Sentencia 22858 de octubre 13 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Camilo Tarquino Gallego

Radicación 22858, Acta 84

Bogotá, D.C., trece de octubre de dos mil cuatro.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Alejandro Franco Hernández contra la sentencia proferida el 28 de agosto de 2003 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que el recurrente le promovió al Hospital Departamental de Buenaventura ESE.

Antecedentes

Alejandro Franco Hernández demandó al Hospital Departamental de Buenaventura ESE, para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, sea condenado al reconocimiento y pago de la cesantía y sus intereses, vacaciones, prima de servicios, póliza de cumplimiento, indemnización moratoria, el reintegro de todos los aportes a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, indexación de todas las sumas deducidas, lo que ultra y extra petita resulte demostrado, y las costas del proceso.

Las súplicas anteriores se fundamentan en que prestó servicios al ente demandado del 20 de noviembre de 1991 al 31 de mayo de 2000, mediante contratos “temerariamente” denominados de prestación de servicios; el cargo para el cual fue contratado fue el de ginecobstetra y le correspondía desarrollar actividades de ginecólogo, consultas externas y cirugías programadas; el último salario devengado ascendió a $ 1.900.000 mensuales; las labores que desarrolló las cumplió personalmente y bajo las ordenes del empleador en turnos de 24 horas que iniciaban a las 7:00 a.m y terminaban a las 7:00 p.m. y los sábados de 7:00 p.m hasta el lunes a las 7:00 a.m.; no le han pagado las prestaciones sociales; fue obligado a hacer pagos por póliza de cumplimiento y le hicieron cuantiosos descuentos por retención en la fuente, los cuales deben ser reintegrados a su patrimonio; igualmente, deben reintegrar los aportes a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales; era tanta la continuada subordinación a la que estaba sometido que, además de los exhaustos turnos que debía cumplir, también atendía consultas externas y cirugías programadas por el hospital; agotó la vía gubernativa.

La demanda se contestó con oposición a las pretensiones, y en cuanto a los hechos, aceptó los extremos de la relación contractual existente, pero negó el calificativo de temeraria que le asignó el actor a su forma de vinculación “aduciendo para ello que en realidad fue por contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con el sistema de contratación estatal vigente. Negó otros hechos y de los restantes dijo que no le constaban.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante sentencia del 22 de noviembre de 2002 (fls. 162 al 169), condenó a la demandada a pagar a favor del actor las sumas de $ 16.208.055,50 por auxilio de cesantía, $ 3.889.993,30 por intereses a la cesantía, $ 8.104.133,30 por vacaciones, $ 15.991.666,60 por prima de servicios y $ 12.388.000,00 por indemnización por despido injusto, junto con la respectiva indexación en la forma dispuesta en la parte motiva. De igual forma, ordenó deducir de las cantidades anteriores, la cantidad de $ 450.840. En lo demás, dispuso la absolución a la demandada.

La sentencia del tribunal

Apelada la anterior decisión por la parte demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por providencia del 28 de agosto de 2003, la revocó en todas sus partes y en su lugar absolvió de todos los pedimentos impetrados.

Apuntó el ad quem a establecer la calidad jurídica del hospital y a, por su carácter de público, determinar, dado el tipo de servicios personales encomendados al actor, si fue empleado público o trabajador oficial, por cuanto adujo que la jurisdicción ordinaria laboral conoce de las controversias jurídicas originadas directa o indirectamente en el contrato de trabajo y, por ende, excluye el conocimiento de las relaciones derivadas de una vinculación legal o reglamentaria.

Luego de advirtió (sic) que la demandada “Hospital Departamental de Buenaventura - Empresa Social del Estado”, es una de las entidades creadas por la Ley 100 de 1993, a las que en virtud del artículo 194, se le encomendó la prestación de servicios de salud correspondientes a la Nación o a las entidades territoriales, y que según el Decreto 1876 de 1994 en su artículo 1º, constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por la ley o por las asambleas o concejos, y por ello concluyó que las personas que les prestan sus servicios, acorde con el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, tienen el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990.

Que el artículo 26 de la citada ley, estableció que son trabajadores oficiales quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales en las mismas instituciones, y que en el caso objeto de estudio, las actividades que desarrolló el demandante fueron las propias de un médico ginecobstetra, tal y como se afirmó en la demanda y se admitió en la contestación, funciones que ni por asomo encuadran dentro de las enunciadas por el artículo 26 para catalogarlo como trabajador oficial. De esta forma coligió que el actor tenía la condición de empleado público.

