Sentencia 22758 de febrero 23 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

INTERÉS DE LA PARTE CIVIL PARA IMPUGNAR FALLO ABSOLUTORIO

CUANDO SOBRE LOS PERJUICIOS HUBO TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL

EXTRACTOS: «La Sala se pronuncia de fondo sobre la demanda de, casación presentada por la defensora del procesado Cesar Augusto Caro Villamil, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá el 25 de mayo de 2004, mediante la cual fue condenado a la pena principal de veintidós (22) meses y quince (15) días de prisión como autor penalmente responsable del concurso de delitos de lesiones personales culposas agravadas en Humberto Bautista Gómez y Rosa Adriana Campo Velandia, providencia que revocó el fallo absolutorio dictado el 29 de noviembre de 2002 por el Juzgado . Quinto Penal Municipal de la misma ciudad.

(...).

Consideraciones de la Corte

La censura de la demandante se orienta a cuestionar que el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá hubiera concedido el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte civil contra el fallo absolutorio proferido en favor del procesado y a su vez, que el ad quem hubiera desatado la referida impugnación, en cuanto estima que la parte civil carecía de legitimidad para impugnar la sentencia. Dentro de dicho marco jurídico, se tiene:

La legitimación en el proceso constituye uno de los presupuestos de procedencia de la impugnación de las providencias judiciales, en virtud de la cual, es preciso que el recurrente ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar.

Adicional al anterior también se encuentra la legitimación en la causa, presupuesto que exige de manera imprescindible que al impugnante le asista interés jurídico para atacar el proveído, esto es, que la decisión le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen. Sobre el particular, el artículo 186 del estatuto procesal penal dispone que “los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico”.

Ahora, en tratándose de la parte civil dentro del proceso penal se tiene que la facultad de ostentar tal condición radica en la persona natural o jurídica, que lo puede ser: El titular del bien jurídico objeto de tutela que resulta lesionado o puesto en peligro con el comportamiento ilícito objeto de investigación, ora sus herederos o sucesores, o bien la persona jurídica afectada con el delito, así como el representante legal del perjudicado cuando este no tiene la libre administración de sus bienes; titulares de la acción civil que para ejercitarla dentro del trámite, penal deben acreditar alguna de las referidas condiciones y concurrir, por regla general, a través de abogado, en caso de no contar con tal calidad.

Antes de la Sentencia C-228 de 2002 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró exequible “el inciso 1º del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a verdad y a la justicia”, una vez presentada la demanda de constitución de parte civil y reconocida esta como sujeto procesal, se encontraba facultada para participar en las diligencias, solicitar y aducir pruebas, presentar alegaciones e interponer recursos, a fin de acreditar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o partícipes, la responsabilidad penal de estos, así como la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados al titular de la acción debidamente reconocido como tal dentro del trámite, todo con el único propósito de conseguir la correspondiente indemnización en el fallo.

En consecuencia, de manera reiterada y pacífica la Sala sostuvo que el interés de la parte civil quedaba circunscrito exclusivamente al ámbito pecuniario de carácter resarcitorio, razón por la cual resultaba ajeno a sus facultades que presentara peticiones o ejerciera recursos que no tuvieran como finalidad el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por el hecho punible; época a la cual corresponde la decisión de esta Sala (1) citada por la demandante para alegar la ilegitimidad de la parte civil en punto de la impugnación del fallo absolutorio de primer grado. En efecto, sobre el particular se dijo que:

“... si la inconformidad manifestada por la parte civil no traduce en forma directa y concreta una mengua o deterioro para sus aspiraciones en punto al reconocimiento de los perjuicios, carece de interés para controvertir cualquier decisión. Lo anterior significa al propio tiempo, que bajo ninguna circunstancia, salvedad hecha que tenga indudable incidencia sobre la cuantía o valor de la garantía resarcitoria, le es dable a la parte civil impugnar una decisión con miras a obtener que se modifique en perjuicio del procesado la entidad típica del delito o la pena privativa de la libertad que le ha sido inferida o las circunstancias tomadas en cuenta para su determinación” (2) .

