Sentencia 22863 de septiembre 2 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 22863

Acta 67

Magistrado Ponente:

Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

El accionante en mención demandó en proceso laboral a la sociedad Marpico S.A., procurando se le declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, en forma ininterrumpida entre el 1º de abril de 1979 al 20 de noviembre de 1997, que finalizó por causas imputables al empleador, y se le condenara al pago de las siguientes sumas de dinero y conceptos: $ 38.692.736 por salarios; $ 14.175.293 por cesantías de 6.711 días; $ 74.259.097 por intereses a la misma de los años 1995, 1996 y 1997; $ 3.587.264 por prima de servicios; $ 2.615.342 por vacaciones de 1.440 días; $ 13.500.000 por mantenimiento de vehículo; $ 33.127.665 por indemnización por despido; $ 8.499.860 por indemnización moratoria liquidada al 5 de julio de 1998; la indexación; la pensión sanción; lo que resulte extra y ultra petita y las costas. Así mismo, solicitó dentro de las pretensiones la inscripción de la demanda en el registro de los bienes de la sociedad conforme al artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

Como fundamento de sus pretensiones expuso en resumen que se vinculó a laborar con la sociedad demandada el 1º de abril de 1979, en el cargo de agente viajero, mediante contrato escrito a término indefinido, con una asignación mensual de $ 7.000 más prestaciones sociales; que tenía como funciones principales las de visitar a los clientes para ofrecer y venderles mercancías, especialmente de ferretería, productos agrícolas y licores en las zonas asignadas fuera de Bucaramanga tales como Valledupar, Bosconia, Codazzi, Becerril, Jagua, El Copey, Chiriguaná, Curumaní, El Banco, Aguachica, Gamarra, Pelaya; Pailitas, Ocaña, Convención, San Alberto, San Martín, San Gil, Socorro, Charalá, Oiba, San José, Barbosa, Moniquirá, Duitama y Sogamoso; que era la demandada quien decidía cuáles eran los artículos que se debían ofrecer o vender y estipulaba su precio; que en 1983 se le asignó un vehículo de placas IC 7709 de propiedad de la empresa cubriéndosele hasta el año 1992 los gastos de mantenimiento, peajes, impuestos, etc., el que luego se le cambió por el automotor de placas IC 6560 y posteriormente por el de placas HJH 953; que en todos los diciembres hasta el año 1990 realizó un trabajo extra que era el inventario anual que se le pagaba en dinero en efectivo; que en noviembre de 1987 se condicionó su permanencia a la presentación de la renuncia del cargo, la celebración de un nuevo contrato y la respectiva liquidación hasta el 1º de diciembre de ese año por valor de $ 527.080 la cual recibió, pero debido a que prosiguió laborando se le incluyeron los salarios hasta 22 de diciembre de esa anualidad y lo referente a las vacaciones; que la remuneración causada después de esa liquidación se sufragó por caja menor y por fuera de nómina; que el 1º de febrero de 1988 se le hizo firmar un nuevo contrato de trabajo a término indefinido; que prestó servicios en las mismas condiciones durante los años subsiguientes hasta mediados de 1991, cuando el señor Marcos Pico dispuso el cambio de reglas y le ordenó renunciar por segunda vez y constituir una sociedad de agencia comercial, viéndose obligado a hacerlo por la necesidad de trabajar; que constituyó con su cónyuge la firma “Ruiz Delgado Limitada” según escritura pública 3280 del 26 de agosto de 1991 ante notario, con NIT y registro en cámara de comercio, pero sin ningún ánimo de asociarse u obtener algún beneficio y continuó utilizando la misma papelería de la accionada; que en ese momento no se firmó el contrato de agencia comercial, tan solo el 30 de mayo de 1992 se suscribió el mismo por exigencia de la demandada, y por ese año gravable se le efectuaron descuentos de retención en la fuente; que la sociedad llevaba una doble contabilidad dado que por un único pago se giraban en muchos casos dos cheques uno con IVA y otro no, se hacían ventas sin factura con un documento de “cotización”, “garantía personal” o “provisión” y que a su vez se le obligó a responder e informar por medio del documento “Relaciones de cobros”; que prosiguió las correrías de 4 ó 5 semanas trabajando incluso los domingos que era el día de descanso, sin que se le haya cancelado la última correría; que la sociedad no dio cumplimiento siquiera a las cláusulas que aparecían pactadas en el denominado contrato de agencia comercial, pues canceló comisiones únicamente del 1.5% habiendo acordado el 2.5%, las que se discriminaba en el 1.5% sobre ventas netas de ferretería y licores y 1% de los cobros que el agente hiciera, al igual que no le fue entregado el 1/12 de todos los ingresos que el empresario debía reconocer al agente en cumplimiento del artículo 1324 del Código de Comercio; que el 7 de febrero de 1994 firmó otro contrato de agencia comercial en las mismas condiciones del anterior excepto en lo referente a la cláusula quinta que trataba de comisiones que se rebajaron al 0.5% sobre las ventas netas en licores y ferretería y al 0.5% del valor neto de cobros; que ambos contratos de agencia comercial aunque tenían una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1992 y 1994 respectivamente, se prolongaron sin pactarse prórroga automática; que en enero de 1997 se negó a firmar el nuevo contrato de agencia comercial que se le presentó, lo que originó que el señor Marcos Pico en forma reiterada le manifestara que tenía que irse de la empresa, lo cual se cumplió el 19 de noviembre de ese año, cuando mediante escrito de la misma fecha hizo entrega a la sociedad demandada de la zona, bienes o elementos de trabajo, documentos y el vehículo, aduciendo un despido sin justa causa y al tiempo reclamó las retribuciones dejadas de pagar; que el 26 de noviembre de 1997 el gerente de Marpico S.A. le expresó que “... como no ha sido posible fijar las pautas que conlleven a la celebración de un nuevo contrato me permito manifestarle que nuestra compañía se encuentra totalmente de acuerdo con usted, en dar por terminado este contrato ...”, que al día siguiente le presentó a la empresa una liquidación de sus derechos laborales y el 1º de diciembre de esa anualidad se le contestó “... Nuevamente le confirmo que nuestra relación comercial (sic) está supeditada al contrato de agencia comercial ...”; que el 19 de diciembre de 1997 suscribió acta de no conciliación ante la división regional del trabajo y solicitó una inspección judicial a la demandada; que se le llamó en dos oportunidades para ofrecerle un arreglo de $ 8.000.000 y así continuara con la sociedad; que trabajó normalmente como persona natural sin acogerse a la Ley 50 de 1990; y que en cuanto a seguridad social Marpico S.A. aportó al Instituto de Seguros Sociales hasta el 25 de marzo de 1992.