El recurso de casación

Fue propuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal, y admitido por la Corte, se procede a decidir, previo estudio de la demanda que lo sustenta. No hubo réplica.

Alcance de la impugnación

Persigue que la Corte case totalmente la sentencia gravada, en cuanto revocó las condenas impuestas. Que convertida en tribunal de instancia, modifique la condena del juez de primer grado respecto al monto de las condenas por intereses y prima de navidad, para tasarlas en la suma de $ 6.969.463 y $ 16.049.720, respectivamente. Que revoque la absolución por la sanción moratoria y en su lugar condene por ese concepto en la suma de $ 63.333,33 diarios a partir del cumplimiento de los 90 días de terminado el contrato. Que, en lo demás, confirme las condenas fulminadas.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante formula seis cargos, de los cuales los tres primeros son por la vía directa y los restantes por la indirecta.

Cargo primero

“Acuso la sentencia (...) porque infringe por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, relacionado con los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993.

Para fundamentar la acusación, refiere el censor que el real espíritu e inteligencia del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, permite ver cuál es su verdadera filosofía jurídica y esencia misma de lo que debe entenderse por mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, para lo cual, dice, debe concluirse que, dentro de una sana hermeneútica, los servicios médicos prestados por el demandante al hospital son cargos típicos y característicos de los trabajadores oficiales.

Que si bien el mantenimiento de la planta física hace relación directa al cuidado, conservación y sostenimiento material y físico del hospital, cuya gama de labores pueden ser las de aseo, lavandería, servicio de cocina, celaduría, entre otras, la labor médica por su razón de ser y por su finalidad específica, sí encuadra en lo que debe comprenderse por “servicios generales”, dado que dentro del sentido gramatical de la palabra puede decirse que “los servicios generales hacen relación a todas aquellas actividades orientadas a satisfacer una necesidad o conveniencia pública, realizada de manera frecuente o usual”.

Que al conjugar lo conceptual y lo legal, entendiendo que gramaticalmente lo general es lo usual y frecuente, y trasladándonos al ámbito jurídico de acción de los hospitales como empresas sociales del Estado, se tiene que los servicios generales, que dichas instituciones prestan, siempre hacen relación a lo usual o habitual que ellas hacen, cual es la prestación de los servicios de salud, sin que puedan desligarse de los servicios generales las actividades médicas.

Cargo segundo

“Acuso la sentencia (...) porque infringe por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida los artículos 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (modificado por la Ley 712/2001, art. 2º) como violación de norma medio, y los artículos 1º 2º y 3º, 26, 40, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945 en relación con los artículos 1º , 8º, 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; los artículos 1º, 7º, 43, 47, 48 y 51 del Decreto 1848 de 1969 en relación con los artículos 5º, 8º y 11 del Decreto 3135 de 1968, los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978, el artículo 30 de la Ley 10 de 1990, el artículo 682 del Decreto 1298 de 1994, y el artículo 4º del Decreto 1876 de 1994 en relación con el artículo 97 del Decreto 1298 de 1994 todos como violación de normas fin”.

En la demostración aduce que es evidente que la interpretación errónea que hizo el tribunal del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, tal y como lo indicó en el primer cargo, al calificar, equivocadamente, que los servicios de médico ginecobstetra prestados por el actor a la demandada, no tenían nada que ver con los servicios generales, y catalogarlo de esta manera como empleado público y no como trabajador oficial, lo llevaron a aplicar indebidamente las normas denunciadas en el cargo, al considerar que no era la justicia ordinaria laboral sino la contenciosa administrativa la competente para conocer de este asunto.

Que si bien el fallador de alzada hizo un correcto entendimiento del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo aplicó indebidamente al absolver a la demandada, ya que el petitum de la demanda se originó definitivamente en su calidad de trabajador oficial por estar comprendidos sus servicios médicos dentro del concepto de lo que ha de entenderse como servicios generales.

Cargo tercero

Acuso la sentencia (...) porque infringe por la vía directa en la modalidad de infracción directa los artículo 53 de la Constitución Nacional y 28 del Código Civil como violación de medio; y los artículos 1º, 2º y 3º, 26, 40, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945 en relación con los artículos 1º, 8º, 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; los artículos 1º, 7º, 43, 47, 48 y 51 del Decreto 1848 de 1969 en relación con los artículos 5º, 8º y 11 del Decreto 3135 de 1968, el artículo 3º de la Ley 41 de 1975; los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978, artículo 30 de la Ley 10 de 1990, artículo 272 de la Ley 100 de 1993, artículo 682, 713 del Decreto 1298 de 1994, artículo 4º del Decreto 1876 de 1994 en relación con el artículo 97 del Decreto 1298 de 1994 todos como violación de normas fin”.