A partir del referido fallo de constitucionalidad sobre el artículo 137 del estatuto procesal penal, quedó claro que el interés de la parte civil ya no se encuentra circunscrito únicamente a conseguir la indemnización de perjuicios, sino que también comprende el interés en lograr la justicia y la verdad. Lo primero, orientado no sólo a que la conducta delictiva no quede en la impunidad, sino a que se le imponga al responsable la condigna sanción y a que se ejecute en su forma y términos de cumplimiento. Y lo segundo, para determine de manera precisa y exacta la forma como tuvieron ocurrencia los hechos, tal como insistentemente lo ha precisado la Sala (3) .

Por ello la intervención del titular de la acción civil dentro del proceso penal puede estar determinada por los tres intereses señalados, esto es, por la verdad, la justicia y la reparación, o bien por uno cualquiera de ellos, sin que la pretensión ajena al ámbito exclusivamente patrimonial torne ilegítima su condición de sujeto procesal o imposibilite su intervención en el trámite, siempre que tenga los dos o uno u otro de los restantes intereses que justifiquen su presencia dentro de la actuación penal.

Desde luego que cuando la parte civil carece de interés para impugnar porque su aspiración no se encuentra demarcada dentro de los señalados aspectos y pese a ello el recurso es concedido y desatado, se viola el debido proceso, en la medida en que por el desbordamiento de sus delimitadas facultades se da lugar a la incompetencia funcional del juez ad quem y al agravio de los intereses del procesado.

A efecto de establecer si en este asunto resulta aplicable lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad C-228 proferida el 3 de abril de 2002 (4) se tiene que si de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, “las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política tienen efectos hacía el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario" (negrillas fuera de texto), la citada sentencia rige respecto de actos posteriores a la fecha indicada.

A partir de la anterior preceptiva se impone dilucidar si los actos futuros cobijados por tal fallo de constitucionalidad son: los hechos que motivan un trámite de índole penal, la presentación de la demanda de constitución de parte civil, la admisión de esta dentro del proceso o la interposición de un recurso ordinario o extraordinario por dicho sujeto procesal.

En este contexto observa la Sala que si la mencionada sentencia se ocupó de ampliar el ámbito de interés de la parte civil dentro del proceso penal, para llegar a concluir que además del patrimonial que de manera reiterada y pacífica le era reconocido, también podía pretender que se consiguiera la justicia y se arribara a la verdad, imprescindible resulta establecer los momentos procesales durante los cuales corresponde a los funcionarios judiciales valorar tal aspecto dentro del proceso penal.

Entre ellos, irrumpen al menos, los siguientes:

1. Cuando a través de apoderado o directamente por ostentar la condición de abogado, la víctima o el perjudicado, inclusive desde el inicio de la investigación preliminar, presentan demanda de constitución de parte civil, caso en el cual, podrán optar por concurrir en procura de la indemnización de perjuicios, “que conlleva la búsqueda de la verdad y la justicia” (5) , o bien, cuando con posterioridad al mencionado fallo de constitucionalidad, por ese mismo medio su propósito se circunscribe a saber lo ocurrido (verdad) y que se condene al responsable (justicia), en cuanto tienen la facultad de accionar en punto de la indemnización de perjuicios a través de otras vías como la civil o la contencioso administrativa.

Obviamente, si la demanda de parte civil fue interpuesta con antelación a tal proveído de la Corte Constitucional, la víctima o el perjudicado sólo podían pretender el resarcimiento de los perjuicios irrogados con el delito, como aconteció en este caso.

2. Cuando se decide sobre el decreto y práctica de pruebas solicitadas por la parte civil, momento en el cual es necesario precisar el interés que le asiste a fin de evaluar especialmente la pertinencia del medio probatorio demandado.