La entidad accionada al dar contestación al libelo demandatorio, se opuso a la prosperidad de las declaraciones y condenas al no configurarse la existencia de un contrato de trabajo sino uno de agencia comercial. En relación con los hechos, no aceptó ninguno, negó algunos, dijo no constarle otros por lo que se atenía a lo que se probara y que los demás eran afirmaciones temerarias de la parte actora. Propuso las excepciones de pago, inexistencia de la obligación, compensación, prescripción e inexistencia del contrato de trabajo.

En su defensa sostuvo que el actor constituyó en forma voluntaria la sociedad de responsabilidad limitada denominada Ruiz Delgado Ltda., mediante escritura pública 3280 de la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, que tuvo vigencia a partir del 26 de agosto de 1991 y fue renovada el 27 de marzo de 1995 hasta el mes de agosto de 2001; que esa sociedad con la demandada celebraron un contrato de agencia comercial, donde la primera asumió de manera independiente y con plena autonomía administrativa las ventas de los productos del renglón o actividad a que se dedica la accionada, como son la ferretería, licores y productos de importe o venta; que con esa nueva condición el demandante podía hacer correrías en representación de la susodicha sociedad y así obtener mejores beneficios; que las razones esgrimidas por este no corresponden a la verdad; y que la empresa siempre actuó de buena fe.

