Sentencia 22835 de noviembre 4 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 22835 de 2004

Acta 91

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la Sociedad Nemesio Arango V. y Cía. S. en C. contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2003 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso que Jhon Harold Velásquez Rojas le promovió a la recurrente.

Antecedentes

Jhon Harold Velásquez Rojas demandó a la Sociedad Nemesio Arango V. y Cía. S. en C., para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto, la sanción moratoria, la indemnización total y ordinaria de perjuicios por el accidente de trabajo sufrido, la pensión de invalidez, todo lo que resulte probado en virtud a las facultades ultra y extra petita, y las costas del proceso.

Fundó las súplicas anteriores en que estuvo vinculado a la demandada por contrato de trabajo a término indefinido desde el 18 de septiembre de 1996 hasta el 31 de diciembre del mismo año; que el 1º de enero de 1997 celebró con la misma empresa contrato de trabajo a término fijo por un período de un año, en el que aceptó desempeñar el cargo de lavador de motores pesados para rectificación, con una remuneración equivalente al salario mínimo legal y con jornada laboral ordinaria; que esa labor la realizaba inicialmente con ACPM y agua, pero a partir del mes de marzo empezó el lavado con soda cáustica en una máquina asignada para el efecto, la cual funcionaba con gas, para calentar la soda cáustica, y con energía para darle funcionamiento; que sin protección ni seguridad industrial, prendía la máquina utilizando la combustión entre el gas y la energía eléctrica, pero que aquella comenzó a mostrar fallas en su funcionamiento, las cuales informó, sin que se le prestara ninguna atención; que el día 11 de septiembre de 1997 se le ordenó por el administrador que abriera la llave de la trampa de gas, sin prevenir el desenlace funesto, pues la máquina explotó con graves consecuencias para él, ya que se prendió en llamas; que era tanta la inseguridad que lo apagaron con un poco de polvo químico que tenía el extinguidor de la empresa.

Agregó que la empresa no le suministró los elementos y equipos de seguridad industrial apropiados para la realización de sus labores; que, debido al accidente se encuentra totalmente incapacitado para trabajar, por lo que debe declararse su invalidez; que se le ocasionó un daño moral, pues es una persona joven, con aspiraciones de alcanzar un título profesional, dado que se pagaba sus estudios en el SENA; que la demandada le canceló tácitamente el contrato de trabajo el 15 de junio de 1998, por cuanto no le comunicó formalmente el despido, sin que el ISS le hubiera reconocido la pensión de invalidez y sin haberle dado aviso con una antelación no menor de 15 días; que por ello debe cancelársele la indemnización por despido injusto; que igualmente, la demandada debe pagarle la indemnización total y ordinaria de perjuicios de conformidad con lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto el accidente ocurrió por culpa imputable al empleador al no suministrarle los elementos y equipos de seguridad requeridos.

La empresa no contestó la demanda, tal como se desprende de la constancia de secretaría visible a folio 29 vuelto del cuaderno principal. Pese a ello, mediante escrito visible a folios 39 a 42 del expediente, allegado en la primera audiencia de trámite, propuso como excepción previa la de “Indebida notificación del demandado” y con el carácter de fondo las que denominó: “Inexistencia de responsabilidad Indilgada (sic) a la sociedad empleadora en el accidente sufrido por el trabajador”; “Culpa de la víctima” y “Cobro de lo no debido”.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2002 (fls. 264 a 300 cdno. 1), condenó a la empresa demandada a pagar en favor del actor, por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 100.000.000. En lo demás dispuso su absolución.

La sentencia del tribunal

Apelada la anterior decisión por ambas partes, la Sala Civil —Familia— Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por providencia del 19 de agosto de 2003 (fls. 11 al 30 cdno. de 2º instancia), la confirmó en todas sus partes, adicionándola en el sentido de declarar no probada la tacha de testigos propuesta por la demandada.

