Sentencia 22584 de septiembre 8 de 2004

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 22584

Acta 70

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá, D.C., ocho de septiembre de dos mil cuatro.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., PROTECCIÓN, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de julio de 2003, en el proceso ordinario laboral promovido por LECS, quien actúa en su propio nombre y en representación de su menor hijo DRC, contra la sociedad recurrente.

Antecedentes

LECS, actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo DRC, demandó a La ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., para que se le condenara al pago de la pensión de sobrevivientes en su favor, por la muerte de su esposo y padre LERL, quien falleció el 31 de enero de 2000, más la mesada adicional de junio de 2000,y las que se sigan causando durante el trámite del presente proceso, previa deducción del dinero que se le canceló por concepto de la devolución del saldo en la cuenta de ahorro individual que le hiciera la entidad accionada.

Así mismo, solicita que la liquidación y monto de la pensión se haga con base en las normas más beneficiosas para ellos, según el principio de la condición más beneficiosa esgrimido por la Jurisprudencia y rescatado por el artículo 53 Constitución Nacional, las cuales son establecidas en el Decreto 758 de 1990; que se le reconozca la indexación de todas y cada una de sus mesadas pensionales y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirmó que el 13 de septiembre de 1995, LERL se afilió al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y el 31 de enero de 2000, falleció por causas de origen no profesional; que el 15 de febrero de 2000, le solicitó a la demandada la pensión de sobrevivientes como cónyuge supérstite y en representación de su hijo menor; que el 6 de abril de 2000, mediante Resolución 2000-1805, PROTECCIÓN le negó la susodicha pensión de sobrevivientes por no reunir los requisitos legales para acceder a tal prestación social, pues adujo que el fallecido solo había cotizado 799.13 semanas durante su vinculación laboral, de las cuales 4.43 habían sido cotizadas en el último año anterior a su muerte; que ordenó la devolución de los saldos de la cuenta de Ahorro Individual, los cuales fueron efectivamente entregados; que negarle la pensión de sobrevivientes implica desconocer el principio de la condición más beneficiosa esgrimido por la honorable Corte Suprema de Justicia, según el cual, que en casos como el presente, se le debe aplicar la normatividad más favorable para el beneficiario de la pensión, la que no es otra que el Decreto 758 de 1990, el cual exige cotizadas un total de 300 semanas en cualquier época, requisito que aquí se cumple a cabalidad, por lo que se le debe reconocer atendiendo el anterior principio jurisprudencial, la pensión de sobrevivientes.

La entidad, al responder la demanda, se opuso a las pretensiones y aceptó los hechos formulados, excepto el último del que dijo era una petición. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 28 de mayo de 2003 (fls. 82 a 91, c. ppal.), condenó a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. a pagar a LECS, y al menor DRC, por partes iguales, la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por la muerte del afiliado LERL, a partir del 31 de enero de 2000, con sus mesadas ordinarias y adicionales, sin perjuicio de los aumentos legales anuales; a reconocer y pagar la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago de las mesadas adeudadas; a descontar la suma de $ 5’744.699,00 pagada a los demandantes por concepto de devolución de saldo; declaró no probadas las excepciones propuestas e impuso costas a la demandada.

