Sentencia 22842 de septiembre 30 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LA RENUNCIA BAJO COACCIÓN ES INEFICAZ

EN CONSECUENCIA, EL CONTRATO DE TRABAJO MANTIENE SU VIGENCIA

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Radicación Nº 22842

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2004).

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la Compañía Nacional de Chocolates S.A. contra la sentencia del Tribunal de Ibagué, dictada el 10 de septiembre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovieron Ana Isabel Duarte Castellanos y Luz Mercy Barrios Varón contra la recurrente.

I. Antecedentes

Ante el Juez Cuarto Laboral de Ibagué, por separado, Ana Isabel Duarte Castellanos y Luz Mercy Barrios Varón demandaron a la Compañía Nacional de Chocolates S.A. para que judicialmente se declare la nulidad de la renuncia que presentaron el 3 de octubre de 1998 por no corresponder “a un acto espontáneo ... de voluntad”, sino a coacción del representante legal de la compañía, y para que, como consecuencia de esa petición, sea restablecido el contrato y declarada la continuidad de la prestación del servicio con la consecuencial orden de pago de todos los derechos dejados de percibir, de los aportes patronales y de la indexación de lo adeudado. Ana Isabel Duarte adicionalmente pidió que le fuera cancelado el descanso por maternidad y todos los gastos hospitalarios, médicos y quirúrgicos que sufragó.

Para fundamentar las pretensiones afirmaron que estuvieron vinculadas laboralmente con la sociedad demandada por medio de contrato de trabajo escrito concertado a término indefinido, desde el 20 de junio de 1994; que prestaron el servicio en el cargo de degustadoras e impulsoras; que el 2 de octubre de 1998 fueron citadas por el representante de la empresa a una reunión en la que el gerente de la agencia y otros funcionarios les informaron que tenían que prescindir del servicio de todo el personal de degustadoras, impulsoras y mercaderistas; y que se les exigió que firmaran un acta de conclusiones de la reunión, se les prometió el pago de una bonificación y se les advirtió que si no firmaban de todas maneras serán retiradas del servicio.

Al contestar la demanda la compañía se opuso a las pretensiones alegando que carecían de fundamento fáctico y jurídico y negó que hubiera ejercido coacción. De otro lado, invocó la excepción de inexistencia del derecho demandado porque el retiro de las trabajadoras fue voluntario.

El juzgado del conocimiento decidió acumular los procesos y después de tramitarlos, mediante sentencia del 3 de julio de 2001 condenó a la empresa a reinstalar a las demandantes en los cargos de degustadoras impulsoras que ocupaban el día 3 deoctubre de 1998, declaró la continuidad de la prestación de servicios desde la presentación de la renuncia hasta el reintegro efectivo y ordenó el pago de los salarios con los aumentos legales y extralegales por el mismo período. De otro lado, dispuso que las demandantes reintegraran lo recibido por cesantía y bonificación voluntaria y declaró no probada la excepción propuesta por la demandada.

II. La sentencia del tribunal

La sociedad demandada interpuso el recurso de apelación en contra de la providencia anterior y el tribunal de Ibagué, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.

Comenzó por hacer un resumen de la prueba documental, del interrogatorio que absolvieron tanto las demandantes como el representante legal de la sociedad demandada, así como de la inspección judicial y de las declaraciones de Gloria Stella Rubio Pérez y Marta Edith Tovar Rojas, y en seguida planteo las siguientes consideraciones:

“El recurso está dirigido a atacar la sentencia, por el hecho de considerarse que el reintegro contemplado en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, fue modificado por la Ley 50 de 1990, y por lo tanto haber dejado de existir dicha figura jurídica.

Lo primero que se tiene que decir, es que el reintegro que se ordenó por el juez de primera instancia no tiene como fundamento jurídico la norma que mencionada el recurrente, y no lo podía ser dado que uno de los requisitos de la mencionada norma, es que el trabajador llevare más de 10 años de servicios, y las trabajadoras demandantes no lo cumplían, luego está errado el apelante en ese sentido.

Los hechos enseñan que las trabajadoras demandantes fueron objeto de una citación a la empresa demandada, donde se les plantearon unos términos para dar por terminado el contrato de trabajo, donde ellas debían de renunciar y como consecuencia de ello recibían una bonificación.

Dentro de los hechos de la demanda se relató la forma como se desarrolló la reunión mencionada, donde las trabajadoras fueron compelidas a renunciar, haciéndolas firmar unas actas y la renuncia al contrato de trabajo, bajo el supuesto de que dicha renuncia era voluntaria y las trabajadoras percibían una bonificación.

La prueba documental aportada determina que evidente (sic) hubo una reunión donde el “...objeto de la reunión es convenir los términos para la terminación del contrato ...”, acta fecha 3 de octubre de 1998; este documento pone de manifiesto que la intención del empleador era premeditada y su único fin era la terminación del contrato, luego si ello es así la voluntad de las trabajadoras no estaba presente dado que de acuerdo a la prueba testimonial fueron citadas a reunión sin que se les informara sobre el objeto de dicha reunión y menos que iban a ser desvinculadas.

Solo basta observar las fechas de los documentos, actas de reunión, cartas de renuncia y aceptación, para determinar que todo ello sucedió en la misma fecha, bastante sospechosa dicha actitud, cuando las trabajadoras en sus hojas de vida no tienen ningún motivo para pensar que hayan sido objeto de llamadas de atención o tuvieran la voluntad de irse del empleo. Además de la escritura de los mencionados documentos parece ser que ellos fueron confeccionados en el mismo computador o máquina de escribir.

La prueba testimonial aportada al proceso, a pesar de ser trabajadoras que fueron despedidas en las mismas circunstancias, y haber demandado a la empleadora, son unánimes, en indicar la forma como fueron citadas a reunión, la cual coincide con la documental y la forma como fueron obligadas a renunciar, inclusive manifestando que se les retuvo hasta tanto no presentaran la renuncia; relatan como se le dijo que si no renunciaban igualmente iban a ser despedidas y perdían la bonificación que se le ofrecía por la renuncia.

