héctor Manuel Fonseca Beltrán (fl. 109), Plutarco Vásquez Peña (fl. 114) y Antonio Ignacio Díaz Vélez (fl. 149), así como ampliadas algunas de las referidas declaraciones, el 10 de febrero de 1999 se resolvió la situación jurídica de los sindicados, afectándoseles con medida de aseguramiento consistente en conminación para Díaz y Fonseca por el delito de falsa autoacusación y detención preventiva para Duarte y Vásquez por falsedad ideológica en documento público (fl. 270).

Una vez cerrada la investigación, el 18 de noviembre de 1999 se calificó su mérito profiriéndose resolución acusatoria en contra de los procesados por los delitos que ameritaron su afectación con medidas de aseguramiento (fl. 113, cdno. 2).

Ejecutoriado el pliego de cargos el 11 de enero posterior, se remitió la actuación ante los jueces penales del circuito, correspondiéndole al 45 de dicha categoría adelantar el período del juicio y rituar la audiencia pública, hecho lo cual se profirieron las sentencias de primera y segunda instancia en los términos glosados en precedencia.

La demanda

Justifica en primer orden la procuradora judicial la viabilidad de la casación en la modalidad discrecional aducida, bajo el supuesto de encontrar necesario que la doctrina de la Sala entre a delimitar la aplicación de la favorabilidad en relación con delitos sancionados con penas de diversa entidad, como sucede con el de falsa autoacusación para el que originalmente se contemplaba arresto en lugar de la multa ahora vigente, debiéndose en su concepto adecuar la sanción al nuevo ordenamiento y de este modo corregir la sentencia del tribunal.

Sentado este supuesto, acusa el fallo de ser violatorio por la vía directa de la ley sustancial, en razón de interpretación errónea de los artículos 6º y 29 de la Carta Política y Código Penal, lo que condujo al juzgador a dejar de aplicar el artículo 439, ibídem.

En efecto, para el Tribunal Superior, dado el tránsito normativo, a partir de la Ley 599 de 2000 el delito de falsa autoacusación no contempla la pena de arresto, modalidad tampoco prevista por lo demás en el artículo 35 de dicho ordenamiento, razón suficiente para no irrogar sanción alguna a los procesados pues la multa era inexistente para esta conducta en pretérita oportunidad”, según se dijo.

Yerra así el tribunal, en concepto de la demandante, en la comprensión del principio de favorabilidad, toda vez que precisamente en relación con una misma conducta se ha previsto una sanción que resulta para los procesados favorable a sus intereses, como lo es la conversión del arresto en multa, según hipótesis acogida por diversa doctrina que a propósito cita.

Por tanto, en este caso habría incurrido el tribunal en un error interpretativo relacionado con la favorabilidad, como lo es exigir que para su operancia ha debido preverse en la anterior legislación la pena pecuniaria, lo que es muy claro que haría inoperante o innecesaria su observancia, constituyéndose semejante interpretación en un factor de impunidad.

Así las cosas,

“La indebida interpretación a que se ha hecho referencia, condujo al fallador a considerar que existía imposibilidad para imponer a los procesados la pena pecuniaria que en la actualidad se encuentra prevista para esta infracción penal, y que resulta favorable a los procesados, absteniéndose en su lugar y como única alternativa de irrogar sanción alguna, razonamiento que desborda el marco de aplicación del principio de favorabilidad o lo desconoce en sus precisos límites”.

Solicita, así, se case el fallo, profiriéndose en su lugar el que deba reemplazarlo.

Concepto del Ministerio Público

Para el procurador tercero delegado en lo penal, no solamente la procuradora impugnante cumple con la glosa que justifica la interposición de la casación en la modalidad discrecional, sino que razón le asiste en el cargo propuesto contra el fallo del tribunal.

En efecto, la favorabilidad supone precisamente, acota, la similitud de contenidos entre dos leyes que bien puede predicarse de la descripción de la conducta o de la consecuencia jurídica de la infracción a la prohibición, reglas que en general están contenidas en los artículos 44 y 45 de la Ley 153 de 1887, previendo concretamente la hipótesis en que la nueva ley disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, debiéndose de este modo ser considerada como de menor entidad, reglas compatibles con el principio de legalidad.

Según doctrina nacional a que alude, la que acá se presenta es precisamente una de esas hipótesis en que opera la favorabilidad, sin que pueda entenderse por el cambio en la naturaleza de los efectos del hecho para una conducta en tránsito de normas, que pueda implicar que se deje sin sanción alguna al hecho delictivo, variaciones respecto de las que está plenamente autorizado el legislador.

Es evidente, por tanto, que el tribunal interpretó en forma indebida el principio de favorabilidad, cometiendo un claro error al abstenerse de imponer una sanción penal a los implicados, cuando para su conducta el nuevo Código Penal lo único que hizo fue modificar la naturaleza de la misma.

En condiciones tales, para el delegado se impone casar el fallo, debiendo entonces imponer a los implicados la sanción de multa que corresponda.

