Sentencia 22683 de diciembre 1º de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 22683 de 2004

Acta 105

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá D. C., primero de diciembre de dos mil cuatro.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Gerardo Antonio Bedoya Toro contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de fecha 25 de julio de 2003, dentro del proceso ordinario laboral que le promovió a las Empresas Públicas de Medellín ESP.

Antecedentes

Gerardo Antonio Bedoya Toro demandó a las Empresas Públicas de Medellín ESP para tener el reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 100% del promedio salarial del último año de servicios, a partir del 23 de diciembre de 1993; que en todo caso, ha de fijarse en concreto la cuantía de la mesada pensional mensual y el pago de la pensión ha de producirse a partir de la adquisición del derecho pensional reconocido en su favor; que se condene a la demandada, en las condiciones en que cada petición resultare debidamente probada, de conformidad con la ley y al pago de las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirmó que laboró al servicio de la demandada entre el 30 de enero de 1961 y diciembre 27 de 1987, es decir, que había servido por más de veinticinco (25) años continuos, a tales empresas para diciembre 23 de 1993, fecha en la que entró en vigencia el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; que su vinculación se produjo por contrato de trabajo, que fue lo que le dio la calidad de trabajador oficial; que nació el 29 de abril de 1928; que con anterioridad a la vigencia del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en abril 29 de 1988, completó la edad de sesenta (60) años; que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 confirió a los servidores de las entidades territoriales el derecho a pensionarse a partir del 23 de diciembre de 1993 con los requisitos establecidos en los acuerdos municipales 82 de 1959, 35 de 1967 y 20 de 1965, que establecen pensiones de jubilación extralegales; que el artículo 6º del Acuerdo 82 de 1959 consagró ese derecho a favor de los servidores del municipio de Medellín y de sus entidades descentralizadas a aquellos trabajadores que han laborado por veinticinco años o más y han llegado a la edad de sesenta años; que la pensión reconocida ha de ser igual al 100% de las sumas percibidas durante el año inmediatamente anterior; que el Acuerdo 82 de 1959 fue modificado por el parágrafo del artículo primero del Acuerdo 20 de 1985, en el sentido que quienes hubieren laborado al servicio de tales entidades por veinticinco años o más, tienen derecho a pensionarse cualquiera que sea su edad; que adquirió el status de pensionado en la fecha en que completó 25 años al servicio de la entidad empleadora demandada; que con posterioridad a la adquisición de tal derecho no continuó laborando para las empresas, toda vez que se desvinculó el 27 de diciembre de 1987, razón por la cual debe ser actualizada su primera mesada pensional.

Asevera que la demandada afilió a todos sus servidores al régimen de invalidez, vejez y muerte del ISS a partir del 1º de enero de 1967 y hasta el 30 de junio de 1987, fecha en la que se ordenó la desafiliación masiva de todos sus trabajadores; que cuando completó los requisitos exigidos por el ISS, este le reconoció la pensión de vejez; que la demandada procedió contra toda norma legal a declararse parcialmente subrogada por el ente de seguridad social; que la pensión debe ser incrementada anualmente con base en las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993; que con el pago de la pensión y las mesadas pensionales deben cancelarse los máximos intereses moratorios; que debe actualizarse la primera mesada pensional y que la pensión así reconocida puede ser percibida en forma simultánea con la pensión de vejez.

