Sentencias 2275, 2278, 2281, 2298 y 2327 de mayo 12 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

SE DENIEGA LA NULIDAD DEL DECRETO 2148 DE 1992

EXTRACTOS: «Los ciudadanos Luis Carlos Sáchica Aponte, Rodrigo Uprimny Yepes, Manuel Galindo Arias, Alberto Pardo Barrios y Carlos Alberto Ballesteros Barón, obrando en sus propios nombres y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicitan de esta Corporación, en demandas separadas que se rituaron inicialmente en procesos diferentes y que fueron acumulados mediante proveído de 30 de junio de 1993 (folios 133 a 137 del expediente Nº 2275), la declaratoria de nulidad del Decreto 2148 de 30 de diciembre de 1992 “Por el cual se reestructura el Instituto de Seguros Sociales I.S.S.”, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo transitorio 20 de la Constitución Política.

Para una mejor comprensión de la controversia sometida a consideración de la Sala, se han clasificado los cargos expuestos en los diferentes procesos así:

1. Los relativos al cambio de naturaleza del ISS a que aluden los procesos Nos. 2275, 2278, 2298 y 2327.

2. Los referentes a la omisión de la evaluación y recomendaciones de la Comisión Asesora del Gobierno de que trata el artículo transitorio 20, expresados en los procesos Nos. 2275, 2298, 2281 y 2327.

3. Los atinentes a las disposiciones laborales contenidas en el decreto acusado, a que se refieren los procesos Nos. 2275, 2278, 2281, 2298 y 2327.

4. Los relacionados frente al artículo 15 del Decreto 2148 de 1992 en los procesos Nº 2275, 2281, 2298 y 2327.

5. Los que se relacionan con la venta de bienes del I.S.S. prevista en el artículo 14 numeral 2º ibídem, de que tratan los procesos Nos. 2281 y 2327.

6. Los relativos a la falta de consonancia del acto acusado con los mandatos de la reforma constitucional, referidos en los procesos Nº 2278 y 2281.

7. Los que tienen que ver con la prestación del servicio de salud por particulares relacionados en los procesos Nos. 2281 y 2327.

8. Cargos que no son comunes, como los expuestos en el proceso Nº 2278 por violación de los artículos 1º a 3º y 40 de la Constitución Política; y a los que alude el proceso Nº 2327 por violación de los artículos transitorios 20 y 57 ibídem.

1. Respecto de los cargos relativos al cambio de naturaleza del ISS la Sala advierte lo siguiente:

La estructura de una entidad comprende la parte orgánica y la parte funcional. La parte orgánica está conformada por la naturaleza, objetivos, órganos de dirección y administración y las distintas dependencias o niveles. La parte funcional, como su nombre lo indica, atañe a las funciones que se han previsto por parte de dichos órganos de dirección y administración y de las distintas dependencias para desarrollar los objetivos de la entidad.

Reestructurar, entonces, significa modificar la estructura de una entidad, y tal modificación puede recaer sobre cualesquiera de los elementos que forman parte de la misma.

La naturaleza jurídica de una entidad, como elemento integral que es de su estructura, no puede por lo mismo considerarse aislada o separada del todo del cual forma parte.

Así como es posible variar la composición de los órganos de dirección o administración, ampliar o reducir los objetivos, crear o suprimir dependencias, asignar o reducir funciones, es posible variar la naturaleza jurídica, sin que ello implique crear una nueva entidad.

Para que pueda hablarse de la creación de una nueva entidad habría, por lo mismo, que producir un cambio total en cada uno de los elementos que conforman la estructura, comenzando por los objetivos, que es uno de los aspectos que justifican la razón de ser de cualquier entidad.

Bajo esta perspectiva entiende la Sala que el cargo en que se sustentan los procesos 2275, 2278, 2298 y 2327 para impetrar la inconstitucionalidad del Decreto 2148 de 1992, no está llamado a prosperar, ya que el Gobierno Nacional en virtud de las facultades atribuidas por el artículo transitorio 20 podía, como en efecto lo hizo, reestructurar el ISS.

