Sentencia 2286 de septiembre 12 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

SEPARACIÓN DE CUERPOS DE MATRIMONIO CATÓLICO

COMPETENCIA DE LOS JUECES DE FAMILIA

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto completo del numeral impugnado y se subraya en lo pertinente:

“DECRETO 2272

Por el cual se organiza la jurisdicción de familia, se crean unos despachos judiciales y se dictan otras disposiciones.

...

Artículo 5º. Competencia. Los jueces de familia conocen de conformidad con el procedimiento señalado en la ley de los siguientes asuntos:

...

En primera instancia.

...

3. De la separación de cuerpos del matrimonio civil y canónico, cuando haya contención“.

(...).

Lo primero que cabe observar es que la nueva Constitución no reprodujo ni siquiera en forma aproximada el texto del artículo 53 de la anterior, en cuyo hipotético desconocimiento, por razones de trámite, fincaban los ciudadanos accionantes el vicio de inconstitucionalidad que debería llevar a disponer su retiro de la sistemática jurídica colombiana.

Desaparecido de esta manera el baluarte constitucional cuya defensa unívoca se propusieron los libelistas, la contienda jurídica, conforme a la estructura argumental por ellos construida, se presenta ahora entre la norma de carácter legal y un acuerdo celebrado entre dos sujetos del derecho internacional, conformado por el Concordato y su ley aprobatoria; porque, en el fondo, lo que se resulta confrontando es si la regulación por la ley interna (Decreto 2272 de 1989, artículo 5º, numeral 3º) de la competencia de los jueces de familia en materia de separación de cuerpos en el matrimonio católico, se aviene o no con lo que al respecto contempla el aludido Concordato con la Santa Sede, acto al que se le reconoce en el Derecho de las Naciones la virtualidad de ser fuente de normas de dicha categoría. El objeto del debate deja, pues, de ser el cotejo de una norma interna del Estado con respecto a otra del mismo Estado que le sirve de fundamento de validez inmediata a la primera, para convertirse en el cotejo entre una norma interna del Estado con respecto a otra cuya formación y alcance trascienden la exclusiva voluntad del propio Estado.

d) Posición de la Corte en el supuesto jurídico deducido.

En múltiples ocasiones la Corte se ha visto abocada al punto de decidir si una norma legal interna que está en contradicción con otra ley, aprobatoria esta última de un tratado público, debe ser calificada, por ese solo hecho, como inexequible. Según lo recuerda el señor Procurador General de la Nación, la jurisprudencia patria se ha mostrado oscilante sobre el particular, pues el paso que en sentencias como las de febrero 27 de 1975 (M.P. José Gabriel de la Vega G. J. Tomo CLII, No 2393, pág. 29), diciembre 1º de 1983, un tanto equívoca (expediente 1091, M.P. Carlos Medellín Forero, G. J. Tomo CLXXV, No 2413, pág 716) y febrero 13 de 1984 (exp. 1100, M.P. Manuel Gaona Cruz, G. J. CLXXIX, No 2418, pág 66), se pronunció por la afirmativa, en muchas otras, como las de 28 de febrero de 1973 (M.P. José Gabriel de la Vega, G. J. No 2390- 91, Tomos CXLIX-CL, págs. 82 y ss.), septiembre 24 de 1979 (M.P. Luis Sarmiento Buitrago, G. J. Tomo CLX, No 2401, págs. 144 y siguientes), diciembre 10 de 1981 (M.P. Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Luis Carlos Sáchica, G.J. Tomo CXLIV, Nº 2405, pág. 503), agosto 15 de 1985 (expediente 1346, M.P. Carlos Medellín Forero, G.J. Tomo CLXXXIII, No 2422, pág. 171) y diciembre 1º de 1988 (expediente 1874, M.P. Fabio Morón Díaz, G.J. Tomo CXCV, No 2434, pág. 507), optó categóricamente por la tesis de que en tales eventos no cabe declarar la inexequibilidad de la ley, pues ésta sólo es predicable en el supuesto de que se establezca el contraste entre dos normas puramente internas, a saber, una norma legal común y otra incorporada a la Constitución, no cuando él se da entre dos normas de jerarquía legal, así una de ellas sea aprobatoria de un tratado por ministerio de la misma Constitución; esta tesis se basa en los razonamientos que siguen, extraídos de la sentencia citada en último término:

