Sentencia 22453 de febrero 23 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 22.453

Magistrado Ponente

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Aprobado Acta 12

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil cinco.

Vistos

Decide la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo que en derecho corresponda respecto de la denuncia formulada en contra de la ex representante a la Cámara Yidis Medina Padilla.

Antecedentes

1. En escrito presentado el 7 de junio de 2004 ante la secretaría de la Sala, el representante a la Cámara Carlos Germán Navas Talero en cumplimiento de la obligación legal del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal formuló denuncia en contra de Yidis Medina Padilla, quien por la época también era integrante de esa corporación, señalando que podría haber incurrido en los delitos de cohecho o cohecho impropio.

El denunciante advirtió que la entonces parlamentaria se “había comprometido” por escrito en una reunión social celebrada el 1º de junio de 2004 a respaldar una proposición que se presentaría en la Comisión 1ª Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes solicitando el archivo del proyecto del acto legislativo que entonces buscaba establecer la reelección inmediata del Presidente de la República y que “cambió” su voto por prebendas que le ofreció el Gobierno Nacional como primer interesado en el trámite exitoso de esa reforma constitucional.

Esa última afirmación el denunciante la deduce de una serie de incidentes que ocurrieron entre el 2 y 3 de junio que incluyeron reuniones apresuradas de la denunciada con altos funcionarios del gobierno central en el Palacio de Nariño y visitas de otros servidores del mismo rango a la oficina de ella y del también por la época representante a la Cámara Teodolindo Avendaño, que culminaron con el reconocimiento público que Yidis Medina Padilla hizo en sendas entrevistas radiales con las cadenas RCN y Caracol de haber cambiado su voto porque el gobierno había replanteado su posición de inversión social en la región del Magdalena Medio.

Como consecuencia de lo anterior, el denunciante estima que la ex parlamentaria pudo incurrir en el delito de cohecho impropio, porque “estaba aceptando una promesa que beneficiaría a su comunidad y obviamente a ella en forma indirecta pues se aumentaba su caudal de votos, al ejecutar esa acción”; y, culmina señalando que ese tipo de conductas no pueden estar amparadas por la inviolabilidad parlamentaria pues “qué tal que en vez de una ayuda para su región hubiera recibido una casa para su sede política” o “becas para quienes pertenezcan al partido o movimiento del parlamentario”.

2. Recibida la denuncia, el 25 de junio se dispuso la apertura de investigación previa, la acreditación de las calidades de la parlamentaria para la época de los hechos y la práctica de varias pruebas.

3. Se trajeron las actas 42, 43 y 44 de la Comisión 1ª Constitucional Permanente de las sesiones del 2, 3 y 4 de junio de 2004, en las que se discutió y votó el Proyecto de Acto Legislativo 267 de 2004-Cámara; 12 de 2004 Senado (fls. 90 a 181, cdno. 1; y 1 a 284 del 2).

Consta en esa documentación la presentación de la proposición de archivo del proyecto, suscrita por 18 representantes —la denunciada entre ellas— que al ser sometida a votación fue derrotada por 18 votos contra 16 (fl. 225, cdno. 2).

4. Se le recibió declaración al ex Superintendente de Notariado y Registro José Félix Lafaurie Rivera, quien negó haber tenido participación en el trámite del proyecto de acto legislativo o contacto alguno con la entonces representante a la Cámara Yidis Medina Padilla.

5. Igualmente rindió testimonio el doctor Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia, quien al referirse a los hechos materia de la denuncia reconoció el interés del Gobierno Nacional en el éxito del trámite del proyecto de acto legislativo que remueve la prohibición constitucional de la reelección inmediata, pero enfatizó que su actuación como Ministro de Estado y la del Gobierno Nacional se limitó a la exposición de las bondades del proyecto para el fortalecimiento de la democracia, sin que ningún momento, ni él, ni algún otro servidor del gobierno le hayan insinuado u ofrecido prebenda alguna a ningún congresista.

6. La denunciada Yidis Medina Padilla fue citada y acudió a rendir versión en la que relató los pormenores de su arribo al Congreso de la República, precisó que su trabajo político lo ha realizado básicamente en el departamento de Santander y específicamente en la región del Magdalena Medio santandereano, región caracterizada por la pobreza, la desigualdad social y la presencia de grupos armados al margen de la ley, factores que impulsan su ejercicio en la búsqueda de la redención social de las gentes de la región.

En ese orden de ideas reconoce expresamente que varias veces durante su temporal ejercicio de la función de representante a la Cámara le “reclamó en voz alta y de viva voz” al Gobierno Nacional por mayor inversión social en la región del Magdalena Medio, sin que sienta que esa reclamación, que además estima legítima y perfectamente acorde con los acuerdos programáticos del Partido Conservador al que pertenece, sea significativa de un obrar contrario a la ley.