Al celebrarse la primera audiencia de trámite, el demandante reformó la demanda a fin de adicionar el capítulo de pruebas, respecto de la cual se dio contestación y a su turno la accionada solicitó otras probanzas para demostrar las excepciones formuladas de inexistencia de la obligación como del contrato de trabajo.

(...).

VII. Se considera

Como primera medida es de advertir que el tribunal no está desconociendo que entre las partes en contienda existieron en un comienzo varios contratos de trabajo, sino que concluyó que desde mayo de 1992 hasta noviembre de 1997 celebraron otros convenios que denominaron contratos de agencia comercial, los cuales estimó que podían ajustarse a un tipo de contratación mercantil y para ello acudió a lo regulado por los artículos 1317 a 1333 del Código de Comercio.

Ciertamente, infirió que existen diferencias entre un trabajador y un agente viajero que realiza una contratación independiente; que no todo documento de naturaleza comercial que involucre una prestación de servicio personal, contiene un encubrimiento o falsedad, ya que lícitamente puede corresponder a situaciones reales; que nada se opone a que las empresas puedan celebrar esa modalidad de contrato para la ejecución de tareas inherentes a las normales de su negocio; que no resulta exótico que quien se halle contratado como trabajador voluntariamente renuncie al cargo para desempeñar la misma actividad a través de una sociedad que constituya para tal fin; que las restricciones y obligaciones de un contrato de agencia comercial, entre ellas las del agente no implican subordinación laboral alguna; que la regulación normativa mercantil permite también la terminación del vínculo o su revocatoria; y que no es ajeno a que un contrato comercial se ejecute con bienes o valores del empresario, al tener el agente la posibilidad de retenerlos hasta tanto se cancele la indemnización que corresponda; para lo cual analizó lo dispuesto en los artículos 1319, 1321, 1324 y 1326 del Código de Comercio y se apoyó en una jurisprudencia de la corporación para corroborar lo anterior.

Así las cosas, esta última argumentación que es de índole jurídica debió ser controvertida en un cargo orientado por la vía directa, que es técnicamente el sendero correcto para derrumbar los sustentos de puro derecho que aparezcan plasmados en la decisión del juez de alzada, y no como lo intentó hacer el recurrente lacónicamente en algunos apartes del desarrollo de este primer cargo encaminado por la vía indirecta.

En segundo lugar, el ataque y el error de derecho enrostrado, no corresponden a las precisiones que se hicieron en la sentencia impugnada, pues en su texto no se lee como lo sostiene el censor, que el ad quem dio por demostrado —así fuera con prueba no apta ni idónea— que cuatro contratos de agencia comercial celebrados por la demandada con la sociedad que constituyó el actor, en el lapso controvertido, hubieren sido inscritos en el registro mercantil, aseveración que no se encuentra comprendida dentro de alguna de las conclusiones del tribunal, quien ni siquiera hace mención a la exigencia contenida en este sentido en el artículo 1320 del Código de Comercio, y cuando se refirió al certificado aportado de la Cámara de Comercio de Bucaramanga de folios 63 a 65 del cuaderno 1, lo hizo fue para establecer la constitución de la sociedad Ruiz Delgado Limitada en donde el demandante figura como socio, y no para determinar el registro de los susodichos contratos.

Lo anterior significa, que la inscripción o no en el registro mercantil de cada contrato de agencia comercial, no fue uno de los soportes esenciales de la sentencia recurrida.

Y si la censura al expresar que “… el ad quem, en el caso litigado, debió exigir los certificados de la cámara de comercio como prueba ad substantiam actus de inscripción de los contratos de agencia comercial alegados porque la ley (C. Co., art. 1320) lo exige y, el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo prohíbe admitir otro medio de prueba ...”, supuso que el fallador no consideró necesario obtener esa prueba y aun sin su presencia coligió que “las partes sí procedieron a la aludida inscripción” —lo cual como se dijo no aparece como una conclusión de la decisión—, debiéndose tener presente que a la Corte le es vedado revisar el expediente para establecer la ausencia de pruebas, ya que esta corporación en sede de casación carece de facultades propias de los juzgadores de instancia y en materia probatoria solo puede confrontar pruebas que en sentir del recurrente hayan sido erróneamente apreciadas o inestimadas siendo el caso hacerlo.