“La Corte considera que no asiste razón a los impugnadores al pretender violaciones de la Carta por el desconocimiento de convenios internacionales, para lo cual basta reiterar su jurisprudencia en el sentido de que “en los procesos de inexequibilidad la confrontación de las normas acusadas para calificar su validez, sólo puede ser hecha con las disposiciones de la Carta Constitucional y nunca con normas de derecho internacional, pues la infracción de éstas es extraña a la jurisdicción nacional de la Corte, plantea problemas interestatales, que escapan de su competencia, y no implican violación directa de la Constitución” (sentencia de diciembre 10 de 1981, Magistrado Ponente doctor Carlos Medellín Forero). En el mismo sentido esta corporación pronunció su fallo ante norma similar a la que se revisa en esta oportunidad, en sentencia de agosto 15 de 1985, en la que fue Magistrado Ponente también el doctor Carlos Medellín F.“.

La posición recogida en las anteriores frases fue la más reciente de esta Corte sobre tan complejo asunto, bajo la óptica de la Constitución de 1886 y sigue siendo aplicable, a juicio de la Corporación, dentro del cuadro normativo prefigurado por la Constitución de 1991, pues ésta, pese a algunas constancias programáticas, no eleva las leyes aprobatorias de tratados a rango constitucional y ni siquiera se ocupa de dirimir con nitidez el problema de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Es de anotar que en el “sub-iudicé”el contenido de la norma interna acusada y el de la de derecho internacional que se alega haber sido ignorada, versan eminentemente sobre adscripción de una competencia judicial y ni por asomo penetran al campo de los derechos humanos que quiere proteger especialmente el nuevo Estatuto Superior con prescripciones como la del artículo 93.

En el entendimiento que se deja explicado, resulta superfluo adentrarse en cualquier análisis acerca del exacto significado del antiguo artículo 53 constitucional o acerca de la validez de las “Notas reversales”, tema éste ajeno a la misión jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, según quedó puntualizado en sentenca de abril 9 de 1991 (expediente 2206, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez).

e) El sentido de la decisión.

Planteado el asunto en el terreno descrito, la conclusión meridiana es que no son de recibo los argumentos de la demanda. En otras palabras, que no es procedente dictar el fallo de inexequibilidad impetrado con fundamento en ellos.

Ahora bien, como de todos modos, en obedecimiento a la peculiar naturaleza de esta clase de juicios, ha de aplicarse el principio “obiter dictum”, que obliga a examinar la disposicón impugnada aun frente a preceptos constitucionales no indicados por el actor como quebrantados, examen que ha de efectuarse con respecto al Orden Superior vigente en el momento de la decisión y no en el de la presentación de la demanda, preciso es estudiar si la disposicón acusada se opone en alguna otra forma a la normatividad aprobada por el Constituyente de 1991.

Como inmediatamente resalta de la simple lectura de la proposición jurídica demandada, ésta no ofrece motivo para disquisiciones tendientes a desentrañar cuál pudiera ser su hipotético verdadero sentido o alcance, el cual, ya se acotó, se inscribe en la órbita de la competencia judicial, nada más. Competencia que en Colombia y en tratándose de causas de separación de cuerpos en matrimonios católicos, se radica en la justicia del Estado, al igual que cuando se trata de las que afecten las uniones conyugales civiles, con plena aceptación por cierto de la autoridad eclesiástica. Y dicha materia de competencia judicial es algo que, conforme a la Constitución, cae bajo el control exclusivo del legislador, ordinario o extraordinario según el caso, como se desprende de, entre otros, los actuales artículos constitucionales 29, 116, 122 y 150 numerales 1 y 2; y, que, en su momento, habrá de ser objeto de una de las leyes llamadas “estatutarias” (art. 152, b).

Concluye la Corte que la disposicón demandada no desborda los lineamientos jurídicos trazados por la Carta Magna y por ello la declarará exequible.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia —Sala Plena— previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE el numeral 3º del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 en la parte que dice: “De la separación de cuerpos del matrimonio civil y canónico, cuando haya contención“.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia 103, septiembre 12 de 1991. Expediente 2286. Magistrados Ponentes: Dr. Rafael Méndez Arango - Dr. Dídimo Páez Velandia - Dr. Pedro Augusto Escobar Trujillo).

