Sentencia 2284 de julio 25 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

EJERCICIO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS

DECRETOS EXPEDIDOS BAJO LA ANTERIOR CONSTITUCIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Escobar Trujillo

Ref.: Expediente 2284

Sentencia 87. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1º, regla 245 del Decreto 2282 de 1989. Modificaciones al Código de Procedimiento Civil: supresión del trámite abreviado para procesos de oposición al registro de patentes, dibujos, diseños, marcas y nombres. Acusación por exceso en las facultades extraordinarias. Ejercicio de éstas y tránsito constitucional.

Santafé de Bogotá, D.C., julio veinticinco de mil novecientos noventa y uno.

I.Antecedentes

Haciendo uso de la acción pública de inconstitucionalidad que consagraba el artículo 214 de la antigua Constitución Nacional, los ciudadanos Germán Cavelier y Luis Carlos Sáchica solicitan a la Corte declarar inexequible la regla 245 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 en cuanto “omitió sin intención de suprimir, el anterior artículo 441 del Código de Procedimiento Civil” .

Cumplidos los trámites de rigor y rendido el concepto del señor Procurador General de la Nación, se procede a resolver sobre la cuestión planteada.

II. Norma acusada

Su texto es el siguiente:

“Decreto 2282 de 1989 (octubre 7)

Artículo 1º, número 245:

245. El artículo 441 quedará así:

Prestación, mejora y relevo de cauciones y garantías. Cuando la sentencia ordene la prestación, el relevo o la mejora de una caución, sea personal o real, en los casos contemplados en los numerales 3º, 4º y 5º del parágrafo 2º del artículo 427, respectivamente, el juez prevendrá al demandado para que cumpla lo dispuesto dentro del término que le señale. En caso de incumplimiento se condenará al demandado a pagar de uno a dos salarios mínimos mensuales a favor del demandante.

Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de la indemnización a que tenga derecho el demandante por el incumplimiento de la obligación de hacer, la cual se liquidará mediante incidente que deberá promoverse dentro de los sesenta días siguientes eI vencimiento del término señalado en la sentencia para la ejecución del acto“.

III. La demanda

Los actores transcriben los artículos 76-12 y 118-8 que en la anterior Constitución reglaban lo atinente a facultades legislativas extraordinarias del Presidente de la República; la letra e) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987; el artículo 414 numeral 17 del Código de Procedimiento Civil (antes de su reforma por la regla 211 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989), así como el antiguo texto del artículo 441 del Código de Procedimiento Civil (relativo al proceso especial abreviado a que en concordancia con el artículo 414-17 ibídem se sujetaba el trámite de oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes o cancelación de aquel) y su versión actual según la reforma introducida por el artículo 1º, regla 245 del Decreto 2282 de 1989 (sobre prestación, mejora y relevo de cauciones y garantías).

Hecho lo anterior, sostienen que al omitir el antiguo artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el literal e), artículo 1º de la Ley 30 de 1987 pues eliminó el procedimiento especial abreviado que conforme a aquel debía seguirse para el trámite de los procesos de oposición al registro de patentes, dibujos, diseños, marcas y nombres. A su juicio, las prementadas facultades únicamente le habilitaban para “simplificar” el trámite a que los decretos 1400 y 2019 de 1970 sujetaban los referidos procesos, mas no para dejarlos huérfanos de procedimiento, consecuencia que afirman se produce al no haberles señalado el Decreto 2282 de 1989 trámite alguno dentro de los procesos abreviados, verbales u ordinarios.

Opinan los actores que la eliminación del antiguo artículo 441 del Código de Procedimiento Civil fue “material mas no jurídica” y que “no se hizo para producir efectos jurídicos” pues “no fue intencional sino meramente mecánica”. Dichos razonamientos los conducen a afirmar que el antiguo artículo 441 Código de Procedimiento Civil está vigente y que por ende la Corte debe declarar que el artículo 1º, número 245 del Decreto 2282 de 1989 “es inconstitucional en cuanto incurrió en una omisión no autorizada”, a fin de que a consecuencia de tal declaratoria el actual artículo 441 se vea “adicionado con el texto del antiguo artículo 441”.

