Sentencia 22739 de septiembre 1º de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. Nº 22739

Acta 67

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Nader

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil cuatro.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la señora Mariela Lizcano Cuadrado contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 29 de agosto de 2003, dentro del proceso ordinario seguido por la recurrente al Instituto de Seguros Sociales.

I. Antecedentes

1. El proceso fue promovido con el fin de obtener la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su cónyuge, Jaime Barona, a partir del 26 de mayo de 1998, en cuantía de $ 286.100 mensuales, con sus correspondientes reajustes y mesadas adicionales, junto con los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como sustento fáctico de sus pretensiones la demandante expuso lo siguiente, resumido del libelo: 1. Su esposo, Jaime Barona, con quien contrajo matrimonio el 8 de octubre de 1966, falleció el 26 de mayo de 1996, momento para el que había cotizado al ISS más de 300 semanas entre el 1º de marzo de 1977 y el 15 de junio de 1994; 2. Solicitó al ISS la pensión de sobrevivientes, pero la misma le fue negada por falta de cumplimiento de los requisitos legales.

2. El demandado se opuso a las pretensiones de la actora; en cuanto a los hechos, aceptó la calidad de cónyuge de la demandante, la muerte de su esposo y la negación de la pensión reclamada. Adujo la excepción de inexistencia de la obligación.

3. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali en sentencia dictada el 19 de junio de 2003 absolvió de las pretensiones del libelo.

II. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora, el Tribunal Superior de Cali mediante la sentencia ahora impugnada confirmó la de primer grado.

El ad quem empezó por señalar que en el proceso quedaron establecidos los siguientes hechos: que el afiliado Barona falleció el 26 de mayo de 1996 esto es cuando la Ley 100 de 1993 ya estaba en plena vigencia; que el referido causante estuvo casado con la actora desde el 8 de octubre de 1966; que el afiliado cotizó al ISS, entre otros por el riesgo de muerte, hasta el 31 de enero de 1995 (fl. 53); que a la fecha de su deceso no estaba afiliado a la seguridad social ni tampoco se encontraba cotizando; por tal razón en el año anterior a su muerte no cotizó una sola semana, aunque durante su vida laboral aportó 353.57.

Seguidamente dijo que en materia de pensiones de sobrevivientes la Ley 100 de 1993 no estableció ningún régimen de transición, el cual reservó únicamente para la pensión de vejez, por lo que no tiene asidero la pretensión de que se aplique el artículo 36 de la citada ley.

Sostuvo así mismo que si bien inicialmente la jurisprudencia, en sentencia del 13 de agosto de 1997, aceptó que en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa era posible inaplicar la Ley 100 de 1993 para acoger el régimen que regulaba la materia en los reglamentos del ISS en aquellos eventos en que el causante alcanzaba a reunir en vida los requisitos señalados en tales estatutos, tal criterio fue rectificado en el fallo del 23 de febrero de 2003 (exp. 19.019), de cuyo texto transcribió los apartes más significativos.

Finalmente expresó:

“Como el trabajador fallecido al momento de su muerte no se encontraba cotizando al sistema integral de la seguridad social, la norma que regula el caso a estudio no es otra que la contenida en el literal b) del numeral segundo del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Este precepto exige como requisito para obtener la pensión de sobrevivientes por parte de los beneficiarios del de-cujus que este haya cotizado en el año anterior a su fallecimiento un total de 26 semanas.

Y no se aplican las normas que constituían el régimen anterior que manejaba el ISS por las razones suficientemente expuestas en la sentencia de casación que se dejó reproducida en parte”.

III. Recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante. Su alcance se concreta a que se case la sentencia impugnada para que en sede de instancia se revoque la absolutoria del a quo y en su lugar se condene de acuerdo con lo pedido en la demanda.

Con tal finalidad propone dos cargos, oportunamente replicados, cuyo estudio se hará de manera conjunta dado que vienen dirigidos por la misma vía y tienen argumentos similares y complementarios.

Primer cargo

Acusa a la sentencia de violar por infracción directa los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, lo que llevó a la aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

Para demostrar la acusación el recurrente sostiene en síntesis que la situación en examen no podía resolverse con base en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 sino con los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

Destaca que el causante aportó al sistema de seguridad social integral un total de 353.57 semanas, por lo que debieron tenerse en cuenta los artículos 13 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constitución Política y reconocerse el derecho reclamado, habida cuenta que con las semanas cotizadas hubiera podido obtener la pensión de acuerdo con las disposiciones preexistentes.