ACLARACIÓN DE VOTO

Quienes suscribimos esta necesaria aclaración de voto estamos de acuerdo con que la decisión de exequibilidad del precepto acusado es la única que podía adoptarse; pues la norma que atribuye competencia a los jueces de familia para que conozcan por el procedimiento que corresponda de contenciones relativas a la separación de cuerpos del matrimonio canónico, es a todas luces y bajo todos los respectos constitucional. Por eso acompañamos a la Sala Plena en la decisión que en tal sentido adoptó.

Nuestra divergencia está referida a las razones que motivaron el fallo, por parecernos que ellas en verdad soslayan el problema central que plantean los ciudadanos que promovieron el juicio. Para nosotros la motivación de la sentencia debió ser la misma que traía la ponencia que presentó la Sala Constitucional. Las dudas que surgieron durante el debate en Sala Plena no eran temas propios de un juicio de constitucionalidad sino asuntos de mera conveniencia, vale decir, propios de un debate político y no jurídico sobre la cuestión enjuiciada.

Por esto consideramos que lo aquí consignado, y que repetimos corresponde a la motivación original de la ponencia de la Sala Constitucional, fue lo que debió decir la Corte. No más de lo que allí se decía, pero tampoco menos.

En lo pertinente la ponencia decía:

a) El concordato y la norma acusada.

El artículo 53 de la Constitución anterior, que estiman los actores quebrantado por la disposición que acusan, autorizaba al Gobierno para celebrar convenios con la Santa Sede sujetos a la posterior aprobación del Congreso, con el fin de regular las relaciones con la Iglesia Católica “sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, atendiendo al sentimiento religioso del país, que desde sus orígenes se formó dentro de la cultura cristiana preconizada por la Iglesia Católica y porque la religión católica era reconocida en el preámbulo de la Constitución como elemento del orden social.

Esta disposición fundamental sobre la forma en que deberán regirse las relaciones entre la Santa Sede y el Estado, no fue entendida sino como la voluntad del constituyente de buscar siempre acuerdos dentro de supuestos de convivencia en que se facilite a la Iglesia el cumplimiento de su labor apostólica y espiritual y al Estado, ejercer sus funciones constitucionales sin interferencia de las autoridades eclesiásticas.

En desarrollo de tal mandato constitucional, cuya redacción era originaria del artículo 13 de la enmienda constitucional de 1936, el Gobierno suscribió tratados con la Santa Sede y convenios adicionales a los mismos. El Concordato vigente fue celebrado en 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974 y entró en vigor el 2 de julio de 1975, fecha en la cual se efectuó el canje de ratificaciones.

En lo pertinente al asunto que ocupa la atención de la Corte, el citado convenio internacional dispuso en su artículo IX:

“Las Altas Partes contratantes convienen en que las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos sean tramitadas por los jueces del Estado, en primera instancia ante el Tribunal Superior respectivo y en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia.

A la vez, en el Protocolo Final, que por voluntad de los dos Estados hace parte integrante del Concordato y fue también aprobado por la citada ley, las partes hicieron especiales declaraciones en torno de algunas de las cláusulas concordatarias, entre ellas, sobre el artículo IX, respecto del cual aclararon lo siguiente:

“... La determinación que hace este artículo de que las causas de separación del matrimonio canónico serán dirimidas ante el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no impedirá, que en el futuro, el Estado Colombiano pueda establecer una instancia especial para examinar y juzgar las causas relativas al derecho de familia y que tenga un nivel equivalente al de aquellas entidades ...” (subraya la Corte).

En declaración efectuada el 2 de julio de 1975 en la ceremonia del Canje de Notas de ratificación, se destacó como uno de los aspectos más importantes de la negociación que se perfeccionaba en ese momento, la tramitación de las causas de separación de cuerpos de matrimonios canónicos por los jueces del Estado desde la entrada en vigor del instrumento internacional, pues hasta ese momento ello concernía exclusivamente a las autoridades eclesiásticas.

Interesa también señalar que el artículo XXIX del Concordato estipula:

“... En la ejecución de las disposiciones contenidas en este Concordato, como en sus reglamentaciones y para resolver amistosamente eventuales dificultades relativas a su interpretación y aplicación las Altas Partes Contratantes procederán de común acuerdo ...” (subraya la Corte).