Con anterioridad a la Sentencia C-228 de 2002 tal interés se encontraba circunscrito a la pretensión indemnizatoria. Luego de tal decisión, corresponde establecer si la parte civil pretende la indemnización de perjuicios, circunstancia que la faculta para solicitar la práctica de pruebas orientadas a acreditar no sólo el ámbito patrimonial derivado del delito, sino también en pro de establecer la verdad y conseguir la justicia. No obstante, si el perjudicado o la víctima únicamente concurren al proceso penal a fin de conseguir estas últimas, de conformidad con ellas y con la aspiración pecuniaria deberá evaluarse la pertinencia de las pruebas solicitadas.

3. Cuando se decide sobre la concesión de un recurso ordinario o extraordinario interpuesto por la parte civil, circunstancia que antesde las tantas veces mencionada sentencia de constitucionalidad quedaba limitada a la ponderación del interés económico resarcitorio y que, luego de tal providencia, la valoración fue ampliada, dado que si la pretensión es indemnizatoria, se debe evaluar tanto el aspecto pecuniario como el interés en conocer la verdad y obtener la justicia, o sólo estos últimos propósitos, cuando la aspiración se oriente exclusivamente a ellos.

De conformidad con lo anterior puede concluirse que no es sobre los hechos que originan un diligenciamiento penal que rige la referida sentencia de constitucionalidad, pues por regir hacia el futuro irradia sus efectos sobre los mencionados actos procesales durante los cuales es necesario ponderar el interés de la parte civil dentro del proceso penal, como ocurre, entre otros, con la presentación de la respectiva demanda o se analiza la concesión de un recurso ordinario o extraordinario interpuesto por dicho sujeto procesal, según se precisó.

En el asunto que concita la atención de la Sala se advierte que los hechos ocurrieron el 25 de abril de 1999; la demanda de Constitución de parte civil fue presentada el 18 de agosto de 1999 y se admitió mediante auto del 20 de los mismo mes y año. El fallo de primer grado fue proferido el 29 de noviembre de 2002 y la sentencia de segunda instancia se dictó el 25 de mayo de 2004.

Del anterior recuento del devenir procesal razonable resulta concluir que para el momento de presentación de la demanda, la parte civil únicamente podía estar interesada en la indemnización de perjuicios, pero para cuando impugna el fallo de primer grado-acto procesal posterior a la decisión de exequibilidad —su interés resulta ser más amplio, en cuanto, adicional al interés patrimonial, concurre también el de conseguir la verdad y evitar la impunidad.

Como a pesar de que entre procesado y lesionados había mediado una transacción en punto del monto de los perjuicios derivados del concurso de delitos de lesiones personales agravadas, la apoderada de Humberto Bautista Gómez y Rosa Adriana Campo Velandia impugnó la sentencia absolutoria de primer grado que favoreció a Cesar Augusto Caro Villamil, la cual tornaba nugatoria la posibilidad de que le fuera impuesta una sanción como autor penalmente responsable del concurso de delitos por el cual fue acusado y existía prueba demostrativa de su responsabilidad en grado de certeza, es claro que se encontraba legitimada para impugnar tal fallo a fin de conseguir que los ilícitos investigados no quedaran en la impunidad, para lo cual contaba con pleno interés, como a espacio quedó precisado en las anteriores consideraciones, lo que de contera denota el acierto, tanto de la concesión del recurso de apelación como de la decisión del mismo por parte del Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá.

Por tal motivo se impone concluir que si la parte civil en este asunto tenía interés en conseguir la justicia y por ello impugnó la sentencia absolutoria, no hay duda que le asistía legitimidad para ello, pues, como ya lo ha dicho la Sala, si la víctima o el perjudicado “persiguen la indemnización de perjuicios también tendrán derecho a obtener la verdad y la justicia en el proceso penal” (6) y en tal medida, el ad quem tenía plena competencia funcional para pronunciarse sobre el particular, como en efecto ocurrió.

