Sentencia 22475 de mayo 27 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ENTIDADES ESTATALES

EXTRACTOS: «Plantea, en suma, el recurrente la imposibilidad que tienen las entidades estatales de “utilizar personal por intermedio de empresas de servicios temporales”. Sin embargo, parte de una premisa falsa, cual es la de considerar que la utilización de los servicios de una persona natural en tales condiciones, esto es, a través de una empresa de servicios temporales, vincula a dicha persona a la administración y que, en razón a esta calidad no le son aplicables las normas propias del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto: no es cierto que por el hecho de laborar los trabajadores de empresas de servicios temporales en entidades estatales, ello los convierta en servidores públicos y que, por lo tanto, el régimen jurídico laboral aplicable a los mismos sea el propio de los trabajadores oficiales.

La normatividad que regula la celebración de contratos por parte de las entidades estatales permite a estas celebrar contratos previstos en el derecho privado y sujetos a las reglas propias de cada especialidad. Así, el artículo 16 del Decreto 222 de 1983 —vigente para la época en que el demandante prestó sus servicios en misión en la entidad demandada— preveía, al lado de los contratos administrativos que eran materia de regulación especial en el estatuto de contratación, los contratos privados de la administración, en los siguientes términos:

“Son contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que ley especial disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad”.

De esta manera, la administración pública no ha tenido, en razón de su naturaleza estatal, restricción alguna para celebrar contratos con las empresas de servicios temporales, pues sobre ellas no existe ninguna regulación en el llamado estatuto de contratación administrativa, o Decreto 222 de 1983.

Ahora bien, las normas que regulan las empresas de servicios temporales, prevén para los empleadores, ya fueren privados o públicos, el derecho a acudir a las mismas en procura del personal que precisan para la ejecución de sus labores, así:

El artículo 1º del Decreto 1433 de 1983, reglamentó por primera vez el sistema de contratación y para el efecto definió a las empresas de servicios temporales como aquéllas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para el desarrollo de actividades ordinarias, conexas o inherentes a través de personas naturales.

La Ley 50 de 1990 considera como “usuario” de los contratos celebrados con las empresas prestadoras de servicios temporales, a toda persona natural o “jurídica”, y establece, asimismo, que la relación laboral que se deriva de un contrato de prestación de servicios ejecutado por intermedio de una empresa de servicios temporales, se presenta entre ésta y el trabajador que es enviado en misión, pero en manera alguna entre la entidad usuaria —sea de naturaleza pública o privada— y el trabajador.

De tal modo, al estar prevista en el mundo normativo del país la figura contractual de servicios personales con empresas de servicios temporales, la Nación o sus entidades descentralizadas, estaban autorizadas para acudir a esta modalidad, en las mismas condiciones que lo hicieran los particulares.

Se desestima la acusación».

(Sentencia de casación, 27 de mayo de 2004. Radicación 22.475, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

_______________________________