Esta prueba testimonial fue tacha de sospechosa, en momento no permitido por la ley en materia laboral, pero es que no se puede pensar que un testimonio sea sospechoso, donde existe concordancia con la prueba documental, donde son las personas presenciales de los hechos, porque los sufrieron igual que los demás trabajadores, porque asistieron al mismo lugar, el día hora.

Este cúmulo probatorio, más los diferentes indicios que se presentan en el proceso, es certero para demostrar que la renuncia de las demandantes no fue voluntaria y por el contrario estuvo presidida de una coacción por parte del empleador, quien no le dio otra alternativa diferente a la tomada.

Tan de bulto fue la intervención de la empleadora en la renuncia de las trabajadoras, que en el proceso no tuvo ninguna alterativa de defensa, porque es contundente la prueba arrimada al proceso, para demostrar la arbitrariedad en que se incurrió por la demandada. Es reprochable el proceder de la parte demandada que en el proceso procuró inducir la idea de que las demandantes padecían alteraciones mentales.

Conclusión de todo lo anterior, es que la renuncia presentada por las trabajadoras demandantes, no fue libre y espontánea, que estuvo viciado el consentimiento, por las presiones ejercidas por el empleador, aprovechando su posición de parte fuerte en el vínculo contractual”.

III. El recurso de casación

Lo interpuso la empresa demandada para que la Corte case la sentencia del tribunal y en sede de instancia revoque la del juzgado y en su lugar la absuelva de las pretensiones de la demanda.

Con esa finalidad formula tres cargos contra la sentencia del tribunal, que fueron replicados y que serán estudiados por la Corte en el orden propuesto.

Primer cargo

Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 5º y 8º del Decreto 2351 de 1965, 3º de la Ley 48 de 1968, 5º y 6º de la Ley 50 de 1990, 1502, 1508 y 1513 del Código Civil.

Afirma que el quebranto normativo se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho manifiestos:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el acta de octubre 3 de 1998 pone de manifiesto que la intención del empleador de terminar el contrato de las demandantes fue premeditada.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la renuncia de las demandantes no fue voluntaria y estuvo precedida de coacción por parte del empleador.

3. No dar por demostrado, estándolo, que las demandantes renunciaron voluntariamente a los cargos que desempeñaban en la empresa”.

Dice que el tribunal incurrió en esos errores por la apreciación errónea del acta de fecha 3 de octubre de 1998, las cartas de renuncia de las demandantes, las cartas de aceptación de renuncia, los testimonios de Gloria Stella Rubio Pérez y María Edith Tovar Rojas, los indicios derivados de las fechas de los documentos reseñados y de la circunstancia de que las hojas de vida de las trabajadoras no registraban motivo alguno para retirarse de la empresa y que las cartas de renuncia y aceptación fueron confeccionadas en el mismo computador o máquina de escribir.

Para la demostración del cargo sostiene que el acta de la reunión del día 3 de octubre de 1998 (fls. 30 y 32 cuadernos del juzgado de Luz Mercy Barrios y Ana Isabel Duarte, respectivamente) no hay huella siquiera remota de la premeditada intención del empleador de terminar el contrato, sino por el contrario, acreditan que el día 3 de octubre de 1998 se realizó en la oficina de Ibagué una reunión en la que participaron, entre otras personas las demandantes y el gerente doctor Luis Bernardo Toro con el objeto de convenir los términos de la terminación del contrato de trabajo, a raíz de las conversaciones que previamente tuvieron las partes.

Según esas actas, dice el cargo, las partes acordaron que el contrato de trabajo se entendía terminado el día 4 de octubre de 1998, “por mutuo consentimiento y por renuncia voluntaria” y que la empresa daría a cada una de las demandantes “una bonificación voluntaria de $ 512.900.00”, por lo cual es flagrante el error del tribunal.

Afirma la recurrente que de las cartas de renuncia dedujo el tribunal que “la intención del empleador era premeditada y su único fin era la terminación del contrato, pero ellas prueban que las demandantes, sin presión ni coacción alguna, renunciaron libre y voluntariamente, según su texto, y ello lo corroboran las respectivas cartas de aceptación de las renuncias de folios 29 y 31, que igualmente fueron mal apreciadas porque la empresa no hizo cosa distinta que proceder de conformidad con el avenimiento a que llegaron las partes.

Anota que el testimonio de Gloria Stella Rubio fue mal apreciado por el tribunal, que reconoció que la declarante entabló otro proceso contra la misma demandada y por los mismos hechos y pretensiones, lo cual es suficiente para desvirtuar lo que asentó el fallador por no concluir que es parcializada y deleznable esa versión. Ademas, critica en forma particular la declaración y la conclusión del tribunal, afirmando que esa deponente no negó que la actora hubiera renunciado ni que a cambio de ello recibiera una bonificación. Y aunque afirma que la renuncia fue presionada dice que si no renunciaban se quedarían sin trabajo, lo que objetivamente no puede ser considerado como una coacción, aparte de que se refiere a hechos que supuestamente se presentaron en septiembre de 1998, cuando el retiro de las demandantes se produjo en octubre de ese año.

Seguidamente destaca similares defectos de valoración probatoria en el examen del testimonio de Gloria Rubio en el proceso de Ana Isabel Duarte, para cuya desquiciamiento, sostiene, es suficiente el interés manifiesto que exhibe por perseguir el mismo objetivo de las accionantes. Y de la declaración de María Edith Tovar sostiene que es muy poco lo que aporta porque tan solo se refiere a una reunión que sostuvieron ella y las demandantes, pero aunque se refiere a presiones, no aporta ningún elemento de juicio del que se pueda desprender que aquellas fueron coaccionadas para renunciar.