El apoderado del actor en la primera audiencia de trámite y de conciliación adicionó la demanda presentada en el sentido de agregar que el demandante tiene derecho a pensionarse de conformidad con los acuerdos municipales que establecen pensiones de jubilación extralegales, a partir del 23 de diciembre de 1993, pues para esa fecha ya había completado los requisitos de edad y tiempo de servicio que exigen tales acuerdos; que si el demandante tenía la calidad de afiliado obligatorio al ISS, desde ese mismo momento dicho régimen asumía los riesgos y dejaban de estar a cargo de la entidad empleadora, la que no tenía la obligación de reconocer pensión, toda vez que esta se desplazaba al ISS; que la entidad demandada contra toda norma legal procedió a declararse parcialmente subrogada por el ISS a efecto de compensar la pensión de jubilación que unilateralmente y en forma voluntaria había reconocido a favor del actor con la pensión de vejez reconocida a aquel por el ISS; que la entidad demandada a partir de entonces solo pagó la diferencia entre una y otra pensiones; que con anterioridad a esa decisión la convocada al proceso suspendió el pago de la pensión de jubilación y obligó al demandante a suscribir un contrato de promesa de mutuo en el que la demandada entregaba al actor una suma durante doce meses hasta la fecha en que el ISS le reconociera la pensión de vejez, cantidad igual a la que en ese momento aquel percibía de esas empresas por concepto de pensión de jubilación; que una vez se efectuó el reconocimiento de la pensión de vejez al actor, las empresas procedieron a liquidar el contrato de mutuo.

La entidad demandada se opuso a las pretensiones; respecto de los hechos dijo que el demandante deberá acreditarlos, y propuso como excepciones las de indebida integración del contradictorio, inaplicabilidad de los acuerdos municipales, pago y las de prescripción trienal y subrogación.

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 13 de marzo de 2002, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas por la demandante y condenó en costas a la parte vencida.

Inconforme con la decisión del a quo, la parte demandante interpuso el recurso de apelación, medio de impugnación que fue decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el cual mediante providencia del 25 de julio de 2003, confirmó la del juzgado y condenó en costas de ambas instancias al demandante.

En lo que resulta de interés para el recurso, el tribunal expresó que del documento a folio 133 relativo al Acuerdo Municipal 69 de 1997, que da cuenta de la transformación de la demandada de establecimiento público a empresa industrial y comercial del Estado, se deriva que antes de esa circunstancia a sus servidores le era aplicable la clasificación contenida en el inciso 1º del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968; que está demostrado que el demandante laboró para la demandada entre el 30 de enero de 1961 y el 27 de diciembre de 1987 y que el último cargo ocupado fue el de celador, categoría 206E, en la división operativa planta interna teléfonos; que dicho oficio no corresponde a la idea de obrero de la construcción y sostenimiento de obras públicas; que en el proceso no existe prueba de cuáles eran las funciones prácticas ejecutadas por aquel, a fin de establecer si eran o no las propias de la excepción conocida; que habrá que tener al demandante como empleado público, siguiendo la regla general descrita, pues quien pretenda beneficiarse de la excepción deberá demostrarlo, máxime si la demandada no discutió expresamente la calidad de trabajador oficial de su servidor, así como tampoco la confesó en los hechos de la demanda; que esta corporación ya se pronunció sobre el tema en cuestión, en el proceso de radicación 18101; que así las cosas, se debe absolver a la entidad demandada de los cargos de la demanda.

El recurso de casación

Fue interpuesto por la parte demandante. Admitido por esta Sala de la Corte se procede a resolver previo análisis de la demanda de casación, la que no fue replicada.

Con el alcance de la impugnación se pretende que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal para que al proferir la que ha de sustituir la anulada, y previa revocatoria de la del juzgado, se profiera una decisión en la cual se acojan las súplicas de demanda y, en subsidio, se case parcialmente, para que se ordene remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, por competencia.

Con tal finalidad propuso cuatro cargos que fueron replicados y que la Corte estudiará en el orden propuesto.

