Sentencia 2259-363-E de diciembre 13 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

LIBERTAD DE PRENSA

CENSURA PREVIA Y TEMPORAL DE INFORMACIONES

EXTRACTOS: «En varias ocasiones anteriores en las que el gobierno puso en vigor medidas similares de restricción a las comunicaciones la Corte encontró incuestionable la conexidad (Consúltense v. gr., sentencias de agosto 13 de 1970 M.P. Eustorgio Sarria; de octubre 20 de 1977 y de octubre 30 de 1978, ambas con ponencia del Magistrado Luis Carlos Sáchica). Sin embargo, a propósito de la revisión oficiosa del Decreto Legislativo 2204 de 1988, el que igualmente se refirió a la materia con motivo y regulación muy parecidos a las que en el presente proceso se analizan, la Corte se apartó del anterior criterio (Sent. 3, ene. 19/89, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).(4)

La idea que prevaleció en este último fallo fue que la vida en sociedad supone confrontación liza permanente entre los distintos elementos que la conforman, que el Estado está constituido precisamente para atender los problemas que tal situación suscita, que siendo ésta su función prístina y habitual, la que explica su existencia, a ella debe proveer con los instrumentos ordinarios de que está dotado; que sólo cuando los fenómenos sociales exceden los marcos trazados y desbordan la acción común del Estado, se justifica acudir a medidas de excepción que, dada su naturaleza especialísima, quedan confinadas al campo exclusivo de la anormalidad creada. Agregó la Corte en la comentada providencia, que el poder de la actividad periodística hace necesaria su sujeción a unas determinadas reglas de conducta dispuestas por la legislación ordinaria y a la responsabilidad consiguiente si las conculca, pero que solamente cuando su comportamiento se convierta “per se” en factor de alteración del orden público o en factor adicional de su agravación podrá sometérsela a la legalidad excepcional, mas no cuando esa actividad no se traduzca en generación de trastornos, en amenaza actual sino meramente imaginaria o hipotética, como ocurría a la sazón en concepto de la Corte, teniendo en cuenta las circunstancias históricas de expedición de la norma juzgada, ya que su aplicación no se circunscribía al paro sino que se ampliaba a un repertorio genérico de hechos que podían darse durante todo el tiempo de vigencia del estado de sitio, independientemente de su incidencia real en el orden público.

La sentencia en que fue vertida la doctrina que acaba de condensarse, que concluyó lógicamente con la declaratoria de inexequibilidad del decreto revisado por falta de conexidad, significó el cambio de la jurisprudencia constitucional sobre este importante tema y la Corte proclama que ella mantiene pleno valor, dentro del contexto fáctico que enmarcó su pronunciamiento. Con todo, coincide la corporación con el Agente Fiscal en estimar que no resulta exactamente aplicable a la hipótesis “sub exámine”, pues no son idénticos los supuestos de una y otra norma.

En efecto: argumento determinante para no hallar establecida la conexidad en el Decreto Legislativo 2204 de 1988 fue que, como se anotó, la restricción informativa regía mientras subsistiera el estado de sitio; en otras palabras, tenía una duración indefinida, no se ligaba a ningún suceso determinado y atentatorio contra el orden público, como si la declaratoria de estado de sitio habilitara sin más al Ejecutivo para instaurar la censura de prensa indiscriminada o en abstracto hacia el porvenir. En estas condiciones sí se podía predicar de ella que, lejos de estar destinada a controlar la repercusión e influjo del paro (cuya realización sólo había sido programada para un día, el 27 de octubre de 1988), implícitamente involucraba a la actividad de la llamada “prensa hablada” como causal perturbadora en sí misma del orden público o con una relación apenas remota con lo que en un futuro impredecible pudiera acaecer.

