Sentencia 22616 de agosto 11 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. Nº 22616

Acta 58

Magistrado Ponente:

Carlos Isaac Nader

Bogotá, D.C., once de agosto de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. El demandante promovió el proceso con el fin de obtener el reintegro al mismo cargo que desempeñaba, por haber sido despedido estando amparado por fuero circunstancial, así como el pago de salarios con sus incrementos convencionales, contractuales y reglamentarios; las prestaciones sociales y demás derechos sociales compatibles con el reintegro, tales como las bonificaciones especiales de junio y diciembre, primas de antigüedad y vacaciones de origen convencional, prima legal, las obligaciones relacionadas con la seguridad social; la indexación o corrección monetaria; así como la declaración de que no hubo solución de continuidad y, las costas del proceso.

2. En lo que incumbe al recurso extraordinario, basta afirmar que dichas pretensiones las fundamenta en los siguientes hechos: 1. Trabajó al servicio de la demandada entre el 2 de octubre de 1989 y el 30 de septiembre de 1999, fecha en la cual fue despedido sin justa causa; 2. El último cargo desempeñado fue el de asesor bancario; 3. Su salario final fue de $ 1.511.799 mensuales; 4. La demandada le descontaba una cuota por ser afiliado al sindicato y otra por beneficio convencional; 5. Está clasificado como trabajador oficial, toda vez que la empleadora es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional; 6. A la terminación del contrato, el banco le pagó la suma de $ 24.613.637 a título de indemnización convencional por despido sin justa causa; 7. Era afiliado al sindicato denominado Unión Nacional de Empleados Bancarios —UNEB—, con el cual la entidad bancaria suscribió una convención cuya vigencia era desde el 1º de diciembre de 1997 hasta el 30 de noviembre de 1999, la cual se extendió a todos los trabajadores al servicio de dicho banco; 8. Por disposición de la cláusula tercera de dicha convención, las demás convenciones preservaban su vigencia y, la de 1988 en el artículo 5º establece que mientras dure el conflicto colectivo de trabajo, el banco no puede despedir a ningún trabajador que haya participado directa o indirectamente en el mismo, salvo que medie justa causa comprobada; 9. La organización sindical mencionada denunció la convención colectiva de trabajo el 27 de septiembre de 1999, fecha en la cual también presentó el pliego de peticiones; 10. Desde la fecha anterior, los trabajadores sindicalizados no podían ser despedidos sino por justa causa comprobada, tal y como lo prevé el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y el 10 del Decreto 1373 de 1966, que consagran el denominado fuero circunstancial; 11. Comoquiera que fue despedido sin justa causa el 30 de septiembre de 1999, para esa fecha ya estaba protegido por el fuero aludido y, por ende, el despido deviene nulo e ineficaz, siendo procedente el reintegro solicitado y el pago de las prestaciones y demás derechos pretendidos.

3. La demandada al contestar el libelo se opuso a las pretensiones impetradas; en cuanto a los hechos aceptó del 1º al 5, del 7 al 16, 18 y 19; negó el 20; manifestó no constarle el 6 y el 17 y, sobre el 21 y 22, afirmó que correspondía a una apreciación jurídica del actor. En su defensa formuló las excepciones de carencia del derecho e inexistencia de las obligaciones demandadas, argumentando que el banco tan solo recibió la denuncia de la convención colectiva de las autoridades del trabajo el 14 de octubre de 1999, es decir, con posterioridad al despido, razón por la cual el actor no estaba protegido por el fuero circunstancial.

4. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá en sentencia del 13 de diciembre de 2002, declaró la nulidad del despido y condenó a Bancafé a reintegrar al demandante al cargo que desempeñaba el 30 de septiembre de 1999 o a otro de igual o superior categoría y, a pagarle los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta cuando se efectúe el reintegro, con sus reajustes legales y/o convencionales, más la indexación de los anteriores conceptos. Autorizó al banco para que descontara al actor las sumas recibidas por concepto de indemnización por despido injusto.