Respecto de los indicios tenidos en cuenta por el fallo, el cargo acusa la sentencia poniendo de presente que no son necesarios y concluyentes, y argumenta que demuestren una realidad diferente a la que dedujo el sentenciador.

La acusación concluye con un planteamiento sobre la incidencia de la valoración probatoria en los errores de hecho y en la violación de la ley sustancial.

Dijeron las opositoras, a su turno, que el tribunal apreció correctamente la prueba y que el cargo adolece de defectos de técnica.

IV. Consideraciones de la Corte

La sentencia comienza con una conclusión precipitada y errada que descarta de plano que las trabajadoras hubieran presentado renuncia voluntaria. En efecto, en tal providencia se lee:

“La prueba documental aportada determina que evidente hubo una reunión donde el “...objeto de la reunión es convenir los términos para la terminación del contrato...”, acta fecha 3 de octubre de 1998; este documento pone de manifiesto que la intención del empleador era premeditada y su único fin era la terminación del contrato, luego si ello es así la voluntad de las trabajadoras no estaba presente, dado que de acuerdo a la prueba testimonial fueron citadas a reunión sin que se les informara sobre el objeto de dicha reunión y menos que iban ser desvinculadas.

Solo basta observar las fechas de los documentos, actas de reunión, cartas de renuncia y aceptación, para determinar que todo ello sucedió en la misma fecha, bastante sospechosa dicha actitud, cuando las trabajadoras en sus hojas de vida no tienen ningún motivo para pensar que hayan sido objeto de llamadas de atención o tuvieran la voluntad de irse del empleo. Además de la escritura de los mencionados documentos parece ser que ellos fueron confeccionados en el mismo computador o máquina de escribir''”.

Se trata de una apreciación equivocada porque basta leer el acta que recoge la reunión del 3 de octubre de 1998, así como los documentos que contienen la renuncia y la aceptación, para concluir que nada en esas pruebas indica que la empresa hubiera ejercido un acto de fuerza orientado a obtener ilegalmente el consentimiento de las demandantes, porque la premeditación de un contratante no es un motivo que anule la voluntad del otro y porque si los testigos dijeron que “fueron citados a reunión sin que se les informara sobre el objeto de dicha reunión y menos que iban a ser desvinculados” como lo afirma el tribunal, lo cierto es que una declaración de ese tipo, considerada en sí misma, no es el ejercicio de un acto de fuerza. Por otra parte, el argumento del sentenciador sobre la coincidencia temporal de la reunión con las renuncias y su aceptación, así como sobre los buenos antecedentes laborales de las demandantes, sería a lo sumo un indicio, pero no uno necesario, y como lo utilizó para reforzar la conclusión inicial, se equivocó, porque esa conclusión no surge de las pruebas calificadas, como se anoto.

En consecuencia, como lo denuncia la sociedad recurrente, la prueba documental no revela la presencia de actos de fuerza que vicien el consentimiento, de suerte que se equivocó el tribunal en su valoración. Sin embargo, su conclusión seguiría apoyada en los testimonios —cuyo análisis resulta procedente habiéndose demostrado un desacierto en la valoración de la prueba calificada—, pues, como pasa a verse, en su apreciación no se incurrió en un desacierto ostensible que lleve al quiebre de la decisión impugnada.

En efecto, cabe advertir inicialmente que no es atendible la alegación según la cual los testimonios fueron mal apreciados por las declarantes por haber entablado un proceso laboral contra la compañía demandada por los mismos hechos debatidos en el que ahora ocupa la atención de la Corte, pues esa circunstancia no fue inadvertida para el tribunal, que consideró que la tacha efectuada sobre esos testigos fue extemporánea, cuestión que la censura no controvierte, y que no se puede pensar que un testimonio sea sospechoso cuando se trata de “las personas presenciales de los hechos, porque los sufrieron igual que los demás trabajadores, porque asistieron al mismo lugar, el día hora (sic)” (fl. 164 del cdno. del tribunal).

Este razonamiento para la Corte no es notoriamente desacertado, porque si se da una circunstancia que involucra al testigo con el hecho del cual tiene conocimiento, el juez debe sopesar la declaración y no desestimarla por esa sola razón, pues si el declarante estuvo presente cuando sucedieron los hechos y puede dar noticia acerca de ellos, su versión puede ser fundamental para establecer la verdad real.

Por tal razón, ha explicado esta Sala de la Corte:

“Empero, las reglas de la sana crítica no obligan a negarle credibilidad a un testigo por la sola circunstancia del interés que pueda en el existir, ya que difícilmente habrá un proceso laboral en el cual quienes declaran no tengan alguna relación o bien con el patrono, por ser empleados directivos o representantes del mismo frente a los demás trabajadores, o bien con el trabajador, por ser sus compañeros de labor o por la circunstancia de pertenecer al mismo sindicato. En un proceso laboral lo usual es que quienes rinden testimonio son las personas que conviven en la empresa y que entre sí tienen tratos de diferente índole, unos jerárquicos, otros de amistad, o al menos de compañerismo, e incluso relaciones inamistosas, por ser también natural que la convivencia pueda generar discordias o desavenencias, e incluso “celos profesionales”.

Por todos estos especiales motivos la labor del juez laboral en ejercicio de las amplias facultades que le confiere el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo debe ser especialmente cuidadosa, y debe por ello el juzgador extremar su prudencia y su buen juicio para no caer en el facilismo de negar credibilidad a un testigo por circunstancias que en procesos de naturaleza diferente serían motivo fundado para admitir una tacha o poner en serias dudas la franqueza y veracidad de lo declarado por el deponente” (Sent. de la Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral del 4 de octubre de 1995. Radicado 7202).

Ahora bien, es cierto que la jurisprudencia tiene dicho que es válido el ofrecimiento por parte del empleador de sumas de dinero al trabajador para tomar alguna determinación en el desarrollo del contrato de trabajo, siempre y cuando no vaya acompañada de un real medio de presión.