Primer cargo

Acusa la sentencia de ser directamente violatoria de la ley sustancial, por infracción directa del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, el artículo 1º del Decreto 961 de 1964, el artículo 40 del Decreto 692 de 1994, reglamentarios de la Ley 100 de 1993; el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 228 y 230 de la Constitución Política, 4º y 148 del Código de Procedimiento Civil, 8º de la Ley 157 de 1887, 216 del Decreto 1 de 1984; por aplicación indebida de los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968, 3º del Decreto 1848 de 1969, 42 de la Ley 11 de 1986 y 292 del Decreto 1333 del mismo año, violación medio esta que condujo al tribunal a la infracción directa del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 71 de 1988, 11, 14, 141 y 143 de la Ley 100 de 1993, 60 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 1º y 16 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, 93 de la Ley 489 de 1998, al dejar de aplicarlos al caso sometido a estudio.

En su demostración adujo que el tribunal precisó que la demandante laboró para la demandada entre el 30 de enero de 1961 y el 27 de diciembre de 1987, en el cargo de “Revisor interventoría, categoría 107, de la división técnica energía” y que la empleadora era un establecimiento público del orden municipal, por lo que a la desvinculación de la actora esta tenía la condición de empleado público para concluir que la competencia para conocer del proceso está radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no en la jurisdicción laboral.

Aseveró que la Ley 142 de 1994 estableció que las empresas prestadoras de servicios públicos se regirían por el derecho privado y sus actos no tenían la calidad de actos administrativos, sin importar la forma de vinculación de sus servidores, por lo que el conocimiento de las diferencias corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, tal como lo dirimió la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; que la Ley 362 de 1997 atribuyó a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los litigios que se presentaran entre las entidades de la seguridad social integral y sus afiliados; que la Ley 712 de 2001 introdujo modificaciones al artículo 2º del Código Procesal Laboral en el sentido que la jurisdicción ordinaria laboral tendría competencia para conocer de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral; que el tribunal contra expresa disposición de la Ley 712 de 2001 consideró que no tenía competencia para dirimir los conflictos que se han presentado entre las empresas demandadas y sus servidores, y se abstuvo de proferir la decisión de fondo, pero que el Código Procesal del Trabajo establece en forma expresa en su artículo 145 la llamada aplicación analógica, por falta de disposiciones especiales en el procedimiento laboral.

Expuso que el artículo 216 del Decreto 1 de 1984, Código Contencioso Administrativo, reglamenta el procedimiento que ha de adelantarse cuando existe un conflicto de jurisdicción, y que deberá remitirse al juez o magistrado que tiene la competencia para dirimir la controversia y que el tribunal no obró así, pues ha debido ordenar que el proceso se remitiera al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, por lo que se impone la anulación parcial de la sentencia para que la Corte, actuando como juez de instancia, imparta la orden de remitir el proceso al referido tribunal.

Consideraciones de la Corte

A través de este cargo lo que sostiene el recurrente es que el tribunal independientemente de la condición de empleado público que atribuyó al demandante, concluyó que no tenía la competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, afirmación que no corresponde con lo que fue decidido por el ad quem, pues precisamente lo que no fue objeto de cuestionamiento de su parte fue su aptitud para resolver el pleito.

Y ello es así, porque es lo que se plasmó en el fallo impugnado, cuando con toda claridad expresó: “... de suerte que habrá que tener al demandante como empleado público, siguiendo la regla general descrita, pues en estos casos, quien pretenda beneficiarse de la excepción a la regla, debe demostrar, precisamente, la condición privilegiada”” (fl. 253); deducción de la cual sin lugar a equívoco concluyó que se consideró competente para solucionar el litigio porque lo llevó a la demostración de que el demandante era empleado público a la terminación del vínculo laboral, y que “así las cosas, lo adecuado en el presente caso es la absolución de la demanda(sic) de los cargos de la demanda, teniendo en cuenta para ello igualmente la jurisprudencia que de viejo cuño tiene sentada esa misma corporación” (fI. 255 cdno. trib.).