(...).

V. Consideraciones de la Corte

Las críticas que hace la réplica a la demanda no son atendibles, pues es suficiente la lectura de los cargos para colegir que el argumento de la censura es jurídico, razón por la cual sobre el mismo no es posible edificar una crítica como la que hace la réplica, en el sentido de que se introdujo en casación un hecho nuevo.

En cuanto al reproche relacionado con la proposición jurídica del primer cargo tampoco atina la oposición, pues las disposiciones aplicadas por el tribunal, esto es, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y el 10 del Decreto 1373 de 1966, sí están acusadas por el recurrente y, además, en la modalidad de aplicación indebida.

Y, en torno a la modalidad de violación seleccionada en el segundo cargo, contrario a lo afirmado por el replicante, el fallador ad quem sí hizo exégesis sobre las normas acusadas, pues fijó el alcance a las mismas sosteniendo que el actor sí tenía el fuero circunstancial que consagran esas disposiciones y, además, que tal garantía rige a partir de la presentación del pliego de peticiones y hasta la solución del conflicto colectivo.

En lo que respecta al argumento de la censura referente a que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, que consagra la figura del fuero circunstancial no aplica para los trabajadores oficiales, pues al decir de la censura, esa disposición introdujo reformas al Código Sustantivo del Trabajo cuya parte individual no regula las relaciones de trabajo de esta clase de servidores públicos, y comoquiera que el despido que recae sobre estos es un acto de carácter individual, por esa razón la norma acusada no puede aplicarse a la situación sub lite, es preciso acotar que la Corte recientemente en la sentencia de 28 de agosto de 2003, radicación 20155, dijo:

“La norma bajo estudio (refiriéndose al D. 2351/65, art. 25), tal como lo determinó esta Sala en sentencia de octubre 5 de 1998, contiene una verdadera prohibición para el empleador y es la relacionada con despedir sin justa causa a partir del momento de serle presentado el pliego de peticiones, a cualquiera de los trabajadores que lo hubieren hecho, es decir, a los miembros del sindicato si es este el que lo presenta o a los que figuren expresamente en la lista correspondiente cuando lo hace un grupo de trabajadores no sindicalizados.

“El objeto de tal prohibición, que por tal razón se extiende “durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto”, es el de procurar la intangibilidad de estos trabajadores con el fin de que no resulten afectados por medidas que pueden tener contenido retaliativo, y así mismo, la de evitar que se afecten las proporciones entre trabajadores vinculados o no al conflicto, para impedir que de tal forma se generen cambios en las mayorías, que habrán de ser muy importantes al momento de tomar determinaciones sobre el objetivo del conflicto, como puede suceder cuando haya que decidir entre la huelga y el arbitramento, o en el momento de solicitarse este último iniciada ya la suspensión de actividades, como también puede resultar importante la proporción de sindicalizados frente al total de los trabajadores de una determinada empresa, pues ello puede determinar la eventual extensión de los beneficios que lleguen a quedar plasmados como resultado del conflicto colectivo.

“Dentro de esta óptica, resulta razonable entender que lo pretendido con la disposición es que el empleador no utilice la facultad que tiene de despedir para afectar el devenir de la negociación colectiva y, por tanto, se busca que los despidos que intente resulten ineficaces y de esa forma mantener incólume el grupo de trabajadores que han determinado con su pliego de peticiones la iniciación del conflicto colectivo, lo cual es concordante con la garantía constitucional de la negociación colectiva, que a su vez es materialización de uno de los postulados de la OIT en defensa del derecho correspondiente”.

