Sentencia 22517 de septiembre 13 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ACUERDO CONCILIATORIO PARA OTORGAR PENSIÓN EXTRALEGAL

NO SE ALTERA POR DISPOSICIONES LEGALES POSTERIORES

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada del señor Jaime Osorio Aguillón contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 13 de junio de 2003, dentro del proceso ordinario seguido por el recurrente a la sociedad Bavaria S.A.

I. Antecedentes

1. El proceso fue promovido con el fin de obtener el demandante el pago de la pensión de jubilación a partir del mes de agosto de 2001 en cuantía de $ 286.000, con sus correspondientes reajustes; el reembolso de la suma de $ 3.554.040 que ilegalmente recibió Bavaria del ISS; la indexación de las sumas adeudadas por mesadas pensionales y las costas del proceso.

Como sustento fáctico de sus pretensiones el actor expuso lo siguiente, resumido del libelo: Trabajó al servicio de Cervecería Andina S.A. desde el 1º de abril de 1962 hasta el 30 de septiembre de 1976; el día 28 de septiembre de 1976 celebró una audiencia de conciliación con la empresa ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá por virtud de la cual ésta se comprometió a pagarle de forma extralegal una pensión proporcional de jubilación cuando cumpliera cincuenta (50) años de edad, sin que se hubiese convenido que dicha pensión sería compartida con la de vejez que llegare a otorgar el ISS; la sociedad Cervecería Andina fue sustituida en cuanto a la obligación pensional mentada por la Sociedad Cervecería del Litoral S.A. la cual a su turno fue absorbida por la demandada, que le canceló la pensión hasta el mes de julio de 2001; para la fecha en que se realizó la conciliación, las pensiones extralegales de jubilación eran compatibles con la de vejez del ISS, salvo convenio en contrario, que en este caso no hubo; en mayo de 2001 el ISS le reconoció la pensión de vejez, otorgamiento que no se debió a los aportes sufragados por Cervecería del Litoral S.A. pues estos no alcanzaron las 500 semanas; durante los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años cotizó al ISS como trabajador de otros patronos diferentes a la sociedad demandada; en la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez, el ISS ordenó equivocadamente pagar a Bavaria S.A. la suma de $ 3.554.040 correspondiente al retroactivo de las mesadas pensionales causadas a su favor, suma que fue efectivamente recibida por la demandada; a partir del mes de agosto de 2001 Bavaria solamente le continuó pagando la suma de $ 5.574 mensuales por concepto de pensión de jubilación.

2. La demandada se opuso a las pretensiones del actor; en cuanto a los hechos, aceptó los extremos temporales de la relación de trabajo, la realización de la conciliación y las sustituciones patronales. Adujo, entre otras, las excepciones de inexistencia de las obligaciones, pago, cumplimiento de las obligaciones y prescripción.

3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. en sentencia dictada el 23 de abril de 2003 absolvió de las pretensiones del libelo.

II. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia ahora impugnada confirmó la de primer grado.

En lo que reviste interés para el recurso extraordinario el ad quern razonó así:

... aun cuando la conciliación data del 28 de septiembre de 1976, la pensión extralegal se le reconoció a partir del 29 de junio de 1990, folio 129, es decir, será bajo la normatividad vigente a la última fecha citada, que se dilucidará la presente controversia, toda vez que los efectos de la conciliación apenas se materializaron y consolidaron, al ingresar al patrimonio del actor, el 29 de junio de 1990, antes de esa fecha, concretamente para el 28 de septiembre de 1976, fecha de la conciliación, o para el 30 de ese mismo mes y año, época del retiro, aún no se consolidaba en cabeza del señor Jaime Rodrigo Osorio Aguillón el derecho, pues estaba sujeto al cumplimiento de la edad, siendo factible que en ese interregno, la normatividad frente al tema de las pensiones voluntarias, tuviere cambios legislativos, como en efecto ocurrió, por lo que solo al momento de generarse el supuesto extralegal faltante, —edad—, originado en la conciliación, puede admitirse el otorgamiento y reconocimiento efectivo de la pensión.

De esta manera para junio de 1990, ya se encontraba vigente el Decreto 758 de abril de 1990 que aprobó el Acuerdo 49 de 1990 proferido por el ISS, en donde se consignó que los empleadores que otorguen pensiones extralegales a partir del 17 de octubre de 1985 (Acu. 29/85, art. 5º del ISS) continuarán cotizando al ISS hasta cuando los asegurados cumplan las exigencias establecidas en los reglamentos del ISS, para otorgar la pensión de vejez, y en ese momento el ISS cubrirá dicha pensión, siendo de cuenta del empleador, únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que se venía cancelando al pensionado, reiterándose que estas normas se aplican a las pensiones extralegales reconocidas con posterioridad a la vigencia del acuerdo 29 de 1985, razón por la cual irradian con sus previsiones en caso en examen (sic).