Transcribe e(sic) su apoyo apartes del fallo del 10 de abril de 2002, ratificado en decisiones del 26 de noviembre del mismo año (rad. 18.845) y del 24 de julio de 2003 (exp. 19917).

El opositor se limita a transcribir apartes del fallo acusado.

Segundo cargo

Acusa al fallo de violar por interpretación errónea los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, lo que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

En la parte relevante de la argumentación dice el recurrente que el tribunal se apoyó en la sentencia de casación de febrero 23 de 2003 sin advertir que esa providencia se refirió al caso de una persona que pretendía la pensión de invalidez por riesgo común y cuyo estado se estructuró en vigencia de la Ley 100 de 1993, situación que dirimió la Corte apelando a la nueva normativa legal, pero el presente proceso es totalmente diferente dado que lo que aquí se reclama es una pensión de sobrevivientes por tener el afiliado causante, al momento de su muerte, la densidad de cotizaciones requeridas en la regulación anterior (Ac. 49/94) para que sus sobrevivientes accedieran a derecho reclamado.

En lo demás, el recurrente reproduce los planteamientos hechos en el cargo anterior.

La réplica aduce que el causante no cumplió los requisitos legales establecidos en la Ley 100 de 1993 para que la demandante tuviera derecho a la prestación reclamada.

Se considera

No es objeto de discusión que el causante Jaime Barona falleció el 26 de mayo de 1998(sic), cuando ya estaba en vigencia la Ley 100 de 1993; que el último aporte lo hizo en enero de 1995 y que durante toda su vida laboral alcanzó a aportar 353.57 semanas. Tampoco se controvierte que el causante cumplió la densidad de cotizaciones a que se refiere el artículo 5º del Acuerdo 49 de 1990 antes de que entrara en vigencia el nuevo sistema de seguridad social integral.

La controversia radica en determinar si las normas aplicables a los casos de pensión de sobrevivientes cuando el fallecimiento se produce en vigencia de la Ley 100 de 1993 son las de esta normativa, o si por el contrario hay algunas excepciones a esa pauta, como cuando el difunto ha cumplido con anterioridad la densidad de cotizaciones exigidas en la legislación preexistente.

En el sub examine el tribunal optó por el primer criterio y aun cuando partió del hecho de que el afiliado fallecido cotizó más de 300 semanas, consideró que su cónyuge no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes en razón a que la norma aplicable era la Ley 100 de 1993, por haberse producido la muerte en vigencia de esta, la que exige 26 semanas cotizadas en el último año de servicios para quienes al momento de la muerte no son cotizantes.

El recurrente disiente de esa posición y reclama la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 49 de 1990 conforme lo ha hecho la Sala en anteriores oportunidades en aplicación del principio de la condición más favorable. Subraya que el ad quem se fundamentó en una sentencia que se refiere a la pensión de invalidez por riesgo común y no a la de sobrevivientes.

Planteado el debate de esa forma, para la corporación es evidente que la razón está del lado del recurrente, pues, para empezar, efectivamente el tribunal se apoyó en una jurisprudencia en que se abordó el estudio de una pensión de invalidez por riesgo común, evento en que sí se aplica el criterio consignado en dicha providencia.

En lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes, la tesis actualmente imperante, por mayoría, es la plasmada en sentencias del 13 de agosto de 1997, luego reiterada en las del 22 de noviembre de 1999 (exp. 12627), 20 de abril de 2001 (rad. 14986), 10 de abril de 2002 (rad. 17.121) y 18 de julio de 2003 (rad. 20094), donde al reiterar lo dicho en Sentencia 18845 del 26 de noviembre de 2002 se dijo:

“(...) acota la Sala que la decisión del tribunal en manera alguna fue equivocada, pues realmente las normas que gobiernan el asunto y que le dan derecho a las demandantes para acceder a la pensión de sobrevivientes, son los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y no los que reclama la censura, artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, ya que, pese a que la muerte ocurrió en vigencia de esta normatividad, por el fallecido haber cotizado más de 300 semanas en cualquier época, surge indispensable aplicar, para resolver el asunto, el principio de la condición más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la Constitución Política”.