La sentencia del tribunal

Apeló Protección S.A. y el tribunal por fallo del 31 de julio de 2003 (fls. 105 a 108, c. ppal.), confirmó el de primera instancia. No impuso costas en la alzada. En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que la muerte del afiliado, LERL, ocurrió cuando se encontraba en vigencia la Ley 100 de 1993; que sin embargo, la normatividad aplicable al caso es la que condensa el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 49 del mismo año; que la hipótesis que plantea este asunto se estructuró o consolidó antes de que empezara a regir la Ley 100, es decir, el derecho se gestó durante el período que estuvo vigente el Acuerdo en mención; que según los datos que contiene la resolución 2000-1805, el señor LERL cotizó un total de 799.13 semanas para el riesgo en referencia; que para la fecha de ocurrir su fallecimiento, pese a que no se encontraba cotizando, ya tenía el derecho causado, incluso mucho antes de empezar a regir la Ley 100 de 1993; que la disposición aplicable al caso (art. 6º D. 758/90) exige que los aportes correspondientes a 150 semanas se hubieran realizado durante los últimos seis años anteriores a la muerte, o 300 en cualquier tiempo, por lo que a la demandante le asiste el derecho que reclama; que para la fecha de entrar en vigencia aquella normatividad (1º de abril de 1994), el afiliado ostentaba el aporte que era menester para que sus causahabientes accedieran al derecho que reclaman; que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, garantizó la eficacia de las cotizaciones efectuadas con antelación a su vigencia; que dicho artículo constituyó el objeto de análisis de la sentencia proferida por la honorable Corte Suprema de Justicia el 13 de agosto de 1997, cuyos apartes transcribe.

Con base en las anteriores consideraciones confirmó la providencia recurrida, extendiéndola también a los intereses de mora, acorde con lo sostenido por esta corporación.

El recurso extraordinario

Fue interpuesto por la demandada y concedido por el tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case el fallo acusado, se revoque luego el del a quo y, finalmente, absuelva a Protección de todo lo reclamado contra ella por los demandantes.

Con tal propósito formula tres cargos que no fueron replicados y que en seguida se estudian.

Primer cargo

Expresa que el fallo recurrido, “infringió directamente por falta de aplicación el artículo 73 y, por ende, el 46 de la Ley 100 de 1993. Así mismo, dejó de aplicar los artículos 128, parágrafo, 12, 78, 37, 49, 60, literal b, y 289 de la Ley 100 de 1993 y aplicó indebidamente los artículos 13 (en especial los literales b, c, d, f, g), 31 y 141 de esa misma ley y los artículos 6º, 25 y 26 del Acuerdo 49 de 1990, expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios del ISS, aprobado mediante Decreto 758 de 1990. Además, dejó de aplicar el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 25, 27 y 31 del Código Civil y 58 de la Constitución Política. Tangencialmente, también aplicó en forma indebida el artículo 53 de la dicha Constitución” fls 11 y 12 c. Corte).

En la demostración señala que el juez debe ceñirse en la interpretación de las normas a las cuales acude para dirimir un litigio sometido a su decisión, a los artículos 25, 27 y 31 del Código Civil; que así las cosas, el principio de la condición más beneficiosa también encaja dentro de ese esquema interpretativo, porque según éste el Juzgador está obligado a aplicar la legislación que estime más beneficiosa para el trabajador, pero respetando la naturaleza propia de las normas; que en aras de ese principio el juez no está facultado para escoger libremente que ley aplicar, pues solo está habilitado para hacerlo dentro de la normatividad que rija para el caso particular; que el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, establece dos regímenes de pensiones, que, aunque coexisten, son excluyentes entre sí; que cuando la persona voluntariamente se afilia a uno u otro sistema pensional, está aceptando irrevocablemente someterse a las normas reguladoras de cada régimen, tanto en lo favorable como en lo desfavorable, en atención a lo dispuesto por los artículos 128, parágrafo y 289 de la Ley 100 de 1993.

Que resulta evidente que al morir LERL estando afiliado a Protección S.A., pero no cotizándole, ni habiéndolo hecho por 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, dicha entidad estaba legalmente facultada para negar la pensión reclamada a la demandante, pues al tenor de lo establecido por los artículos 73 y 46 de la Ley 100 de 1993, no se cumplían los requisitos para que pudiera existir tal derecho; que la Jurisprudencia de esta Corporación en la que se basa el tribunal para fundamentar su sentencia, no es aplicable a este caso, pues mientras en aquella se trata el asunto de una persona que estuvo vinculada al ISS antes y después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, en éste se trata de otra que estando afiliada previamente al ISS en forma voluntaria se trasladó a Protección S.A., lo que implicó cambiar de régimen de prima con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad.