Enfrentada a la evidencia física de las grabaciones de entrevistas radiales que concedió a las cadenas RCN y Caracol, aclaró que nunca le solicitó al Gobierno Nacional que incrementara la inversión, pues entiende que “eso ya es dinero prácticamente” sino que se trató de un reclamo general para que el Estado hiciera mayor presencia en una zona como la suya afectada por el conflicto armado e igualmente rechazó enfáticamente que algún servidor público del Gobierno Central le halla ofrecido algo a ella, aunque reconoce que en varias reuniones el Ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega “siempre manifestó revisar lo social” y en una específicamente “él expresó que el gobierno en ese momento se encontraba haciendo ajuste sobre los programas sociales en el país y en especial a las regiones maltratadas por la violencia como es la del Magdalena Medio”. Y,

Finaliza su exposición señalando que al votar por el acto legislativo en mención nunca se sintió apoyando al Presidente de la República en ejercicio porque no ha sabido de ningún pronunciamiento público suyo para postularse como candidato.

Consideraciones de la Corte

1. A manera de aclaración previa y necesaria la Sala precisa que el objeto procesal de esta investigación previa se ha circunscrito a determinar si la entonces representante a la Cámara Yidis Medina Padilla exigió, recibió, aceptó o le fue ofrecida promesa monetaria, remuneratoria o cualquier otra utilidad, directa o indirecta, a cambio de votar, positiva o negativamente, o, abstenerse de hacerlo, asistiendo o no a las sesiones de la Comisión 1ª Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes durante la discusión y votación del Proyecto de Acto Legislativo 267 de 2004 Cámara; 12 de 2004 Senado que reforma la Constitución Política para permitir la reelección inmediata del Presidente de la República en ejercicio.

En este orden de ideas, para la Sala son absolutamente inabordables las opiniones y los votos emitidos dentro de las sesiones parlamentarias que ese proyecto requirió, tal como expresamente lo señala la Constitución Política en el artículo 185:

“Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”. Y,

por esas precisas razones, la Sala se abstiene de considerar las informaciones que el denunciante a adicionado sobre el comportamiento de la entonces parlamentaria y de los demás representantes en torno a la presentación, trámite y decisión de los impedimentos y recusaciones durante el tránsito del proyecto en mención por esa célula legislativa constituida en constituyente derivado.

2. Los hechos que han sido traídos al conocimiento de la Corte por parte del representante a la Cámara Carlos Germán Navas Talero en ejercicio del deber legal que como servidor público le impone el inciso 2º del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, cuyo incumplimiento sanciona penalmente el artículo 417 como un abuso de autoridad, se iniciaron en la noche del martes 1º de junio de 2004 cuando en la residencia de la parlamentaria Clara Pinillos Abozaglo se reunieron 16 representantes de diferentes vertientes políticas pero coincidentes en estimar poco saludable para la democracia nacional el éxito del proyecto de acto legislativo que permite la reelección del Presidente de la República en ejercicio y acordaron presentar una proposición de archivo del proyecto, misma que suscribieron esa noche los 16 contertulios, Yidis Medina Padilla entre ellos (1) , y dos más lo hicieron posteriormente, de donde se obtenía la mayoría necesaria para que la proposición tuviera éxito.

3. Sin embargo, ese acuerdo político logrado en la forma referida y suscrito como consta en el documento citado, no pudo concretarse a la hora de ser sometido a votación por desaparición de uno de los suscriptores —Teodolindo Avendaño— y votó en contra de otra —Yidis Medina Padilla—, quien previamente a la celebración de esa votación reconoció públicamente en los medios de comunicación que estaba indecisa sobre las bondades del proyecto pero que al enterarse de que el Gobierno Nacional replanteó la inversión social en el Magdalena Medio se decidió a favor del acto legislativo de reelección del Presidente de la República en ejercicio.

Ese reconocimiento público de la ex parlamentaria denunciada y el hecho de que el parlamentario Teodolindo Avendaño fue visto por última vez en una reunión a puerta cerrada con el Ministro de la Protección Social, son las razones que el denunciante expone como indicativas de una presión indebida por parte del Gobierno Nacional para evitar que el proyecto fuera archivado.