Pero en este asunto la testigo Gloria Stella Rubio en el proceso adelantado por Ana Isabel Duarte fue explícita al manifestar, sobre la aceptación por parte de aquella de la suma que le fue ofrecida como bonificación:

“Eso fue una presión que hizo la Compañía Nacional de Chocolates y Ana Isabel Duarte aceptó dicho ofrecimiento, sé que a lo último se firmó un acta porque ellos manifestaron que así firmaran o no firmaran nosotros ya no laborábamos en la compañía” (fl. 101).

Y en relación con la renuncia presentada por la mencionada demandante, sostuvo que para firmar el acta de folios 13 a 19 hubo presión sicológica, además que

“no teníamos alternativas, pues nos dijo que firmáramos o no teníamos más trabajo y la empresa cerró las puertas de acceso y no nos dejaron ir hasta que no firmáramos y por eso todas firmábamos y la única que no quiso firmar fue la compañera Mercy y esto realmente fue una presión sicológica”.

Igualmente, al responder a la pregunta de si a pesar de no sufrir perturbaciones síquicas o mentales Ana Isabel Duarte firmó la renuncia, manifestó: “Porque no tenía más remedio o alternativa”.

Por su parte, en el mismo proceso María Edith Tovar Rojas dijo, en lo pertinente, sobre la reunión de marras:

“Allí empezaron a hablar que había que vivir el cambio y en pocas palabras cuando nos dimos cuenta era que nos habíamos quedado supuestamente sin trabajo, que teníamos que pasar la carta de renuncia eso nos lo pidieron los tres y nos presionaron a pasarla y que si la pasábamos nos daban la suma de $ 512.000.00 y si nosotros firmábamos el gerente nos tildaba con el dedo les conviene más porque si llegan a necesitar de la empresa una carta de recomendación no dudarían en dárnosla y que si no firmábamos siempre no pasábamos (sic) esa carta y que nos convenía más porque nos quedábamos sin trabajo y nos convenía tener esos $ 512.000.00, pesos. Eso fue el día inmediato y no habíamos firmado cuando ellos elaboraron la carta de renuncia mediante la secretaria de la empresa y la citación y nos la pasaron para que nosotros firmáramos y le dijimos que esperáramos para nosotros confirmar con un abogado y no nos dejaron salir hasta cuando no firmáramos la carta de la empresa o en la empresa” (fl. 101).

Y sobre el hecho de haber recibido Ana Isabel Duarte la suma de $ 512.000.00, sostuvo:

“Bajo la presión que nos tenían lo recibió por la misma causa que quedábamos sin trabajo y no teníamos ninguna solvencia económica, porque todo pensábamos menos quedar sin trabajo de un día para otro, viendo los esfuerzos y exponiendo nuestros hogares” (fl. 109).

En lo que corresponde al proceso seguido por Luz Mercy Barrios, la testigo Gloria Stella Rubio, expresó al responder acerca de las razones por las cuales aquella no se negó a firmar la carta de renuncia:

“Ella sí se negó a firmarla en el momento y al salir no la dejaron salir de la empresa y le dijeron al celador que no la dejara salir y entonces ella se devolvió (sic) y la presionaron a firmar la carta, diciéndole el gerente que no se podía retirar hasta cuando no firmara la carta”.

También expresó:

“Fuimos presionadas sicológicamente porque para nosotros fue una sorpresa cómo ellos planearon el retiro de nosotras y después de estar tanto tiempo trabajando allí y sin tener ningún problema de trabajo y estábamos muy contentas con el trabajo”.

Y si bien esta declarante aludió a una fecha distante en un mes a la de aquella en que terminó el contrato de trabajo, esa circunstancia por sí sola no es suficiente para restarle credibilidad a toda su declaración, en cuanto fue clara al exponer las circunstancias que rodearon la reunión en la que ella estuvo presente.

Y María Edith Tovar Rojas, por su parte, expresó:

Empezando, no nos dieron tiempo para averiguar por nuestra cuenta qué debíamos hacer, supuestamente porque no había tiempo; nos presionaron con un dedo en el hombro y que firmáramos que nos convenía más porque en el momento en que salíamos necesitábamos más la plata y las cartas de recomendación” (fl. 87).

Según el tribunal, en las anteriores declaraciones se expresó que las actoras fueron obligadas a renunciar; que se les retuvo hasta tanto no presentaran la renuncia y que se les dijo que si no renunciaban iban a ser despedidas y perdían la bonificación ofrecida, lo que se corresponde con lo que en realidad declararon las señaladas testigos.

Así las cosas, no existe un error ostensible al concluir de esas probanzas que la renuncia presentada por las demandantes no fue voluntaria y estuvo precedida de coacción, porque aquí lo determinante fue que, según esa prueba testimonial, el manejo de la reunión del 3 de octubre de 1998 tuvo visos de irregularidad: Aunque el representante legal de la sociedad demandada habló, en su interrogatorio, de un plan de retiro voluntario, nada indica que se hubiera dado un margen de tiempo para que las trabajadoras asimilaran la propuesta que repentinamente se les formuló de presentar la renuncia. A las trabajadoras se les puso de presente que para ellas era conveniente aceptar la oferta económica de la empresa y se insinuó que lo contrario era desventajoso. Anunciar que de ninguna manera habría más trabajo y limitar en su derecho de movilidad a una de las trabajadoras hasta tanto no firmara la renuncia, descalifica la conducta de la representación de la empresa.