IV. El Ministerio Público

Mediante Oficio Nº 1675 de marzo 21 de 1991, es decir, anterior a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, el Procurador rindió concepto en el cual solicita a la Corte inhibirse de emitir pronunciamiento de mérito por considerar que la demanda adolece de ineptitud sustantiva.

Fundamenta su parecer en los siguientes razonamientos:

1. Los actores pretenden demostrar que el artículo 441, tal Lomo quedó instituido por la regla 245 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, viola los preceptos 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional (anota la Corte que obviamente el Procurador se refiere a la Constitución derogada). Sin embargo, lo que en realidad alegan y quieren lograr “es que declarado inexequible el artículo 441, sin razón alguna, se reviva su anterior texto, que hablaba del trámite especial del proceso de marcas y patentes, esto es, dar vida de nuevo al numeral 17 del artículo 414 suprimido por el legislador extraordinario al sustituirlo por el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil” (sic).

2. Así las cosas, ''''no existe en verdad concepto de violación que dé razón de por qué el artículo 441 vulnera las normas de la Carta invocadas como infringidas y, por ende, no se dan los presupuestos para que la Corte entre a estudiar el fondo del asunto”.

3. A lo cual agrega:

“Ello es tan cierto que, si se mira con detenimiento el concepto de violación elaborado por los demandantes, éste parece más bien un concepto referido al actual artículo 408 del Código de Procedimiento Civil y no a la regla 245 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 que se demanda, toda vez que la acusación se contrae en lo fundamental a demostrar que el legislador extraordinario sólo tenía facultades para “simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática y las técnicas modernas” (literal e) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987), previsión que lo inhabilitaba para modificar el numeral 17 del artículo 414 de los decretos 1400 y 2019 de 1970. Tal impugnación no comprende, se repite, lo dispuesto en la norma cuestionada en el proceso, cuyo alcance de seguro fijará la Corte al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 408“.

V. Consideraciones de la Corte

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 transitorio de la actual Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia es competente para decidir definitivamente sobre la presente acción pública, toda vez que la demanda fue incoada antes del 1º de junio de 1991 y la disposición acusada corresponde a la clase de actos cuyo juicio constitucional asignaba a la Corte el artículo 214 de la Constitución entonces vigente, pues su expedición se hizo en ejercicio de las facultades extraordinarias que al tenor de lo establecido en el artículo 76-12 de la misma fenecida Carta le confirió el Congreso al Presidente de la República mediante la Ley 30 de 1987.

2. Incidencia del cambio constitucional en los decretos de facultades extraordinarias

En sentencia Nº 85 de julio 18 de 1991 (proceso 2280, con ponencia de quien sustancia este negocio), la Corte dejó sentado que en presencia del conocido tránsito constitucional, los negocios de constitucionalidad que le fueron sometidos con base en presuntos quebrantos de la Constitución expirada, han de ser estudiados a la luz del nuevo orden institucional y que el mismo puede dar lugar a fenómenos tales como la derogatoria total o parcial o la reforma de la norma acusada (fenómenos que algunos engloban bajo el concepto conocido como inconstitucionalidad sobreviniente) o, por el contrario, la purga de su inconstitucionalidad.

Pese a lo anterior, estima que los ataques por extralimitación del Presidente en las facultades extraordinarias deben examinarse en torno a la Constitución vigente al tiempo de su otorgamiento. Y ello por las razones que pasan a explicarse.

En primer lugar, necesario es reparar en que la investidura extraordinaria de poderes legislativos a favor del Jefe del Ejecutivo en últimas entraña una cuestión de competencia; porque lo que hace la ley de autorizaciones es precisamente trasladar a dicho funcionario la competencia de la que en principio carece, en forma eminentemente transitoria y por lo demás concurrente con la del legislador ordinario (Congreso), pues éste por ese solo hecho no pierde la capacidad normadora que le es inherente. Por ello, cuando una disposición dictada en razón de la delegación extraordinaria de funciones es atacada por exceso en las mismas y no por otros motivos, lo que se está alegando en el fondo es la falta de competencia del Ejecutivo para expedirla.

En segundo término, considera la corporación que la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. Mal podrían enervarse los efectos de lo que en su momento estuvo correctamente ejercido desde el punto de vista de la competencia, por el solo hecho de que en un momento ulterior se produjere un cambio normativo, pues ello equivaldría a asignarle efectos retroactivos al nuevo ordenamiento respecto de actos con cuya emisión, dentro del término y con los demás requisitos exigidos por el antiguo, ya se había consumado o agotado el ejercicio de la competencia correspondiente.

