Sentencia 22440 de septiembre 2 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 22440

Acta Nº 67

Magistrado Ponente:

Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

Joaquín Reyes Ávila Gómez demandó a la Nación - Ministerio de Transporte y Fondo Nacional de Caminos Vecinales, para obtener la reinstalación en el empleo y el pago de todos los salarios y prestaciones compatibles con la misma. Subsidiariamente reclamó la reliquidación de sus salarios y prestaciones, la pensión sanción, la indemnización moratoria y el ajuste de la devaluación monetaria.

Para fundamentar sus pretensiones afirmó que se vinculó como trabajador oficial al Fondo Nacional de Caminos Vecinales desde el 13 de octubre de 1964, desempeñando el cargo de chofer de transporte de maquinaria pesada, del cual fue retirado por supresión, a partir del 15 de septiembre de 1993, mediante Resolución 3253 del 14 de septiembre de 1993, con base en el Decreto 1820 de 1993, momento para el cual llevaba 28 años, 11 meses y 3 días de labores. Sostuvo que estaba amparado por la convención colectiva de trabajo y su salario básico era de $ 6.646, incrementado por las demás sumas recibidas como retribución del servicio.

Igualmente adujo que a su retiro no alcanzaba a reunir los requisitos para la pensión de jubilación y que las liquidaciones de la indemnización y de las prestaciones deben rehacerse conforme a los numerales A y B del artículo 34 de la convención colectiva.

Al contestar la demanda el Fondo Nacional de Caminos Vecinales se opuso a las pretensiones deprecadas alegando que le canceló al actor todas sus acreencias laborales, que ha operado el fenómeno de la prescripción, que el vínculo terminó como consecuencia de la aplicación del artículo 20 transitorio de la Constitución Política y el pago de una indemnización y que no le asiste derecho a la pensión sanción por haber laborado más de 20 años. De otra parte, propuso las excepciones de prescripción de la acción, existencia de justificación de orden legal y cobro de lo no debido.

A su vez, La Nación - Ministerio de Transporte, se opuso a las pretensiones; respecto de los hechos dijo que el demandante no era trabajador oficial porque laboraba en Villavicencio, donde el Fondo Nacional de Caminos Vecinales no construía obras públicas ni realizaba mantenimiento, y propuso las excepciones de falta de jurisdicción, buena fe patronal, prescripción, carácter legal de la desvinculación e inexistencia de obligación de reconocerle pensión sanción, indemnizaciones y reajustes, inexistencia de la calidad de trabajador oficial del demandante, falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica.

Tramitado el proceso, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 24 de abril de 2003, absolvió a los demandados de todas las pretensiones de la demanda y le impuso al demandante las costas del juicio.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

El recurrente sostiene que la posibilidad de solicitar que un juez declare la ineficacia de un despido, en tanto busca el reconocimiento judicial de un hecho jurídico anterior, no prescribe, mas olvida que dicha ineficacia, en los términos en que él lo plantea, solo puede pregonarse cuando, no obstante encontrarse prohibido el despido de manera expresa, en disposición legal, este se produce y en el sub judice, tal como lo advirtiera el tribunal, “el aquí demandante fue desvinculado unilateralmente por cuanto se dispuso la supresión de los cargos que desempeñaban, lo que se demuestra con la respectiva carta de fecha septiembre 14 de 1993 (fl. 17), en la que se le manifiesta al demandante: “... Me permito comunicarle que el Gobierno Nacional mediante Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 ...” (fl. 685) lo cual evidentemente no encaja en la situación alegada por el impugnante.

Por otra parte, en este caso si bien el demandante aspira en la demanda inicial a que se declare que su despido no produjo efecto legal alguno, en materia de condena lo que principalmente pretende es que se le reinstale o reintegre en el mismo cargo y se le paguen los salarios dejados de percibir y es en relación con esta pretensión que ahora en el recurso extraordinario se busca que se exprese por la Corte que no procede la prescripción.