Es sabido que la renuncia de un trabajador a su empleo debe ser un acto surgido de su exclusiva y libre voluntad, la cual debe ser manifestada de manera natural y voluntaria, ajena a toda injerencia o intromisión indebida por parte del empleador. Por ello, ha precisado esta Sala de la Corte:

“Renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular. No puede ser un acto sugerido, inducido, ni mucho menos provocado o compelido por persona distinta de su autor. Entonces, quien dimite de un empleo tiene pleno derecho para redactar a su libre albedrío la comunicación correspondiente, sin que su patrono pueda interferir la manifestación prístina del renunciante, porque, si así lo hace, ya no habrá la espontaneidad esencial en cualquier dimisión sino una especie de orden que el empleador le imparte al subalterno suyo para que se retire del servicio.

La renuncia pedida o insinuada en los términos de su presentación por aquel que debe resolver sobre ella no es renuncia verdadera sino apariencia simple de una dimisión que, por consiguiente, no es equiparable jurídicamente a un retiro voluntario del servicio por parte del empleado cuando se trata de esclarecer las circunstancias en que terminó un contrato de trabajo” (Sent. del 9 de abril de 1986. Radicado 69).

En esas circunstancias, como para el tribunal pesó una situación irregular en las dimisiones presentadas por las demandantes, la sentencia no adolece de error protuberante y su criterio, aunque mal enfocado por varios aspectos que recibieron la acertada crítica del recurso, no puede infirmarse por la Corte.

El encargo, en consecuencia, no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia del tribunal por violar directamente, por aplicación indebida, los artículos 6º de la Ley 50 de 1990, 8º del Decreto 2351 de 1965 y 3º de la Ley 48 de 1968, en relación con los artículos 5º de la Ley 50 de 1990 y 1502, 1508 y 1513 del Código Civil.

Para demostrar la violación de la ley que le imputa al tribunal manifestó lo siguiente:

“No dijo el fallador en qué precepto se apoyaba para tan indebida condena que no está consagrada en el ordenamiento jurídico colombiano para los casos de despidos sin justa causa de trabajadores con menos de 10 años de servicios, máxime cuando las demandantes tenían mucho menos antigüedad, según el propio sentenciador, sino para los despedidos en esas circunstancias pero con más de 10 años de servicios continuos al empleador. Muchísimo menos está prevista la consecuencia deducida por el tribunal para casos de renuncia con vicios del consentimiento, cuyo efecto es la indemnización.

Al extender los efectos al artículo 6º de la Ley 50 de 1990, a los contratos indefinidos que terminan sin justa causa por parte del empleador, respecto de trabajadores particulares con menos de 10 años de servicios, la sentencia de alzada aplicó indebidamente el precepto citado, en armonía con el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, porque ellos solo consagran en tales eventos el derecho a una indemnización tarifada.

Si el tribunal no hubiera aplicado indebidamente tal preceptiva habría absuelto a la demandada de la reinstalación y sus consecuencias, y tampoco la habría condenado a la indemnización por despido, ya que en el caso bajo estudio no fue peticionada por las accionantes”.

Manifestaron las demandantes, por su parte, que la demanda inicial del juicio no planteó el reintegro con base en el despido sin justa causa sino el restablecimiento del derecho por causa de una renuncia ineficaz.

V. Consideraciones de la Corte

Al decidir el recurso de apelación que interpuso la parte demandada en contra de la sentencia de la primera instancia, el tribunal concluyó, al igual que el juzgado, que las renuncias presentadas por las demandantes fueron nulas, por no haber sido emitidas de manera libre y espontánea. Con base en ese hecho confirmó la condena impuesta a reintegrarlas a los cargos que desempeñaban cuando presentaron renuncia el 3 de octubre de 1998, declaró la continuidad de la prestación de servicios desde la presentación de la renuncia hasta el reintegro efectivo y ordenó el pago de los salarios dejados de percibir.

De otro lado, y como en la sustentación del recurso de apelación la sociedad demandada sostuvo que el reintegro que durante su vigencia estableció el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 dejó de operar con la Ley 50 de 1990 y por ello solo cabía reconocer a las demandantes la indemnización, el tribunal desestimó ese argumento y dijo lo siguiente:

“El recurso está dirigido a atacar la sentencia, por el hecho de considerarse que el reintegro contemplado en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, fue modificado por la Ley 50 de 1990, y por lo tanto haber dejado de existir dicha figura jurídica.

Lo primero que se tiene que decir, es que el reintegro que se ordenó por el juez de primera instancia no tiene como fundamento jurídico la norma que mencionada el recurrente, y no lo podía ser dado que uno de los requisitos de la mencionada norma, es que el trabajador llevare más de 10 años de servicios, y las trabajadoras demandantes no lo cumplían, luego está errado el apelante en ese sentido”.

La sociedad recurrente alega que el tribunal violó, por aplicación indebida, los artículos 6º de la Ley 50 de 1990, 8º del Decreto 2351 de 1965 y 3º de la Ley 48 de 1968, en relación con los artículos 5º de la Ley 50 de 1990 y 1502, 1508 y 1513 del Código Civil; sostiene que el tribunal no precisó el precepto legal en que apoyó su decisión y que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene consagrado el reintegro allí ordenado para los casos de despido sin justa causa, como tampoco para los casos de renuncia afectada por un vicio del consentimiento.

Está visto que la sentencia del juez de segundo grado no precisó el fundamento legal de su decisión y que el juzgado tampoco lo hizo. Simplemente consideraron que la renuncia no había sido emitida de manera libre y espontánea y estimaron que bajo esa circunstancia el trabajador tiene derecho al reintegro al empleo y al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.

Es reprochable que el juez, cualquiera que sea el caso que deba resolver, omita el fundamento legal de su decisión. Pero si ese fundamento existe y el recurrente ha intentando el recurso con la argumentación contraria (como ocurre aquí, porque se alegó que no existía reintegro para la situación fáctica), corre con las consecuencias que acarrea la falta de determinación de la norma sustancial.