Ahora bien, por la circunstancia de que en uno de los apartes de la jurisprudencia transcrita en que se apoyó el tribunal, que data del 20 de marzo de 1997 con radicado 8924, se hubiera expuesto para ese caso que “... Es pertinente señalar que aunque el documento donde consta la agencia comercial no se hubiese inscrito en el registro mercantil y que en últimas el demandante tampoco constituyó la sociedad para ejecutar aquel, circunstancias que alega la impugnación para sostener que hubo contrato de trabajo con la demandada, lo cierto es que ellas también son indicativas que el querer de ambas partes, así con posterioridad una de ellas hubiese incumplido lo que se pactó, era que su nexo contractual fuera ajeno al ordenamiento que regula el derecho individual del trabajo ...” (resalta la Sala), se entendiera que el juzgador de alzada al invocar el anterior pronunciamiento, estuviera razonando que no se requiere acreditar la respectiva inscripción en el registro mercantil para darle validez interpartes al documento contractual. En este sentido le asistiría razón a la réplica en cuanto a que el sentenciador no incurrió en un error de derecho por motivo de que la ley en verdad no exige la mencionada inscripción como prueba ad sustantiam actus o también denominada ad solemnitatem para la existencia de ese acto o contrato de índole comercial.

En efecto, el artículo 1320 del Código de Comercio reza:

“El contrato de agencia contendrá la especificación de los poderes o facultades del agente, el ramo sobre que versen sus actividades, el tiempo de duración de las mismas y el territorio en que se desarrollen, y será inscrito en el registro mercantil.

No será oponible a terceros de buena fe exenta de culpa la falta de algunos de estos requisitos” (destaca la Sala).

De su lectura se deduce que el cometido de la inscripción es darle publicidad al acto o contrato, esto es volverlo público, mas no se traduce en una solemnidad que exija la ley para su formación, pues de no cumplirse, su consecuencia no puede ser otra que la de no ser oponible a terceros de buena fe. Lo que quiere decir, que su inoponibilidad sería únicamente en relación con esos terceros por no haberse cumplido el requisito de publicidad con la consecuente responsabilidad tanto del agente como del agenciado o empresario por esa omisión, y no respecto de quienes intervienen directamente en el negocio jurídico mercantil frente a los cuales los efectos del acto siguen subsistiendo.

Lo anterior está acorde con lo dispuesto en el artículo 901 del Código de Comercio que señala “... Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija ...”.

La inexistencia de las solemnidades sustanciales para la constitución de una agencia comercial, se aduce en la llamada agencia de hecho prevista en el artículo 1331 ibídem, que surge de aquellas situaciones donde pese a no haberse hecho constar lo convenido por escrito, se le aplican las normas que reglamentan dichas figuras que tipifican una agencia mercantil.

A lo dicho se suma, que el artículo 824 de ese estatuto comercial prevé que “... Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco ...”.

De suerte que, el tribunal no incurrió en el error de derecho atribuido, habida cuenta que no dio por establecido el hecho del registro mercantil con un medio probatorio no autorizado por la ley, máxime cuando esta al efecto y en principio no exige para la existencia del contrato de agencia comercial una solemnidad ad sustantiam actus.

Además, la inferencia de que a partir del mes de mayo de 1992 entre las partes lo que se dio fue una relación distinta a la de índole laboral que se ajustaba más a una de tipo mercantil, provino no solo del hecho de la constitución de la sociedad por parte del demandante y la celebración de contratos con la demandada que se denominaron de agencia, sino de la apreciación de estos y los demás medios probatorios que mejor le formaron el convencimiento al fallador acerca de lo debatido en virtud de la potestad que el precepto denunciado como violado le otorga a los jueces (CPT y de la S.S., art. 61) y del análisis jurídico que sobre el tema contiene el fallo acusado.