Posteriormente, en julio 2 de 1985 en desarrollo de la cláusula transcrita se produjo un cruce de notas entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el Nuncio Apostólico, en donde se expresa el claro e inequívoco propósito de “interpretar y aplicar” algunas disposiciones del convenio, entre otras, la contenida en el artículo IX, respecto del cual acordaron:

“... En vista de las instancias de familia que el Estado Colombiano estudia crear, la declaración del protocolo final en relación con el artículo IX se interpreta en el sentido de que los futuros jueces de familia y las Salas de Familia que sean establecidas en los Tribunales Superiores puedan ser —en razón de sus características y especialización— respectivamente primera y segunda instancia para la tramitación de las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos...“.

El citado Canje de Notas de julio 2 de 1985 fue acusado ante la Corte, dentro del expediente No 2206, por violación de la Constitución Nacional, sobre la base de considerar que en virtud de ese cruce de correspondencia fue celebrado un nuevo Concordato que no suscribió ningún funcionario competente, ni tampoco fue sometido a la consideración del Congreso para su aprobación. La Corte se inhibió para decidir, pues el cuestionado Canje de Notas no constituía un acto susceptible de revisión de la Corte en virtud de acción ciudadana de inexequibilidad, por no ser ley, ni decreto dictado por el Presidente en ejercicio de las atribuciones de que trataban los ordinales 11 y 12 del artículo 76, ni del artículo 80 de la Constitución Nacional, sino un acto administrativo “encuadrado dentro de las atribuciones constitucionales que tiene el Presidente de la República de dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con los demás Estados y entidades de derecho internacional (arts. 120-20 y 53)” (Sent. 47 de abr. 10/91).

Por lo demás, debe precisarse que la acusación del numeral 3º del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 se funda en que el Canje de Notas, por las razones que antes se esbozaron, no era suficiente para modificar lo estipulado en el artículo IX del Concordato, y por tanto, con fundamento en él, no podía asignarse la competencia para conocer de las causas de sepración de cuerpos de matrimonios canónicos a los jueces de familia, en primera instancia, ni atribuir la segunda instancia de dichos procesos a las Salas de Familia de los Tribunales Superiores, tal como ocurrió, por haberse dispuesto que éstas tienen competencia para conocer de los procesos que conocen en primera instancia los jueces de familia.

c) La constitucionalidad de la norma acusada.

Dentro de la estructura constitucional vigente es del resorte de la ley señalar la competencia de los diferentes organismos judiciales, y de ello es expresión la norma acusada, pues fue dictada por el Presidente en desarrollo de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso mediante la Ley 30 de 1987 para crear la jurisdicción de familia. Dicha facultad, como es lógico, comprendía no solo la de establecer los órganos que integran esa jurisdicción, sino también la de determinar sus respectivas competencias.

Ahora bien, se cuestiona por los actores la validez del Canje de Notas y de ello resulta la violación del artículo IX del Concordato y, consecuencialmente, la del artículo 53 de la Constitución derogada, que le otorga rango especial a los tratados celebrados con la Santa Sede y ordena que las relaciones entre la Iglesia y el Estado deban cimentarse en la recíproca deferencia y el mutuo respeto.

Por ello, y sin que esto implique el juzgamiento de un acto que como el dicho Canje de Notas no puede ser objeto de revisión constitucional por la Corte, para analizar los planteamientos de los actores no puede perderse de vista que el artículo XXIX del Concordato vigente, aprobado por la Ley 20 de 1974, es de claridad meridiana al autorizar que las eventuales dificultades relativas a la interpretación y aplicación en la ejecución de lo estipulado en el Concordato sean resueltas por las Altas Partes Contratantes de común acuerdo.

Lo anterior significa que no es posible interpretar que las llamadas “notas reversales” no sean cabal desarrollo de la Cláusula XXIX del convenio vigente entre la Iglesia y el Estado, en cuanto el Gobierno, por conducto de su Ministro de Relaciones Exteriores, propuso, y el Nuncio Apostólico, con rango de Embajador del Estado Vaticano, aceptó, en idénticos términos, intepretar y aplicar el artículo IX en el sentido de que: “Los futuros Jueces de Familia y las Salas de Familia que sean establecidas en los Tribunales Superiores puedan ser —en razón de sus características y especialización— respectivamente primera y segunda instancia para la tramitación de las causas de separación de cuerpos de matrimonios canónicos“.