Bien distinto es el caso presente. La vigencia del decreto restrictivo sólo fue con respecto al paro y por el breve período de cuarenta y ocho (48) horas, coincidentes con el lapso inmediatamente anterior a su iniciación, con el equivalente a su supuesta duración y con el inmediatamente siguiente. En esta forma es claro que la intención del legislador excepcional sí era la de tener la radio y la televisión bajo su control directo, para impedir difusión de noticias sobre un movimiento calificado como perturbador (que no constituía propiamente ejercicio del derecho de huelga garantizado por el artículo 18 C.N. y desarrollado por la legislación laboral), con lo que indudablemente buscaba contener una mayor agravación del orden al restarle fuerza ante una opinión sensibilizada y temerosa, dados los antecedentes. Que esta restricción fuera únicamente para radio y televisión, se explica y justifica por la inmediatez que caracteriza a estos medios sobre otros y por su esfera de influencia, que cubre prácticamente todo el territorio y todos los sectores del país, por lo cual amerita mayor alerta en la autoridad. El decreto que es materia de esta glosa no miró pues, a la actividad desplegada por estos medios como quebrantadora potencial del orden público, sino que la calibró razonablemente a partir de las consecuencias que su operación normal podría traer y la vinculó a un hecho concreto y prefijado, ese sí perturbador e inminente, de donde se infiere que su expedición guarda nexo causal con los hechos sobrevinientes susceptibles de agravar la situación de orden público y que por contraerse a esos precisos límites, resulta desde este ángulo ajustado a la Carta, ya que como lo ha enseñado la Corte, el restablecimiento del orden público puede requerir aun la toma de medidas encaminadas a precaver una mayor alteración, que es precisamente el propósito a que apuntan las que ahora se examinan.

Ha de entenderse que los paros y huelgas a que alude la parte final del artículo 1º son los vinculados con el cese de actividades convocado por las centrales obreras para el 14 de noviembre. Así se desprende del contexto sistemático del decreto que se revisa.

Tras los anteriores razonamientos, no vacila la Corte en afirmar que halla establecida la conexidad entre el Decreto 2748 de 1990 y el estado de sitio declarado en la República desde el 1º de mayo de 1984.

e) Contenido material

Como es bien conocido, el artículo 42 C.N. dispone que “la prensa es libre en tiempo de paz pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública”.

Se consigna allí una garantía sagrada en toda organización estatal de tipo democrático, acorde con la naturaleza social del hombre, cual es la libertad de expresión, pero que al igual que cualquiera otra, está subordinada en su ejercicio a inexcusables limitaciones. El entendimiento de la norma transcrita es que, por una parte, en todo tiempo la prensa (término que comprende tanto los medios escritos como los que se valen de técnicas audiovisuales, de tanta importancia en el mundo de hoy), debe afrontar consecuencias jurídicas negativas cuando lo que se publique vulnere otros derechos humanos igualmente preciosos o las bases mismas que dan estabilidad a la comunidad; y por otra, que en tiempo de turbación de la normalidad institucional el contenido informativo que pretenda darse a la luz pública puede ser materia de restricción previa por el gobierno, a fin de evitar que se exacerbe la situación de trastorno o que se filtren datos que las autoridades, en su misión de salvaguardia del orden público, requieren que sean mantenidos en confidencialidad.

Una serena interpretación del texto constitucional, se prestaría para advertir un amplio espectro de posibilidades respecto del alcance de esa acción preventiva del Ejecutivo: si solamente está facultado para imponer una censura previa a las informaciones y comentarios, de modo que solo pueda vetar razonada o ponderadamente las que considere inconvenientes, o si, como lo ha sostenido la Corte en pasadas decisiones, puede llegar hasta prohibir la divulgación de cierto tipo de información y aun la circulación de medios impresos o la emisión de espacios por radio y televisión.

En el asunto que se examina, no es necesario sin embargo, ocuparse en detalle de tales extremos, como quiera que el artículo 1º tan sólo contenía en apariencia una prohibición categórica y absoluta de transmitir informaciones, declaraciones, comunicados o comentarios, ya que conforme al artículo 3º esos mismos asuntos sí podían transmitirse con previa autorización del Ministerio de Comunicaciones, por lo que al interpretar sistemáticamente estos preceptos, como corresponde, se tiene que en últimas lo que ellos disponían era una censura previa de la información relacionada con el paro laboral del 14 de noviembre; y esto, según se ha analizado, se acompasa con la normativa constitucional de que se ha hecho mención en este acápite.

También encuentra la Corte ceñido a la Carta Política el artículo 2º del Decreto 2748 de 1990 que simplemente remite a las sanciones contempladas en los artículos 85 y 86 del Decreto Reglamentario 2085 de 1975, imponibles por el Ministerio de Comunicaciones de acuerdo con el procedimiento que el mismo señala, el cual, como bien lo observa la Vista Fiscal, se ciñe al debido proceso y asegura el derecho de defensa. Es una consecuencia obvia, pues estos ordenamientos, integrantes del conjunto normativo comúnmente conocido como Estatuto de Radiodifusión, prescriben castigos administrativos para quienes desobedezcan las reglamentaciones vigentes sobre la materia.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia—Sala Plena—, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE el Decreto 2748 de noviembre 13 de 1990 “por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 185, diciembre 13 de 1990. Expediente Nº 2259-363-E-).

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