Téngase en cuenta además, que la validez formal de la expedición de un acto, en la que queda incluido el elemento de la competencia de su autor, depende, de acuerdo con criterios de aceptación general en materia de aplicación de la norma jurídica en el espacio y en el tiempo, de la ley vigente en el lugar o en el momento de su celebración, plasmados en los conocidos aforismos “locus regit actum” y “tempus regit actum”. En otras palabras la nueva ley sobre competencia y forma regirá “ex nunc”, no “ex tunc” .

Así que en este preciso punto está lejos de tener cabida el fenómeno de la retroactividad de la nueva Constitución; al contrario, lo que sucede es que la de 1886 continúa proyectando efectos aun después de perder vigencia o aplicabilidad. Para el caso, los efectos de la norma de facultades se objetivan en los decretos de desarrollo, cuya supervivencia depende de aquella, en tratándose de competencia y rituación.

Por otra parte, de optarse por una solución diferente se causarían traumatismos de incalculables consecuencias a la sociedad, al sumirla en la incertidumbre sobre la vigencia de gran parte del ordenamiento jurídico por el que se venía rigiendo. Piénsese, por ejemplo, en lo que implicaría para el país la posible desaparición, de un momento a otro, de casi todos los códigos, expedidos —como han sido— en desarrollo de facultades extraordinarias que hoy, según el artículo 150-10 de la Constitución que hace poco entró en vigor, no pueden emplearse para semejante propósito; o la del sistema tributario nacional, condensado en el estatuto tributario (Decreto 624 de 1989) que igualmente es fruto de esta clase de facultades, no utilizables tampoco a partir de la Constitución de 1991 para decretar impuestos en virtud del mismo precepto superior citado.

Distinto sería el caso si la acusación de inconstitucionalidad contra el decreto versara, no sobre si hubo o no extralimitación en el ejercicio de las facultades, es decir, sobre un problema de nuda competencia, sino sobre el contenido de aquél; pues es indudable que en ese evento sí deberán prevalecer sin más los nuevos tipos constitucionales y que a ellos tendrá que amoldarse inexorablemente toda la legislación anterior, en vista del efecto retrospectivo inmediato de los primeros. Es aquí justamente cuando pueden presentarse las hipótesis jurídicas de derogatoria o reforma por la norma superior (inconstitucionalidad sobreviniente) o de purga de inconstitucionalidad, mencionadas al comienzo de este acápite.

También variaría la situación en el caso de que al entrar a regir la flamante Carta Política estuviera todavía corriendo el término señalado en la ley de facultades. Es claro que si éstas ya no pueden concederse, cesa en su legitimidad la ley; por ende los decretos que en lo sucesivo se dictaren invocando las autorizaciones vedadas, también se verían afectados, porque al fin y al cabo la capacidad normativa del Presidente, que no se había agotado, quedaría ipso iure recortada.

Las premisas sentadas en los párrafos precedentes, llevan a la conclusión de que, como en el presente caso la disposición atacada surgió en razón de habilitación para legislar ya precluida y que como el agravio constitucional se hace consistir en el exceso en que presuntamente incurrió el Presidente de la República, o sea en su supuesta incompetencia para proferir tal disposición, se halla la Corte en el imperativo excepcional de tener que analizar y decidir la controversia con apoyo en las normas que a la sazón reglaban esa extensión de la potestad legislativa; esto es, procederá teniendo como trasfondo los artículos 76-12 y 118-8 de la abolida Constitución y no con base en los artículos 150-10 y concordantes de la nueva. En tal dirección se orientarán las consideraciones que siguen.

3. La tesis inhibitoria de la Procuraduría

La Corte no acogerá la propuesta de fallo inhibitorio que plantea el concepto fiscal pues aun cuando la acusación propuesta a primera vista parece extraña a lo que en rigor constituye el objeto del juicio constitucional, contrariamente a lo que opina la Procuraduría, estima que la demanda presentada es estructuralmente apta para que sobre ella recaiga un proveimiento de mérito, debido a que contiene “los elementos que para las de su clase exige la ley como mínima condición para su decisión”.