Ahora bien, en cuanto dice relación con el segundo de los argumentos de la demandante, esto es, el referido a un posible “desistimiento” de la acción penal con incidencia en la falta de interés que proclama de la parte civil, se tiene que si la acusación tenía como objeto la probable comisión de un concurso de delitos de lesiones personales culposas, agravadas en razón de que la ingestión de licor del sindicado tuvo injerencia en la comisión de tales comportamientos y por ello fue sentenciado Cesar Augusto Caro Villamil, es evidente que no procedía la conciliación entre aquel y los lesionados, pues el referido instituto no opera respecto de cualquier delito o en cuanto sólo comporta intereses patrimoniales, sino exclusivamente en relación con aquellos punibles que admiten la figura del desistimiento o de la reparación integral, orientada eso sí a conseguir la terminación del proceso por extinción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 6º de la Ley 81 de 1993 y el artículo 41 de la Ley 600 de 2000.

Y ello porque no era viable el desistimiento en la medida en que no se trataba de un delito de aquellos para los cuales el legislador dispuso como condición de procesabilidad la querella de parte según la clara preceptiva del artículo 33 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 2º de la Ley 81 de 1993, el cual corresponde al artículo 35 de la Ley 600 de 2000.

La conciliación no procede exclusivamente sobre los intereses patrimoniales, pues tal figura esta concebida por el legislador, como ya se dijo, para que opere en el ámbito del proceso penal, siempre que se trate de delitos para los cuales proceda el desistimiento o la indemnización integral y requiere de la aprobación judicial cuando el funcionario la considere ajustada a la ley. En consecuencia, si como quedó visto, los delitos por los cuales se acusó al procesado Cesar Augusto Caro Villamil no se avienen con tales supuestos, se impone concluir que en este asunto no era viable jurídicamente la conciliación.

Tampoco era procedente la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento por indemnización integral, pues la concurrencia de la referida circunstancia específica de agravación punitiva lo imposibilitaba, dada la expresa prohibición sobre el particular contenida en el artículo 39 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 7º de la Ley 81 de 1993, precepto sustancialmente similar al artículo 42 de la Ley 600 de 2000.

Ahora bien, el artículo 1625 del Código Civil establece, entre otros modos de extinguir las obligaciones, la transacción, “contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente” (art. 2469 del C.C.) el cual “puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito; pero sin perjuicio de la acción criminal” (art. 2472 ejusdem) (negrillas fuera de texto), se trata de un acuerdo consensual, demostrable por cualquier medio de prueba, el cual “produce el efecto de cosa juzgada en última instancia” (art. 2843 ejusdem ).

Así las cosas, advierte la Sala que el documento obrante a folios 69 y 70 del cuaderno correspondiente a la fase del juicio, por contener un acuerdo de voluntades sobre asuntos económicos derivados de los delitos objeto de investigación y aparecer suscrito por el procesado y los lesionados, con plena capacidad para ello, donde impropiamente se solicita “la cesación de procedimiento por indemnización integral, de conformidad a lo prescrito en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal”, no corresponde a una conciliación, como erradamente fue asumido por el funcionario de conocimiento e inclusive por el ad quem, sino a una transacción extrajudicial y en tal medida, de conformidad con las normas de la ley civil, tiene la virtud de extinguir la obligación patrimonial.

Puede concluirse sin lugar a duda que la transacción celebrada entre el autor de los delitos y las víctimas extinguió la pretensión indemnizatoria según lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto 2700 de 1991, similar al artículo 55 de la Ley 600 de 2000, pero tal aserto no permite concluir que por ello la parte civil dentro del proceso penal perdió legitimidad o que sus titulares hayan dejado de ostentar su condición pues, por el contrario de acuerdo con lo inicialmente señalado en estas consideraciones, tal circunstancia conduce a establecer que la impugnación del fallo absolutorio suponía necesariamente el interés en la justicia, es decir, en conseguir que las conductas investigadas no quedaran impunes y que su autor soportara la correspondiente sanción, pretensiones que no son ajenas a su interés y, por tanto, a la legitimación en la causa de la parte civil, como lo pretende la recurrente.

