Sentencia 22506 de mayo 4 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 34

Magistrada Ponente:

Marina Pulido de Barón

Bogotá, D.C., mayo cuatro de dos mil cinco.

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formal de la demanda de casación discrecional presentada por el defensor del procesado Faustino Hernández Urueña, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué el 22 de abril de 2004, confirmatoria de la dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad el 20 de septiembre de 2002, por cuyo medio lo condenó como autor penalmente responsable del delito establecido en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993 (violación de derechos de autor).

(...).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El inciso 1º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, establece que este medio impugnaticio procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial y por el Tribunal Penal Militar, cuando se proceda por “delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años” (negrillas fuera de texto).

En aquellos casos en los que el fallo de segundo grado no es proferido por los mencionados tribunales, o que el delito por el cual se procede tiene pena privativa de la libertad inferior al quántum señalado en precedencia o sanción no restrictiva de la libertad, el inciso 3º del artículo 205 del estatuto procesal penal faculta a esta Sala para admitir discrecionalmente las demandas de casación presentadas, “cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley”.

En tratándose de la casación discrecional compete al demandante expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial.

Pero si lo pretendido por quien demanda es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido.

También se tiene que las dos especies de casación (ordinaria y discrecional) no pueden reclamarse de manera simultánea, pues son excluyentes, en cuanto la segunda es subsidiaria de la primera, es decir, solo procede en la medida en que no resulte viable la casación ordinaria.

En el asunto que concita la atención de la Sala se observa que por tratarse del delito de violación de los derechos de autor, para el cual el legislador ha dispuesto una pena privativa de la libertad cuyo máximo no supera los ocho (8) años, en punto del recurso de casación se impone acudir a la vía discrecional. En efecto, tanto en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993 en cuya vigencia se cometió el comportamiento, como en el artículo 270 de la Ley 599 de 2000, el mencionado delito tiene una sanción de dos (2) a cinco (5) años de prisión.

Ahora, si bien el censor al inicio de su argumentación aduce que presenta demanda de casación excepcional dado que “no existe jurisprudencia alrededor de estas acciones y esta clase de delito”, sin dificultad se advierte lo siguiente:

Como ya ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala (1) , no es suficiente con que la jurisprudencia aún no haya abordado un tema específico para que sea viable admitir el recurso extraordinario de casación por la vía discrecional, pues según lo dispuso el legislador, es preciso que un tal pronunciamiento se “considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia”, de donde se concluye que si en la ponderación de esta exigencia no se presenta dicha necesidad, bien porque sobre el punto existen claros desarrollos legales que tornan inane su abordaje o porque lo solicitado no guarda estrecha relación con la situación concreta del asunto objeto de estudio, no hay lugar a que la Sala trate el tema.

Lo anterior es así, en atención a que la Corte carece de función meramente consultiva y si bien, uno de los fines del recurso de casación es la “unificación de la jurisprudencia nacional” su intervención solo tiene sentido en la medida que la temática sugerida por el actor evidencie, como ya se dijo, la necesidad de un pronunciamiento y que además, este resulte útil para solucionar el asunto analizado.

Precisado lo anterior se tiene que en el caso objeto de estudio el demandante no consigue provocar el estudio que sugiere a la Sala, en cuanto no expone la razón por la cual, sin que el tipo penal por el que se investigó, acusó y condenó a su representado exija beneficio o utilidad económica, en cuanto dispone que “incurrirá en prisión (...) quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie, mutile o transforme una obra literaria, científica o artística sin autorización previa y expresa de sus titulares”, la conducta de mutilar y alterar la obra “Estudios Espirituales Astrales ante Dios”, escrita por Ismael Garzón Triana resulta atípica por ausencia de provecho patrimonial.

Tampoco el demandante señala los motivos que lo llevan a concluir que el amparo de los derechos de autor en el ámbito penal (L. 44/93) se circunscribe únicamente a la “falsificación” y “venta de obras literarias o fonográficas en las que por ese conducto se enriquezcan o se obtengan provechos económicos en forma ilícita”.

Adicional a lo anterior, no expresa los argumentos por los cuales estima que es necesario “contar con unos principios rectores para desvincular el delito de derechos de autor de los actos o acciones encaminadas a otro fin diferente al económico y lucrativo, que es sustancialmente para lo que fue establecida la ley”, omisión que permite establecer que el motivo invocado por el recurrente para acceder a esta impugnación extraordinaria por la vía discrecional, no pasa de ser una inquietud sin soporte fáctico o jurídico.

Igualmente omite el censor explicar por qué la conducta de mutilar y alterar un “legado filosófico-religioso que una persona como autor de un libro le entrega como legado a la humanidad, para su perfeccionamiento espiritual”, no configura el delito establecido en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993, por el cual se condenó a su asistido.

Finalmente se tiene que tampoco el defensor establece con nitidez la utilidad del pronunciamiento que solicita de la Corte en la solución del asunto, pues en el planteamiento del único cargo que formula, el cual “inexorablemente ha de corresponder al desarrollo de las razones en que se funda la solicitud de admisión de la vía discrecional” (2) , aduce que las correcciones ortográficas o de “conformación de una oración” que se efectuaron sobre la obra de Ismael Garzón Triana no pueden ser consideradas como mutilación o transformación de la misma ya que no se varió su contenido y, además, que la referida obra ya no es propiedad de su autor sino de la Asociación de Estudios Astrales Espirituales ante Dios, reparos que resultan ajenos a los motivos que invocó para solicitar la admisión discrecional de su libelo y que por tanto, denotan una vez más que no se sujeta a las exigencias dispuestas por el legislador para conseguir acceder a esta impugnación extraordinaria por la vía excepcional.

Lo anterior permite concluir que el recurrente no cumple con los postulados requeridos para que resulte viable admitir discrecionalmente el estudio del recurso de casación interpuesto, además de que tampoco la Sala advierte violación alguna de los derechos fundamentales o garantías del procesado Faustino Hernández Urueña, como para que tal circunstancia impusiera el ejercicio de la facultad oficiosa que sobre el particular le confiere el legislador a esta corporación.

Si lo anterior es así, la conclusión que sin dificultad se deriva es la de que la demanda acusa las graves falencias técnicas destacadas, que no pueden en modo alguno ser subsanadas por la Corte, pues ello lo impide el principio de limitación que rige el trámite casacional, imponiéndose de plano su inadmisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMlTIR la demanda de casación discrecional interpuesta por el defensor de Faustino Hernández Urueña, por las razones expuestas en la anterior motivación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Providencia del 26 de enero de 2005. Radicación 22304, M.P. Herman Galán Castellanos.

(2) Decisión del 11 de marzo de 2003. Radicación 20008, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

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