4. En la fase de esta investigación previa la Corte pudo establecer de manera fehaciente y sin lugar a duda alguna los siguientes aspectos fácticos:

4.1. La suscripción que la entonces representante a la Cámara Yidis Medina Padilla hizo en la noche del martes 1º de junio de 2004 de manera voluntaria de una proposición de archivo del proyecto de acto legislativo mencionado (fls. 24 y 15 del cdno. 3 —respuesta a la pregunta 21 del interrogatorio en la diligencia de versión—).

4.2. El reconocimiento público que ella hizo el jueves 3 de junio de 2004 de haber superado sus indecisiones respecto del proyecto reformatorio de la Constitución gracias a que el Gobierno Nacional se compromete a dar mayor inversión social en la región del Magdalena Medio (casetes, anexo 1).

4.3. El voto negativo de la denunciada cuando se presentó la proposición de archivo del proyecto de Acto Legislativo (fl. 225, cdno. 2, sesión de jun. 4/2004 en la Comisión Primera Constitucional Permanente). Y,

4.4. Las reuniones que miembros del alto Gobierno Central mantuvieron con miembros de esa comisión de la Cámara el 2, 3 y 4 de junio de 2004.

5. Sin embargo, del recaudo de esa evidencia no se deriva ninguna conducta punible o con visos de ilicitud que pueda reprochársele a la denunciada ex representante a la Cámara Yidis Medina Padilla como podría pensarse a partir de una lectura aislada o descontextualizada de las declaraciones públicas que concedió sobre las supuestas motivaciones de su decisión política.

En efecto: la denuncia formulada en su contra gira precisamente alrededor de esas declaraciones y específicamente de las frases donde reconoce haberse finalmente decidido a apoyar el proyecto de acto legislativo gracias al conocimiento que ahora —el día de las entrevistas— tiene sobre la política de inversión social del Gobierno Nacional en el Magdalena Medio, región donde ejerce la actividad política.

Esa afirmación así leída y oída, escuetamente, puede llamar a confusión o engaño, porque podría dar lugar a especulaciones —como en efecto ocurrió— sobre supuestos ofrecimientos del Gobierno Nacional a cambio de una forma determinada de voto por parte de la parlamentaria, que, desde ahora afirma la Sala sin ambages, si hubiera existido es perseguible penalmente en los dos extremos, tanto del que ofrece como del que recibe.

Al efecto vale la pena recordar como evidencia pública, porque está citada en la Sentencia C-1168 de 2001 de la Corte Constitucional, que el ahora Presidente de la República entonces demandante de los artículos 2º y 3º de la Ley 628 de 2000, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001” se quejaba de la falta de independencia del Congreso de la República que podría generar la apropiación de “auxilios parlamentarios” en los siguientes términos:

“¿Cómo puede haber autonomía e independencia del Congreso respecto del ejecutivo, y un análisis crítico a los actos del gobierno, si los congresistas, para hacerse reelegir deben contar con la respectiva partida presupuestal, que puede ser contra acreditada en cualquier momento por el gobierno? No basta que en el presupuesto aparezcan los $ 300.000 millones. Es necesario que luego el gobierno quiera girar esas partidas en la cantidad correspondiente a cada congresista, y que no decida destinar las de algunos, total o parcialmente, a otros fines. Que estén en el presupuesto no garantiza que sean ejecutadas. Tendrán que evitar el riesgo del contra crédito. ¿Y cómo hacen los congresistas para evitar los contra créditos de sus partidas sino renunciando a la crítica?”. Y,

Es allí en la prevención del equilibrio de contra poderes que debe existir entre legislativo y ejecutivo donde inciden los halagos de este hacia aquel, y es por eso que son perseguibles desde todos los ángulos del derecho y de la moral, cuando existen.

6. La investigación preliminar de la Sala permitió precisamente contextualizar las declaraciones radiofónicas de la ex representante Medina Padilla no solo en el ámbito global de la función legislativa y constituyente que el Congreso de la República ejerce en el marco de la Constitución y la ley nacionales, y de la que concretamente cumplía en los debates del 2, 3 y 4 de junio de 2004, sino en el específico del ejercicio de la corta actividad parlamentaria que desarrollo la denunciada.

Con esas premisas es preciso anotar, prima facie, que el artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 (2) , que regula la “excepción de las incompatibilidades” de los congresistas de la República, permite en el numeral 6º que puedan:

“Adelantar acciones ante el gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus circunscripciones electorales”.

Mientras que en el numeral 8º, se les autoriza también para:

“Intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad colombiana”.

Normas que sometidas al juicio de constitucionalidad dentro de la acción pública correspondiente fueron encontradas ajustadas a la Carta, en los siguientes términos:

“Estos preceptos deben relacionarse necesariamente con el numeral 2º del artículo 180 de la Constitución, que prohíbe a los miembros del Congreso “gestionar en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas”.