2. En lo tocante a los cargos referentes a la omisión por parte del Gobierno Nacional de tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión Asesora, estima la Sala que tampoco tienen vocación de prosperidad, pues, como lo ha reiterado en diversos pronunciamientos, las evaluaciones y recomendaciones de dicha Comisión no podían tener carácter obligatorio para el Gobierno Nacional porque de considerarse así el proceso de reestructuración, fusión o supresión de las entidades de que trata el artículo transitorio 20 no dependería del ejercicio de una función de éste sino de aquélla. El querer del constituyente no fue otro que el de que expertos en administración pública y derecho administrativo, en razón de sus autorizados conocimientos sobre la materia, asesoraran al Gobierno Nacional en la tarea asignada, asesoría esta que no va más allá de ilustrar, sugerir o aconsejar.

3. En lo que concierne a los cargos expuestos frente a las disposiciones laborales contenidas en el decreto acusado, cabe tener en cuenta lo siguiente:

Los artículos 16 a 31 del Decreto 2148 de 1992 prevén la desvinculación o supresión de cargos o empleos de funcionarios de la seguridad social y trabajadores oficiales, como consecuencia de la reestructuración del ISS, y en caso de no ser incorporados en la nueva planta de personal, el pago de indemnizaciones y bonificaciones.

En el capítulo II referente a indemnizaciones, se establece el monto de las mismas según el tiempo de servicio en la entidad, y la condición en que se encuentre el titular del cargo.

En el capítulo III se consagra el pago de una bonificación para funcionarios con nombramiento provisional; en el capítulo IV se establecen incompatibilidades con las pensiones y otras indemnizaciones, así como el factor salarial para el pago de las indemnizaciones y bonificaciones.

Frente a estas disposiciones las distintas demandas aducen el desconocimiento de derechos adquiridos contenidos en las normas de carrera administrativa, convenciones colectivas de trabajo y disposiciones laborales reguladas en el Decreto 1651 de 1977; que el monto de las indemnizaciones atenta contra el Estado social de derecho, es discriminatorio y desigual; no hubo concertación y se reproduce el Decreto 1660 declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Debe precisarse en primer término que, con la consagración del artículo transitorio 20, en virtud del cual se expidió el decreto acusado, pretendió el constituyente materializar, a través de las facultades de reestructuración, fusión o supresión de las entidades allí referidas, el desarrollo de los fines esenciales que al Estado le impuso la nueva Carta Política. Consecuencia de ello, y así lo ha reiterado esta Corporación en diversas providencias, es la supresión de cargos o empleos que no requieran las necesidades administrativas del Estado en la búsqueda de la eficaz prestación de los servicios públicos, y en aplicación del principio de la prevalencia del interés general sobre el particular.

En este mismo sentido la Corte Constitucional al estudiar la demanda contra el Decreto 1660 de 1991, expresó:

“...El Estado, en el sentir de la Corte, debe asumir la tarea de adecuar su estructura a las circunstancias que hoy le exigen eficiencia y celeridad en el cumplimiento de las múltiples responsabilidades que le competen.

Nada de lo dicho podría cumplirse a cabalidad sin un aparato estatal diseñado dentro de claros criterios de mérito y eficiencia, para lo cual no resulta necesario su excesivo tamaño ni un frondoso árbol burocrático, sino una planta de personal debidamente capacitada y organizada de forma tal que garantice niveles óptimos de rendimiento.

Para hacerlo, el Gobierno dispone, entre otros instrumentos, de las atribuciones que le otorga el artículo transitorio 20 de la Constitución Política.

De allí que, si fuere necesario que el Estado, por razones de esa índole, elimine el empleo que ejercía el trabajador inscrito en carrera, como podría acontecer con la aplicación del artículo transitorio 20 de la Carta, sería también indispensable indemnizarlo para no romper el principio de igualdad de las cargas públicas (artículo 13 C.N.) en cuanto aquél no tendría obligación de soportar el perjuicio tal como sucede con el dueño del bien expropiado por razones de utilidad pública”.