Lo expuesto conduce a concluir que resulta perfectamente legal, compartir la pensión extralegal reconocida voluntariamente en junio 29 de 1990, por el exempleador del actor, con la de vejez otorgada por el ISS, a partir de junio 29 de 2000, folio 60, a pesar de que el demandante recibió su pago por parte de Bavaria hasta junio de 2001, pues desde agosto de ese año pagó solo la diferencia de $ 5.574, folio 98, punto 8, de allí el retroactivo aludido en la resolución reconocedora de la pensión de vejez folio 60.

De otra parte, el hecho de que las cotizaciones de Bavaria al ISS, no hubiesen sido las suficientes, para cumplir con la densidad establecida en los reglamentos del ISS, en orden al reconocimiento de la pensión de vejez, no afecta, ni conduce a impedir la compartibilidad anunciada atrás, por cuanto, si otros empleadores cotizaron, tales aportes resultan igualmente válidos para acceder al derecho, en virtud de la unidad de prestaciones, es así, que el ISS reconoció la pensión de vejez, aspecto que no limita, la compartibilidad aludida...”.

III. Recurso de casación.

Lo interpuso la parte demandante. Su alcance se concreta a que se case la sentencia impugnada para que en sede de instancia se revoque la absolutoria del a quo y, en su lugar, se condene de acuerdo con lo pedido en la demanda.

(...).

Se considera

El tema que en verdad se discute en el presente caso tiene que ver con la posibilidad de que un acuerdo conciliatorio pactado entre empleador y trabajador en el que convinieron el otorgamiento de una pensión extralegal de jubilación pagadera en el momento en que el trabajador alcance determinada edad, puede ser modificado, en uno u otro sentido, por normas legales expedidas con posterioridad a dicho acto jurídico.

No es objeto de controversia, por lo tanto, que las partes acordaron el 28 de septiembre de 1976, ante el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. (fls. 20 y 21), que la empresa le reconocería al demandante una pensión extralegal pagadera cuando cumpliera 50, años, es decir, el 29 de junio de 1990, y que en dicho documento nada se dijo sobre la futura compartibilidad de dicha prestación, o su extinción.

Para el tribunal dicho acuerdo era susceptible de ser modificado por cambios legislativos ocurridos entre la fecha en que se firmó por las partes y aquella en que el trabajador cumpliera los 50 años de edad, momento de consolidación y materialización de la conciliación, como en efecto aconteció pues mientras en la primera fecha las pensiones extralegales, emanadas de cualquier fuente, eran compatibles con la pensión de vejez que llegare a otorgar el ISS, para la segunda dicha regla había sido cambiada por cuanto en virtud de los acuerdos 29 de 1985 inicialmente y 49 de 1990 después, el principio predominante era la compartibilidad entre las dos pensiones. De suerte que según el ad quem, la pensión convenida en diligencia conciliatoria en 1976 resultó afectada por los acuerdos citados y por tanto terminó siendo compartida conforme lo ordenaron esos textos normativos.

El recurrente se aparta de esa tesis, por cuanto en su criterio “la situación definida en la conciliación hizo transito a cosa juzgada bajo la normatividad vigente al momento de celebrarse o producirse... exactamente de la misma forma y con el mismo alcance como si esa definición se hubiera producido mediante una sentencia judicial firme o ejecutoriada”.

Para dirimir la discusión planteada es conveniente recordar que en el ámbito laboral desde que se expidieron las primeras disposiciones legales de esta disciplina jurídica se estableció la conciliación judicial, tanto procesal como extraprocesal, así como la administrativa, con el fin de que las partes directamente con intervención de un tercero pudieran poner fin a sus diferencias, finalizar un litigio en curso o precaver uno eventual. Para darle la mayor seriedad y trascendencia a esa institución se estableció que los acuerdos así logrados harían tránsito a cosa juzgada, esto es, que los mismos son intocables e inmodificables, sin que puedan ser objeto de un nuevo litigio judicial, siendo desde luego obligación de los contratantes ceñirse estrictamente a los términos del arreglo, cumpliendo de manera rigurosa las cargas que en cierta forma se autoimpusieron, como única manera de realizar la seguridad jurídica que esa regulación implica.