Pero en este caso, es claro que si el tribunal consideró que el juzgado no se fundó en lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 para ordenar el reintegro que confirmó, es dable concluir que tampoco se sirvió de lo dispuesto en ese precepto legal, de tal suerte que, en ese orden de ideas, si entendió que no se estaba utilizando, no es posible considerar que le hizo producir efectos jurídicos y por ello no le puede ser atribuida su aplicación indebida.

Con todo, en relación con las demás disposiciones acusadas y con los argumentos planteados en el cargo acerca de los efectos de la renuncia por vicios del consentimiento, conviene destacar que, con la excepción que tal norma precisa, a partir de la vigencia del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 el despido sin justa causa no tiene como consecuencia el reintegro, como sí lo disponía el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 en beneficio del trabajador que fuera despedido sin justa causa después de haberle prestado sus servicios a la empresa por más de diez años continuos. Pero esa regulación no significó la desaparición de la legislación nacional de figuras jurídicas que conduzcan a la reincorporación del trabajador a su empleo, porque tal precepto legal es específico para el despido sin justa causa, pero no contempla otro tipo de situaciones.

De hecho, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, sobre protección en conflictos colectivos, y el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, sobre protección en casos de despidos colectivos, son dos ejemplos que indican que la expedición del señalado artículo 6º de la Ley 50 de 1990 no significó establecer como principio general la eliminación en las relaciones laborales del reintegro de un trabajador a sus labores.

Cumple precisar, por otra parte, que la renuncia afectada por un vicio del consentimiento no puede equipararse al despido sin justa causa. Tiene como fundamento la ineficacia de la declaración de voluntad emitida por el trabajador y cuando se da esa situación, la conclusión lógica, y legal, como se verá, es considerar que el contrato de trabajo debe ser restituido al mismo estado en que se hallaría de no haber existido el acto viciado de nulidad, conforme lo establece el artículo 1746 del Código Civil, norma que resulta aplicable en tal situación por virtud de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Y esa restitución supone, desde luego, el restablecimiento del contrato de trabajo. El despido sin justa causa, por el contrario, es un acto de declaración de voluntad del empleador y, en principio, produce un efecto extintivo del contrato y la propia ley le reconoce virtualidad suficiente para ello y para generar en favor del trabajador el derecho a una indemnización tarifada, como regla general.

Ahora bien, el reintegro como consecuencia de la ineficacia de la renuncia debe tener y tiene fundamento adicional en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, porque si la renuncia no produce ningún efecto jurídico no puede afirmarse que en realidad el contrato haya terminado y esto es precisamente lo que regula ese precepto, cuyo título, “salarios sin prestación del servicio”, permite su aplicación a una variedad de hipótesis en las cuales no se da la prestación del servicio por culpa o disposición del empleador, una de las cuales es, precisamente, una renuncia del trabajador afectada en su validez.

En otras situaciones en que se da laineficacia del acto por medio del cual se termina el contrato de trabajo, el legislador ha recurrido al artículo 140 citado para dar lugar al reintegro del trabajador a su empleo. En efecto, el antes mencionado artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, ordena aplicar el artículo 140 del código en favor de los trabajadores afectados por despidos colectivos o suspensiones temporales de los contratos de trabajo que ocurran sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El fundamento de esa aplicación está en que el despido colectivo o la suspensión temporal de los contratos de trabajo es ineficaz, tal como lo manda el numeral 5º del artículo 67 de la Ley 50 citada, en cuanto dispone:

“No producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caso en el cual se dará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Sobre las consecuencias que se desprenden de esa disposición en materia del reintegro del trabajador, al precisar la Sala que carece de incidencia la denominación que se le dé a esa figura jurídica, ha manifestado lo que a continuación se transcribe:

“Por lo demás, y como bien lo anota la recurrente, la competencia para determinar cuándo una empresa o patrono ha efectuado un despido colectivo de trabajadores está explícitamente asignada al Ministerio de Trabajo en el ordinal 4º del artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965.

En efecto, de manera paladina dicho ordinal dispone que “el Ministerio del Trabajo, a su juicio, y en cada caso, determinará cuándo una empresa o patrono ha efectuado un despido colectivo de trabajadores”; y el ordinal 3º de dicha norma establece literalmente que “no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo”.

De dichos preceptos legales resulta, como con entera razón lo afirma la recurrente en el cargo, que es equivocado el entendimiento del tribunal cuando al artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 le hace decir que la acción judicial viable para la efectividad de la protección en caso de despido colectivo “es la de petición de declaratoria de ineficacia del despido colectivo y el consecuente restablecimiento del derecho”:

Conforme lo dispone el artículo 28 del Código Civil, salvo cuando haya de dárseles “su significado legal” porque el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras”; y como ocurre que el legislador no le ha dado un significado legal a la palabra “reintegro”, debe ella entenderse en su sentido natural y obvio, que para estos efectos no puede ser otro diferente al uso general registrado en el Diccionario de la Lengua Española, en donde dicho sustantivo está definido como “acción y efecto de reintegrar”, y “reintegrar” es verbo transitivo que en la acepción pertinente significa “volver a ejercer una actividad, incorporarse de nuevo a una colectividad o situación social o económica”. Como uno de los ejemplos del correcto uso de la palabra se da el de “reintegrarse a sus funciones”.

Quiere decir lo anterior que le asiste entera razón a la recurrente cuando afirma que gramaticalmente la palabra “reintegro” no puede significar otra cosa diferente a incorporar de nuevo a alguien a su trabajo, pero lo que desde el punto de vista de la prevalencia del derecho sustancial resulta irrelevante que en los casos en que un patrono ha efectuado un despido colectivo, así determinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para hacer efectiva la protección de los trabajadores y realizar el derecho que tienen “a percibir el salario, el trabajador, quien por ministerio de la ley está autorizado para considerar que se encuentra vigente su contrato de trabajo, bien puede demandar que se le reintegre al empleo, o que se le reincorpore a la empresa, o que se le instale en su empleo, o que se le reinstale en su actividad laboral, pues, independientemente de cuál sea la expresión que utilice en su demanda, en la medida en que acredite el hecho de haber sido afectado por un despido determinado como colectivo por la autoridad administrativa competente, para que se cumpla la voluntad de legislador y tenga consecuencias prácticas la protección que le otorgan el artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y el artículo 40 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, de no producir ningún efecto el despido colectivo de trabajadores efectuado por el patrono, el juez debe ineludiblemente ordenar la reinstalación del trabajador a su empleo con todas las consecuencias que se derivan de dicha decisión judicial.