“Este tema, como lo advirtiera también el sentenciador de segundo grado, ha sido objeto de estudio y decisión por esta Sala Corte. En Sentencia 18845 del 26 de noviembre de 2002 se dijo lo siguiente:

“Ahora bien, de la providencia recurrida, que prohijó la del primer grado, salta a la vista que el tribunal para nada tuvo en cuenta las normativas que regían antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues tan solo le bastó para examinar la situación del demandante, si se cumplían con los presupuestos fácticos a que alude el artículo 46 de la ya citada ley, esto es, si a la fecha del fallecimiento de la señora Zapata Zapata, esta contaba con un mínimo de 26 semanas de cotización. Lo que explicó así: “(...) ya es jurisprudencia reiterada que la transición no cobijó las pensiones de sobrevivientes, y por lo mismo, no puede aplicarse el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, si la causante falleció en vigencia de esta, en 1998”.

En el contexto anterior, el tribunal no se detuvo a examinar si teniendo en cuenta las cotizaciones pagadas con antelación a la multicitada Ley 100 de 1993, al aquí demandante le asistía el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues como insistentemente lo ha precisado la Sala en contiendas de similares fundamentos de hecho y de derecho a la que ahora ocupa su atención, el crédito social reclamado no se puede negar a los derechohabientes de un afiliado bajo el único pretexto de no cumplir con la densidad mínima de cotizaciones (26 semanas) en el año inmediatamente anterior al deceso, si durante la vinculación con la seguridad social satisfizo las exigencias del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990.

Precisamente, el criterio que antecede se ha fundamentado de tiempo atrás por la Corte, no solo en lo que al efecto prevé el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, en cuanto garantiza el derecho de optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, que regía con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, sino, además, en los principios rectores de la seguridad social, el artículo 53 de la Constitución Política y el postulado de la condición más beneficiosa...”.

Igualmente en sentencia del 11 de diciembre de 2003, radicado 21039, la Corte precisó:

“En relación con la aludida acusación, la Sala en múltiples oportunidades ha sostenido que con sujeción a los artículos 13 de la ley que entronizó el sistema de seguridad social integral y 53 de la Carta Política, no es posible desconocer a una persona, así haya fallecido en vigencia de la nueva ley y no haya cotizado 26 semanas en el último año de su vida, las semanas previamente aportadas, si con ellas hubiera podido obtener una pensión de acuerdo con los reglamentos del ISS”.

Pasó por alto el ad quem que en la misma providencia en que creyó ver un cambio de jurisprudencia en lo relativo a la pensión de sobrevivientes, dijo esta corporación:

“Así mismo, importa para el caso resaltar que no es dable asimilar la pensión de invalidez a la pensión de sobrevivientes para efectos de tener en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas por el afiliado, ya que siendo prestaciones sustancialmente diferentes el legislador no le dio a ambas igual tratamiento normativo. De manera que lo que es obligatorio respecto a la segunda no puede predicarse de la primera. Así está dicho en sentencia de 19 de enero de 2000, que ratifica lo expresado, por esta misma Sala, en providencia de 17 de abril de 1997”.

De manera que incurrió el tribunal en los desatinos jurídicos que la censura le achaca y ello da lugar a la casación de la sentencia acusada, porque en el caso concreto de la demandante su solicitud debía ser resuelta a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo 49 de 1990 y no de la Ley 100 de 1993.

En sede de instancia, sin más consideraciones, se revocará la decisión del a quo y en su lugar se concederá la pensión de sobrevivientes a la demandante, en cuantía de $ 203.826 mensuales, conforme se pidió en la demanda, a partir del 26 de mayo de 1998, con los reajustes legales y las mesadas adicionales. No hay lugar a pronunciamiento sobre los intereses moratorios, por cuanto la demandante renunció a esta pretensión.

Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso. Las de instancia, se imponen al demandado.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cali el 29 de agosto de 2003 en el juicio que Mariela Lizcano Cuadrado adelanta contra el Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia revoca la sentencia absolutoria del juzgado y en su lugar condena al ISS a pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes en cuantía de $ 203.826 mensuales, a partir del 26 de mayo de 1998, con los incrementos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de instancia se imponen al instituto demandado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Isaac Nader—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza (aclaró el voto)—Eduardo López Villegas (salvó voto)—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, secretaria.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con todo respeto, expreso mi disentimiento de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, por cuanto otorga una pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, estimando el requisito de cotizaciones con la medida de densidad establecida en el Acuerdo 49 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, y por el sustento que adopta para llegar a dicha decisión, la de aplicar el principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política.

La pensión de sobrevivientes es un derecho autónomo que surge a partir del momento en que se extingue el derecho de jubilación —en el sub lite no se controvierte su carácter convencional—, por la muerte del pensionado.