Lo hasta aquí expuesto es suficiente para considerar que el cargo no tiene vocación de prosperar, pues, como de tiempo atrás lo tiene definido la jurisprudencia de esta Sala, es deber imprescindible del recurrente en casación llevar al traste todos los argumentos que hayan servido de apoyo al sentenciador para adoptar la decisión cuya anulación pretende, pues nada conseguirá si se limita a cuestionar razonamientos distintos o a combatir solo una parte de la argumentación plasmada en la providencia acusada, puesto que así tenga razón en la crítica que le formula, al dejar libres de cuestionamiento los verdaderos pilares del fallo, seguirán ellos sirviendo de base a la decisión atacada.

Además de lo anterior, no sobra anotar que si el tribunal se consideró competente para decidir la controversia, no pudo incurrir en la infracción directa del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo que le otorgó competencia para conocer del asunto, pues es claro que si decidió el proceso absolviendo a la demandada, ello quiere decir que necesariamente tomó en consideración aquella norma que lo habilitaba para estudiar de fondo el asunto.

Por consiguiente, el cargo se desestima.

Segundo cargo

Acusa la sentencia del tribunal, en forma indirecta, por la aplicación indebida de los artículos 1º de la Ley 6ª de 1945, 5º del Decreto 3135 de 1968, 3º del Decreto 1848 de 1969, 131-6 y 132-6 del Código Contencioso Administrativo, 132-2 y 134 B-1 de la Ley 446 de 1998 y 306 del Código de Procedimiento Civil, “... violación medio esta que condujo al tribunal a la violación, por infracción directa, de las normas de derecho sustancial contenido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993...”, 1º de la Ley 71 de 1988, 4º del Decreto 1160 de 1989, 11, 14, 36, 141, 143 y 150 de la Ley 100 de 1993, 60 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 53 y 228 de la Constitución Política y 4º del Código de Procedimiento Civil, al dejar de darles aplicación al caso sometido a estudio.

Afirmó que el tribunal violó la ley sustancial como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado en el proceso que, en este, las partes en contienda tuvieron como objeto de controversia la cuestión relativa a la forma de vinculación del demandante a la entidad empleadora demandada, para el momento en que el actor se retiró definitivamente del servicio oficial para la entidad demandada.

2. No dar por establecido en el proceso que la afirmación que hiciera el demandante en la demanda, mediante la cual le dio iniciación al proceso, en el sentido de que su vinculación a la entidad empleadora demandada siempre estuvo regida por un contrato de trabajo, circunstancia esta en virtud de la cual el actor (sic) siempre, por todo el tiempo que duró su vinculación laboral para la entidad demandada, tuvo la calidad de trabajador oficial, es prueba suficiente para concluir que la jurisdicción laboral es competente dirimir el litigio puesto a la decisión del tribunal en el proceso de la referencia, máxime cuanto la entidad demandada no cuestionó jamás la exactitud de tal afirmación, ni tampoco trató jamás de aportar al proceso la demostración de que tal afirmación no fuera exacta, sin que jamás propusiera siquiera, la excepción de falta de competencia en la jurisdicción laboral para dirimir el conflicto suscitado entre las partes en contienda, aceptando implícitamente que lo es”.

Señaló como pruebas mal apreciado la demanda (fls. 3 a 10) y su contestación (fl. 76 a 79).

Para su demostración afirmó que todas las motivaciones expuestas por el tribunal están encaminadas a demostrar que la forma de vinculación del demandante a la entidad demandada lo fue mediante una relación legal y reglamentaria y no a través de un contrato de trabajo, por lo que concluyó que era un empleado público al momento de su desvinculación y que la competencia para dirimir el litigio está radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no en la jurisdicción del trabajo.

Expresó que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil precisa que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda y que el artículo 228 de la Constitución Política afirma que los jueces, en sus decisiones, deben hacer efectivo el derecho sustancial, por lo que les está vedado declararse inhibidos para hacerlo; que el tribunal apreció mal tanto la demanda como la réplica, dado que en aquella el actor consignó expresamente la afirmación de que fue trabajador oficial durante todo el tiempo en que prestó sus servicios a la demandada, y esta jamás cuestionó tal aseveración, a lo que se añade que ella misma aportó al proceso una copia del contrato de trabajo existente entre las partes.

