Sentencia 2271 de agosto 1º de 1991

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

IUS VARIANDI

TRASLADO DE EMPLEADOS OFICIALES

EXTRACTOS: «Para mayor claridad se repite la transcripción del segmento demandado del artículo 15 del Decreto 1586 de 1989, así: “El liquidador podrá ordenar el traslado obligatorio de empleados oficiales a otro cargo o sede, en cuyo caso se reconocerán y pagarán los gastos que el traslado ocasioné''.

No hay duda de que en toda relación laboral, bien sea la fundada sobre un contrato de trabajo o bien la constituida por una situación legal y reglamentaria, corresponde al patrono o empleador un poder subordinante que está conformado por una serie de facultades de imposición de determinadas conductas al trabajador en cuanto al modo, al lugar y al tiempo de la realización de los servicios comprometidos; sin embargo, tanto en un caso como en el otro, esa parte está estrictamente limitada por diferentes normas como son en general la ley y, cuando ello corresponde, el contrato en particular, así como por la exigencia de que la primera se observe y el segundo se cumpla de buena fe, lo que en concreto significa que las decisiones del empleador se justifiquen por las necesidades objetivas de la organización de la empresa o servicio y respeten la dignidad y el decoro del subordinado. Existe, pues, en cabeza de la parte patronal el llamado “ius variandí”pero en circunstancias relativas y limitadas.

El traslado geográfico o locativo del trabajador es parte de tal derecho de variación, pero dada su gravedad y la especial trascendencia que tiene para el trabajador debe ser mirado con especial cuidado y no ser comprendido como una facultad ordinaria o normal sino, por el contrario, como una posibilidad excepcional que existirá sólo cuando el contrato lo admita o la ley lo permita y para ser ejercitado en condiciones muy estrictas. El lugar de trabajo conlleva y envuelve la determinación de infinidad de relaciones de gran importancia, como las familiares, el estudio de los hijos, el trabajo del cónyuge, el ambiente social y cultural, los nexos de amistad y, en fin, elementos económicos como la vivienda, el transporte y cuantos más. Por todo ello, como se advirtió, esta figura jurídica merece el tratamiento especial que antes se describió.

Similares consideraciones deben hacerse con respecto al traslado de cargo y en él cuenta no sólo la estabilidad de la remuneración sino también el respeto a la dignidad del trabajador de acuerdo con su posición.

Ahora bien, de lo anterior resulta que el traslado dispuesto por el empleador dentro de los marcos señalados es obligatorio porque se trata de una facultad legal ejercida de manera legítima.

Sin embargo, la disposición en comento amerita una conclusión diferente y adversa, como pasa a verse, en cuanto al adjetivo “obligatorió”que califica al sustantivo “trasladó”, pues él crea un nuevo deber a cargo del trabajador que bien podría verse abocado a tener que aceptar un traslado dañino o indecoroso como único medio de conservar su empleo ante la disyuntiva de perderlo por renuncia o de ser despedido por violación de una orden forzosa y ya no por la liquidación, es decir, en ambos casos, perdiendo la indemnización a la que tendría derecho por terminación de la relación laboral.

En efecto, a pesar de que se trata de una disposición con fuerza de ley, lo cierto es que no tiene las mismas características materiales o de naturaleza de una verdadera ley, ya que no es una regulación general, objetiva y abstracta de una cierta hipótesis o supuesto que tendría por ello la virtualidad de modificar los contratos de trabajo y las relaciones legales y reglamentarias existentes como consecuencia del efecto inmediato que este tipo de reglamentaciones tienen —aunque de todas maneras “pro futuro”—, sino que es un acto de gestión cumplido por el Estado a través de uno de sus órganos, el Congreso, para administrar, por medio de una ley formal como instrumento del diseño de una empresa suya, a saber, los Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación, empresa comercial de propiedad de la Nación y solamente para ella.

Deben, en efecto, diferenciarse dos figuras jurídicas, a saber, aquella en la que aparece el Estado como legislador en su condición soberana y en ejercicio de su poder político —que es cuando puede, por medio de regulaciones generales, modificar los contratos de trabajo, aún los privados, y las relaciones legales y reglamentarias— y aquella en la que es una parte, la empresarial, que no deja de serlo porque en virtud de nuestras peculiaridades constitucionales tenga que manifestarse por medio de una ley, como en este caso.

Si, entonces, se trata de un acto de gestión administrativa, consecuente por lo demás a una orden de liquidar la empresa, que es la decisión esencial del decreto, él puede regular el tratamiento que dentro de tal liquidación se dará a los trabajadores en cuanto ello encaje legítimamente en un programa liquidatorio y puede organizar esta etapa final de la vida de su empresa pero no puede modificar los contratos de trabajo y las relaciones legales y reglamentarias vigentes porque sería admitir que una sola de las partes puede cambiar por sí y ante sí la relación laboral.

Cabe dentro de esas regulaciones especiales y como de su competencia para administrar la liquidación que se ordenó, por ejemplo, resolver que los empleos vacantes quedan suprimidos y que podrán suprimirse otros con la consecuencia de que las relaciones de trabajo se entenderán terminadas con los efectos determinados por la ley en general —pero sin modificar el régimen jurídico o de los efectos de la terminación del vínculo laboral—, y que se prevenga, como lo hace el artículo en parte demandado, que podrán considerarse en vigor y llenarse cargos vacantes que, por lo tanto, no se considerarán suprimidos, porque todo ello es parte del proceso que ha de vivir la empresa, pero la regulación laboral no puede variarse en tales oportunidades y forma y habrá que seguirse observando lo que dispongan los contratos de trabajo y las leyes generales aplicables a ellos y a las relaciones legales y reglamentarias.

Entonces, como la facultad que se otorga al liquidador, esto es, a la parte empresarial, en términos genéricos ilimitados y como nueva, desconoce las disposiciones contractuales y legales que la regulan y que son de forzoso acatamiento, resulta inconstitucional, pues conculca el sistema de derechos enunciado que por ser derechos constituidos están protegidos por el artículo 58 C.N., lo cual no empece para que sea ejercida cuando los contratos y normas legales aplicables a las relaciones de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos lo permitan, dentro de lo que tales normas consagren, según el caso, y observando, además, los precisos límites que a esta facultad se determinaron antes en esta providencia.

V. Decisión

Por razón de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, previa ponencia de su Sala Constitucional, oído el parecer fiscal y de acuerdo con él,

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE la frase final del artículo 15 del Decreto 1586 de 1989 que dice: “El liquidador podrá ordenar el traslado obligatorio de empleados oficiales a otro cargo o sede, en cuyo caso se reconocerán y pagarán los gastos que el traslado ocasione'', salvo la palabra “obligatorio” que se declara INEXEQUIBLE.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expedienté».

(Sentencia 91, agosto 1º de 1991. Expediente 2271. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

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