Sentencia 22728 de agosto 31 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado Acta 64

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala no casará el fallo impugnado porque al actor no le asiste razón.

Obsérvese.

Primer cargo

La vulneración del derecho a la defensa que se denuncia no tuvo ocurrencia. Como se percibe en el expediente, la diligencia que se realizó con el teniente Édgar Javier Vásquez Garzón el 12 de enero de 1998, fue una declaración jurada y no una versión libre o una indagatoria.

Por tal razón, se le impuso el contenido de los artículos 226 y 525 del Código Penal Militar anterior —D. 2550/88— y fue conminado a decir la verdad en todo lo que iba a declarar. Tales formalidades son propias del testimonio.

Como lo señala la representante del Ministerio Público, el funcionario instructor no incurrió en error al desconocer los requisitos establecidos para adelantar una indagatoria, pues no fue una diligencia de tal naturaleza la que se practicó con el imputado. El desacierto consistió en recibirle al imputado un testimonio, cuando no resultaba procedente.

Así las cosas, lo correcto era declarar la inexistencia de aquel, y así lo hizo el Juzgado de Instrucción Penal Militar. Esta manifestación solo afectaba la diligencia irregularmente practicada, no toda la actuación procesal.

Esto dijo el juzgado:

Como quieraque encuentra el despacho que dentro de la indagación preliminar adelantada en contra del ST. Vásquez Garzón Édgar Javier se le recibió diligencia de declaración juramentada, siendo esta diligencia violatoria del derecho a la defensa, toda vez que por principio de derecho las exposiciones del procesado ante el despacho deben ser libres de todo apremio y juramento y asistidas por profesional del derecho, todo lo contrario a lo que allí ocurrió, por lo que la mencionada declaración juramentada que obra a folios 58 y 59 será considerada como inexistente por ser contraria a derecho.

La declaración de inexistencia de un acto procesal no lleva implícita la afectación de las diligencias subsiguientes, a menos que se hayan derivado de ese acto. Pero esto no ocurre en el asunto que ahora estudia la Corte.

Luego de recibida la declaración bajo juramento, el juzgado profirió resolución de apertura de instrucción el 8 de octubre de 1999, y en, esa oportunidad ordenó escuchar en indagatoria al implicado. El sustento de la decisión fue todo el material probatorio que se había aportado a la investigación preliminar, no la declaración bajo juramento que se recibió al señor Vásquez Garzón.

De tal manera que los efectos de la declaratoria de inexistencia de la diligencia no se extendieron hacia la actuación subsiguiente, toda vez que no se afectó ninguna garantía fundamental.

Sobre la diferencia entre nulidad e inexistencia de los actos procesales a las pruebas, la doctrina ha sostenido que el acto inexistente no produce efectos jurídicos, mientras que el nulo produce resultados y la declaración de nulidad afecta la actuación subsiguiente.

Igualmente, la jurisprudencia de la Sala se ha ocupado del tema de la inexistencia de los actos procesales y sus consecuencias. Sobre el tema, ha expresado:

La inexistencia y la nulidad no se pueden asimilar por tratarse de fenómenos que se originan en distintos motivos y producen efectos completamente diversos. Así, un acto procesal se torna inexistente cuando se practica sin el lleno de los requisitos legales, como es el caso de las diligencias que se adelanten con el sindicado sin la presencia de su defensor, situación que no afecta la actuación procesal posterior, sino que implica para el funcionario respectivo, no tomar en cuenta ese acto.

La nulidad en cambio, sí debe ser declarada judicialmente, pues se deriva de las graves irregularidades cometidas por el funcionario judicial que por desconocer garantías fundamentales y/o la estructura del proceso, afecta toda la actuación surtida a partir del momento en que se cometió el vicio” (sent., ago. 21/2003, rad. 13061).

Se tiene dicho, entonces, que una situación como la que se reprocha, únicamente genera la declaración de inexistencia del acto procesal practicado en forma irregular, no la nulidad de todo el proceso percal adelantado. Menos en el presente caso, en el que el procesado fue citado a indagatoria posteriormente y se cumplió la diligencia con todos los requisitos legales.

En relación con el segundo aspecto que se censura a la actuación procesal, no es cierto que se haya vulnerado el derecho a la defensa del señor Vásquez porque no contó con defensor técnico durante un lapso considerable de tiempo. Véase.

La denuncia fue presentada por José Javier Chaparro el 6 de marzo de 1997.