Adujo que la enjuiciada tampoco propuso la excepción de incompetencia de jurisdicción, por lo que al no haber discusión sobre el asunto el ad quem no ha debido ocuparse de dirimir este aspecto, por no ser materia de controversia y que tales errores fueron trascendentes para la decisión adoptada finalmente, porque condujeron al tribunal a proferir una sentencia formal que “... infringió directamente, comoquiera que no aplicó esta normatividad al caso sometido a su decisión, el artículo 146 de la Ley 100 de 1996, el 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 4ª de 1976, 1º de la Ley 71 de 1988 y 141, 142, 143, 144 y 150 de la Ley 100 de 1993, y las demás normas citadas en el cargo, que así resultaron violadas por infracción directa al dejar de aplicarlas al caso sometido a su decisión, siendo las normas legales aplicables al mismo” (fls. 28 y 29).

Por último arguye que el fallador no ordenó remitir el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia para que este asuma el conocimiento, y que por no haberlo hecho surge la violación de los artículos 230 de la Constitución Política, 8º de la Ley 153 de 1887 y 216 del Decreto 1 de 1984, por lo que se impone la anulación parcial de la sentencia.

Consideraciones de la Corte

En la providencia recurrida se entra a estudiar la calidad de trabajador oficial o empleado público del demandante, advirtiéndose que de tener aquel la segunda, la sentencia devendría en absolutoria; y al no encontrar acreditado el primer carácter llevó al tribunal a confirmar la decisión de primer grado, para lo cual acudió a la aplicación de un añoso pero aún vigente criterio jurisprudencial que trae a colación, según el cual la no demostración del contrato de trabajo da lugar a la absolución (fl. 255).

El expuesto razonamiento del tribunal indica que entendió con acierto que la calidad de trabajador oficial que alegó el actor en su demanda era tema que debía ser definido, porque la entidad demandada indicó que los hechos de ese libelo debían probarse, pero sin referirse puntualmente a lo aseverado por Bedoya Toro.

Al respecto observa la Sala que no existe en esa conclusión un yerro con el carácter de manifiesto y evidente, pues coincide con lo que surge de las piezas procesales que se consideran equivocadamente apreciadas, ya que en la demanda se expresó en lo pertinente: “Inicialmente su vinculación estuvo regida bajo la forma de una relación legal y reglamentaria, (sic) en su calidad de trabajador oficial y así se mantuvo la vinculación laboral hasta su desvinculación definitiva del servicio oficial, como lo demuestro con el aporte al proceso, juntamente con el presente libelo demandatorio, de una copia del contrato de trabajo celebrado con la entidad demandada” (fl. 3), que fue lo que inicialmente concluyó el juzgador; y en la respuesta que se dio a ese libelo se expresó: “Los hechos deberá acreditarlos el actor según la obligación procesal que le imponen las normas pertinentes, como son los artículos 1757 del Código Civil, 174 y concordantes del Código de Procedimiento Civil y 51 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral” (fl. 76), como lo tuvo en cuenta acertadamente el tribunal.

Ello significa que el juzgador de alzada no incurrió en el primero de los errores de hecho que se le imputan. Y en lo concerniente al segundo de los desaciertos, es claro que determinar si la mera afirmación efectuada por el demandante acerca de la naturaleza de su vínculo es suficiente para dar competencia al juez para dirimir el litigio, es asunto de índole estrictamente jurídica relacionada con los factores o criterios que han de ser tenidos en cuenta por los jueces para establecer si cuentan o no con aptitud jurídica para asumir el conocimiento del asunto sometido a su consideración; pero desde luego, no guarda ninguna relación con la valoración de las pruebas del proceso, de suerte que es ajeno a la vía de ataque elegida.