Dado que la defensora cita en apoyo de sus pretensiones o decidido por esta Sala en providencia del 24 de febrero de 2000 (7) , en la cual se precisó que al extinguirse la obligación patrimonial por transacción dentro del proceso penal fa parte civil perdía todo interés para impugnar en casación, es suficiente señalar que a partir del fallo de constitucionalidad que se ocupó de declarar exequible el artículo 137 del estatuto procesal penal, la jurisprudencia varió sobre el particular, al punto de reconocer que son tres los intereses de la parte civil, la verdad, la justicia y la reparación, motivo por el cual la extinción de la obligación exclusivamente patrimonial no es suficiente para deslegitimar su actuación en el trámite, ni le impide en modo alguno impugnar las decisiones que le sean adversas en cuanto atañe a los otros dos intereses subsistentes, como en efecto, ocurrió en el caso de la especie.

Lo expuesto permite deducir que cualquier disposición que de la pretensión patrimonial hubiesen realizado los lesionados, no tiene injerencia alguna en el ejercicio de la acción penal por parte del Estado y, además, no desdibuja su condición de titulares de la acción civil, pues bien podía interesarles, se reitera, más allá del aspecto resarcitorio, la justicia y la verdad, todo lo cual permite concluir que no asiste razón a los argumentos de la impugnante, esto es, que el a quo concedió con sujeción a las exigencias legales el recurso de apelación interpuesto por la parte civil y el ad quemprocedió de manera correcta a desatarlo.

Con base en lo anterior, estima la Sala que si el cargo postulado y desarrollado por la recurrente carece de fundamento debe ser desestimado.

Casación oficiosa

En punto de la solicitud de la delegada orientada a que se case de manera oficiosa el fallo de segundo grado únicamente en cuanto se refiere a la condena en perjuicios, se tiene lo siguiente:

Para la solución del presente asunto no se impone establecer si la transacción celebrada entre sindicado y lesionados fue cabalmente cumplida o no, en cuanto ello tendría importancia sólo si se tratara de un punible de aquellos que admiten conciliación por resultar procedente el desistimiento o la indemnización integral, caso en el cual, “si no se cumple lo pactado, se continuará inmediatamente el trámite que corresponda”, según lo preceptúa el artículo 38 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 6º de la Ley 81 de 1993, cuyo texto es similar al del artículo 41 de la Ley 600 de 2000, circunstancia no predicable del concurso de delitos que en este trámite fue objeto de investigación.

Si las partes de manera libre, autónoma y con capacidad llegaron a un acuerdo patrimonial, esto es, celebraron una transacción, es evidente que tal modo de extinguir la obligación civil tenía la virtud de marginar del proceso penal el debate en torno a los perjuicios y su correspondiente indemnización. dado que cualquier inconformidad acerca de su cumplimiento correspondería dilucidarla a la jurisdicción civil.

Como se encuentra acreditado suficientemente en la actuación que el procesado y los ofendidos llegaron a un acuerdo sobre el monto y forma de pago de los perjuicios, se reitera, con independencia de que tal convenio haya sido cumplido o no, es lo cierto que no podía el tribunal condenar a Cesar Augusto Caro Villamil al pago de indemnización alguna pues, como se dijo, tal tema de índole privada y disponible ya había sido marginado del debate propio del proceso penal.

Dado que pese a lo expuesto, el ad quem decidió en el fallo condenar al procesado a pagar a Humberto Bautista Gómez y Rosa Adriana Campo Velandia, la suma de veintisiete millones novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos ($ 27.982.386) en un término no superior a doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, es evidente que vulneró el derecho al debido proceso de Cesar Augusto Caro, al ocuparse de un aspecto que ya había sido dilucidado por los interesados y cuyas discordias sobre el particular corresponde ventilarlas a la jurisdicción civil a través de los procedimientos especiales dispuestos para ello.

Para remediar la referida incorrección y en vista que no existe en el actual momento procesal solución diversa, se impone, en armonía con las observaciones del Ministerio Público, casar . parcialmente el fallo para dejar sin efecto, por violación del debido proceso de Cesar Augusto Caro el numeral cuarto de la parte resolutiva de la referida decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DESESTIMAR la demanda de casación presentada a nombre del procesado Cesar Augusto Caro Villamil por su defensora por las razones expuestas en la anterior motivación.