De donde resulta claro que esta prohibición que trajo consigo el legislador, no estaba encaminada a proteger al trabajador individualmente considerado de un despido arbitrario durante un conflicto colectivo de trabajo, sino que como se dijo en la sentencia citada, la teleología de la norma es la de evitar el resquebrajamiento numérico de las organizaciones sindicales o de los trabajadores no organizados, cuando en virtud de la presentación de un pliego de peticiones a su empleador se ven sometidos a circunstancias que eventualmente podrían poner en peligro la estabilidad laboral y, por ende, la subsistencia del ente generador del conflicto, situación muy distinta a la planteada por la censura a través de la sentencia que cita en su respaldo, pues en ese proceso se debatió lo relacionado con el despido colectivo de trabajadores oficiales y la correlativa obligación o no de la entidad empleadora de obtener previamente autorización administrativa para llevar a cabo el despido masivo, fenómeno completamente distinto al que ahora se estudia, pues en aquella ocasión no mediaba un conflicto colectivo de trabajo provocado por la presentación de un pliego de peticiones, como sí ocurre en el sub lite.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que la normatividad acusada no hace parte del primer libro del Código Sustantivo del Trabajo, que regula las relaciones de trabajo de carácter individual de los trabajadores particulares, sino que integra el compendio de normas de derecho laboral colectivo, que desde luego sí se aplican a los trabajadores oficiales.

Mas aún, frente a este específico tema de la aplicación del fuero circunstancial a los trabajadores oficiales, la Corte de manera clara y categórica desde el año de 1982 en la sentencia del 26 de octubre de esa anualidad, definió a favor de tales servidores su aplicabilidad, providencia que fue citada y reproducida más recientemente por la Sala en la del 5 de octubre de 1998, radicación 11017. En aquella se dijo:

“El artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 establece una protección especial durante el trámite de un conflicto colectivo al disponer que “los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto”.

“El artículo 10 del Decreto 1373 de 1966, reglamentario de la norma transcrita, precisa que dicha protección “comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al patrono hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso”.

“Estas normas son aplicables a los trabajadores oficiales en virtud de los artículos 3º y 491 del CST toda vez que la protección especial a que se refiere tiene su razón de ser, directa o inequívoca, en un fenómeno de derecho colectivo. El pliego de peticiones y el conflicto a que da lugar —fenómenos típicamente colectivos— constituyen la causa y el objeto de la protección especial que se consagra y que si bien beneficia al trabajador individualmente considerado lo hace exclusivamente en cuanto está involucrado en un conflicto colectivo. Se trata de una norma que tiene como clara finalidad la de salvaguardar el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con un patrono, sin el temor a ser despedidos arbitrariamente en cualquier momento.

“La ley, como queda visto, prohíbe expresamente el despido en la circunstancia indicada y, a falta de regulación expresa distinta, debe entenderse que el acto del patrono ejecutado contra esa categórica prohibición de la ley, es nulo en virtud de la sanción legal que se deriva de la transgresión de la norma, según lo señala la doctrina jurídica que inspira nuestra legislación (C.C., art. 6º) y a la cual es forzoso reconocerle validez plena en el campo laboral, tanto o más que en el civil, por tratarse de disposiciones que, por regular el trabajo humano, son de orden público (CST, art. 14). Dicho en otros términos, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 establece claramente una protección especial, proscribiendo el despido sin justa causa comprobada, como garantía para el trabajador involucrado en un conflicto colectivo con su patrono; y la violación de esta norma a través de un despido, que constituye así un acto ilegal e ilícito, no debe producir efecto en perjuicio del trabajador (CST, arts. 13, 43 y 109)”.

Refuerza la conclusión anterior lo dispuesto en el inciso final del artículo 36 del Decreto 1469 de 1978, en el sentido de que la protección a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, no se aplica a los empleados públicos sujetos a estatuto especial, luego si el legislador de manera expresa excluyó de esta protección a los empleados públicos, ello significa que los trabajadores oficiales sí son beneficiarios de la misma.

Por lo dicho, el cargo no prospera.

Costas en casación por cuenta de la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 25 de julio de 2003, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., proferida dentro del proceso laboral ordinario que Uber Valencia Hernández le sigue al Banco Cafetero —Bancafé—.

Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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