De manera pues que en tratándose de la aplicación del artículo transitorio 20 hay licitud en la acción del Estado para suprimir cargos o empleos de quienes estén o no inscritos en el escalafón de la carrera administrativa, sin perjuicio obviamente de la obligación de indemnizar a los titulares de los mismos.

Teniendo en cuenta que los decretos expedidos con fundamento en la norma transitoria 20 tienen la misma fuerza o entidad normativa que la ley, en razón de la materia que regulan, bien podía el Gobierno Nacional consagrar disposiciones distintas de las previstas en otras normas de igual jerarquía y con incidencia en aspectos regulados en convenciones colectivas de trabajo, y sin perjuicio de los derechos consagrados en ellas en favor de los trabajadores.

De otra parte, en lo referente al trato discriminatorio que se predica en el monto de las indemnizaciones, estima la Sala que para que pueda hablarse de igualdad habría que partirse de un idéntico supuesto de hecho, pues frente a situaciones fácticas distintas, las consecuencias jurídicas habrán de ser disímiles. En este caso, no se encuentran en la misma situación de hecho un trabajador en período de prueba frente a otro que no lo está y un trabajador que lleva determinado número de años al servicio de una entidad, frente a otro que no ha laborado el mismo tiempo.

En lo que toca a la violación del artículo 56 de la Constitución Política (cargo séptimo de la demanda radicada bajo el Nº 2327), observa la Sala que del contenido de dicha norma se infiere que la concertación, a través de una comisión permanente integrada por el Gobierno Nacional y representantes de los empleadores y de los trabajadores, cuya composición y funcionamiento fue deferida a la ley, se previó para contribuir a la solución de conflictos colectivos de trabajo en cuanto a políticas salariales y laborales se refiere.

En el evento sub lite, cuando se expidió el decreto de reestructuración del ISS no existía conflicto colectivo de trabajo alguno cuyo tema de discusión hubiese sido la política salarial y laboral de la entidad, que por lo mismo, para su solución, requiriera de la intervención de una comisión para concertar sobre tales puntos.

De otra parte, el artículo transitorio 20 no prevé, como requisito previo a la reestructuración, fusión o supresión, la concertación a que alude la norma constitucional en estudio.

Finalmente, de la transcripción que se hizo de algunos apartes de la sentencia de la Corte Constitucional frente al Decreto 1660 de 1991, puede inferirse claramente que los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de soporte a la expedición de dicho decreto difieren de los que gobiernan la expedición de los decretos dictados por el Gobierno Nacional en uso de las atribuciones otorgadas en el artículo transitorio 20. Por esta razón no es de recibo el argumento del actor en la demanda radicada bajo el Nº 2327 por violación del artículo 243 de la Carta Política.

Los anteriores argumentos conducen a la Sala a desestimar los cargos referentes a las disposiciones laborales previstas en el decreto acusado.

4. Estatuye el artículo 15 del Decreto 2148 de 1992:

“De los Servicios de Salud. Los afiliados al Instituto de Seguros Sociales tendrán derecho a un paquete integral de atención. El consejo directivo reglamentará el acceso gradual y progresivo a los distintos servicios asistenciales, en proporción al número de semanas cotizadas.

El consejo directivo podrá modificar el paquete de servicios ofrecido a los afiliados del instituto, de acuerdo con las condiciones de morbilidad y mortalidad de la población, de los avances tecnológicos y de las modalidades de prestación de los servicios.

Los afiliados del Instituto de Seguros Sociales deberán pagar una cuota de contribución o franquicia por los servicios asistenciales de salud utilizados. El monto de las franquicias para los diferentes servicios será establecido por el consejo directivo del instituto teniendo en cuenta la clasificación socioeconómica del afiliado y el número de semanas cotizadas”.