En consecuencia, el cargo no prospera.

VIII. Segundo cargo

La censura acusó la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida y concretamente el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la S.S., que sirvió de medio de violación de los artículos “… 252 y 269 Código de Procedimiento Civil; 13, 21, 23, 24, 43, 55, 64 (modif. L. 789/2003, art. 28, par. trans.), 65, 98 (modif. D. 3129/56, art. 3º), 134, 186, 249, 306, 340 Código Sustantivo del Trabajo; Decreto Reglamentario 1193 de 1976, artículo 11; Ley 52 de 1975; Ley 100 de 1993, artículos 1º, 10 y 133, Ley 171 de 1961, artículo 8º (modif. L. 50/90, art. 37), con incidencia en la parte resolutiva del fallo”.

Violación que adujo se originó por el error de hecho en que incurrió el tribunal consistente en “... No encontrar demostrado estándolo que, entre Marpico S.A. y Mario Fernando Ruiz Rangel, en 1997 existió contrato de trabajo y no de agencia comercial...”.

Afirmó que el anterior yerro se produjo como consecuencia de valorar erróneamente el documento contractual de agencia comercial de folios 55 a 57 cuaderno 1, así como por la inapreciación de los documentos de folios 210 y 212 del mismo cuaderno.

En la demostración del cargo el recurrente planteó lo siguiente:

“(...) El tribunal en el fallo impugnado (fl. 63 cdno. tbnal.) dijo:

“Se observa en relación con los convenios escritos que las partes denominaron “contrato de agencia” (fl. 55, cdno. ppal, correspondiente a 1997, sin firma)”.

A folio 55 cuaderno 1 expediente se observa documento denominado “contrato de agencia”, sin la firma de los contratantes, valorado erróneamente por el ad quem, en cuanto al carecer de firmas, y no haber sido reconocido por el accionante, solo debió ser considerado como contrato de naturaleza laboral y, no comercial como lo estimó el tribunal.

El tribunal en su fallo (fl. 65, cdno. tbnal.) dijo:

“con vista en documentos que obran al expediente, hay lugar a concluir que el señor Mario Fernando Ruiz Rangel inició relación laboral con Marpico S.A. mediante contrato de trabajo entre el 1º de abril de 1977 hasta el día 1º de diciembre de 1987; que continuó con un segundo contrato desde el 10 de febrero de 1987 hasta el 1 º de mayo de 1992”.

El tribunal en su fallo (fl. 65, cdno. tbnal.) agregó:

“Para el tiempo comprendido entre mayo de 1992 y noviembre de 1997 se considera por la Sala se dio un contrato comercial de agencia, las pruebas aportadas y analizadas confluyen a ello”.

A folio 210, cuaderno 1. expediente se observa documento dirigido por Enrique Londoño gerente de Marpico S.A. a Ruiz Delgado Ltda., que el ad quem no valoró y donde se lee:

“Bucaramanga, noviembre 26 de 1997

Señores

Ruiz Delgado Ltda.

Atte. Mario Fernando Ruiz Rangel

Representante legal.

Ciudad.

Dentro del término estipulado en el parágrafo de la cláusula Décima del Contrato de Agencia Comercial suscrito con ustedes para la promoción y venta de ferretería, licores y productos que importe o venda Marpico S.A. el cual vence el 31 de diciembre del presente año, y como no ha sido posible fijar las pautas que conlleven a la celebración de un nuevo contrato, me permito manifestarle que nuestra compañía se encuentra totalmente de acuerdo con usted, en dar por terminado este contrato”.

Es claro que desde 1977 el accionante inició relación laboral con Marpico S.A. y que durante 1997 existía contrato entre el accionante y Marpico S.A., por el cual prestó el servicio de promoción y venta de ferretería y licores y productos importados y vendidos por Marpico S.A., demostrándose igualmente, la prestación del servicio durante este año en la misma actividad que el accionante prestó desde abril 1º de 1977 mediante contrato de trabajo.