Con la sustitución pensional se nova un derecho a una pensión vitalicia; esta se extingue con la muerte del pensionado y, en su lugar, surge un nuevo derecho cuya fuente es la ley; ella determina, con independencia de la voluntad del causante, las personas beneficiarias del derecho —indica los requisitos que ellas deben satisfacer para tener tal calidad—, el orden de prelación, el contenido y el tiempo de disfrute de las prestaciones, y todo ello de conformidad con la situación que se establezca para el momento del fallecimiento del causante.

El dar por sentado que la pensión de sobrevivientes se causa al tiempo con el derecho de la pensión que se transmite, conduce a conclusiones inaceptables, como la de atribuir aquel derecho al pensionado sustituido, esto es, que este tiene en vida un derecho que solo surge con su muerte; o la de otorgar a alguien derechos cuyos titulares son terceras personas; y, además, estimarlos como derechos adquiridos cuando para sus verdaderos titulares son solo meras expectativas hasta el momento en que se establezca que el causante no les sobrevivió.

Así por tanto, aunque bien debo concluir, de igual manera que la Sala, en que las pensiones son compatibles, las razones difieren sustancialmente: porque se trata de discernirla entre una pensión de sobrevivientes y una de vejez, y no sobre una pensión convencional y una de vejez, que es la perspectiva adoptada por la Sala.

Habiendo fallecido el afiliado en vigencia de la Ley 100 de 1993 —y es la fecha de la muerte la que señala el régimen que regula la pensión de sobrevivientes— se debió cumplir con el requisito de densidad de cotizaciones previsto en el artículo 46 de la mencionada ley; y faltando este no es posible acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama, invocando para el efecto, la condición más beneficiosa.

La decisión de la Corte guarda coherencia con la posición que ha fijado para resolver reclamaciones de pensión de sobrevivientes; sin embargo, la misma corporación precisó el alcance del principio de la condición más beneficiosa, en los siguientes términos:

“La seguridad social es materia autónoma, cuya institucionalización constitucional se encuentra en el artículo 48 de la Carta, que si bien no consagra el principio de favorabilidad reclamado por el recurrente, sí fue contemplado por el legislador con unas características propias para la seguridad social en pensiones. Así, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que el afiliado o beneficiario de una prestación pensional se acoja a la normatividad más favorable, bajo la condición de que se someta de manera íntegra a dicha regulación”. Sentencia de 25 de marzo de 2004, radicación 22060.

Esta posición doctrinaria debe acogerse en su integridad: frente a pensiones por riesgo de invalidez —como se hizo en la sentencia invocada—, a pensiones de vejez, y pensiones de sobrevivientes, esto es, plenamente válido en materia de seguridad social en pensiones, cualquiera que fuere el carácter de esta.

El enfoque laboral de los temas de la seguridad social, en los que persiste tal posición de la Sala, no es compatible con la clara regulación autónoma que el constituyente de 1991 hizo de la seguridad social, separada de la protección del trabajo, ni con la precisa concepción del sistema de seguridad social plasmada en la Ley 100 de 1993, la que superó normativamente la transitoriedad de los mecanismos pensionales previstos en la Ley 90 de 1946.

La voluntad del legislador plasmada en la Ley 100 de 1993 fue la de clausurar la prolongada fase en la que la seguridad social se realizaba de manera prevalente a través de las empresas, para pasar a un estadio en el que este servicio público fuera cumplido por un sistema institucionalizado, el que hasta entonces, en gradual maduración, obraba como mecanismo subsidiario; pero también, como este tránsito no podía operar a rajatabla, debía ser remitido a un régimen de transición con normas como la del artículo 53 de la Carta Política, sobre pensiones legales dentro de la regulación laboral, o la del artículo 272 de la Ley 100, para prevenir que lo dispuesto en ella, en pensiones o en salud, no podía desmejorar las condiciones de los trabajadores —que no afiliados—, obviamente obtenidas dentro de la empresa.

La naturaleza de un régimen de seguridad social en pensiones no puede ser condicionada a las reglas de la transición pensional, salvo en lo que estrictamente a este corresponda; y a ello no se atiende, cuando se resuelve una controversia sobre una pensión que integralmente corresponde al sistema de seguridad social con el principio de la condición más beneficiosa de origen laboral.

El principio de la favorabilidad en la seguridad social, de origen legal, tiene su propio contenido, el que para el efecto prescribe el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, el de que para ser aplicado debe serlo bajo la condición de que la situación se “someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

La aplicación del principio de la condición más beneficiosa que la Sala hace en el sub lite desvertebra la naturaleza de sistema bajo el cual se ha ordenado la seguridad social, al ignorar la condición del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, para otorgar una pensión de sobrevivientes, propia del sistema, tomando de este los beneficios, sin exigir las cargas.