En efecto, no es exacta la aseveración del Ministerio Público de que el concepto de violación esté más bien referido a atacar el actual artículo 408 Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º regla 211 del Decreto 2282 de 1989 en cuanto suprimió del antiguo artículo 414 el numeral 17 relativo al trámite especial abreviado para los procesos de oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes o los de cancelación de tales registros. Se observa que la referencia a dichas normas se consigna en la demanda, según las propias palabras de sus autores, en calidad de “antecedentes para que se comprenda que el Decreto 2282 de 1989, al omitir el numeral 17 del antiguo artículo 414 del Código de Procedimiento Civil así como el artículo 441, eliminó el procedimiento que debía seguirse para el trámite de los procesos de oposición al registro de patentes, dibujos, diseños, marcas y nombres, que estaba regulado por el artículo 441 del mismo código“.

Ahora bien, tal como se reseñó en la síntesis de la demanda, los actores atacan la regla 245 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 en la medida en que suprimió el texto del antiguo artículo 441 del Código de Procedimiento Civil por considerar que con dicha supresión se dejó “huérfanos” de procedimiento a los procesos de oposición al registro de marcas y patentes y que por ende se sobrepasaron las facultades extraordinarias conferidas por el literal e), artículo 1º de la Ley 30 de 1987, ya que el Ejecutivo, en vez de simplificar el trámite abreviado a que dicha norma los sujetaba, los dejó sin procedimiento alguno.

A juicio de la Corte las razones de que se ha dado cuenta son suficientemente explicativas de la violación constitucional que se aduce, pues dada la índole de la tacha, el concepto de violación no puede estar referido al contenido “per se” de la regla 245 del artículo 1º, sino que por elemental lógica del raciocinio que ella entraña debe enderezarse a explicar la premisa sobre la cual se construye, esto es, que la omisión del antiguo artículo 441 Código de Procedimiento Civil comporta presuntamente violación a los artículos 76-12 y 118-8 de la antigua Carta que, como se ha visto, es precisamente el núcleo central de la argumentación contenida en el escrito de demanda.

Además, repárese en que el eventual renacimiento del anterior artículo 441 del Código de Procedimiento Civil no sería más que el efecto obligado de que resultase inconstitucional la eliminación, de entre los procesos abreviados, de los relativos a la “oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes, o cancelación de aquel” y que como consecuencia de ella también resultare inconstitucional la supresión del mencionado artículo 441 que concretaba dicho trámite.

Así las cosas, necesario es concluir que no le asiste razón a la vista fiscal cuando conceptúa que la demanda se muestra estructuralmente inepta para que sobre ella recaiga una decisión de fondo.

Conviene para terminar el análisis de ese aspecto, recordar que en igual sentido se pronunció la corporación en sentencia Nº 37 de 21 de marzo de 1991 (proceso 2213, M.P. Rafael Méndez Arango), respecto de demanda sustentada en análogo concepto de violación al que en esta oportunidad se ha examinado, la que dicho sea de paso, está estrechamente relacionada con la presente alegación, según se verá en el acápite siguiente.

4. Las facultades extraordinarias y su ejercicio

Importa tener en cuenta que la Ley 30 de 1987, en cuyo desarrollo se dictó el Decreto 2282 de 1989 a que pertenece la disposición materia de la acción, puntualizó el ámbito temporal y material de las facultades concedidas, así:

“LEY 30 DE 1987

Octubre 9

Por la cual se confieren unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º— Revístese al Presidente de la República de facultar extraordinarias, por el término de dos (2) años, contados a partir de la promulgación de la presente ley para:

a) Crear, suprimir o fusionar juzgados y plazas de magistrados y fiscales en las distintas áreas y niveles de la administración justicia.

b) Aumentar o disminuir la planta de personal de empleados de la Rama Jurisdiccional y determinar las funciones de la misma, teniendo en cuenta, especialmente, las nuevas modalidades del servicio y la descentralización administrativa por distritos judiciales.

c) Modificar el actual régimen de competencia de las distintas autoridades jurisdiccionales y el Ministerio Público, y reglametar la estructura y funcionamiento de los tribunales de la administración de justicia.

d) Crear y organizar las jurisdicciones de familia y agraria.

e) Simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajusta a la informática y las técnicas modernas.