En la demostración del cargo alega que el tribunal, para dirimir el conflicto planteado, se fundamentó en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el cual remite, en relación con los servidores vinculados a las empresas sociales del Estado, al artículo 26 de la Ley 10 de 1990. Que no era suficiente para resolver en derecho el caso controvertido, remitirse tan solo a las normas citadas, sino que era fundamental y necesario, dentro de los lineamientos de una sana hermenéutica jurídica, consultar todo el marco normativo que permitiera descifrar en justicia el petitum de la demanda, sin menoscabar los derechos del trabajador, dentro de los parámetros de la Constitución y la ley.

Que el ad quem violentó el principio de favorabilidad y agrega que lo lógicamente posible y razonable, aplicable al caso para buscar el mentado principio, era interpretar la ley dándole significado a las palabras en su sentido natural y obvio como lo prevé el artículo 28 del Código Civil, “y que al definir con la misma ley, que en el caso serían el artículo 97 del Decreto 1298 de 1994, reglamentado por el artículo 4º de Decreto 1876 de 1994, normas que al precisar el panorama de funciones de las empresas sociales del Estado, le hubieran permitido al tribunal deducir lógicamente a favor del trabajador que los servicios médicos prestados por éste sí estaban relacionados con los “servicios generales” que prestaba el hospital para la comunidad, por hacer parte de esas funciones primordiales y usuales del mismo”.

Se considera

Se asume el estudio conjunto de los tres primeros cargos, ya que están dirigidos por la misma vía directa, aun cuando bajo modalidades de violación diferentes, denuncian unas mismas disposiciones legales y adicionalmente persiguen idéntico objetivo.

Cuestiona la censura el razonamiento del ad quem, respecto a la naturaleza jurídica del vínculo que unió al actor con la entidad demandada, por concluir que aquel estuvo ligado mediante una relación legal y reglamentaria, y como consecuencia, que su condición era la de un empleado público.

Inicialmente importa precisar que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se dio vida a una nueva categoría de entidad descentralizada por servicios, que antes no existía como tal en Colombia, cual es la de las empresas sociales del Estado; que, el artículo 194, de dicho ordenamiento, dispuso que la prestación de los servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se haría a través de dichas entidades, concediendo, conforme a lo previsto en su artículo 197, a los entes territoriales un plazo de seis (6) meses para que reestructuraran todas aquellas entidades cuyo objeto principal fuera la prestación de los servicios públicos de salud.

En ese orden, el marco normativo que nos permite determinar la naturaleza jurídica de los servidores públicos que laboran al servicio de las empresas sociales del Estado, es el artículo 26 de la Ley 10 de 1990 por expresa remisión del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en cuanto expresa textualmente en su numeral 5º que “las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990”.

A su vez, el capítulo IV de la citada Ley 10 de 1990, en lo que al estatuto de personal se refiere, establece en su artículo 26 que los empleos pueden ser de carrera y de libre nombramiento y remoción, precisando quiénes pertenecen a éste último grupo, dentro de los cuales se encuentran, entré otros, los empleos que corresponden a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría. Así mismo dispone, que todos los demás empleos, diferentes a los que allí se relacionan, son de carrera.

De otro lado, el parágrafo del artículo 26 de la mencionada Ley 10 de 1990 clara y palmariamente establece que “son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales en las mismas instituciones. Los establecimientos públicos de cualquier nivel, precisarán en sus respectivos estatutos, qué actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de trabajo”.

Así las cosas, teniendo en cuenta las disposiciones legales ya relacionadas, se puede concluir, que por regla general todos los servidores que laboran para las empresas sociales del Estado son empleados públicos y que, excepcionalmente, ostentan la condición de trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo, aquellos que desempeñan cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales. De suerte que para poder catalogar a un servidor bajo ésta ultima condición, es menester que acredite en el proceso que su labor estuvo relacionada con dicha actividad, pues, de lo contrario, se calificará como empleado público, aplicándole la regla general en cuanto a la clasificación de los servidores se refiere.