“Desde luego, por virtud de la misma norma, podía el legislador establecer las excepciones correspondientes.

Es claro que, al adelantar acciones ante el gobierno para buscar satisfacción de las necesidades de los habitantes de una parte del territorio nacional, el congresista está gestionando algo a nombre de otros, ante una entidad pública.

Pero, analizado el contenido de las excepciones, se encuentra que no consisten en la posibilidad de intermediar para servir intereses particulares, evento en el cual ellas harían perder todo vigor a la disposición constitucional hasta el extremo de dejarla sin sentido, sino que están orientadas a fines de interés general que los pobladores de la respectiva circunscripción electoral canalizan a través de quien, en el plano nacional, actúa como su representante.

Los preceptos, así entendidos, no se oponen a la Constitución Política, sino que, por el contrario, encajan dentro del papel que en la democracia ha sido atribuido a los congresistas, quienes tienen a su cargo una función representativa de los intereses de la comunidad, a cuyo servicio se encuentran, como todos los servidores públicos, según el artículo 123 de la Constitución.

Si la filosofía de las incompatibilidades radica, como se deja dicho, en la necesidad de impedir que la investidura congresional sea utilizada para beneficio puramente privado, los numerales atacados no desconocen el principio que las sustenta desde el momento en que, por estar referidos a aspiraciones de naturaleza colectiva y al bien público, excluyen de plano todo asomo de interés personal” (3) .

7. La primera conclusión es, entonces que no puede ser reprochable penalmente una conducta que la ley permite y que ha sido declarada ajustada a la Constitución. Y, es en ese preciso contexto que las reclamaciones en público y en privado que la ex representante a la Cámara Yidis Medina Padilla dice haber hecho con el definido propósito de obtener mayor inversión social en su región pierden cualquier relevancia penal por encontrar perfecta armonía con el mandato legal que le permite actuar así en reconocimiento de su condición de representante de una región para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Sin embargo, debe aclararse que aunque la ley incluye esa autorización, la misma debe ejercerse con carácter general e impersonal, de modo que, y aquí se responde al denunciante, las gestiones que autorizan los numerales 6º y 8º del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 debe asumirlas el parlamentario en nombre y representación de la circunscripción electoral que representa —para efectos de los representantes a la Cámara— pues al resultar electo lo es de toda la comunidad y no solo de sus votantes en particular, presupuesto en el que precisamente radica buena parte del sistema democrático: el ciudadano puede elegir entre varias opciones, pero escogida una de ellas, el representante o senador así ungido no tiene opción distinta que la de servir a todos.

8. Ahora bien: dilucidado el punto anterior surge la siguiente pregunta ¿es legítimo que un parlamentario decida su intención de voto respecto de un proyecto de acto legislativo por el conocimiento que tenga acerca de las políticas de inversión social que beneficiarán a su región? La respuesta categórica es NO. No es legítimo, pero tampoco en este caso concreto es ilegal y, menos aún, ilícito, como para demostrarse:

9. Las múltiples explicaciones públicas y las que entregó dentro de esta investigación previa la ex representante a la Cámara Yidis Medina Padilla en torno al tema de la inversión social en su región como elemento determinante para superar su indecisión respecto de la actitud que debería adoptar al momento de votar al proyecto de acto legislativo en la Comisión Primera Constitucional Permanente de esa corporación, las percibe la Corte como respuestas sinceras y carentes de malicia respecto de lo que ella identificó eran los intereses que se jugaban en torno al proyecto de reelección inmediata del Presidente de la República en funciones.

Al respecto, aunque en las actas se encuentran múltiples explicaciones algunas supuestamente ancladas en altas teorías constitucionales de fortalecimiento de la democracia o de debilitamiento de la misma, según se esté de acuerdo o no con el proyecto sobre el propósito final del mismo, fue el representante a la Cámara Roberto Camacho Weverberg quien en su intervención sinceró el debate en los siguientes términos:

“el ex presidente Sarney en Brasil nos hacia unas observaciones parecidas a las de ustedes {los opositores al proyecto}, muy juiciosas contra la reelección y le dije mire Presidente, para que no discutamos más, los colombianos no somos partidarios de la reelección, somos partidarios de la reelección de Uribe” (fl. 59, cdno. 2, intervención del honorable representante Camacho en la sesión del 3 de junio de 2004, Acta 43).