f) Asignar a otras autoridades o entidades trámites administrativos y otros no contenciosos, que actualmente están a cargo los jueces.

g) Implementar sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos entre particulares, como la conciliación, el arbitraje, los juicios de equidad.

h) Autorizar la celebración de matrimonio civil, el cambio nombres y apellidos ante notario y establecer regímenes de liquidación de sucesiones, de adopción y separación de cuerpos por consenso de personas capaces, mediante escritura pública.

i) En los procesos administrativos, suprimir el recurso extraordinario de anulación y ampliar el de apelación.

j) Modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional ...“.

a) Temporalidad

Debe advertirse que en el proceso 2077, sentencia Nº 98 de julio 26 de 1990 (M. P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein) la Corte examinó el Decreto 2282 de 1989 por el aspecto de temporalidad lo halló ajustado a la ley de facultades por cuanto su expedición se cumplió dentro del término por el cual aquellas se concedieron al Presidente de la República.

b) Examen material

a) Consideración preliminar

A los efectos de este fallo, es del caso tener en cuenta que la cuestión que en esta oportunidad se plantea se origina en la tacha de inconstitucionalidad que uno de los actores en este proceso, el ciudadano Germán Cavelier, promovió en contra del artículo 1º, regla 211 del Decreto 2282 de 1989 sobre la base de considerar que al retirarse del catálogo de los procesos abreviados los de oposición al registro de marcas o nombres, dibujos industriales o diseños y patentes o los de cancelación de tales registros que el desaparecido ordinal 17 del antiguo artículo 414 del Código de Procedimiento Civil contemplaba y que la reforma mediante la susodicha regla suprimió, el Ejecutivo excedió las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el literal e), artículo 1º de la Ley 30 de 1987, pues no habiéndoseles sometido a otro trámite especial simplificado, por obligada consecuencia resultante de lo dispuesto en el artículo 396 Código de Procedimiento Civil, quedaron sometidos al del proceso ordinario que es más dilatado.

La corporación resolvió la cuestión mediante la citada sentencia Nº 37 de 21 de marzo de 1991 (M.P. Rafael Méndez Arango) con la cual culminó el proceso 2213 a que la misma dio lugar(1).

Por su pertinencia para el examen del punto que ahora se plantea conviene transcribir de ella los siguientes apartes:

“ ...le asiste razón al ciudadano demandante cuando estima que hasta la entrada en vigor del Decreto Ley 2282 de 1989 existía al menos un proceso de oposición al registro de una patente que debía tramitarse mediante el proceso abreviado ante los jueces civiles. Sin embargo, reconocerle esta parte de razón al actor no significa aceptar igualmente la conclusión a que llega respecto de la inexequibilidad del número 211 del artículo 1º del susodicho decreto “en cuanto omitió sin intención de suprimir, el anterior artículo 414 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 408) el anterior ordinal 17” — para decirlo con sus propias palabras— , por ser lo cierto que quien promueve el juicio de inconstitucionalidad ha pasado por alto que el mismo Decreto 2282 dispuso en el número 230 de su artículo 1º, que se tramitará en proceso verbal por el procedimiento consagrado en el Capítulo I del Título XXIII “...todo otro asunto que dicho código (se refiere al de comercio) ordene resolver mediante proceso abreviado o por trámite incidental o autónomo”.

Así que siendo obligado entender que la oposición del verdadero titular al registro de una patente que comprenda “una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes o es el resultado del incumplimiento de una obligación contractual o legal”— que incluso podría ser la única hipótesis en que la competencia corresponda a los jueces civiles— , debía ser tramitada mediante el proceso abreviado tal cual lo disponía el desaparecido ordinal 17 del antiguo artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, deberá ahora interpretarse la regla del ordinal 12 del parágrafo 2º del número 230 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 (actual artículo 427 del CPC), en el sentido de ser éste uno de los asuntos en que el Código de Comercio, que fue el ordenamiento nacional modificado por la Decisión 85, mandaba resolver mediante “proceso abreviado” y, en consecuencia, desde la puesta en vigor del Decreto 2282 los tales procesos de oposición al registro de patentes a que se refiere el artículo 7º de la Decisión 85 deberán tramitarse en “proceso verbal”, al igual que cualquiera otro asunto en que así lo establezca el Código de Comercio.