De tal forma que frente al caso analizado, al no existir controversia alguna en el sentido de que la naturaleza jurídica de la entidad demandada es la de una empresa social del Estado y que el cargo desempeñado por el demandante fue el de “médico ginecobstetra”, cuyas funciones consistieron en atender consultas de pacientes y cirugías programadas, ninguna incertidumbre le impide a la Corte pregonar que tal actividad nada tuvo que ver con el sostenimiento de la planta física hospitalaria, y menos aun, con las labores de servicios generales.

Lo anterior, por cuanto dentro del concepto de servicios generales a que alude la disposición ya citada, han de involucrarse, a manera solamente de ejemplo, aquellas actividades relacionadas con el aseo, vigilancia y alimentación, más no las que correspondan a servicios médicos y paramédicos.

Como consecuencia de lo ya precisado, no obstante el esfuerzo dialéctico del impugnante en demostrar que la labor del actor, como médico ginecobstetra, era una actividad de servicios generales, por ser la usual y permanente en la empresa demandada, concluye la Sala, al igual que el tribunal, que el actor fue un empleado público, ya que, de acogerse el criterio del impugnante, sin duda alguna resultaría convirtiéndose la excepción en regla general y viceversa, y de ésta manera contrariando ostensiblemente el alcance de las disposiciones legales ya citadas.

Por lo tanto, se impone aseverar que el tribunal no incurrió en ninguno de los yerros jurídicos que denuncia el censor, pues las normas que utilizó para dirimir la naturaleza jurídica del vínculo que existió entre las partes, son las aplicables al asunto debatido y, el ejercicio hermenéutico que de ellas hizo, es el apropiado.

Así las cosas los cargos no prosperan.

Cargo cuarto

“Acuso la sentencia (...) porque infringe por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida los artículos 145 y 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 del año 2001, artículo 195 y 210 del Código de Procedimiento Civil, todas como violación de normas medio; y los artículos 1º, 2º y 3º, 26, 40, 48 y 51 del Decreto 2127 de 1945 en relación con los artículos 1º, 8º, 11 y 17 de la Ley 6ª de 1945; los artículos 1º, 7º, 43, 47, 48 y 51 del Decreto 1848 de 1969 en relación con los artículos 5º, 8º y 11 del Decreto 3135 de 1968; el artículo 2º del Decreto Ley 2400 de 1968, el artículo 3º de la Ley 41 de 1975; los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978, artículo 26 y 30 de la Ley 10 de 1990, artículo 94 y 95 de la Ley 100 de 1993; artículo 682 del Decreto 1298 de 1994,y artículo 4º del Decreto 1876 de 1994 en relación con el artículo 97 del Decreto 1298 de 1994 todos como violación de normas fin”.

Aduce el censor en la demostración del cargo, que los desatinos fácticos en que incurrió el tribunal se debieron a la falta de apreciación de la confesión ficta en relación con los hechos de la demanda, ante la no comparecencia de la parte demandada a la audiencia de conciliación, y al interrogatorio que debía absolver. Que de conformidad con el artículo 210 del Código Procesal Civil, aplicable también por la inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación en concordancia con el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, es obligación declarar qué hechos se presumen como ciertos en la misma audiencia, pero que tal exigencia sólo corresponde a casos de renuencia al interrogatorio de parte o a la inspección judicial, más no por la ausencia de las partes a la audiencia de conciliación.

Con base en lo anterior, afirma que el tribunal no dio por demostrado, estándolo, que los hechos de la demanda fueron probados y presumidos ciertos por ser susceptibles de prueba de confesión, dada la inasistencia de la parte demandada a la audiencia de conciliación y al interrogatorio de parte. Que la calificación de los hechos susceptibles de prueba de confesión, es algo que pueden hacer los juzgadores de primera y segunda instancia al momento de proferir el fallo respectivo y no necesariamente en el momento en que ella se produce, por lo que era dable dar por demostrado, en virtud a la confesión ficta, que entre el actor y la entidad demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido como trabajador oficial.

Se considera

Lo que le cuestiona el recurrente en este cargo al tribunal es el no haber dado por cierta la afirmación contenida en el escrito de demanda, respecto de la condición de trabajador oficial que ostentaba el actor, ante la no comparecencia de la demandada a la audiencia obligatoria de conciliación y al interrogatorio de parte decretado.