Además de lo dicho, es preciso indicar que, como se asentó por la Corte al responder el primer cargo, el tribunal tomó en cuenta el criterio que el recurrente aquí echa de menos, pues no solo afirmó que el tema en cuestión ha sido tratado por la jurisprudencia de la Corte, la que le ha dado plena validez “a la afirmación que en la demanda se haga en punto a la existencia de un contrato de trabajo (...) para efectos de determinar la competencia” (fl. 254), sino que además posteriormente citó en su apoyo la sentencia de esta Sala del 14 de marzo de 1975, en la que se explica ese criterio.

Lo hasta aquí expuesto indica que carece de razón la impugnante al atribuirle al sentenciador de segundo grado ese desacierto que, se reitera, es de naturaleza jurídica.

En consecuencia; el cargo no prospera.

Tercer cargo

Acusa la sentencia de ser directamente violatoria de la ley sustancial, por infracción directa de los artículos 32 de la Ley 142 de 1994, 84, 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, 132 literales 2º y 6º del Código Contencioso Administrativo, modificados por el 2º del Decreto 597 de 1988, y 132-2 y 134 B-1 de la Ley 446 de 1998, al dejar de regular la situación fáctica de autos para infringir directamente, por aplicación indebida, los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968 y 3º del Decreto 1848 de 1969, lo que condujo a la violación por infracción directa del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 71 de 1988, 11, 14, 141 y 143 de la Ley 100 de 1993, 1º y 16 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, 93 de la Ley 489 de 1998, 53 y 228 de la Constitución Política y 4º del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato expreso del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo al dejar de darles aplicación.

En su demostración afirma que en las motivaciones de la sentencia objeto del recurso, el tribunal precisó que el demandante laboró para la entidad demandada entre el 30 de enero de 1961 y 27 de diciembre de 1987; y que si en los hechos de la demanda el actor incluyó la afirmación de que tuvo la calidad de trabajador oficial, la entidad demandada replicó que los hechos debían ser objeto de prueba por el demandante y que, por último, debe tenerse en cuenta que durante todo el tiempo que laboró para la accionada esta tuvo la calidad de establecimiento público del orden municipal; que ha debido demostrar que realmente tenía la condición de trabajador oficial, lo cual no hizo, por lo que para el momento de su desvinculación tenía la condición de empleado público y que, por ello, la competencia para conocer del litigio estaba radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no en la jurisdicción ordinaria laboral.

Expresa que las Empresas Públicas de Medellín fueron inicialmente un establecimiento público descentralizado y autónomo del orden municipal, cuyo objeto es la prestación de servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y telefonía a los habitantes de la ciudad de Medellín, y sus estatutos determinados mediante Decreto 375 de 1955 de la alcaldía de Medellín.

Sostiene que con posterioridad a 1991, en desarrollo del artículo 32 de la Ley 142 de 1994 se encargó de establecer el estatuto orgánico de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, precisando en su artículo 32 que en dichas empresas, sus actos “... se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado...”; que si las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado desde el 11 de julio de 1994, la entidad demandada es una empresa industrial y comercial del Estado y sus actos no son administrativos sino privados, por lo que las controversias surgidas entre las partes no pueden ser de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sino de la laboral.

Anota que así lo ha consignado en diferentes decisiones el Consejo Superior de la Judicatura, mediante las cuales ha dirimido incidentes de colisión de competencia entre las jurisdicciones en cita, de entre las cuales podría citarse, a manera de ejemplo, la providencia proferida el 23 de marzo de 2000, radicación 20000301 A; que el tribunal no dirimió el litigio y que debió remitir el proceso al juez que estime competente, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, por lo que se impone la anulación parcial de la sentencia para que la Corte, actuando como juez de instancia, imparta la orden de remitir el proceso al dicho juez colegiado.

Consideraciones de la Corte

En este cargo el tribunal tuvo por demostrado que la demandada, al finalizar la relación de servicio personal que le prestó el demandante, era un establecimiento público.