El ad quem, luego de concluir que hubo un accidente de trabajo, sobre el cual, dijo, no existió discusión alguna, y además, por encontrarlo plenamente demostrado en el proceso, examinó lo relacionado con la culpa imputable al empleador, para lo cual se valió de las versiones rendidas por Javier Antonio Otero Narváez, Juan de Jesús Galindo, Luis Humberto Ospina Díaz y Marlio Ramón Polanía Rincón (fIs. 164 a 173 y 194 a 199), de las cuales infirió que la empresa demandada, al no dar los elementos necesarios para la protección de sus trabajadores y su administrador haber ordenado al actor manipular la máquina sin ninguna precaución, a pesar del informe sobre la presencia de líquido condensado en la tubería que conducía el gas, era responsable por la falta de cuidado y negligencia frente a su trabajador.

También afirmó que el administrador, como representante de la empresa en los términos de los artículos 32 y 33 del Código Sustantivo del Trabajo, incurrió en culpa leve al disponer que el demandante operara la máquina a sabiendas de que presentaba fallas, como, dijo, lo reconoció la demandada al proponer las excepciones, así como que con el gas circulaban líquidos condensados, tal cual lo certificó “Alcanos de Huila” (fIs. 76 y 77). Que, además, el demandante en el interrogatorio de parte corroboró lo dicho por los testigos, en cuanto, sostuvo, haberle informado a su jefe sobre las fallas que con anterioridad presentaba la máquina, y que recibió como respuesta que le faltaba era limpieza.

El recurso de casación

Fue propuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal, y admitido por la Corte. Se procede a decidir, previo el estudio de la demanda que lo sustenta. No hubo réplica.

Alcance de la impugnación

Aspira el censor a que se case el artículo primero de la sentencia impugnada en cuanto confirmó los numerales segundo, tercero, quinto y sexto de la decisión de primera instancia con el fin de que, una vez constituida en sede de instancia, revoque los mencionados numerales y, en su lugar, absuelva a la sociedad demandada de las pretensiones de la demanda.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, le formula a la sentencia del tribunal, el siguiente,

Cargo único

“La sentencia impugnada infringe, por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de los manifiestos errores de hecho en que incurrió el sentenciador”, los cuales enuncia en el siguiente orden:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el administrador fue informado de la presencia de líquido condensado en las tuberías de gas y particularmente de las que ingresan a las instalaciones de la empresa demandada.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el administrador ordenó la apertura de llave de la trampa de gas el día 11 de septiembre de 1997.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el administrador incurrió en culpa leve al ordenar abrir la llave de la trampa de gas a sabiendas de la falla mecánica de la máquina y que en las tuberías del gas circulaba líquidos condensados.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo que se presentó el día 11 de septiembre de 1997 se originó por la falta de cuidado y negligencia del empleador.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada no proporcionó los elementos necesarios para la protección de los trabajadores.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada cumplió con sus obligaciones relacionadas con seguridad industrial.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que existió culpa suficientemente comprobada de la Sociedad Nemesio Arango V. y Cía. S. en C. en el accidente de trabajo ocurrido el día 11 de septiembre de 1997.

8. No dar por demostrado, estándolo, que la Sociedad Nemesio Arango V. y Cía. S. en C. no es responsable del accidente de trabajo ocurrido el día 11 de septiembre de 1997”.

Sostiene que esos errores manifiestos de hecho se originaron en la equivocada apreciación del escrito donde se propusieron las excepciones (fls. 39 a 42); el interrogatorio absuelto por el demandante (fls. 218 a 223); la respuesta al oficio librado a “Alcanos de Huila S.A. ESP” (fls. 76 a 139); y los testimonios de Javier Antonio Otero Narváez, Juan de Jesús Galindo, Luis Humberto Ospina Díaz y Marlio Ramón Polanía Rincón (fls. 164 a 173 y 194 a 199). De igual forma acusa falta de valoración del informe del accidente de trabajo (fls. 38 y 144), y de la diligencia de inspección judicial con los documentos incorporados en ella (fls. 241 a 243).

Refiere el impugnante que el tribunal, con notoria equivocación, concluyó que la demandada aceptó el hecho relativo a que la máquina, con la cual se produjo el accidente, presentaba fallas técnicas y que el administrador, a pesar de conocer esa situación, ordenó abrir la llave de la trampa de gas. Que el documento de folios 39 a 42 no contiene aceptación alguna sobre tales supuestos fácticos, y que, por el contrario, lo que allí se indicó es que la Empresa de Gas Alcanos del Huila, no avisó a la demandada sobre la presencia de líquidos condensados en la tubería del gas, así como también, que la sociedad no conocía la presunta falla de la máquina que operaba el demandante.