En principio debe advertirse que, en cuanto concierne a la confesión ficta derivada de la no comparecencia del absolvente a absolver el interrogatorio de parte ordenado, la Sala precisó en la sentencia del 12 de septiembre de 2001, expediente 16496, reiterada últimamente en la del 27 de mayo de 2004, radicación 22186, lo siguiente:

“De acuerdo con las normas transcritas, resulta claro que para que se produzca el efecto probatorio en cuestión, esto es, la confesión ficta o presunta, deben cumplirse los requisitos o condiciones en ellas contemplados con el alcance deducido por la jurisprudencia, vale decir, que el juez deje expresa constancia en el acta respectiva de la falta de comparecencia del citado a la audiencia, y una vez transcurrido el término de tres días contemplado en el artículo 209, sin que se haya presentado justificación alguna de parte del citado o que la aducida sea insatisfactoria, así lo declarará expresamente para que se surtan las consecuencias del artículo 210, es decir, habiendo cuestionario escrito, la presunción legal de certeza de los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el mismo o, a falta de tal interrogatorio, “de los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones”, desde luego también en tanto sean susceptibles de confesión.

“Es lógico que, como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala, tal declaración debe ser en audiencia anterior al pronunciamiento del fallo de primer grado, con el fin de que la parte afectada con la misma pueda hacer uso de los medios de impugnación consagrados en el Código Procesal del Trabajo contra las providencias interlocutorias.

“Y es que tales exigencias buscan precisamente garantizar los derechos fundamentales de defensa y al debido proceso del contumaz al permitirle tener la mayor claridad respecto de la situación en que queda al ser declarado confeso y pueda tener la oportunidad de impugnar oportunamente esta determinación ante el juez o su superior funcional o trate de desvirtuar por otros medios los hechos específicos que se presumen ciertos”.

En el sub judice, el sentenciador de instancia, en la audiencia donde debía absolver interrogatorio el representante legal de la demandada, dispuso, ante la renuencia de éste a comparecer a dicho acto procesal, “Estése a lo dispuesto por el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil”, sin dejar constancia alguna sobre las consecuencias probatorias que ese desacato acarreaba, cuya exigencia resultaba imperiosa para que operara la confesión ficta o presunta, tal y como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Corte.

Bajo el anterior contexto, no resulta acertada la posición del impugnante, en el sentido de que la calificación de los hechos susceptibles de prueba de confesión, puede hacerse por los juzgadores de primera y segunda instancia al momento de proferir el fallo respectivo. Adicionalmente, aún si se aceptara en gracia de discusión, derivar la confesión ficta por la inasistencia del representante legal de la demandada a absolver el interrogatorio ordenado, la misma bien puede ser desvirtuada con los diferentes medios probatorios incorporados al proceso.

De todos modos, aun cuando en efecto el sentenciador de primer grado resolvió en la audiencia obligatoria de conciliación “tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundamenta la presenta demanda”, (fl. 109), ante la ausencia de la parte demandada en tal diligencia, es incontrovertible que la naturaleza jurídica del vínculo que unió a la demandante no puede ser susceptible de demostración a través de el aludido medio de prueba, por ser la ley quien define el carácter de trabajador oficial o empleado público de los servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas, más no la voluntad de las partes o su forma de vinculación, como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la Corte.

Como consecuencia de lo anterior, el cargo no prospera.

Por último debe precisar la Corte, que el cargo quinto tampoco tiene vocación de éxito, por las mismas razones que se dejaron consignadas al estudiar las tres primeras acusaciones, esto es, porque si el censor no controvirtió la naturaleza jurídica de la entidad demandada como empresa social del Estado, ni el cargo que desempeñaba el actor como médico ginecobstetra, es obvio concluir, se repite, que tal actividad nada tiene que ver con labores de mantenimiento de planta física hospitalaria, ni con la de servicios generales a que alude el parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, para de esa forma establecer la excepcional calidad de trabajador oficial vinculado por contrato de trabajo.

Igual suerte ha de correr la acusación sexta en donde se pretende demostrar la mala fe con que actuó la demandada, para efectos de imponer la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, pues por ser ésta una reclamación que dependía en principio de la condición de trabajador oficial que afirmaba el demandante, y al no demostrarse esa calidad, por sustracción de materia, cae de su peso cualquier pretensión originada en un vínculo que no logró acreditarse en el proceso.

Así las cosas, los cargos quinto y sexto están llamados al fracaso.

Pese a que los cargos no tuvieron éxito, no habrá lugar a condenar en costas, por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de agosto de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario laboral que Alejandro Franco Hernández le promovió al Hospital Departamental de Buenaventura ESE.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Isaura Vargas Díaz.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

_______________________________