Cabe aclarar que dichas cargas pueden ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo sin que la prolongación en el tiempo en el caso de las últimas sea disculpa para sostener que quedan expuestas a sufrir alteraciones por la expedición de futuras disposiciones legales. También puede ocurrir que las prestaciones convenidas se cumplan inmediatamente, o su cumplimiento se difiera para una fecha posterior, como sin lugar a duda se desprende del artículo 78 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S. cuando dispone:

“Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente, tendrá fuerza de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que él señale”.

Independientemente de las características que revista el arreglo lo cierto y definitivo es que como consecuencia del mismo se contraen derechos u obligaciones, pues es obvio que resulta inconcebible que se acuda a este mecanismo de resolución de conflictos para establecer meras expectativas o derechos indeterminados o contingentes, es decir, que puedan o no realizarse.

Definido ese marco de referencia, es evidente que en el presente caso el recurrente concuerda con el tribunal en la celebración del acuerdo conciliatorio con su ex empleadora el 28 de septiembre de 1976, por medio del cual la empresa le otorgó una pensión extralegal pagadera cuando cumpliera 50 años; que este evento se cumplió el 29 de junio de 1990; que desde ese momento efectivamente empezó a pagarse la prestación en la forma y cuantía convenidas; que el compromiso se cumplió en esos términos hasta cuando el ISS reconoció al actor la pensión de vejez, por cuanto de ahí en adelante la obligada solamente siguió cancelando la diferencia entre las dos pensiones; y que la prestación de marras no quedó sometida a ninguna condición resolutoria para su extinción ni se contempló tampoco su modificación frente a la ocurrencia de determinado hecho.

Establecidos esos ingredientes, lo que se discute entonces es si está ajustada al orden jurídico la decisión del ad quem de prohijar la actitud de la empresa de pagar solamente la diferencia, entre las dos pensiones, aduciendo para ello que desde 1985 se estableció legislativamente en Colombia la compartibilidad de las pensiones extralegales con la de vejez y como en el presente caso, aquella se causó en 1990, esto es, cuando efectivamente el trabajador empezó a percibirla, quedó por ende afectada por dicho fenómeno.

Para la Sala es claro que no, por cuanto aceptar la tesis del ad quem implica desconocer los efectos de intangibilidad y cosa juzgada inherentes a los acuerdos conciliatorios en materia laboral que quieren decir que no es posible intentar un nuevo juicio por las mismas partes e idéntico objeto y causa, así como que los compromisos adquiridos no pueden ser alterados por las disposiciones legales expedidas con posterioridad puesto que el acuerdo queda inmunizado contra ellos. Y es que no otra cosa hizo el juez de segunda instancia cuando consideró que resultaba legítima la conducta de la empresa de pagar solamente la diferencia entre las dos pensiones, dejando de lado que, como el mismo juzgador lo asentó al acoger el fallo de primer grado, las partes habían convenido el pago de la pensión sin condicionar el mismo a la ocurrencia de algún hecho, ni contemplar la posibilidad de que el mismo fuera modificado con posterioridad.

La solución esbozada en precedencia no es incompatible con lo señalado en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo porque en cierta forma la realización de la conciliación consolida un estado jurídico, constituye una situación nueva, individual, particular y concreta, que no puede ser desconocida ni modificada por leyes posteriores. En cambio, el tribunal sí violó dicho precepto al darle efectos retroactivos a los acuerdos 29 de 1985 y 49 de 1990, poniéndolos a producir consecuencias sobre una situación estructurada antes de que comenzara la vigencia de esas disposiciones.

En consecuencia, el tribunal incurrió en los desatinos jurídicos que la censura le achaca y ello da lugar a la casación de la sentencia.

En sede de instancia, si más consideraciones, se revocará la sentencia absolutoria del juzgado y en su lugar se condenará a la empresa de conformidad con lo pedido en el libelo.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de instancia se imponen a la demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá D.C. el 13 de junio de 2003 en el juicio que Jaime Osorio Aguillón adelanta contra Bavaria S.A. En sede de instancia revoca el fallo absolutorio del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y en su lugar condena a la demandada a pagar la suma de $ 4.254.573 a título de devolución indexada del retroactivo pensional y a seguir pagando las mesadas pensionales completas desde el 1º de agosto de 2001, con los reajustes legales y las mesadas adicionales, sumas que se actualizarán de conformidad con las pautas indicadas en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de instancia se imponen a la empresa accionada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(Sentencia de casación, 13 de septiembre de 2004. Radicación 22.517. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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