Se reitera entonces que con independencia de cuál sea la naturaleza jurídica de la figura consagrada en el numeral 3º del artículo artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, y sin que para efectos de la protección en caso de despidos colectivos que individualmente corresponde al trabajador por la violación de las disposiciones de este artículo sea necesario dilucidar si para él se deriva el derecho de ejercitar contra el patrono o la empresa una “acción de reintegro” o si lo procedente es la “petición de declaratoria de despido colectivo y el consecuente restablecimiento del derecho” —que fue lo expresamente exigido por el tribunal—, como asimismo resulta irrelevante elucidar si jurídicamente es dable hacer diferencias entre el “reintegro” o la “reincorporación” o la “reinstalación” en el puesto de trabajo, conceptos sobre los cuales, se repite, para determinar el genuino sentido de la norma que consagra la protección en caso de despido colectivo no es menester poner en claro debe conducirse que con el fallo acusado se violó la ley, pues no obstante haber encontrado el juez de alzada que la demanda de Nohra Marina Hernández de Díaz se sustentó jurídicamente en tal disposición y que sus supuestos fácticos fueron plenamente probados, equivocó el entendimiento lógico de dicho precepto al confundir la consecuencia jurídica del supuesto de hecho que él contempla con las pretensiones procesales que debía formular la demandante al invocar como causa de ellas el despido colectivo de que fue objeto junto con otros trabajadores.

Al razonar de esa manera el juzgador no tuvo en cuenta que si bien en el artículo 40 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 se previó como sanción o consecuencia jurídica al despido colectivo sin autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no produjera ningún efecto, no se consagró una “acción especial”, como tampoco se estableció que se demandara dicha protección de una manera específica como condición necesaria para que los trabajadores pudieran obtener judicialmente el reconocimiento de su derecho por la violación de las disposiciones de dicho artículo” (sent. nov. 30/2000. Rad. 14640).

También la jurisprudencia de esta Sala ha acudido al mencionado artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo para soportar jurídicamente la continuidad del vínculo laboral cuando el contrato de trabajo se ha pretendido terminar en contra de una expresa prohibición legal. Así lo hizo al explicar las consecuencias del despido que se produce en contra de lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, en los siguientes términos:

“Entiende la Sala que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 contempla una situación especial y por ello el tratamiento no puede corresponder a los parámetros generales que fija la ley para las circunstancias ordinarias. Esa coyuntura particular corresponde al período de negociación colectiva, vale decir, desde la presentación al empleador del pliego de peticiones hasta el depósito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del pacto o convención colectiva o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral correspondiente, lapso en el que se genera un enfrentamiento de propuestas entre el empleador y los trabajadores que han promovido tal negociación, durante el cual la permanencia de los mismos como tales adquiere gran importancia por diversos aspectos, comenzando por el simple respaldo numérico, pasando por la proporcionalidad de estos empleados frente a la totalidad de los que laboran para el correspondiente empleador o sector y concluyendo en los aspectos rigurosamente económicos o de costos derivados del resultado del conflicto colectivo.

Por ello no comparte el criterio de asignarle al despido injusto sucedido dentro de estas circunstancias particulares, las mismas consecuencias derivadas de ocurrir fuera de ellas, pues esto entraña la inutilidad de la disposición especial y ello no resulta comprensible, particularmente cuando las dos normas, la de la regulación general y la del tratamiento especial, surgieron del mismo estatuto, que en su momento correspondió solo al Decreto 2351 de 1965.

Ademas, se encuentra más apropiado concluir que la expresión “no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada” comporta una prohibición dirigida al empleador que, por tanto, este debe respetar en forma absoluta por encontrarse establecida en norma de obligatorio cumplimiento por ser de orden público, por lo que su decisión de terminar el contrato en contra de ella no puede producir tal efecto dado que no puede primar sobre la expresa voluntad del legislador de impedir el despido injusto de los trabajadores involucrados en un conflicto colectivo.

Nuestro ordenamiento jurídico laboral, aún en vigencia de la Constitución de 1991, consagra la posibilidad del despido sin justa causa con el pago de la indemnización contemplada en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 que subrogó el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965. Por eso cuando el artículo 25 establece la prohibición legal expresa de despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores, desde que presentaron el pliego hasta que se resuelva el conflicto, el efecto no puede ser la indemnización, pues se estaría frente a la repetición del resultado previsto en la disposición consagrada en el artículo 8º, lo que resulta a todas luces impropio, por lo que debe interpretarse la norma de manera que produzca un resultado diferente, que corresponde al expresado anteriormente de no producir la decisión patronal el efecto natural de todo despido, aun injusto, que es la terminación del contrato. Esa situación, que bien puede entenderse originada en la nulidad absoluta o en la ineficacia, que es la figura jurídica que se encuentra plasmada específicamente en diversas disposiciones de naturaleza laboral, supone la continuidad del vínculo contractual con todas sus consecuencias, lo que apareja el pago de los salarios dejados de percibir con fundamento en el artículo 140 Código Sustantivo del Trabajo debido a que la ausencia del servicio se origina en una determinación del empleador, con los aumentos y reajustes que se produzcan en el interregno, pago de salarios que se proyectara hasta que se presente la reinstalación física del trabajador en su cargo. También, consecuencialmente y por la misma razón, se generaran los derechos prestacionales que la ley señala a cargo directamente del empleador y las obligaciones de este frente a la seguridad social en relación con el trabajador correspondiente”.