Asevera que no existe manifestación alguna en donde la demandada hubiere aceptado que el administrador ordenara al actor que abriera la llave. Que se apreció equivocadamente la comunicación suscrita el 16 de septiembre de 1997, folios 114 y 115, pues allí Alcanos del Huila, le hace saber al gerente de comercialización de Ecopetrol sobre el accidente presentado en la empresa demandada, y se afirma que tales líquidos posiblemente ingresaron a sus redes el 8 de septiembre de 1997. Que, igualmente, el desconocimiento que tenía la empresa de gas sobre la existencia del condensado en la tubería, se aprecia a través del contenido del documento de folio 118 denominado “Informe sobre la problemática de deficiencia en el suministro de gas natural por parte de Ecopetrol para Alcanos del Huila ESP”, en cuyo aparte de folio 122, afirmó no haber tenido conocimiento oportuno de la salida de operación de la planta de gas de Ecopetrol que permitió que los líquidos circularan sin que fueran detectados.

Que el aludido hecho o falta de conocimiento fue comunicado al ISS al momento del informe patronal de accidentes de trabajo, a través del documento de folios 38 y 144, el cual no valoró el tribunal. Que además, el actor en el interrogatorio de parte que rindió expuso que la sociedad demandada sí proporcionó los elementos de seguridad requeridos para el ejercicio de su función, que existía un comité paritario de higiene y seguridad industrial, que había extintores en las instalaciones de la sociedad, que el trabajador fue afiliado a riesgos profesionales y que no le había informado a la empresa sobre la anomalía presentada; que en la misma diligencia también afirmó que la empresa contaba con una persona que reparaba el artefacto que él manipulaba, y que aprendió a repararla cuando aquella persona no concurría, con lo cual se demuestra que la empresa no tenía conocimiento de la falla técnica. Que la diligencia de inspección judicial de folios 241 a 243, no apreciada por el fallador de segundo grado, acredita el cumplimiento, por parte de la enjuiciada, de lo relacionado con el tema de la seguridad industrial, pues tenía adoptado un reglamento de higiene y seguridad industrial.

Manifiesta, por último, que de los testimonios rendidos por los señores Javier Antonio Otero Narváez, Juan de Jesús Galindo, Luis Humberto Ospina Díaz y Marlio Ramón Polanía Rincón, no se establece la culpa patronal en el accidente ocurrido el día 11 de septiembre de 1997.

Se considera

El recurrente cuestiona al tribunal por concluir que hubo culpa de la empresa en el accidente de trabajo donde resultó lesionado el actor, motivo por el que le atribuye varios errores evidentes de hecho, que pretende demostrar con las pruebas que enlista, unas como dejadas de apreciar y otras como equivocadamente valoradas.

De modo que, en el orden propuesto en el cargo, la Sala acometerá el estudio de las aludidas probanzas.

Aun cuando de la lectura íntegra del documento de folios 39 a 42 del cuaderno principal, que contiene el escrito de excepciones, no logra inferirse que la demandada aceptara estar enterada de las fallas de la máquina, ni de la orden que el administrador le dio al actor para abrir la llave, instantes previos al accidente, tal como lo advierte el recurrente, ello no configura yerro manifiesto alguno del ad quem, puesto que la inferencia que hizo de tal documental no fue distinta de la que otorgó la propia demandada, respecto a que de haber sido cierto tal hecho, era el administrador quien debía “responder penalmente” y, por tanto el trabajador “no ha debido obedecer esa orden, puesto que sí sabía de las fallas de la máquina pondría en peligro no solo su vida sino también las instalaciones de la empresa y la ciudadanía en general”. Valga advertir que el ad quem, luego de analizar los testimonios recaudados, fue que estableció que la empresa no dio los elementos necesarios para la protección de sus trabajadores, así como que el administrador de la empresa ordenó manipular la maquinaria sin ninguna protección, a pesar del informe de la presencia del líquido en la tubería que conduce el gas a las instalaciones de la misma, y por ello concluyó que hubo culpa patronal en el accidente. En todo caso, es conveniente agregar que en los términos del artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, el administrador de la empresa es uno de los representantes del empleador y, por lo tanto este no podía pretender exonerarse de responsabilidad con el argumento de que el trabajador debió negarse a cumplir la orden impartida. 