Por último aduce, que en el sub júdice queda clara la indebida aplicación que el tribunal hizo de los artículos 6º, 25 y 26 del Acuerdo 49 de 1990 del ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues el afiliado LERL, al haberse trasladado a Protección, quedó sometido a lo contemplado por los artículos 46 y 73 de la Ley 100 de 1993; que al no contar el señor LERL con 26 semanas cotizadas durante el año inmediatamente anterior a su deceso, su esposa y su hijo no estaban legalmente facultados para reclamar una pensión de sobrevivientes, aun en el evento de haber cotizado 799,13 semanas.

Segundo cargo

Acusa el mismo conjunto normativo que denuncia para el primer cargo, bajo los similares submotivos de violación, y expone en su demostración argumentos semejantes a los utilizados en aquel. Por tanto, la Sala en aras de la economía procesal, se remite a ellos.

Tercer cargo

Dice así:

“El fallo acusado dejó de aplicar, siendo aplicable, el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, aplicó indebidamente los artículos 13 de la misma Ley, especialmente sus ordinales b), e), f) y g), y 141 de la dicha Ley 100 y también aplicó indebidamente los artículos 6º, 25 y 26 del Acuerdo 49 de 1990, expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios del ISS y aprobado mediante Decreto 758 de 1990. Asimismo, el fallo dejó de aplicar, siendo aplicables en este caso, los artículos 46, 78, 73, 128, parágrafo, y 289 de la Ley 100 de 1993”.

En la demostración afirma que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que fue el escogido por el señor LERL al afiliarse a protección, los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes y su monto se rigen por los artículos 46 y 48 de la Ley 100, según lo establece el artículo 73 de la aludida ley; que aquellos refieren que el afiliado se encuentre cotizando y hubiese sufragado 26 semanas antes de fallecer, o que, si no lo está lo hubiere hecho por 26 semanas en el año anterior a su muerte, densidad de cotizaciones que no cumplió el señor LERL, según lo admite el tribunal; que según el artículo 128, parágrafo de la Ley 100, la escogencia de uno u otro régimen le impone el deber al afiliado de sujetarse a las reglas legales del respectivo régimen, por lo que para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en el caso del señor LERL, era indispensable que sus deudos tuvieren cumplidos los requisitos consagrados por el artículo 46 ibídem para tener derecho a tal prestación social, los que no se cumplieron en vida del causante; que como lo enseña el artículo 78 de la Ley 100, los demandantes tienen derecho a que Protección les entregue la totalidad del saldo abonado en la cuenta del afiliado y el valor del bono pensional correspondiente.

SE CONSIDERA:

La Corte asumirá en conjunto los tres cargos propuestos porque todos se encaminan por la vía directa persiguen idéntico objetivo y en lo esencial coinciden en las mismas normas legales, como también en los conceptos de vulneración alegados y los argumentos aducidos para su demostración, con la sola diferencia que en el segundo se hace alusión al fallo de primer grado para exponer que como el tribunal lo confirmó, acogió los hechos que da por demostrados, y que ellos no se discuten en la acusación. Y en cuanto al tercer ataque, en lo básico, se aduce que “dejó de aplicar, siendo aplicable, el artículo 12 de Ley 100 de 1993”, y que por ello aplicó indebidamente unas normas y dejó de aplicar otras, las que se relacionan y están incluidas también en las dos primeras acusaciones, bajo en el mismo concepto de violación invocado en ellos.

El tribunal, no obstante dar por probado que el causante falleció en vigencia de Ley 100 de 1993 y que éste se encontraba afiliado a la demandada en el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como que para la fecha de su deceso no cotizaba las 26 semanas que, por remisión del artículo 73 de la citada ley, exige el literal b) artículo 46 para gozar de la pensión de sobrevivientes, concluyó que los actores tenían derecho a ella, porque para la fecha en que entró a regir la ley de seguridad social integral, 1º de abril de 1994, aquél, era un afiliado no cotizante y ya había cubierto las semanas necesarias que para tal pensión exigía el acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año; norma sobre la cual resolvió el debate fundamentándose en lo dispuesto por los literales f) y g) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, así como en lo que en torno al tema y al alcance que a ese artículo le otorgó la Corte a través de la sentencia del 13 de agosto de 1997, uno de cuyos pasajes transcribe.