Por su parte, el recurrente no se esfuerza siquiera por refutar ese presupuesto de la sentencia, por el contrario, sostiene que en una fecha posterior, cuando fue terminada la relación laboral, la entidad demandada había mutado su naturaleza jurídica y que como consecuencia de ser una prestadora de servicios públicos domiciliarios, la rige el derecho privado y no el público.

Con respecto al punto aquí debatido considera la Sala que ese planteamiento de la censura es equivocado, porque la naturaleza jurídica de una relación, cualquiera que ella sea, no se define por circunstancias posteriores a su terminación o por normas jurídicas igualmente ulteriores a su vigencia, dado el efecto general inmediato de la ley laboral a la que se le ha definido como norma de orden público.

Es por ello, que lo que el impugnante propone quiebra todo esquema contractual y el de las relaciones de derecho público con la administración y por tal razón, no le asiste razón en la acusación que le formula al tribunal por haber infringido directamente disposiciones que fueron expedidas mucho después de terminada la relación entre demandada y demandante y de otorgada la pensión a esta, pues, se reitera, no son las normas vigentes al momento del finiquito de la vinculación laboral las que deben servir de parámetro para calificar una situación jurídica, ya que si así fuera tales situaciones nunca se consolidarían pues estarían sujetas al momento en que se termine la relación laboral; tesis que llevaría a la más absoluta e inimaginable inseguridad e incertidumbre jurídicas.

Igualmente, no es admisible que se denuncie la aplicación indebida de los artículos 5º del Decreto 3135 y 3º del Decreto 1848 de 1969, por cuanto es indudable que esas normas son las que gobernaban el tema de la clasificación de los servidores estatales para la época en que el demandante prestó sus servicios, sin que se advierta que se dedujeron efectos distintos a los allí contemplados.

Así mismo, es pertinente anotar que el impugnante le atribuye al sentenciador de segundo grado conclusiones que no obtuvo, toda vez que, como quedó visto, en realidad no puso en duda su competencia para decidir el caso y ninguna alusión hizo a la naturaleza jurídica de los actos expedidos por la demandada en relación con la pensión deprecada.

Es por lo anterior que el cargo no resulta próspero.

Cuarto cargo

Acusa la sentencia por violar indirectamente, por aplicación indebida del numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 712 de 2001, los artículos 1º del Decreto 691 de 1994, 40 del Decreto 692 de 1994, 145 del Código Sustantivo del Trabajo, 228 y 230 de la Constitución Política, 4º y 148 del Código de Procedimiento Civil, 8º de la Ley 157 de 1887, 216 del Decreto 1 de 1984, cuando ha decidido no regular la situación fáctica por aplicación indebida de los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968, 3º del Decreto 1848 de 1969, 42 de la Ley 11 de 1986 y 292 del Decreto 1333 del mismo año, “... violación medio esta que condujo al tribunal a la infracción directa, de las normas de derecho sustancial...” (fl. 44), contenidas en los artículos 146 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 71 de 1988, 11, 14, 141 y 143 de la Ley 100 de 1993, 60 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 1º y 16 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y 93 de la Ley 489 de 1998, al dejar de darles aplicación.

Alega que la violación en que incurrió el ad quem fue consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“Primer error de hecho: no dar por demostrado en el proceso que si el demandante pretende en las peticiones primera y segunda de la demanda, que con fundamento en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, se condena a la entidad demandada a reconocer y pagar en su favor una pensión extralegal de jubilación, pensión esta a la cual considera tener derecho por haber completado los requisitos exigidos por las disposiciones municipales que establecen pensiones de jubilación, lo que constituye el objeto de la pretensión es una prestación que forma parte integrante de la seguridad social integral.