2. CASAR oficiosa y parcialmente el fallo impugnado para dejar sin efecto, por violación del debido procese de Cesar Augusto Caro, el numeral cuarto de la parte resolutiva de la citada providencia.

3. PRECISAR que los restantes ordenamientos de la sentencia impugnada se mantienen incólumes.

Contra esta providencia no procede recurso alguno. Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

(Sentencia de casación, 23 de febrero de 2005. Radicación 22.758. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

(1) Sentencia del 24 de febrero de 2000. Rad. 11650. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

(2) Providencia del 20 de abril dé 2002. Rad. 19088. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote, entre otras.

(3) Providencias del 20 de febrero de 2003. Rad. 13177. M.P. Fernando Arboleda Ripoll; 12 de mayo de 2004. Rad 20078. M.P. Alfredo Gómez Quintero; 24 de junio de 2004. Rad. 18384. M.P. Marina Pulido de Barón y 30 de junio de 2004. Rad 21281. M.P. Mauro Solarte Portilla.

(4) Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Linett.

(5) Auto del 9 de febrero de 2005. Rad. 21003. M.P. Édgar Lombana Trujillo.

(6) Auto del 12 de noviembre de 2003. Rad. 19044. M.P. Édgar Lombana Trujillo.

(7) Sentencia del 24 de febrero de 2000. Rad. 11650. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

ACLARACIÓN DE VOTO

He aclarado el voto porque no me identifico con algunas de las afirmaciones que se hacen en la parte motiva de la decisión.

1. Mucho entusiasmo ha generado en la Sala la providencia de la Corte Constitucional que extiende, en la lectura que le hace la Corte Suprema, casi al infinito, las facultades de la “víctima”. Y con entusiasmo dice que esta siempre busca la reparación, la verdad y la justicia. Eso no es cierto: por tradición en Colombia, a la víctima como que no le interesa sino la plata. Basta retroceder y/o mirar a los lados el diario discurrir judicial para ratificar lo que se acaba de decir. ¿Cuántas víctimas, por encima del dinero, pregonan con sinceridad búsqueda de solidaridad, paz, justicia y todos los demás ideales que quieran pensar? Los jueces no podemos ser tan ingenuos como para creer que en nuestro país es necesario guardar un minuto de silencio por la víctimas, sencillamente porque la “victimología”, tan de moda sobre todo en los tribunales internacionales, obedece hoy a otros criterios de padecimiento, nada parecidos, ni de lejos, a los sufrimientos de quien es lesionado culposamente.

2. Pero aun doblando la cerviz ante las democráticas mayorías judiciales, fácilmente se podría preguntar en este caso: ¿cuando hubo constitución de parte civil, en el libelo respectivo, o en adición del mismo, o mediante cualquier otra manifestación posterior, se pidió a las instancias que caminaran en pro de la víctima, con los propósitos de reparación, justicia y verdad? Jamás se hizo. Entonces, de oficio, la Corte predica, mucho más allá del querer del paciente del delito, por agregado, que este pretendía con su actuación no dinero, sino justicia y verdad. Hasta tanto allá no se puede llegar.

Y no se puede llegar por allá, no sólo porque la Corte no tiene potestad oficiosa para ello, sino porque bien leída la sentencia de la Corte Constitucional es claro que según su pensamiento esas finalidades tienen que aparecer expresa, nítidamente, en la demanda de constitución de parte civil.

4. Añádase: cuando se adelantó el proceso por hechos sucedidos el 25 de abril de 1999, no existía ni la sombra de lo que después, en el 2002, tan largamente diría la Corte Constitucional sobre el punto. ¿Cómo aplicar, entonces, esa idea?

5. Y la Sala Penal de la Corte se extiende más. Mírense sus palabras si bien cuando fue presentada la demanda de parte civil el interés del sujeto pasivo se circunscribía exclusivamente a lo patrimonial porque aún no se había pronunciado la Corte Constitucional, cuando impugnó el fallo de primer grado sí tenía interés por la justicia y la verdad pues ya la Corte Constitucional había dictado su providencia. ¡Sencillamente, incomprensible!

Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

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