Sentencia 2267 de abril 24 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

LEGITIMACIÓN ACTIVA

EXTRACTOS: «En tratándose de demandas contra actos administrativos que conceden registros marcarios, en las cuales se aducen causales de irregistrabilidad, la Sala siempre consideró que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 596 del Código de Comercio, “cualquier persona” podía accionar, tuviera o no un interés particular, y dentro del término de 5 años contado a partir de la publicación del registro de la marca en la gaceta de propiedad industrial.

Sin embargo, conforme a la interpretación prejudicial 4-IP-95 de 15 de diciembre de 1996, rendida en este proceso, estima la Sala que la referida norma contentiva de la acción especial de nulidad se encuentra suspendida por las normas comunitarias, habida cuenta que éstas, como es el caso del artículo 76 de la Decisión 85 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, prevé un interés subjetivo o legítimo, que da el carácter de parte interesada, en quien busca obtener la cancelación de un registro marcario, interés éste que si se debe acreditar en la vía gubernativa ante la oficina nacional competente, obviamente debe trascender también en la vía jurisdiccional.

En efecto, precisó el tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, obrante a folios 238 a 253 ibídem:

“... Se ha solicitado en efecto la interpretación prejudicial de los párrafos c) y d) del artículo 58 de la Decisión 85 de la comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación (...) considerando conveniente, por su parte, el tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena aportar de oficio la interpretación de las siguientes normas comunitarias de la misma Decisión 85.

“ART. 76.—El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente reglamento...”.

Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (art. 76).

Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la oficina nacional competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del “reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial” objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente.

... En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a “cualquier persona” a los fines de interponer la respectiva solicitud.

Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión “el registro de una marca será cancelado, de oficio, o a petición de parte por la oficina nacional competente...” ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este tribunal andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el derecho comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero no a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión “cualquier persona”, en tratándose de patentes.

Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado... reúne las condiciones de legitimidad para recurrir, impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85...”.

Revisada cuidadosamente la demanda en parte alguna de la misma la Sala advierte el interés legítimo o subjetivo que le asistió al actor para incoar la acción. Por el contrario, invocó el ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el cual autoriza a “cualquier persona” para impetrar la nulidad de los actos administrativos.

Atendiendo el alcance del artículo 76 de la Decisión 85 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, fijado en la interpretación prejudicial antes mencionada, vigente cuando se expidió el acto administrativo cuestionado, forzoso es concluir que existe carencia de legitimación para accionar, lo cual conduce indefectiblemente a la Sala a inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de abril 24 de 1997. Expediente 2267. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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