Consideraciones

1. Tuvo a bien advertir la Sala, al declarar ajustada a las exigencias legales la demanda de casación invocada en este caso por la procuradora novena judicial penal mediante auto del pasado 20 de octubre, el cumplimiento de la liminar exigencia que dada la modalidad excepcional del recurso extraordinario propuesto ha decantado la doctrina, pues ciertamente adujo en acápite introductorio del libelo, en forma sumaria pero completa y clara, la expresión inequívoca de los criterios justificadores que motivaban su incoación ante la Corte, concretamente que las hipótesis jurisprudenciales de que se ocuparon los fallos del 13 de agosto y 17 de septiembre de 2003 y enero 21 y febrero 4 del año en curso, en torno al tránsito normativo y favorabilidad, no concurrían en forma precisa a dilucidar el tema derivado de este proceso, consistente en determinar si la conversión de una sanción punitiva de arresto a multa merecía el mismo tratamiento de que fuera objeto en las referidas decisiones para otros casos, tomando en consideración que a raíz del cambio legislativo el Tribunal Superior en la hipótesis concreta encontró que no era dable imponer sanción alguna a los procesados Héctor Manuel Fonseca Beltrán y Antonio Ignacio Díaz Vélez por no estar prevista la multa como sanción al momento de la realización de la conducta, pese a ser la consecuencia punitiva actualmente vigente para el delito de falsa autoacusación cuando la misma es de contravención (L. 599/2000, arts. 437 y 439).

2. Importa al propósito de la dilucidación de este caso recordar que, en verdad, como lo observa la procuradora demandante, en la sentencia 20.946 fechada el 13 de agosto de 2003, con ponencia del magistrado Herman Galán Castellanos —cuya solución sirvió de doctrina a los fallos proferidos dentro de los procesos radicados 17.765 y 19.398 del 17 de septiembre de 2003, 17.012 y 21.050 del 21 de enero y 4 de febrero del año en curso—, la Corte hubo de precisar que al eliminarse en el Código Penal actualmente vigente la pena de arresto y consiguientemente para el delito de cohecho por dar u ofrecer que se pune hoy con prisión —como sucedió de igual forma con los punibles de peculado culposo y prolongación ilícita de la libertad—, no podía ser dicha sanción punitiva impuesta y tampoco, desde luego, la de prisión por resultar más gravosa, siendo deducibles sólo aquellas sanciones distintas tales como la multa e interdicción de derechos y funciones públicas, según el caso.

3. Desde la perspectiva justificadora que motiva la interposición del recurso de casación por parte de la procuradora delegada, esto es, la necesidad de que la Corte se pronuncie en torno a la aplicación del principio constitucional de favorabilidad (art. 29), no existe, entonces, reparo alguno en que es propicio a la dilucidación de este caso que la Corte fije el contenido y alcance del mencionadoprecepto superior, tratándose de delitos como el de falsa autoacusación frente al cual, según se ha expresado, el legislador de 2000, modificó la sanción de arresto a multa.

4. Aborda la Sala el único cargo que la demandante ha postulado contra el fallo impugnado, dentro de los derroteros de orden técnico que por la causal primera son exigibles, como que acertadamente invoca la vía directa de violación a la ley sustancial por una afirmada incorrecta comprensión de los preceptos relacionados con la favorabilidad que condujo al tribunal a dejar de aplicar el artículo 439 de la Ley 599 de 2000 en la cual se reprime y sanciona el delito de falsa autoacusación de contravención.

5. Díaz Vélez y Fonseca Beltrán fueron acusados por el punible de falsa autoacusación contemplado en el artículo 168 del Decreto 100 de 1980, como atentado a la administración de justicia, en los términos siguientes:

“El que ante autoridad se declare autor ó partícipe de un hecho punible que no ha cometido, o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dos (2) años”.

Sanción que a su turno ameritaba acorde con el artículo 170 ídem reducción a la mitad si se tratare de contravención.

Dicho delito, lesivo del mismo bien jurídico caracterizado en la Ley 599 de 2000 como la “eficaz y recta impartición de justicia”, está previsto en el actual estatuto por el artículo 437, así:

“El que ante autoridad se declare autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido, o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) años salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Al tiempo que el artículo 439 del mismo cuerpo normativo dispone que:

“Si se tratara de una contravención las penas señaladas en los artículos anteriores serán de multa, que en ningún caso podrá ser inferior a una unidad”.

6. El juzgado de primera instancia condenó a los procesados a la pena principal de 6 meses de arresto, dada la ley vigente en dicho momento, al tiempo que el tribunal argumentó para no imponer pena alguna para el delito que les fuera imputado:

“Finalmente, en el entendido que nos encontramos ante un tránsito de normas penales, con la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000 se aprecia que esta solamente resulta más favorable para la conducta de falsa autoacusación, ante la imposibilidad además de aplicar la pena de arresto, pues de conformidad con el artículo 35 del Código Penal actual, solamente son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial, denotándose así que el arresto como modalidad de pena principal desapareció del ordenamiento y ante tal situación no queda alternativa diferente que la de no irrogar sanción alguna...”.