En el caso de la renuncia afectada por error, fuerza o dolo imputables al empleador también está de por medio la ineficacia de la declaración de voluntad emitida por el trabajador, de manera que esa identidad de fundamento con el despido colectivo no autorizado y con el despido sin justa causa comprobada de un trabajador amparado por el que se ha dado en denominar fuero circunstancial debe llevar a la misma solución, o sea a la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y el reintegro a su empleo del trabajador afectado con la ilegal conducta de su empleador.

Y, como es apenas lógico y se anotó en precedencia, la consecuencia de la cabal utilización del artículo 140 citado se concreta en que el contrato de trabajo mantiene su vigencia, con el consecuente pago de los salarios dejados de percibir, porque el solo enunciado de esa norma jurídica presupone la existencia del contrato de trabajo y porque allí en realidad se regula una situación de interrupción del servicio por causa de actos o hechos voluntarios o culposos del empleador.

Así tuvo oportunidad de precisarlo esta Sala de la Corte, en sentencia de su extinta sección primera del 23 de octubre de 1995, radicado 7782, al establecer la diferencia entre el despido indirecto y la renuncia ineficaz y señalar las consecuencias jurídicas que esta última trae aparejada:

“Se hace necesario efectuar una corrección doctrinaria a la sentencia impugnada, la cual dedujo el despido indirecto por vicio del consentimiento en el acto de la renuncia; vale decir, que el fallador de segundo grado confundió la nulidad del acto, con la renuncia por justa causa y son diferentes situaciones cuyos efectos jurídicos pueden ser también distintos; en el caso sub examine, debido a que el actor estaba asistido por la estabilidad laboral del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 y no se trató siquiera la posibilidad sobre la existencia de circunstancias que desaconsejen el reintegro; tal confusión no logró desviar la correcta definición del proceso; pero debe la Corte advertir que del vicio en el consentimiento en el acto de la dimisión no deriva el despido indirecto; este último se presenta cuando el trabajador acredita que se vio compelido a renunciar por una de las justas causas que establece el literal b) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 y que así lo manifestó en el momento de la terminación del contrato de trabajo; sus efectos jurídicos son los mismos del despido sin justa causa. En cambio, el desconocimiento del valor legal del acto de la renuncia trae consigo la restitución completa de las cosas al estado en que se hallarían ni no hubiese existido el acto anulado, o sea la existencia del contrato de trabajo y el reconocimiento de todos los salarios dejados de percibir, tal y como lo ordena el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que el trabajador no ha prestado servicio por culpa del empleador”.

De los planteamientos anteriores surge que el cargo no tiene vocación de prosperidad, porque la trascripción que se hizo de la sentencia del tribunal pone de presente que el reintegro no tuvo su fundamento en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990. Y porque es razonable entender que ese fundamento estuvo, aunque no lo haya dicho expresamente el sentenciador, en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que no fue acusada por la sociedad recurrente.

Por otra parte, la denuncia de la violación de los artículos 1502, 1508 y 1513 del Código Civil no es determinante para el caso, ya que ellas se limitan a definir, en su orden, los requisitos para que una persona se obligue por un acto o declaración de voluntad, los vicios de que puede adolecer el consentimiento (el error, la fuerza y el dolo) y las condiciones para que la fuerza vicie el consentimiento, de modo que eran pertinentes al asunto debatido y por tal razón no pudieron ser indebidamente aplicadas.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Tercer cargo

Denuncia la sentencia del tribunal por la infracción directa de los artículos 8º del Decreto 2351 de 1965, 3º de la Ley 48 de 1968 y 6º de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 5º de la Ley 50 de 1990 y 1502, 1508 y 1513 del Código Civil.

Para demostrar que se dio esa violación de la ley dice la sociedad impugnante en lo pertinente de su escrito:

“En los contratos de duración indefinida, como finalmente fue el de las demandantes según el propio tribunal, cuando se produce un despido sin justa causa de trabajadores particulares con menos de 10 años de servicios, la consecuencia esta expresamente regulada en la ley y consiste en una indemnización tarifada, según la antigüedad del trabajador. Así lo ordena perentoriamente el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 que no fue aplicado por el tribunal, por ignorancia o por rebeldía.

Es tan claro el asunto que basta transcribir la parte pertinente del texto en mención:

En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si este da lugar a la terminación unilateral par parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan: ...”.

Si el tribunal no hubiera infringido directamente tal preceptiva, indudablemente habría absuelto a la demandada de la reinstalación y sus consecuencias, y tampoco la habría condenado a la indemnización por despido, ya que en el caso bajo estudio no fue peticionada por las accionantes”.

Las demandantes en el escrito de oposición reiteraron el argumento que presentaron para oponerse al cargo anterior.

VI. Consideraciones de la Corte

El cargo se desarrolla sobre la base de que el contrato terminó sin justa causa, para deducir de ahí que el tribunal ignoró o se rebeló contra el mandato del artículo 6º de la Ley 50 de 1990.

El motivo por el cual el tribunal no aplicó el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 no obedeció a ignorancia o rebeldía, sino a la circunstancia de que la renuncia que presentaran las demandantes fue ineficaz y porque estimó que ese hecho conlleva el restablecimiento del contrato. Por ello, el tribunal no tenía por qué resolver el asunto con base en el precepto acusado por la censura, pues gobierna una situación distinta, de modo que la decisión judicial no transgredió el artículo 6º de la Ley 50 citada por infracción directa.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de lbagué, dictada el 10 de septiembre de 2003 en el proceso ordinario laboral que promovieron Ana Isabel Duarte Castellanos y Luz Mercy Barrios Varón contra la Compañía Nacional de Chocolates S.A.

Costas en casación a cargo de la sociedad demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la gaceta judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Gustavo José Gnecco Mendoza—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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