Resulta pertinente la anterior precisión, por cuanto alega el recurrente que la prescripción de los derechos laborales no opera cuando se trata de prestaciones periódicas como las pensiones y el derecho a la reinstalación que se basa en la ineficacia del despido. Sin embargo, el reintegro al cargo en sí mismo considerado prescribe según la regla general de las leyes sociales, que disponen, sin exclusión alguna, que los derechos prescriben, por regla general, en tres años, de manera que, con independencia del fundamento que se haga valer para sostener que el despido es ilegal, incluyendo en ese fundamento la ineficacia o la nulidad de la desvinculación, el derecho al reintegro que se invoque como consecuencia de esa ineficacia está condicionado, para su reconocimiento judicial, al término extintivo que la ley determine.

Ha explicado esta Sala de la Corte que si las normas sobre prescripción o la naturaleza de la pretensión no permiten excluir de los efectos extintivos al reintegro, nada puede decir en contrario el intérprete.

Empero, con la denominada pensión sanción se da una situación particular, porque cuando el juez declara el cumplimiento de los requisitos que la establecen, así mismo declara que en cabeza del peticionario se ha consolidado un estado jurídico, similar y de iguales características al estado civil de las personas, que según la ley civil y la naturaleza de ese estado es imprescriptible, de manera que el paso del tiempo debido a la inactividad del acreedor solo afecta los derechos que emanan de ese estado jurídico y que, en tratándose de la pensión, son las mesadas pensionales.

Con la acción que se propone para declarar la ineficacia de un despido lo que se pretende es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico y por eso el juez puede declararla sin consideración al espacio de tiempo que haya transcurrido entre el suceso y la demanda. Precisamente porque los hechos y no el derecho prescriben, la Sala Laboral de la Corte ha considerado, en número plural de providencias, como la que cita la censura, la imprescriptibilidad de esa acción, y eso ha permitido reconocer el derecho a la pensión reclamada tardíamente, porque el estado jurídico de pensionado es imprescriptible.

Pero en cambio ha negado esa consecuencia en relación con el reintegro, porque no se asimila a un hecho ni a un estado jurídico, toda vez que se trata de un derecho que según las leyes sociales puede extinguirse cuando no se hace valer dentro de determinado tiempo. Así se precisó con toda claridad en la propia providencia que el recurrente cita en su apoyo, en la que se puntualizó la diferencia, para efectos de la prescripción, entre el reintegro y las consecuencias de un despido ineficaz:

“d) La acción de reintegro junto a sus salarios anexos es susceptible de extinguirse por prescripción y por lo general en corto tiempo. En cambio la acción para declarar la ineficacia de un despido, dado que lo que busca es el reconocimiento judicial de un hecho jurídico anterior no prescribe en cuanto tal, sino que prescriben ordinariamente los derechos que sucesivamente se van causando como consecuencia de hallarse el trabajador en la situación del artículo 140” (Gaceta Judicial CCXXXII Nº 2471, pág. 944).

El cargo, en consecuencia, no prospera.

El cargo para el alcance subsidiario

Acusa la sentencia del tribunal “por vía directa, por aplicación errónea del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y Decreto 1848 de 1968, al hacer extensiva la norma a circunstancia no contemplada por ella, como lo es el limitar el derecho a la pensión sanción para los trabajadores oficiales que no hubiesen cumplido 20 años de servicio”.

Para su demostración afirma que de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 el trabajador oficial adquiere el derecho a la pensión sanción a los 60 años de edad si es despedido con más de 10 años de servicio y menos de 15 y a los 50 años de edad si tiene más de 15 años de servicios; que no se discute que el demandante trabajó para el Ministerio de Transporte y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales por más de 20 años y que es cierto que tendría derecho a la pensión de jubilación al cumplir los 55 años de edad, pero que no existe fundamento para condenarlo a perder 5 años de pensión, siendo que la interpretación del tribunal “conduce al absurdo de que quien mas (sic) trabaja, menos derechos adquiera”.