Síguese de lo antes dicho que no le asiste razón al demandante cuando asevera que al omitirse del catálogo de los procesos abreviados los contemplados en el desaparecido ordinal 17 del antiguo artículo 414 del Código de Procedimiento Civil se incurrió en un desbordamiento de la ley habilitante por parte del Ejecutivo, pues, como ya se explicó, al someterse estos procesos de oposición al registro de una patente que aún son de competencia de los jueces civiles del circuito de Bogotá (en virtud de lo dispuesto por los artículos 17 CPC, 614 del C. Co. y 7º de la Decisión 85) al trámite del proceso verbal, se dio entero y cabal cumplimiento por el legislador extraordinario a la atribución que le fue conferida por el literal e) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, que invistió al Presidente de la República pro tempore de facultades para simplificar el trámite de los procesos judiciales, ya que, como es sabido, el proceso verbal, como sumario que es, comparado con el de trámite abreviado es un proceso mucho más “simplificado”.”

b) Constitucionalidad del precepto acusado

Síguese de lo expuesto por la corporación en la sentencia que se cita, que incurren en error los actores cuando afirman que al eliminarse el antiguo artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, los procesos relativos a la oposición al registro de patentes, dibujos, diseños, marcas y nombres quedaron desprovistos de procedimiento para ser tramitados, pues como en ella se puntualizó, por razón de la previsión contenida en el artículo 1º, regla 230, ordinal 12, parágrafo 2º del mismo Decreto 2282 de 1989, dichos asuntos quedaron sometidos al trámite del proceso verbal, habida cuenta de que el Código de Comercio (que fue el ordenamiento nacional modificado por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena incorporada a la legislación nacional mediante el Decreto 1190 de 1978) en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, mandaba resolverlos mediante proceso abreviado.

Como consecuencia necesaria de lo dicho resulta también infundada la pretendida extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias que se sustenta en el supuesto que ha sido desvirtuado, pues al someter los mencionados procesos al trámite del proceso verbal, en lugar de lo que preceptuaba el antiguo artículo 441 Código de Procedimiento Civil, el Ejecutivo se ciñó a la autorización que el artículo 1º literal e) de la Ley 30 de 1987 le otorgó para “simplificar el trámite de los procesos judiciales”, por ser el proceso verbal, a fuer de sumario, mucho más “simplificado” en comparación con el abreviado, como en la referida sentencia se puso de presente. Así habrá de decidirse.

5. Alcance del fallo

Dada la índole de la acusación, la corporación circunscribirá el alcance de su decisión a los precisos aspectos examinados en la parte considerativa de este fallo, esto es, en cuanto que la subrogación del texto anterior del artículo 441 Código de Procedimiento Civil por el que trae la regla 245 demandada no comporta violación a las facultades extraordinarias de que invistió al Presidente la Ley 30 de 1987, en razón a lo explicado sobre el trámite que debe seguirse en los procesos relativos a la oposición al registro de propiedad industrial que sean de competencia de los jueces civiles.

Queda, por consiguiente, abierta la puerta para futuras demandas en que se aduzcan razones de violación constitucional distintas de la examinada en este pronunciamiento.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE la regla 245 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 en cuanto el Ejecutivo no excedió las facultades que le fueron conferidas por la ley habilitante, al suprimir el antiguo texto del artículo 441 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente.— Rafael Baquero Herrera— Ricardo Calvete Rangel— Jorge Carreno Luengas— Manuel Enrique Daza Alvarez— Guillermo Duque Ruiz— Pedro Augusto Escobar Trujillo— Gustavo Gómez Velásquez— Carlos Esteban Jaramillo Schloss— Ernesto Jiménez Díaz— Pedro Lafont Pianetta— Héctor Marín Naranjo— Rafael Méndez Arango— Fabio Morón Díaz— Alberto Ospina Botero— Dídimo Páez Velandia— Jorge Iván Palacio Palacio— Simón Rodríguez Rodríguez— Rafael Romero Sierra— Edgar Saavedra Rojas— Jaime Sanín Greiffenstein— Hugo Suescún Pujols— Juan Manuel Torres Fresneda— Jorge Enrique Valencia M.— Ramón Zúniga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuan, Secretaria.

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