Cabe destacar que el claro propósito del Concordato celebrado en 1973 fue ajustar sus disposiciones a las nuevas realidades y asignar la competencia para conocer de los procesos de separación de cuerpos a los jueces del Estado y reconocer explícitamente el derecho del Estado Colombiano de establecer una instancia especial para los asuntos de familia, por estar comprometidas en esas causas razones de orden público e interés social, dado que la familia es merecedora de una especial protección del Estado y está reconocida universalmente como “elemento natural y fundamental de la sociedad” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 23). La actual Constitución Política reconoce a la familia como “el núcleo fundamental de la sociedad” (art. 42).

De manera que no pueden existir intereses incompatibles entre la Iglesia y el Estado respecto del especial amparo que debe brindarse a la familia, y este especial amparo a la familia es lo que ha determinado la creación de una jurisdicción especial, con jueces dedicados esclusivamente a atender los conflictos que surjan de las relaciones familiares.

No prescribe el Concordato un procedimiento ni tampoco unas formas especiales, conforme a las cuales deban resolverse de “común acuerdó”las dificultades de interpretación y aplicación de las normas del Convenio. Tampoco la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que tuvo la virtud de recoger el derecho consuetudinario sobre los procedimientos de celebración, entrada en vigor, aplicación, terminación y denuncia de los tratados internacionales, prescribe una forma especial para efectos de la interpretación de los convenios internacionales, por tanto por este aspecto no cabe objeción alguna a la forma en que se realizó el Canje de Notas, ni puede razonablemente negársele su carácter de acuerdo de interpretación de las normas concordatarias.

Debe señalarse que al Ministro de Relaciones Exteriores compete la ejecución de la política internacional del Gobierno, y que tanto la práctica inernacional como la Convención de Viena han considerado que los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de Misión Diplomática son representantes del respectivo Estado y, por ello, no requieren la prueba de los plenos poderes para manifestar la voluntad del mismo en los asuntos atinentes a sus relaciones internacionales, porque en ellos se presumen, dadas las funciones que ejercen y el rango de que están investidos.

De tal manera que es inobjetable que los signantes de las Notas de julio 2 de 1985 al actuar manifestaron la voluntad de los Estados respectivos, y procedieron de consuno en desarrollo de estipulaciones previamente acordadas en el Tratado y aprobadas por el Congreso. Significa lo dicho que la actuación realizada está ajustada no solo al Concordato sino también al mandato constitucional que obligaba al Gobierno a observar en sus relaciones con la Santa Sede mutuo respeto, porque la interpretación del artículo IX no se hizo en forma unilateral e inconsulta por Gobierno, sino fue convenida por mutuo acuerdo previo entre las dos potestades.

No es posible entonces concluir que las Notas intercambiadas el 2 de julio de 1985 sean otra cosa diferente a un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Colombiano para salvar las dificultades de intepretación del artículo IX, en razón de las nuevas circunstancias que hacían necesaria la reforma del sistema judicial colombiano para implantar una jurisdicción especializada que se ocupara de los asuntos relacionados con el derecho de familia, en ejercicio de la soberanía que le es propia y que corresponde a una estructura acorde con el carácter que tiene la Corte Suprema de Justicia de ser primordialmente, y en cuanto a los asuntos civiles se refiere, un tribunal de casación y no de instancia; condición que le reitera la Constitución de 1991.

Las consideraciones anteriores no deben interpretarse en el sentido de que la Corte estima que el juzgado de familia tiene un nivel equivalente al del Tribunal de Distrito y las Salas de éstos al de la Corte Suprema de Justicia, porque su jerarquía no es ni puede ser la misma dentro de la organización judicial que nos rige. Lo que ocurre es que los Estados contratantes estuvieron de acuerdo en que era posible salvar las dificultades de interpretación y sustituir las competencias de primera y segunda instancia, sin alterar los efectos jurídicos del pacto suscrito, habida consideración de las características y especialización de la jurisdicción de familia, y de la versación y capacidad que se supone en quienes son llamados a desempeñar dichos cargos, para resolver el problema humano y social que va envuelto en los litigios que surgen de las relaciones familiares y, por estas específicas circunstancias, no existía razón alguna para exigir un fuero especial de juzgamiento para las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos distinto al de los matrimonios civiles, porque los problemas que en ellos se generan son, en ambos casos, de la misma índole y tienen iguales repercusiones en el ámbito social.