A la disposición transcrita se le endilga en las demandas Nos. 2275, 2281, 2298 y 2327, la violación del preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 42, 44, 46, 48, 49, 58 y transitorio 20 de la Constitución Política. Al respecto tiene en cuenta la Sala lo siguiente:

a) El decreto acusado, como se ha reiterado en muchas oportunidades, tiene la misma fuerza o entidad normativa que la ley. En tal carácter podía establecer la forma de prestación del servicio de salud, máxime si el objeto del ISS, conforme se lee en el texto del artículo 2º ibídem, es dirigir, administrar, controlar, vigilar y garantizar la prestación de los servicios de seguridad social. Por ello, no resulta ajena a la reestructuración la introducción de normas relativas a la modalidad de la prestación de los servicios médico-asistenciales en la forma regulada en el artículo 15.

b) Si bien es cierto el artículo 15 acusado se refiere a los “afiliados”, no por ello se entiende que han sido excluidos los “beneficiarios”, pues el artículo 3º del mismo Decreto 2148 de 1992 es claro en señalar como funciones del ISS la de garantizar a sus afiliados y beneficiarios la prestación de los servicios médico asistenciales integrales que por ley les corresponde, mediante acciones de prevención, curación y rehabilitación y garantizar a sus afiliados y beneficiarios el pago de las prestaciones económicas a cargo del instituto, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Por lo demás, es sabido que con la expedición de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, se previó un plan de salud obligatorio que las empresas promotoras de salud, dentro de las cuales está el ISS, tienen que prestar no sólo a los afiliados sino que es de cobertura familiar (artículo 163), de cuya obligación no puede sustraerse el Instituto, por mandato expreso del artículo 3º citado.

c) Es la propia Carta Política la que en su artículo 48 inciso 3º prevé que pueda ampliarse progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. Luego, si las condiciones de mortalidad de la población, de los avances tecnológicos y de las modalidades de la prestación de los servicios varían, no resulta inconstitucional la previsión de la posibilidad de ampliar los servicios que inicialmente presta el instituto.

d) Del contenido de las normas constitucionales que se invocan como transgredidas no se infiere la prohibición del acceso progresivo a los servicios de salud de acuerdo con el número de semanas cotizadas y que se pueda pagar una cuota o contribución por los servicios asistenciales de salud utilizados.

Los artículos 48 y 49 de la Carta defirieron en la ley la reglamentación de los principios a los cuales debía sujetarse la seguridad social y la atención de la salud, y en este sentido la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral” contiene algunas previsiones similares a las que consagra el artículo 15 en estudio, como es el caso del artículo 164 que prevé el acceso a la prestación de algunos servicios que por su alto costo requieren determinado número de semanas de afiliación y un pago por parte del usuario, establecido de acuerdo con su capacidad socioeconómica.

Por las anteriores razones no están llamados a prosperar los cargos relacionados con el artículo 15 del Decreto 2148 de 1992.

5. Preceptúa el artículo 14 numeral 2º del Decreto 2148 de 1992:

“El instituto podrá disponer de los activos de su propiedad, mediante la autorización que para tal fin otorgue el consejo directivo de la entidad. El proceso de venta y enajenación de activos del instituto se hará mediante oferta pública, la cual se pondrá en conocimiento de funcionarios y ex funcionarios de la entidad, quienes podrán igualar la mejor oferta, en cuyo caso tendrán derecho de preferencia en la adjudicación. El procedimiento de venta y enajenación se regirá por las normas del derecho privado”.

En el tercer cargo de la demanda radicada bajo el expediente Nº 2281 se endilga a esta norma la violación del artículo 1º de la Constitución Política. En el cargo noveno de la demanda radicada bajo el expediente Nº 2327 se le imputa la transgresión del artículo 60 ibídem.

Considera la Sala que los cargos no están llamados a prosperar ya que la propia Constitución Política en su artículo 150 numeral 9º faculta al Congreso para conceder autorizaciones al gobierno para enajenar bienes nacionales. Teniendo el decreto acusado, como ya se dijo, la misma fuerza o entidad normativa que la ley, podía disponer, previa autorización del consejo directivo, la enajenación de bienes, los cuales tienen el carácter de fiscales, sin que ello de ninguna manera vulnere el artículo 1º de la Carta.