Segundo error de hecho: no dar por establecido en el proceso que si el demandante pretende en las pretensiones tercera y cuarta que se declare que la subrogación del riesgo de vejez por el ISS decretada en su beneficio por la entidad patronal demandada, fue una subrogación del riesgo de vejez contraria a la ley y a los reglamentos del régimen de los seguros sociales obligatorios, razón por la cual la compensación efectuada entre la pensión legal de jubilación reconocida por la entidad demandada en beneficio del demandante y la pensión de vejez, también reconocida por el ISS en beneficio del demandante, debe terminar en forma inmediata, se tiene, entonces, que el objeto de la pretensión está constituido por una cuestión que forma parte integrante de la seguridad social integral.

Aduce que fueron mal apreciados: la demanda y su modificación (fls. 3 al 10 y 82 a 95), su contestación (fls. 30 a 34) y la resolución del 16 de enero de 1988 (fls. 151 a 153).

Sustenta su demostración al indicar que todas las motivaciones del tribunal están encaminadas a demostrar que durante toda la relación laboral la entidad demandada ostentó la calidad de establecimiento público descentralizado y que sus trabajadores eran empleados públicos, y que el demandante debía demostrar los hechos afirmados en su demanda, lo que no hizo, por lo cual concluyó que la jurisdicción laboral no es competente para dirimir el litigio que se ha suscitado entre las partes en conflicto, competencia que, por lo mismo, está radicada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así mismo, señala como errores de apreciación probatoria, en primer lugar, los documentos de folios 3 a 10 y su modificación de folios 82 a 95, el documento de folios 76 a 79 y el documento de folios 151 a 153. Y, en segundo lugar, que el ad quem no apreció que en esos documentos aparece el objeto de la pretensión, en las peticiones tercera y cuarta, lo que constituye una controversia que gira en torno a determinar si la pensión legal de jubilación ha sido legalmente compensada con la pensión de vejez.

Señala que la incidencia de tales errores condujo al juzgador de segunda instancia a afirmar su criterio de que por el simple hecho de que durante el tiempo que el actor laboró para la demandada esta era un establecimiento público que le exigía aportar al proceso la prueba de su calidad de trabajador oficial y que como no lo hizo, la jurisdicción laboral no era competente para dirimir el litigio; que ese proceder tuvo incidencia en la decisión final porque condujo al tribunal a la violación por aplicación indebida del numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, por lo que se impone la anulación de la sentencia recurrida para que se acojan las pretensiones de la demanda.

Indica que el tribunal, entonces, no dirimió el litigio, y si el juez declara su incompetencia para conocer del proceso, ordenará remitirlo al que considere competente dentro de la misma jurisdicción, lo que no ordenó, con lo que surge “... así la violación por infracción directa...” (fl. 50) de los artículos 230 de la Constitución Política, 8º de la Ley 153 de 1887 y 216 del Decreto 1 de 1984, por lo que se impone la anulación parcial de la sentencia recurrida para que la Corte, como juez de instancia, imparta la orden de remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia.

Consideraciones de la Corte

Insiste en este cargo el recurrente en forma equivocada, atribuirle al tribunal que se hubiera considerado incompetente y que, por tal razón, no dirimiera el litigio, lo que ahora anota a los desaciertos de no haber tenido en cuenta que él reclamó en su demanda prestaciones extralegales que forman parte del sistema de seguridad social integral.

Como se dejó consignado anteriormente, el fallador de segundo grado no puso en tela de juicio su competencia para dirimir el pleito, lo que hizo absolviendo a la demandada de las pretensiones, de suerte que el cargo, que viene apoyado en una situación contraria a la que surge de la actuación procesal y de la decisión judicial que se cuestiona, tiende a su total fracaso.

Sin costas por el recurso porque no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, del 25 de julio de 2003, proferida en el proceso ordinario laboral que le promovió Gerardo Antonio Bedoya Toro a las Empresas Públicas de Medellín ESP.

Sin costas por el recurso.

Cópiese, Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria

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