10. Identificado de esa manera el propósito de la reforma constitucional puesta a consideración del Congreso de la República y en trámite por la Cámara de Representantes, es entendible que el debate haya girado tanto en torno del problema como del beneficio estructural que la decisión significa para la democracia nacional como respecto de las ejecutorias del gobierno del Presidente Uribe en cuanto se percibe que él es la única persona determinada y determinable a quien el proyecto beneficia, independientemente que esa lectura sea correcta o no, pues es lo cierto que la reforma constitucional termina cobijando a los demás ex presidentes de la República.

En ese preciso escenario, las reclamaciones de la denunciada Yidis Medina Padilla para que se atendieran por parte de este gobierno las necesidades de inversión social del Magdalena Medio santandereano no se muestran descontextualizadas o desproporcionadas, sino que responden a la percepción general que el trámite de un proyecto de esa naturaleza genera.

Evidencia plena de que ello es así, son las intervenciones del honorable representante Taita Lorenzo Almendra de las comunidades indígenas quien entre otras cosas anunció su voto negativo por la falta de compromiso social del gobierno y por estimar traicionados los esloganes de la campaña presidencial (fls. 122 y 123, Acta 43). En similar sentido se pronunciaron los honorables representantes Barlahán Henao Hoyos (fl. 117 íd.); Griselda Yaneth Restrepo (fl. 97 íd.); José Luis Flórez (fl. 112 íd.); y, especialmente importante en ese escenario es la intervención del representante Milton Rodríguez, del bloque mayoritario que respaldaba el proyecto, que explicó así el apoyo del Partido Conservador al acto legislativo:

“La necesidad de la inversión social para que se revisen todas y cada una de las regiones del país me parece un legítimo reclamo de la colectividad conservadora, por tal razón nosotros no estamos en una posición individual ni brindando o abriendo la puerta a los apetitos personales, sino estamos en una posición de partido y en una posición acorde con el reto que nos impone la historia” (fl. 137 del Acta 43, sesión de jun. 3/2004).

Así mismo, el representante Rodríguez hizo mención a un acuerdo político suscrito entre el Partido Conservador y el Gobierno Nacional para que esa organización como bancada en el Congreso nacional se comprometa a respaldar el proyecto de acto legislativo, cuyo texto fue agregado por la denunciada con posterioridad a la versión rendida (fls. 35 a 45, cdno. 3), que entre otros puntos contiene los de fortalecimiento de la inversión social y la creación de un “fondo de equidad social” con esa finalidad.

Surge entonces así la segunda conclusión: al exigir pública y privadamente Yidis Medina Padilla al gobierno mayor inversión social en su región no obró de manera contraria a la ley ni al margen de ella pues lo realizó con carácter general y no con uno particular ni personal, directa o indirectamente, ni tampoco lo hizo al concluir implícitamente que el beneficiario de su voto era el actual Presidente de la República y por tanto a su gobierno correspondía demostrar mayor sensibilidad social en el Magdalena Medio santandereano.

11. Importante en este mismo orden de ideas es destacar la ninguna vinculación jurídica que la suscripción de la proposición de archivo en la reunión social a la que asistió la denunciada el martes 1º de junio de 2004 tenía como para que le impidiera votarla negativamente como en efecto ocurrió al ser presentada a la plenaria de la comisión para su decisión (fl. 225, acta de jun. 3/2004). Eso lo que muestra es una seriedad deleznable de quien no honra los compromisos que había adquirido con su firma, pero el juicio de reproche que a un tal comportamiento corresponde no se sitúa dentro del ámbito penal, ni siquiera dentro del derecho, es puramente moral y evidentemente político. Será su propia escala de valores y la de sus electores los que deben autosancionar o sancionarla, si estima o estiman que a ello hay lugar.

12. Las razones hasta aquí expuestas son suficientes para proferir auto inhibitorio a favor de la denunciada Yidis Medina Padilla pues no hay lugar a iniciar instrucción penal en su contra. Y, tampoco encuentra la Corte motivación alguna para expedir copias en contra del doctor Sabas Pretelt de la Vega, Ministro de Justicia y del Derecho, pues la evidencia recaudada es indicativa de haber actuado dentro del marco legal.

Las continuas reuniones que mantuvo con las diferentes bancadas de parlamentarios o las informaciones que haya brindado sobre los diferentes planes y programas del Gobierno Nacional —el de inversión social incluido— se perciben en el marco de la actividad política que se asigna a su cartera y no hay evidencia que hayan ocurrido o podido ocurrir al margen de la ley o en su contra.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE de abrir investigación en contra de la ex representante a la Cámara Yidis Medina Padilla por los hechos a que se contrae la denuncia.

2. Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

3. En firme esta decisión, archívense las diligencias.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Herman Galán Castellanos—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Folio 24, cuaderno 1.

(2) Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-497 del 3 de noviembre de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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