Sentencia 22628 de febrero 23 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 22628

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Se considera

En lo atinente a errores 1 y 3, respecto a la calificación de los viáticos devengados por el actor, el tribunal tuvo en cuenta las planillas de “legalización de viáticos y gastos de viaje” obrantes a folios 433 a 447, que presentan discriminado lo correspondiente a viáticos, a gastos de viaje y transporte.

Con base en tales documentos dedujo el ad quem que eran regulares los desplazamientos del demandante, porque así lo dan a entender las planillas, por la frecuencia con que se reportaron gastos de viaje, en todos los meses de la última anualidad y porque también se señaló allí expresamente, en la casilla correspondiente, que éstos eran permanentes.

De tal apreciación no emerge ningún error con la suficiente connotación para calificarlo de ostensible, pues el juicio valorativo que les asignó el sentenciador de segundo grado está acorde con el tenor de las planillas, del cual resulta lícito inferir una periodicidad en los desplazamientos del actor a otras poblaciones, suficiente para determinar razonablemente que éstos eran habituales y no esporádicos o poco frecuentes, como lo pretende hacer ver el censor.

Así se dice porque allí se registran, mes a mes, los desplazamientos del actor a diferentes poblaciones, tales como La Palma, La Peña, Pacho, Topaipí, Tibacuy, etc., y se registra como objeto de la comisión (a excepción de la obrante a fl. 446) “Labores inherentes al cargo”, además que en la calificación del tipo de viáticos, siempre se señaló la casilla correspondiente a “permanentes”, de donde era perfectamente factible inferir de su tenor literal esta última connotación de los viáticos devengados por el actor, pues así lo habían venido calificando las partes durante la ejecución del contrato.

En lo que respecta a la sanción moratoria (errores 2 y 4), es claro que el ad quem la derivó exclusivamente de los descuentos hechos por la demandada del salario y las primas semestrales, para el pago de los intereses acordados por el préstamo para adquisición de vehículo que le hizo al trabajador y que consideró ilegales de acuerdo con el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ya sobre el punto al cobro de intereses por préstamos diferentes a vivienda, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala en la sentencia de marzo 19 de 2004 (Rad. 20151), ratificada en junio 3 de 2004 (Rad. 22235), en donde se dijo:

“La tacha de ilegalidad por el cobro de intereses, se soporta en los artículos 152 y 153 del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen:

““ART. 152—Préstamos para vivienda. En los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se provean en los planes respectivos, como abono a intereses y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa”.

““ART. 153—Intereses de los préstamos. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses”.

“Así las cosas, aquí no se controvierte la existencia de varios préstamos otorgados por la empresa, sino la legalidad del cobro y deducción de los intereses que por tal causa recaudó la empleadora, por considerar el censor que le estaba vedado cobrarlos.

“No obstante que aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone que al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida. Créditos que si son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del Estatuto Sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se le estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas disposiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto.

“Por ello, es oportuno traer a colación el viejo criterio jurisprudencial que enseña “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, son exactitudes matemáticas que contrarién (sic) la naturaleza humana que las inspira y justifica”.

“Entonces, para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere demostrar que con él se está perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de los que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos. Como esa situación no se presentó en el caso objeto de examen, máxime si se torna en cuenta la condición de nivel intelectual del demandante, quien se desempeñó como vicepresidente financiero y administrativo, ha de concluirse que en realidad dadas las particularidades del caso, el ad quem al solucionar la controversia no quebrantó los tantas veces citados preceptos legales.

“Finalmente, cuando empleador y trabajador suscriben acuerdos con cláusulas, a través de las cuales acuerdan intereses por préstamos, que frente a las condiciones normales de la banca y el comercio redundan en beneficios para el trabajador, y que su desarrollo y cumplimiento no evidencian ninguna clase de abuso, no se está de ninguna manera quebrantando los principios protectores establecidos a favor de los mismos, razón por la cual no es ineficaz una cláusula concebida bajo tales parámetros (...)”.

No queda duda que en el presente caso el crédito fue concedido al trabajador en condiciones más beneficiosas que las del mercado, pues la tasa del 12% anual pactada es muy inferior al corriente bancario del 33% que para la misma época estaban cobrando los bancos, según se desprende de la documentación del folio 111.

Para los efectos de determinar las ventajas económicas otorgadas al trabajador, no sirve de referencia la tasa anual del 6% del artículo 1617 del Código Civil, a que se refiere el opositor, pues ella obedece a una realidad histórica superada (siglo XIX), muy diferente a la actual.

No se observa, entonces, en el proceder de la demandada un interés velado de perjudicar al actor, antes bien, lo que aparece claro, es su intención de concederle unas condiciones más ventajosas que las del mercado, para acceder a la compra de un vehículo automotor y si esto, así mismo, beneficiaba a la empleadora, para nada afecta su actuar de buena fe, pues, se insiste, no se evidencia de las pruebas allegadas su interés de obtener un provecho ilícito en esa negociación.

Como, además, según se desprende del contrato de mutuo, el trabajador voluntariamente concurrió a su firma y autorizó que se le hicieran los descuentos pertinentes, resulta a todas luces evidente el dislate del tribunal al considerar de mala fe a la demandada, por los descuentos que efectuó para el pago de los intereses.

Por lo que, en consecuencia, es evidente el error en que incurrió el tribunal, al considerar la conducta de la demandada como de mala fe, por el cobro de los aludidos intereses, pues, en lo que respecta a la calificación de los viáticos, comparte la Sala la apreciación del ad quem, en cuanto que “...no es clara, pues la ley no define que es permanente y es posible que haya interpretaciones distintas sin que se pueda predicar mala fe...”.

Por lo tanto, se casará el fallo recurrido en este aspecto, para lo cual se tendrán como consideraciones de instancia, las precedentemente enunciadas.

Como no fue objeto del recurso, en ninguno de los dos cargos la condena por devolución de intereses impuesta por el a quo, se mantendrá.

No habrá costas en segunda instancia, ni en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia dictada el 18 de julio de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Wilmar Iván Muñoz González a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en cuanto condenó a ésta última a pagar la suma diaria de $ 13.005.30 por sanción moratoria. En sede de instancia, se confirma la decisión absolutoria del a quo por este concepto.

Sin costas en segunda instancia, ni en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

Secretaria: María Ismenia García Mendoza.

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