De otra parte, el tribunal sostuvo que el administrador de la empresa “incurrió en culpa leve al ordenar a su trabajador operar la máquina a sabiendas de que estaba fallando y que en el gas circulaban líquidos como lo certifica Alcanos del Huila (fls. 76 y 77)” —respuesta Ofi. 539—, deducción que en su parte inicial la extrajo de la testimonial, y la final de la aludida certificación, la cual se muestra acertada, si se tiene en cuenta que en ese escrito el jefe del departamento de la aludida empresa hizo saber que “Mediante habituales visitas a la empresa de rectificación —sic— Menesio (sic) Arango Vélez, en una de estas se le recomendó al señor Édgar Arango, el montaje de un separador de líquidos, debido a que se había detectado la presencia de estos en el gasoducto urbano de la ciudad de Neiva. El separador recomendado le minimizaría los riesgos de incendios en los equipos que operaban con gas natural”. Así las cosas, es evidente que el ad quem no apreció equivocadamente la mencionada probanza.

El informe del accidente de trabajo visible a folios 38 y 144, al igual que los documentos aportados en la diligencia de inspección judicial, folios 241 a 243, que se denuncian como dejados de valorar, nada demuestran en contra de la inferencia del ad quem. Ello por cuanto, aquel, por provenir de la misma sociedad demandada, no es prueba contundente que conduzca a establecer ausencia de responsabilidad en los hechos, y estos otros, porque no suministran noticia alguna sobre las condiciones de seguridad existentes en la empresa para la época del accidente, y menos aún, sobre las óptimas condiciones en que se encontraba la máquina para poder maniobrarla sin peligro alguno.

Así mismo, pese la existencia de la prueba de un reglamento de higiene y seguridad industrial en la empresa demandada (fls. 5 a 57 cdno. anexo), aprobado mediante la Resolución 32 de 1993, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fls. 3 y 4 cdno. anexo), tal medio de convicción no es suficiente por sí solo para destruir la conclusión del sentenciador de alzada, pues ni del aludido documento, como tampoco, se repite, de los que se aportaron a la diligencia de inspección judicial, es posible deducir un adecuado y oportuno mantenimiento a la maquinaria que generó el accidente, así como, el suministro por parte de la empresa de los elementos de protección necesarios para evitar accidentes con las especiales circunstancias como el sucedido.

De otro lado, del interrogatorio que absolvió la parte demandante y que milita a folios 218 a 223, no se observa confesión alguna que infirme lo relatado por los testigos, dado que, por el contrario, en dicha diligencia el actor reafirmó lo expuesto en su demanda, en el sentido de haber enterado, en distintas oportunidades a su jefe inmediato, sobre el mal estado de la máquina, aseveración plenamente corroborada por los deponentes, tal y como acertadamente lo dedujo el ad quem en la providencia impugnada.

Como puede verse, del análisis de los medios probatorios analizados no se estructura ninguno de los errores evidentes de hecho denunciados. Contrariamente, un examen conjunto de aquellos es suficiente para concluir que hubo culpa patronal en el accidente de trabajo, pues la empresa no tomó las debidas medidas preventivas tendientes a evitar cualquier hecho fatal, como fue el que le sucedió al actor.

Es innegable que una empresa en la que sus trabajadores para efectuar su labor, manejan líquidos inflamables, concretamente el lavado de motores con soda cáustica mediante la operación de una máquina que funciona con gas y energía eléctrica, está en la obligación de cumplir con exigentes medidas de protección y seguridad, de tal forma que su omisión en este sentido, conlleva una actuación negligente y descuidada, encontrándose por ello sometida a afrontar la indemnización establecida en la ley, frente a cualquier evento funesto que llegue a padecer uno o varios de sus trabajadores.

Por lo visto el cargo no prospera.

Sin lugar a condena en costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de agosto de 2003, proferida por la Sala Civil —Familia— Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso ordinario laboral que Jhon Harold Velásquez Rojas le promovió a la Sociedad Nemesio Arango V. y Cía. S. en C.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Ricaurte Gómez—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

___________________________________