7. La actual Carta Política ha contemplado la garantía judicial de favorabilidad en el inciso 3º del artículo 29, bajo la premisa general según la cual “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

Como es sabido, al principio de irretroactividad de la ley penal que constituye expresión del de legalidad, acorde con el cual “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, se ha confrontado en su dinámica aplicación una excepción, también con jerarquía superior, como lo es la favorabilidad, acorde con la cual es perfectamente válido aplicar en forma retroactiva o ultraactiva una ley cuando ella resulta favorable al agente.

La determinación de la ley que se afirma más favorable no suele presentarse en forma fácil, toda vez que dicha confrontación normativa sobre su vigencia temporal debe comprender no solamente la descripción típica y las circunstancias cualificadoras concretas de la misma, sino además, la consecuencia sancionatoria que se ha previsto para ella.

8. De esta manera, suele enunciarse que dichas hipótesis, en forma general pueden presentarse v. gr. porque la nueva descripción no contiene el hecho anterior o lo prevé tratándolo con menor severidad; o porque se han suprimido circunstancias cualificadoras que hacían el delito específica o genéricamente agravado; o porque se ha reducido la pena imponible, aún siendo el mismo hecho típico, o se han modificado otras consecuencias penales, tales como las penas accesorias.

Todos estos casos de descriminalización o despenalización obedecen a diversas concepciones y política criminal imperante. Refulge que no hay lugar a mayores dificultades cuando el fenómeno es de supresión absoluta del carácter delictivo de una conducta toda vez que la aplicación del principio de favoravilidad en su manifestación de retroactividad es puro y simple.

No sucede igual cuando el nuevo tipo de delito recoge una figura ya existente pero le da un tratamiento diverso, pues —desde luego— siendo éste favorable a los intereses del procesado, surge necesario en acatamiento del principio general su retroactividad en aquel ámbito parcial más favorable.

9. En el presente caso, según se desprende del necesario contraste entre las dos normas que describen en el anterior estatuto punitivo y en el vigente el delito de falsa autoacusación, es un hecho cierto su sustancial similitud descriptiva, con la evidente modificación consistente en haberse previsto actualmente una pena de prisión y multa para tal punible, en lugar de la de arresto, y solamente de multa cuando la auto acusación lo es en relación con una contravención.

10. Si bien dicha modificación por sancionar con mayor drasticidad esta clase de conductas, como que de arresto se pasa a prisión, no podría alcanzar la situación de quien cometió el hecho en vigencia de la normatividad derogada por importar un trato mayormente riguroso, también previó como pena principal la de multa, esta sí de índole menos severa que el arresto y por ende favorable a los procesados, siendo por demás la única sanción prevenida por la ley para quien se autoacusa de una contravención.

Resulta pues palmario, consecuente con la libertad de configuración legislativa, que si bien el nuevo estatuto no descriminalizó el delito de falsa autoacusación, debe el intérprete hacerle producir a la ley entrada a regir todos los efectos que le son propios sin soslayar la más benévola determinación de la sanción que eventualmente sería dable imponer, siempre y cuando ella respete, en términos generales, el principio de legalidad acorde con el cual sólo es dable la imposición de una pena de la misma especie de aquella prevista para el momento de la realización de la conducta, de manera tal que dada su degradación en el nuevo ordenamiento, ella posibilite sin desmedro de la referida pauta directriz superior aplicar entonces por favorabilidad la nueva ley.

11. De este modo, el afirmado dogma de irretroactividad de la ley penal tratándose de una sanción de diversa especie (arresto a multa), como sucede en esta hipótesis, debe ceder, pero no para dar lugar a la aplicación de una pena inexistente al momento de la conducta investigada, sino en el entendido que aquella sanción contemplada en su oportunidad, hoy ya no está prevista en la ley vigente, de manera tal que se hace, de este modo inaplicable, al no poder cotejarlas, dada su diferente naturaleza y menos aún, por consiguiente, establecer un juicio de favorabilidad con desmedro de la legalidad.

Así las cosas y visto que no podría argüirse en el caso concreto una eventual favorabilidad predicable a la situación de los procesados Antonio Ignacio Díaz Vélez y Héctor Manuel Fonseca Beltrán, bajo el entendido de que la pena de multa —no contemplada en el anterior estatuto para la conducta a estos imputada—, sería más benéfica que la de arresto —sí prevenida en ese mismo ordenamiento pero hoy eliminada del vigente—, pues su evidentemente distinta naturaleza impide, como no fuera con desmedro al principio de legalidad, que sobre ellos recaiga una sanción no prevenida para el momento en que sucedieron los hechos investigados.

Es consecuencia de lo acá señalado, que el fallo objeto de la impugnación extraordinaria debe mantenerse incólume.

Finalmente y en razón a que con la decisión de la Sala, el fallo no sufre modificación alguna, debe advertirse que cualquier efecto favorable que pudiese derivarse de la aplicación del nuevo Código Penal, corresponde al respectivo juez de ejecución de penas, acorde con lo previsto por el artículo 79.7 de la Ley 600 de 2000.

En razón y mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo impugnado.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Herman Galán Castellanos—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, secretaria.

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