V. Consideraciones de la Corte

El artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y su parágrafo establecen que el trabajador oficial que sea despedido sin justa causa después de haber laborado 15 años continuos o discontinuos para los establecimientos públicos, tendrá derecho a una pensión cuando cumpla 50 años de edad, cuya “cuantía será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena”, norma que tiene como fin primordial impedir que ante un despido sin justa causa se trunque el derecho a la pensión de jubilación del trabajador, imponiéndole al empleador que lo despida abusivamente la pensión proporcional al tiempo de servicios superior a 10 años.

Así lo ha definido esta corporación en asuntos similares desde el 28 de marzo de 1969 (G. J. CXXIX, 709), en los siguientes términos:

“El artículo 8º de la Ley 171 de 1961 instituyó un régimen especial de jubilaciones restringidas, respecto de la pensión plena que no se logrará por el despido injusto, o por el retiro voluntario en su caso, régimen que por su propósito y por sus regulaciones literales no es aplicable al trabajador que ha cumplido más de veinte años de servicios”.

Y, en sentencia del 5 de julio de 1996, radicación 8403, para explicar las razones por las cuales esa pensión no procede para quien al momento de su despido cuente con más de 20 años de servicio al empleador, dijo literalmente:

“... por las finalidades buscadas por el legislador de la época, no puede existir duda de que al establecer la comúnmente conocida como “pensión sanción”, no se pensó resarcir con ella el perjuicio que causa el despido, sino evitar sus consecuencias negativas sobre la expectativa que tenía el trabajador de adquirir el derecho a la pensión de jubilación, que para ese momento era una prestación especial a cargo del patrono, porque no había empezado a operar el sistema de seguridad social en virtud del cual el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez que sustituyó la pensión de jubilación a cargo del patrono.

“Así las cosas, es forzoso entender que la pensión reclamada por el recurrente no se creó para aquellos trabajadores que al momento del despido ya hubiesen cumplido el tiempo de servicios de veinte años, lo que también se deduce de haber dispuesto el legislador que: “La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”.

“La conclusión anterior no se modifica por la circunstancia de haber utilizado el legislador la expresión “proporcional” que, según el recurrente, permite incluir en la norma a aquellos trabajadores que al momento del despido hubiesen cumplido veinte o más años de servicio, sobre la base de considerar que la proporcionalidad puede ir hasta el ciento por ciento de la pensión de jubilación, ya que esta interpretación del vocablo no resulta lógica, si se tiene en cuenta que la “proporción” es una parte adecuada o conveniente de un todo, o una relación de cantidad respecto de algo, la proporción o parte no puede llegar a confundirse con el todo, ya que en ese momento se perdería la relación que ella significa, y lo que se previó en la ley como “proporcional” se tornaría en equivalente, contrariando el espíritu y la letra de la norma que consagra el derecho.

“De tal manera que tomadas las palabras del precepto en su sentido natural y obvio, la literalidad del texto tampoco favorece la interpretación que hace la censura, como lo ha reconocido la jurisprudencia al señalar reiteradamente que el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 instituyó un régimen de pensión de jubilación restringida respecto de la pensión plena que el trabajador no pudiera alcanzar por el despido injusto, la cual, por su propósito y regulaciones, no es aplicable a quien ha cumplido más de veinte años de servicio, en cuanto supone la norma que a la terminación del contrato sin justa causa no se ha reunido el tiempo de servicios previsto para la pensión plena”.

Por lo anterior, cabe decir que no incurrió el tribunal en el error jurídico de interpretación que se le endilga, en relación con los efectos del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, por cuanto la hermenéutica adoptada consulta en un todo tanto los antecedentes jurisprudenciales como el sentido de esa disposición denunciada.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 20 de junio de 2003, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Joaquín Reyes Ávila Gómez contra la Nación - Ministerio de Transporte y Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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