Frente al punto objeto de debate, cabe decir que la Corte no puede desconocer que si bien el artículo 12 de Ley 100 de 1993 establece que los regímenes del sistema general de pensiones son excluyentes y que cada uno de ellos tiene su propia y especial regulación, también lo es que el artículo 13, literal f) de la misma normatividad prevé que para reconocer pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se deben tener en cuenta las cotizaciones hechas con anterioridad a la vigencia de dicha ley, entre otros al ISS; que en su literal g) estableció que para tal reconocimiento en los dos regímenes se tendrían en cuenta la sumas de las semanas cotizadas a cualesquiera de ellos; y por su literal h) que en desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12 de la presente ley garantizan a sus afiliados al reconocimiento y pago de una pensión mínima en los términos de la presente ley. 

De manera que analizados armónicamente los artículos 12 y 13 de la Ley 100 de 1993 y atendiendo los principios de universalidad, solidaridad e integralidad instituidos en el artículo 2º de la precitada ley, resulta imperioso predicar que las semanas cotizadas por un afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida tienen plena validez y, por tanto, deben contabilizarse junto a las que aportó para el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando quiera que aquel cambió de régimen dentro del Sistema General de Pensiones.  

Del tema debatido, la Corte ya se ha ocupado. En sentencia del 5 de septiembre de 2001, radicación 15667, al considerar asunto de similares características a éste se dijo lo siguiente:

“Empero, lo hasta aquí puntualizado no obsta para que la Corte precise que el criterio jurisprudencial que se transcribe en el fallo recurrido y al que acudió el tribunal para la solución de la controversia, expuesto en la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicación 9758, para el caso de un afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida, es extensivo, como aquí ocurre, al afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad”.

“Así se asevera porque tal criterio, además de tener sustento en el artículo 53 de la Constitución Nacional, también está fundado en los parágrafos f) y g) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y el primeramente citado dispone: “Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio”.

“Por lo tanto, siendo claro que el parágrafo transcrito se refiere a los dos regímenes, es obvio también entender que las razones que expone la Corte para sostener que cumplidas las cotizaciones para el ISS que con anterioridad a la Ley 100 de 1993 confieren el derecho a obtener la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al régimen solidario de prima media con prestación definida y con sujeción a lo previsto por los artículos 6º y 25 del acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, son válidas y extensivas para otorgar igual derecho a un afiliado al régimen de Ahorro individual con solidaridad; máxime cuando se sabe que las cotizaciones que en este caso dan lugar al derecho a tal prestación social pasan al fondo respectivo representada en los llamados bonos pensionales, los que, al tenor del artículo 115 de la Ley 100 de 1993, “constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones”.

“De modo, pues, que las regulaciones diferentes, que no desconoce la Sala tienen los dos regímenes que en pensiones componen el sistema general que en esa materia consagra la ley de seguridad social, no impide aplicar al del ahorro individual con solidaridad el criterio jurisprudencial que hasta la fecha y desde sentencia del 7 de agosto de 1997 ha reiterado la Corte respecto a la pensión de sobrevivientes, en el sentido que para cuando a la fecha de entrada de vigencia la Ley 100 de 1993 ya se había cotizado el mínimo de semanas que conferían el derecho a tal prestación conforme a la normatividad que regía con anterioridad a aquélla, sus beneficiarios pueden reclamar su reconocimiento con fundamento en esa regulación”.