De otra parte, en el evento sub lite no se quebranta el artículo 60 de la Constitución dado que los supuestos fácticos de esta norma no son predicables de la disposición acusada. En efecto, en este caso ni los bienes del Instituto están representados en acciones ni éste tenía antes de la reestructuración la calidad de sociedad sino de establecimiento público del orden nacional.

6. Según se aduce en el cargo primero de la demanda radicada bajo el expediente Nº 2278, no era necesario el cambio de naturaleza jurídica del ISS pues la Constitución mantiene la figura de los establecimientos públicos y no modificó los recursos y competencias de dicha entidad, además que la modernización y la búsqueda de eficacia no era una finalidad de la norma transitoria.

En el primer cargo de la demanda Nº 2281 se argumenta que el fin de la consonancia con los mandatos de la reforma constitucional no se cumple con el decreto acusado pues este constituye un retroceso.

Sobre el particular cabe advertir:

a) Asiste razón al apoderado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando afirma que la Carta Política no supedita la transformación de las entidades que menciona en el artículo transitorio 20 a la previa desaparición dentro de la nomenclatura constitucional de la figura utilizada por el ente que se transforma. Es decir, para que un establecimiento público cuya calidad ostentaba el ISS pudiera en virtud de la reestructuración convertirse en empresa industrial y comercial del Estado, el artículo transitorio 20 no limitó tal atribución al desaparecimiento previo de los establecimientos públicos.

b) De otra parte, si bien es cierto el constituyente buscaba pone en consonancia las entidades con los mandatos de la reforma constitucional, haciendo especial énfasis en la redistribución de competencias y recursos que ella establece, de manera alguna significa que las atribuciones contenidas en la norma transitoria se circunscribieran a este último aspecto, pues la reforma constitucional incluyó innovaciones que ameritan su adecuación a través de la reestructuración, fusión o supresión, como es el caso de los principios que informan la actuación administrativa, principios estos que aun cuando el actor en la demanda 2278 pretende subestimar, constituyen una de las finalidades de la norma transitoria, pues en la medida en que la función administrativa se gobierne por aquellos, podrán satisfacerse los fines esenciales del Estado.

c) Aun cuando el cargo que se endilga en la demanda radicada bajo el expediente Nº 2281 es una apreciación subjetiva del actor, observa la Sala que del objeto y funciones del I.S.S., de las funciones de sus órganos de dirección y de los mecanismos que prevé el decreto acusado para la prestación de los servicios médico-asistenciales no se infiere que éste constituya un retroceso, y, que, por lo mismo, no esté en consonancia con los mandatos de la Carta Política.

No prosperan pues los cargos en estudio.

7. El artículo 12 del decreto cuestionado prevé que el Instituto de Seguros Sociales, para efectos de la prestación de los servicios médicoasistenciales, pueda: suscribir contratos con entidades públicas o privadas especializadas en servicios de salud, de acuerdo con la ley; fomentar la creación de instituciones, asociaciones o sociedades especializadas en servicios de salud, en aquellos sitios donde no exista una oferta de servicios asistenciales; o, excepcionalmente, en caso de no darse los eventos anteriores y mientras subsistan deficiencias en la oferta de servicios asistenciales, prestarlos directamente el instituto o a través de sistemas de fiducia o cualquier otro mecanismo que garantice la eficiencia y oportunidad de los servicios.

A esta norma se le atribuye en las demandas radicadas bajo los expedientes Nos. 2281 y 2327, la violación de los artículos 48, 49, 365 y 366 de la Constitución Política.

Estima la Sala que no tienen vocación de prosperidad los cargos ya que el artículo 365 de la Constitución Política es diáfano en permitir que los servicios públicos puedan ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, debiendo mantener aquel la regulación, control y vigilancia de dichos servicios.

En armonía con esta disposición el artículo 355 ibídem autoriza la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo a que alude el artículo 339 ibídem.

El artículo 2º del decreto acusado consagra como objeto del ISS dirigir, controlar, administrar, vigilar y garantizar la prestación de los servicios de seguridad social.