Se pasa por alto hacer la comparación del número de cotizaciones efectuadas por el actor con las que exige la ley, por cuanto, como corolario del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, lo comparable es la totalidad del sistema, y no fragmentos de este, que separados del todo, se banaliza su significado, restando solo su aspecto más aparente.

Desde la perspectiva del sistema el número de cotizaciones tiene una trascendencia mayor que la de ser una cifra. El dato numérico previsto en el Acuerdo 49 de 1990, guarismo elevado —300— cumplido en cualquier tiempo, significa un régimen de protección para un grupo de trabajadores restringido a los de una antigüedad de seis o más años, financiado con bases mínimas altas; y el previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con un guarismo bajo pero con la exigencia de ser cumplido en estricta oportunidad —en el año inmediatamente anterior al hecho incierto de la muerte— significa un régimen con vocación de protección cercano a la universalidad —se excluye a los que no han cumplido seis meses de actividad— financiado por el universo de trabajadores, que de manera continuada y permanente —se admiten algunas intermitencias— deben realizar la solidaridad contributiva.

Ciertamente, la vocación a la universalidad de la cobertura es uno de los principios de la Ley 100 de 1993, la cual puede ser alcanzada a condición de que actúe la solidaridad, otro de los principios rectores del sistema de seguridad social. Ella se cumple si las personas contribuyen según su capacidad, como lo indica el artículo 2º de la misma ley —aquí como manifestación del principio de la integralidad—.

La aplicación del principio de la condición más beneficiosa laboral como lo hace la Sala para acceder al otorgamiento de una pensión de sobrevivientes conduce al desequilibrio financiero del sistema. De hecho, la realización del propósito de universalizar la protección de la familia de los trabajadores —antiguos y principiantes— es posible bajo el presupuesto de que la obligación de cotizar sea igualmente universal; y cuando se afecta esta se compromete aquella, como cuando se exonera de por vida al contingente de trabajadores que antes de 1994 hubieren cotizado 300 semanas; ciertamente, se les releva del deber de efectuar una cotización más, en cuanto no hacerlo no les priva del derecho a la pensión de sobrevivientes.

Fecha ut supra,

Eduardo López Villegas 

ACLARACIÓN DE VOTO

Comparto la decisión adoptada en este caso, pero estimo pertinente aclarar que en mi opinión el principio de la condición más beneficiosa no podía servir de fundamento para resolver el asunto materia de debate en el proceso, pues, como es sabido, tal principio se halla referido a condiciones laborales concretas anteriormente reconocidas, que deben ser respetadas en cuanto resulten más favorables para el trabajador que las que surjan de la nueva disposición; de suerte que, desde esa perspectiva, se refiere a situaciones o condiciones laborales individuales y por ello no puede ser utilizado para solucionar una situación pensional como la discutida en el presente asunto.

Y si bien es cierto que regula la situación de un trabajador cuando se presenta un cambio de normatividad, esto es, cuando se está en presencia de una situación de sucesión normativa, a mi juicio no tiene cabida en tratándose de sucesión de preceptos legales, pues para este fenómeno jurídico existen en nuestro medio regulaciones precisas que ofrecen una solución concreta, como el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo tanto, creo que la mención al referido principio no es afortunada pues, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional no acepta que el artículo 53 de la Constitución Política en su último inciso lo consagre en los términos planteados por la Sala y por tal razón en la Sentencia C-168/95 de 20 de abril de 1995, señaló que esa norma se circunscribe a establecer la añeja doctrina de los derechos adquiridos y la prohibición de que la ley los desconozca.

Pienso que para llegar a la conclusión obtenida por la Sala bastaba remitirse a los argumentos expuestos en la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicado 9758, en la cual se fijó por primera vez el criterio que sirvió de guía a la presente decisión y en la que igualmente se aludió a los principios de equidad y proporcionalidad y a los orientadores del sistema de seguridad social integral, así como a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993; principios y norma legal que, a mi juicio, al lado de lo dispuesto por el artículo 272 de la citada ley, ofrecen suficiente soporte jurídico para garantizar las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos de la seguridad social habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema.

De tal modo, es claro que para proteger tales prerrogativas no es necesario acudir al comentado principio de la condición más beneficiosa.

Con el acostumbrado respeto,

Fecha ut supra,

Gustavo José Gnecco Mendoza. 

_________________________________