Sentencia 22792 de diciembre 12 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO

El estado de embriaguez se demuestra mediante prueba técnica.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto a nombre de Diego Daniel Ordóñez González, contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2004 por el Tribunal Superior de Ibagué, que confirmó la dictada en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de Melgar (Tolima) mediante la cual se condenó a dicho procesado a las penas principales de 36 meses de prisión, multa de $ 3.000 y a la suspensión de la actividad de conducir automotores por 3 años; a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas y la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, ambas también por igual término de la sanción privativa de la libertad, como autor del delito de homicidio culposo agravado.

En la misma decisión se condenó al sentenciado al pago de los perjuicios ocasionados con la infracción, se le suspendió condicionalmente la ejecución de la sentencia y se decretó el decomiso del vehículo Mazda 626 de placas BAV-112 de propiedad de Reynel Hoyos Martínez, vinculado al proceso como tercero civilmente responsable.

(...)

Casación oficiosa

No obstante lo anterior, encuentra la Sala que la discusión generada en torno a la demostración del estado de embriaguez del sindicado en este asunto, ha sido tema abordado desde diversas aristas por los funcionarios que conocieron de este proceso, sin que a la postre, ninguno de ellos tomara partido frente a la inconsistencia legislativa que se presenta en punto de la prueba necesaria para su demostración, pues mientras el artículo 330.1 del Decreto 100 de 1980, bajo cuya vigencia ocurrieron los hechos objeto de esta investigación, disponía que el homicidio culposo se agrava “si al momento de cometer el hecho el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica”; al mismo tiempo el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 360 de 1997, prohibía la libertad provisional para los delitos de homicidio culposo “... cuando se compruebe que el sindicado se encontraba en el momento de la realización del hecho en estado de embriaguez aguda o intoxicación de acuerdo con experticio técnico, o que haya abandonado sin justa causa el lugar de la comisión del hecho”.

Obsérvese al respecto que las hipótesis señaladas, frente a las cuales el estatuto derogado prohibía el derecho a excarcelación, están referidas al delito de homicidio culposo agravado, pues solo si se presenta dentro de esas circunstancias que entrañan una imputación y por ende una penalidad más severa, se justifica la restricción.

Igual ocurre en la Ley 600 de 2000, normatividad en la que, si bien bajo otro concepto en punto de la restricción de la libertad no contiene norma similar a la de la prohibición de ese derecho, conforme se acaba de mencionar, en el listado de los delitos respecto de los cuales procede resolver la situación jurídica e imponer medida de aseguramiento, incluyó el de homicidio culposo agravado (art. 357.2)

En estas condiciones, podría sostenerse, en principio, que existe una inconsistencia legislativa sobre el medio de prueba requerido no solo para acreditar el estado de embriaguez del agente al momento de la comisión del delito, sino para la imputación de la circunstancia de agravación, en tanto que mientras expresamente la refiere para señalar cuándo no era posible conceder libertad provisional, al describir el comportamiento típico de mayor censura no alude a requerimiento probatorio alguno en especial.

Esa aparente contradicción encuentra solución, para la Sala, en el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991, la cual habría de decirse resulta aplicable no solo por encontrarse vigente al momento de la comisión del hecho, sino que, ante la inexistencia de norma equivalente en las disposiciones posteriores, le viene más conveniente a los intereses del acusado. En otras palabras, si el estado de embriaguez debía demostrarse mediante prueba técnica para que pudiera el funcionario judicial negar la libertad provisional, con mayor razón, igual comprobación era necesaria para imputar la circunstancia de agravación, pues lo uno y lo otro están necesariamente ligados, y desde luego, relacionados con el derecho a la libertad; la primera durante el curso del proceso (libertad provisional); y lo segundo nada menos que con las consecuencias finales del delito en caso de comprobarse la responsabilidad culposa; como que de ello no solo dependería la cantidad de pena a imponer, sino la procedencia de subrogados.

En este sentido, encuentra la Corte, que tanto la acusación como los fallos de instancia contienen una motivación ambigua, poco clara, que finalmente no permite asegurar que la calificación jurídica provisional se hubiera enmarcado dentro de la descripción legal del delito de homicidio culposo agravado. [...].

Ante este panorama, no puede menos que concluirse que la motivación de la acusación en lo que concierne a la circunstancia de agravación del homicidio culposo imputado al sindicado es anfibológica, pues no se entiende como los funcionarios instructores que conocieron de este asunto asumieron para efectos de la calificación jurídica provisional, que la embriaguez, como elemento de la culpa y estructurante de la circunstancia agravante se encontraba demostrada mediante prueba testimonial y otros elementos de juicio; mientras que para los fines de la excarcelación no podía afirmarse que lo estuviera por carencia de la prueba técnica.

La contradicción de una tal postura es evidente, en tanto que la entonces prohibición de excarcelar en los casos de homicidio culposo cometido en accidente de tránsito estaba obligadamente referida a aquellos casos en los que concurriera cualquiera de las dos causales específicas de agravación, esto es, haber obrado bajo estado de embriaguez aguda o intoxicación; o abandonar sin justa causa el lugar del hecho.

Adicionalmente a lo anterior, no podía el funcionario de segunda instancia modificar la calificación de primer grado para imputar la aludida circunstancia de agravación, que evidentemente no fue atribuida jurídica ni fácticamente en aquella oportunidad, pues la limitación a su competencia funcional solo le permitía pronunciarse sobre los temas objeto de impugnación, sin que pudiera empeorar la situación del sindicado, que entonces, actuaba como apelante único.

Corresponde, entonces, casar oficiosamente el fallo recurrido, para condenar al sindicado por dos delitos de homicidio culposo, sin la concurrencia de circunstancia de agravación, habrá de imponerse el mínimo de la pena prevista para la infracción, esto es, 24 meses, incrementados en 5 meses y 25 días, para un total de 29 meses y 5 días de prisión, lapso al que queda reducida la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas.

Lo anterior, respetando el criterio dosificador del juez de primer grado, con el fin de que el incremento por razón del concurso de delitos sea proporcional al considerado en la sentencia a partir de un guarismo superior.

En lo demás permanecerá incólume la sentencia recurrida, pues no encuentra la Sala razón para modificar la pena de multa o la suspensión para el ejercicio de la actividad de conducción, en tanto que estas resultan razonables y adecuadas a los delitos juzgados».

(Sentencia de casación, 12 de diciembre de 2005. Radicación 22792. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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