Lo anterior conduce a la Sala a afirmar que se cumplen los presupuestos del artículo 365 de la Constitución Política y, por lo mismo, no se dan las transgresiones a que se refieren los demandantes en los cargos bajo análisis.

8. Dentro de los cargos que se clasificaron ab initio como no comunes se encuentran los siguientes:

a) La violación del preámbulo y de los artículos 1º a 3º y 40 de la Carta (cargo noveno de la demanda Nº 2278), porque el Gobierno Nacional evadió la participación democrática.

b) El quebranto del artículo transitorio 57 en concordancia con el 150 numeral 23 de la Carta (cargo décimo primero de la demanda 2327), porque el decreto acusado introduce normas sobre seguridad social que sólo podían expedirse integrándose la comisión a que alude la primera norma citada.

c) La violación del artículo transitorio 20 por exceso en el término de 18 meses en él previsto, a que alude el cargo décimo tercero de la demanda Nº 2327.

En lo concerniente al cargo contenido en el literal a), no está llamado a prosperar, toda vez que cuando el constituyente facultó al Gobierno Nacional en el artículo transitorio 20 para reestructurar, fusionar o suprimir las entidades que en él se mencionan, solamente previó que una comisión de expertos en administración pública y derecho administrativo, cuya conformación indicó expresamente, asesorara, ilustrara, aconsejara e hiciera recomendaciones al gobierno en la tarea asignada, mas no supeditó el ejercicio de tales atribuciones a la participación democrática para la adopción de las decisiones. Por ello el decreto expedido con fundamento en dicha norma constitucional, se ciñó a las autorizaciones otorgadas y por lo mismo no vulneró las normas constitucionales que reclama el demandante.

b) Estima la Sala que tampoco tiene vocación de prosperidad el cargo de violación del artículo transitorio 57, en armonía con el artículo 150 numeral 23 de la Carta, pues el decreto acusado no contiene la propuesta que desarrolla las normas de seguridad social que corresponde al Gobierno Nacional presentar al Congreso. Por ello no puede endilgársele la ausencia de integración de la comisión a que se refiere la norma transitoria.

El hecho de consagrar el decreto acusado objetivos y funciones e indicar la manera como habrá de prestar los servicios médico asistenciales, no constituye el desarrollo de normas sobre seguridad social.

c) Esta Corporación en diversos pronunciamientos, entre ellos en sentencia de 9 de septiembre de 1993, expediente Nº 2309, precisó, y ahora lo reitera, que del contenido de los artículos 150 numeral 7º y 189 numerales 15 y 16 de la Constitución Política, se deduce que la facultad que le dio el artículo transitorio 20 al Gobierno Nacional para que fuera ejercida dentro del término de 18 meses contado a partir de la entrada en vigencia de aquella, sin duda alguna tiene carácter legislativo, pues teniendo en cuenta que para la época de expedición de la Carta el Congreso se encontraba en receso en virtud de la revocatoria de su mandato, no podía el gobierno hacer uso de las atribuciones constitucionales contenidas en el artículo 189 numerales 15 y 16, de carácter administrativo, que le exigían obrar de conformidad o con sujeción a la ley.

Estando demostrada la naturaleza legislativa de la función excepcional transitoria de la que la Carta revistió al Gobierno Nacional, no puede considerarse que el término en este caso de 18 meses para que el consejo directivo del ISS adecúe la estructura interna y la planta de personal a las decisiones adoptadas, constituya una prórroga del plazo previsto en la norma transitoria, pues según las voces del Decreto 1050 de 1968 en su artículo 26 literal b) y 1042 de 1978 en su artículo 74, las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado tienen dicha función administrativa de manera permanente y para su ejercicio no requieren de la fijación de término alguno.

Por esta razón no prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIEGANSE las pretensiones de las demandas radicadas bajo los expedientes Nos. 2275, 2278, 2281, 2298 y 2327.

2. Devuélvanse a los actores las sumas de dinero depositadas para gastos de los procesos, que no fueron utilizadas.

Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase».

(Sentencia de mayo 12 de 1994. Expedientes 2275, 2278, 2281, 2298 y 2327. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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