Refuerza la interpretación que aquí se hace respecto de cuál es el correcto entendimiento que debe darse al Protocolo Final del Concordato de 1973, la consideración de no poder ser el sentido de las expresiones “una instancia especial para examinar y juzgar las causas relativas al derecho de familia y que tenga un nivel equivalente al de aquellas entidades”, la de que con ellas se preveía la posibilidad de que la “instancia especial” que se creara tuviese “un nivel equivalenté”al de la Corte Suprema de Justicia, dado que por imperativo constitucional y de sana lógica, jerárquica y funcionalmente hablando, no puede establecerse ningún tribunal o instancia judicial paralelo a la Corte, puesto que precisamente el que no exista ninguna autoridad judicial por encima y ni siquiera al lado suyo en los asuntos que son de su competencia, es lo que le confiere su carácter de suprema instancia de justicia que desde siempre ha tenido; preminencia ésta que se conserva en la Constitución de 1991 al reconocérsela como “el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinariá”(art. 234).

Y para abundar en razones, cabe agregar que la regla general de interpretación de los tratados —según lo preceptúa el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Ley 32 de 1985)—, es la de que ellos deben interpretarse de buena fe, “conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin“. Entendimiento teleológico y contextual de los dichos instrumentos internacionales que obliga a tener en cuenta “todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones” y toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratadó”(subrayas de la Corte), conforme puede leerse en los literales a) y b) del ordinal 3º del mencionado artículo 31.

Bajo tal óptica ninguna duda puede caber acerca de que si las Altas Partes celebrantes del Concordato de 1973, por medio de su Ministro de Relaciones Exteriores, Colombia, y del Nuncio Apostólico, la Santa Sede, y en desarrollo de su artículo XXIX, resolvieron amistosamente la dificultad relativa a la interpretación y aplicación del artículo IX, “... en el sentido de que los futuros jueces civiles de familia y las salas de familia que sean establecidas en los Tribunales Superiores puedan ser —en razón de sus características y especialización— respectivamente primera y segunda instancia para la tramitación de las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos”, según puede leerse en el intercambio de notas reversales de julio 2 de 1985 (folios 42 y 45), pueda entonces dársele un alcance y significación jurídica diferente al acto mediante el cual ellas soberanamente hicieron una “interpretación auténticá”del referido texto concordatario.

Al momento de entrar a regir la Constitución de 1991, el proyecto de decisión estaba registrado para ser considerado por la Sala Plena de la Corporación, lo cual hace indispensable verificar si el precepto acusado no quebranta los postulados adoptados en la Constitución de 1991.

En primer lugar, cabe destacar que no existe en la nueva Carta ninguna disposición equivalente al artículo 53, con el cual pueda confrontarse la norma acusada, pues ninguna de ella le da trato preferencial a la Iglesia Católica. Por el contrario, con el propósito de afianzar la libertad de conciencia y la de cultos y el derecho de difundir libremente la religión que se profese, declara: “Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” (art. 19).

Tampoco el nuevo orden jurídico le otorga a los tratados públicos rango superior al de las demás leyes; salvo los que “reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción”, de los cuales predica que “prevalecen en el orden internó”(artículo 93).

En cambio, la actual Constitución, que como ella misma lo preceptúa es “norma de normas”, estatuye que las “formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil” (art. 42); laicización del vínculo conyugal y de sus efectos civiles que obligaría a considerar que cualquier eventual vicio de inconstitucionalidad que del fragmento acusado pudiera predicarse al amparo del artículo 53 de la desaparecida Carta Política de 1886, quedó definitivamente purgado bajo el imperio del Código Constitucional de 1991.

De otra parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución en vigor, es del resorte de la ley determinar la competencia de las autoridades judiciales o administrativas, sin condicionamiento alguno, de tal manera que la disposición acusada en nada pugna con el ordenamiento constitucional.

Guillermo Duque Ruiz—Fabio Morón Díaz—Rafael Méndez Arango—Jaime Sanin Greiffenstein. 

___________________________________