En el orden explicado, no cabe duda entonces que si LERL, durante su vida laboral cotizó 799.13 semanas, en uno y otro régimen aludidos precedentemente, de las cuales fueron más de 300 antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, según se desprende de la documental de folios 46 a 51, y falleció sin haber cotizado el mínimo de 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a su muerte —31 de enero de 2000—, sus beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes que reclaman, en aplicación de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, dentro del marco del principio de la condición más beneficiosa, ampliamente estudiada en la sentencia 9758, proferida el 13 de agosto de 1997 por esta Sala de la Corte, cuyos términos, como se vio, son válidos en este caso.

Queda claro entonces que el tribunal no incurrió en los desaciertos jurídicos que se le enrostran y, por consiguiente, los cargos no prosperan.

Dado que hubo réplica, las costas se le impondrán a la parte recurrente, que es la demandada.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de julio de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le adelanta LECS quien actúa en su propio nombre y en representación de su menor hijo DRC, contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza, con aclaración de voto—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas, con salvamento de voto—Luis Javier Osorio López—Isaura Vargas Díaz.

Secretaria : María Ismenia Gracia Mendoza.

Aclaración de voto

Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza

Comparto la decisión adoptada en este caso, pero estimo pertinente aclarar que en mi opinión el principio de la condición más beneficiosa no podía servir de fundamento para resolver el asunto materia de debate en el proceso, pues, como es sabido, tal principio se halla referido a condiciones laborales concretas anteriormente reconocidas, que deben ser respetadas en cuanto resulten más favorables para el trabajador que las que surjan de la nueva disposición; de suerte que, desde esa perspectiva, se refiere a situaciones o condiciones laborales individuales y por ello no puede ser utilizado para solucionar una situación pensional como la discutida en el presente asunto.

Y si bien es cierto que regula la situación de un trabajador cuando se presenta un cambio de normatividad, esto es, cuando se está en presencia de una situación de sucesión normativa, a mi juicio no tiene cabida en tratándose de modificación de preceptos legales, pues para este fenómeno jurídico existen en nuestro medio regulaciones precisas que ofrecen una solución concreta, como el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo tanto, creo que la mención al referido principio no es afortunada pues, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional no acepta que el artículo 53 de la Constitución Política en su último inciso lo consagre en los términos planteados por la Sala y por tal razón en la Sentencia C-168/95 de 20 de abril de 1995, señaló que esa norma se circunscribe a establecer la añeja doctrina de los derechos adquiridos y la prohibición de que la ley los desconozca.

Pienso que para llegar a la conclusión obtenida por la Sala bastaba remitirse a los argumentos expuestos en la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicado 9758, en la cual se fijó por primera vez el criterio que sirvió de guía a la presente decisión y en la que igualmente se aludió a los principios de equidad y proporcionalidad y a los orientadores del sistema de seguridad social integral, así como a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993; principios y norma legal que, a mi juicio, al lado de lo dispuesto por el artículo 272 de la citada ley, ofrecen suficiente soporte jurídico para garantizar las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema.

De tal modo, es claro que para proteger tales prerrogativas no es necesario acudir al comentado principio de la condición más beneficiosa.

Con el acostumbrado respeto,

Fecha ut supra.

Salvamento de voto

Magistrado Eduardo López Villegas

Con todo respeto, expreso mi disentimiento de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, por cuanto otorga una pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, estimando el requisito de cotizaciones con la medida de densidad establecida en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, y por el sustento que adopta para llegar a dicha decisión, la de aplicar el principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, por lo que paso a decir: 

1. La pensión de sobrevivientes es un derecho autónomo que surge a partir del momento en que se extingue el derecho de jubilación.  

2. En el sistema de seguridad social no hay sustitución pensional. Las normas de seguridad social, tanto las previstas desde el Acuerdo 224 de 1966 del ICSS, en el Acuerdo 049 de 1990 del ISS o la Ley 100 de 1993, establecen el derecho a la pensión de sobrevivientes, bajo un supuesto diferente al de la sustitución pensional; no exige el que se cumplan con los requisitos previstos para la pensión de vejez, la que dentro del mundo laboral no se supone se sustituye, sino que se exigen requisitos diferentes, en especial sobre la densidad de cotizaciones.