Luego de iniciada la indagación preliminar, se recibieron los testimonios de los soldados que pertenecían al pelotón del denunciante en los primeros días del mes de marzo de ese mismo año.

La actuación siguiente es la declaración bajo juramento recibida al teniente Vásquez Garzón, el 12 de enero de 1998.

Posteriormente, el 8 de octubre de 1999, se ordenó abrir investigación penal y citar a indagatoria al implicado.

El 21 de octubre de 1999, se escuchó al denunciante, quien solicitó que no se sancionara al subteniente y se recibió el testimonio del teniente Vicente Ibarra Argoty.

El 7 de septiembre del 2000, se declaró la inexistencia de la declaración jurada del señor Vásquez y se ordenó vincularlo al sumario.

El 7 de noviembre del 2000, se oyó en indagatoria al procesado y en esa diligencia designó un defensor de confianza para que lo asistiera.

Es decir, a pesar de que desde la presentación de la denuncia —mar. /97— hasta la indagatoria del implicado —nov. 7/2000— transcurrieron más de 3 años, lo cierto es que durante largos espacios de tiempo no se produjeron actuaciones. El expediente permaneció en el juzgado de instrucción sin que se recibieran pruebas o se tomaran decisiones.

Además, y esto es lo de mayor trascendencia, a partir de la diligencia de indagatoria el implicado contó con un defensor de confianza a quien se notificó en forma personal de todas las decisiones que se adoptaban en el desarrollo del proceso, y quien participó activamente en las dos etapas procesales, además de formar numerosas peticiones para favorecer a su representado.

De otro lado, el defensor de Vásquez presentó durante el proceso una solicitud de anulación por estos mismos hechos. Luego de analizada la situación por la fiscalía de conocimiento, la petición fue resuelta en forma negativa. Hoy, no se han presentado nuevas circunstancias que permitan que la decisión se varíe, ante la insistencia del recurrente.

Así las cosas, no evidencia la Sala la lesión del derecho a la defensa de Édgar Javier Vásquez Garzón.

Segundo cargo

La jurisprudencia de la Sala ha precisado, tratándose del error de hecho por falso juicio de existencia por suposición de pruebas, que en tales eventos debe demostrarse que la sentencia que se impugna se ha apoyado en una prueba que no fue allegada al expediente, y que se debe establecer la trascendencia de tal situación en la decisión adoptada.

En el caso que concita la atención de la Sala, el censor afirma que el juez de segunda instancia respaldó el juicio de responsabilidad elaborado en contra del implicado en el testimonio que se le recibió bajo la gravedad del juramento y que luego fue declarado inexistente. Más no le asiste razón.

La sentencia del Tribunal Superior Militar, dentro del título de antecedentes y actuación procesal, se refiere a la diligencia que se llevó a cabo con el teniente Vásquez Garzón y a renglón seguido menciona la indagatoria recibida y lo expresado en ella. Pero esa es la única alusión que se hace a la declaración que luego fue abandonada del expediente.

El fallo de segunda instancia se sustentó en el material probatorio aportado a la investigación y no en esa declaración, como lo afirma el censor. Esto se dice en la providencia:

El acervo probatorio fundamentado en la denuncia del ofendido dragoneante Chaparro Huertas José Javier presentada el 6 de marzo de 1997, convirtiéndose esta en la radiografía de lo que originalmente sucedió, lo que fue corroborado por la prueba testimonial; así después de transcurrir aproximadamente seis (6) años y en un esfuerzo de la defensa cuando todas las pretensiones que antecedían habían sido agotadas sin obtener éxito, se recurra a una ampliación de jurada del ofendido soldado regular José Javier Chaparro Huertas (fl. 557-557), quien trata de minimizar lo sucedido afirmando que no fue golpeado por el oficial y que los testigos fueron acordados dentro del personal de soldados indisciplinados;muy respetables los ingentes esfuerzos del profesional del derecho, lamentablemente la versión original y su inmediato aporte testimonial corroborativo ya despejaban cualquier margen de duda sobre lo sucedido; es cierto, y así ha quedado demostrado,que el dragoneante Chaparro fue irrespetuoso, altanero y provocador, lo que alteró los ánimos del oficial, cuando no solo desobedeciera una orden sino que en forma burlona respondía a su superior; ello indudablemente conllevó al estado de ánimo del oficial, y en esa circunstancia actúa; desafortunadamente no era lo correcto proceder de esa manera cuando estaban a su alcance medios correctivos de orden disciplinarios.

Es claro, entonces, que el reproche no logra demostración alguna.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el Ministerio Público,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Jorge L. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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