Sentencia 2274 de septiembre 7 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

EDAD PARA PENSIONARSE

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORDEN NACIONAL

EXTRACTOS: «Se discute en este proceso la legalidad de las resoluciones 9082 del 5 de agosto de 1996 y 2378 del 8 de octubre de 1996, proferidas por la subdirección general de prestaciones económicas y por el director general de la Caja Nacional de Previsión Social, en su orden, por las cuales se negó el derecho de pensión al demandante. Compete, ahora resolver el recurso de apelación incoada por la parte actora.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente el actor laboró en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del 20 de mayo de 1969 al 26 de abril de 1993, es decir durante más de 20 años (fl. 58), y como quiera que el 3 de octubre de 1995 cumplió 50 años, consideró pertinente el 17 de abril de 1996, solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación, amparado en el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que le permite acceder a la pensión con los requisitos exigidos en el régimen anterior, para el accionante el contemplado en la Ley 6ª de 1945 que exige 50 años de edad para tener derecho a dicha prestación.

Régimen de pensiones aplicable al caso concreto:

En primer término, la Ley 100 de 1993, consagró el régimen de transición para acceder a la pensión de vejez, en los siguientes términos:

”ART. 36.—La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tenga treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

(...).

Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento que cumplieron tales requisitos”.

De la situación fáctica planteada inicialmente se observa, contrario a lo considerado por el apoderado del demandante, que el último inciso trascrito no era aplicable al asunto objeto de análisis, en la medida que para el 1º de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993, el accionante aún no había adquirido el derecho a la pensión, pues para ese día aunque había completado el tiempo de servicio, apenas había cumplido 46 años de edad, circunstancia que lo encasillaba en el inciso 2º del precepto examinado, es decir que el régimen para pensionarse en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, era el que estuviera vigente para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993.

Ahora, debemos determinar las normas aplicables en materia de pensiones, teniendo en cuenta que el actor exfuncionario del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y por ende, empleado público del orden nacional.

La Ley 33 de 1985. La ley mencionada fijó algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público, de todos los niveles.

El parágrafo 2º de su artículo 1º dispuso que a los empleados oficiales que a la fecha de dicha ley, es decir el 29 de enero de 1985, hubiesen cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a ella.

Como quiera que para esa fecha el accionante había cumplido algo más de quince (15) de servicio, las reglas para efectos de la pensión serían las que regían antes de la Ley 33 de 1985. ¿Cuáles son esas reglas?

El Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969. El Decreto 3135 de 1968, reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales del nivel nacional, y refiriéndose a la pensión de jubilación y vejez dispuso:

“ART. 27.—Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75 por ciento del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine expresamente.

PAR. 1º—Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a este límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionarán con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.

PAR. 2º—Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente decreto hayan cumplido dieciocho años continuos o discontinuos de servicios continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad al presente decreto.

PAR. 3º—Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente se hallen retirados del servicio, con veinte (20) años de labor continua o discontinua, tendrán derecho, cuando cumplan los 50 años de edad, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro”.

El precepto anterior fue reglamentado por los artículos 68 a 80 del Decreto 1848 de 1969, y el primero de ellos reproduce los requisitos exigidos para la pensión de jubilación contenidos en el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968.

La Ley 6ª de 1945, “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo“ determinó en el literal b del artículo 17 que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían de la pensión vitalicia de jubilación si llegan a los 50 años de edad y han prestado 20 años de servicio.

Aunque los empleados del sector público y privado en principio se rigieron por la Ley 6ª de 1945, en 1968 se expidió el Decreto-Ley 3135 que regló la materia y así la ley precitada de 1945 se dejó de aplicar a los empleados nacionales. Posteriormente la Ley 33 de 1985, reformada por la Ley 62 del mismo año, reguló dicha pensión para los empleados públicos de todo nivel.

Bajo estos parámetros, las normas anteriores a las que se refiere el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no son otras que los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, los cuales exigen como requisitos para acceder a la pensión de jubilación a los varones empleados en el nivel nacional, 20 años de servicio continuos o discontinuos y 55 años de edad, requisitos que no había consolidado el actor ni cuando solicitó la pensión, ni para la fecha en que le negó el reconocimiento de la misma, motivo por el cual la Caja Nacional de Previsión debía negar la prestación, como en efecto lo hizo.

De otro lado, en lo atinente a la jurisprudencia citada por el actor, en el sentido que esta corporación ha reconocido la aplicación de la Ley 6ª de 1945 y en especial su artículo 17 que permite pensionarse a los 50 años de edad, se advierte que se ha aceptado frente a empleados del orden territorial, más no del nivel nacional, pues como se analizó anteriormente, gozan de una reglamentación específica a la cual deben someterse.

Marginalmente se anota que el status de pensionado del actor, conforme a lo expuesto, se consolidará el 3 de octubre de 2000, cuando el accionante cumpla los 55 años de edad, en consecuencia podrá solicitar nuevamente la prestación que le fue negada mediante los actos acusados.

En relación con los principios constitucionales supuestamente quebrantados, estima la Sala que no es dable una violación directa cuando hay de por medio reglamentos que los desarrollan como serían las normas que adujo el libelista para exponer, su argumentación jurídica.

En este orden de ideas, como la legalidad de las resoluciones demandadas no fue desvirtuada, acorde con los razonamientos del a quo y de la entidad demandada se impone la conformación del fallo de primera instancia».

(Sentencia de septiembre 7 de 2000. Expediente 2274-98. Consejero Ponente: Dr. Tarcisio Cáceres Toro).

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