La sentencia de la Sala resuelve sobre prestaciones de la seguridad social en caso de muerte bajo el supuesto de la configuración en vida del asegurado de un derecho a pensión, el cual es el que se sustituye; este razonamiento es propio de esquemas normativos y jurisprudenciales propios de las pensiones reguladas por normas laborales, pese a que cada una de ellas está sujeto a un marco regulativo diferente, ciertamente la Sala toma de las pensiones de empresas el derecho a la transmisión o a la sustitución pensional previsto en la respectiva preceptiva —art. 275 del CST, modificada luego, de manera sucesiva por la Ley 171 de 1961, Ley 5a de 1969, Ley 10 de 1972, Ley 33 de 1973, Ley 12 de 1975, Ley 33 de 1985—.

3. Si se admitiera una relación entre los derechos de la persona fallecida y la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios, esta ha de entenderse como novación de aquél; la pensión vitalicia se extingue con la muerte del pensionado y, en su lugar, surge un nuevo derecho cuya fuente es la ley; ella determina, con independencia de la voluntad del causante, las personas beneficiarias del derecho - indica los requisitos que ellas deben satisfacer para tener tal calidad-, el orden de prelación, el contenido y el tiempo de disfrute de las prestaciones, y todo ello de conformidad con la situación que se establezca para el momento del fallecimiento del causante. 

4. El principio de la condición más beneficiosa prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional regula las relaciones laborales más no las de la seguridad social, sujeta a su propia preceptiva, como lo señaló la Sala para pensiones diferentes a las del sub lite, en los siguientes términos:

“La seguridad social es materia autónoma, cuya institucionalización constitucional se encuentra en el artículo 48 de la Carta, que si bien no consagra el principio de favorabilidad reclamado por el recurrente, si fue contemplado por el legislador con unas características propias para la seguridad social en pensiones. Así, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que el afiliado o beneficiario de una prestación pensional se acoja a la normatividad más favorable, bajo la condición de que se someta de manera integra a dicha regulación”. Sentencia de 25 de marzo de 2004, Rad. 22060.

Esta posición doctrinaria debe acogerse en su integridad: frente a pensiones por riesgo de invalidez, —como se hizo en la sentencia invocada—, a pensiones de vejez, y a pensiones de sobrevivientes, esta es una tesis plenamente válida para todas las pensiones de seguridad social.

El principio de la favorabilidad en la seguridad social, de origen legal, tiene su propio contenido, el que para el efecto prescribe el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, el de que para ser aplicado debe serlo bajo la condición de que la situación se “someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”. 

6(sic). La aplicación del principio de la integralidad para la aplicación de la favorabilidad previsto para la Seguridad Social, supone a) el ejercicio del derecho del sujeto protegido a acogerse al sistema; b) a que una vez hecha esta elección no sea sustituida por el juez; —eso es justamente lo que ocurre en el sub lite, cuando el afiliado fallecido había optado por el sistema de ahorro individual—, y c) a que en caso de muerte sin reunir los requisitos para la pensión de sobrevivientes a la devolución de lo cotizado al sistema.  

7. La aplicación del principio de la condición más beneficiosa que la Sala hace en el sub lite desvertebra la naturaleza de sistema al tomar de este beneficios, sin exigir las cargas, y sin atender las reglas de financiación previstas en el artículo 77 de la Ley 100 de 1993; se ha dispuesto que el pago de la pensión sea por cuenta de una administradora del régimen individual que no posee otros recursos que los que correspondan al afiliado por cotizaciones o bonos pensionales, y en caso de ser estos insuficientes, con el seguro que, para que obre, se requiere el pago de las cotizaciones previstas en la ley; en estas está incluido el valor de las primas y faltando estas deja de operar el seguro.

Fecha ut supra.