La Corte Suprema ha dicho respecto a la demostración del servicio lo siguiente:

“Si para configurarse la existencia de un contrato de trabajo fuese indispensable la demostración plena de los tres elementos o requisitos fundamentales señalados por el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, ello significaría que la norma del 24 sería inoperante e inocua. Por el contrario con la demostración del servicio, se presume el contrato de trabajo, sin que sea necesario, en general, producir la prueba de la subordinación” (CSJ, Cas. Laboral, Sent., dic. 16/59, G.J. XCI, 1227 y abr. 1º/60, ídem, XCJJ, pág. 708).

Conforme a la jurisprudencia, con la demostración del servicio se mantiene la presunción del artículo 24 Código Sustantivo del Trabajo, en favor del trabajador siendo el patrono el llamado a desvirtuarla.

A folio 212 cuaderno 1, expediente en comunicación firmada por Mario Fernando Ruiz Rangel de diciembre 01 de 1997 a Marpico S.A., que el ad quem tampoco valoró se lee:

“Ref.: Respuesta a su comunicación de noviembre 26 de 1997.

1. En ningún momento he sido llamado para formalmente establecer pautas que permitan llevar a cabo mi labor de agente viajero para el año de 1998.

2. En la comunicación manifiesta que se encuentra totalmente de acuerdo con Mario Fernando Ruiz en dar por terminado el contrato laboral”.

Es claro que, el accionante no aceptó la existencia de contrato de agencia comercial en 1997, afirmando siempre la existencia de contrato laboral con Marpico S.A.

El tribunal aplicó indebidamente el artículo 60 Código Procesal del Trabajo, que dispone:

“EI juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo.

El tribunal aplicó indebidamente la norma en cuanto dejó de valorar pruebas allegadas en tiempo (fls. 210 y 212, cdno. 1. exp.), que debió relacionar con el documento (fl. 55 exp.) valorado erróneamente.

La violación del artículo 60 Código Procesal del Trabajo, sirvió de medio de violación de normas sustanciales inmersas en el Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso litigado en cuanto, la legislación laboral no regula lo pertinente a autenticidad y valor de documentos sin firmas. Veamos:

El tribunal violó por aplicación indebida el artículo 252 Código de Procedimiento Civil, en cuanto dispone:

“Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado.

El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido”.

Conforme a la norma el documento (fl. 55 cdno. 1. exp.) que el ad quem valoró erróneamente carece de autenticidad por carecer de certeza en cuanto no aparece firmado.

El tribunal violó por aplicación indebida el artículo 269 Código de Procedimiento Civil, que dispone:

“Los instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen, solo tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella o sus causahabientes”.

Conforme a la norma, los documentos sin firma carecen de valor a menos que sean aceptados por la parte a quien se oponen, en el caso litigado por el demandante.

Al observar el documento (fl. 55, cdno. 1. exp.) denominado “contrato de agencia” salta a la vista que, carece de firmas como lo advirtió el ad quem en su fallo y, por tanto de valor probatorio en cuanto es claro que, no fue aceptado por el demandante a quien se opuso.

El tribunal incurrió en manifiesto y grave error de hecho al admitir en su fallo que, para 1997, se dio contrato de agencia comercial entre las partes, luego de valorar equívocamente el documento (fl. 55, cdno. 1. exp.), carente de autenticidad por estar sin firmas, documento que no fue admitido expresamente por el demandante ante quien fue opuesto durante el litigio y, quien siempre afirmó la inexistencia de contrato de agencia y la vigencia de su contrato de trabajo hasta noviembre 19 de 1997 y, porque dejó de valorar pruebas allegadas en tiempo que debió valorar (fls. 210 y 212, cdno. 1. exp.).

Es claro que el demandante, Mario Ruiz Rangel, en ningún momento aceptó la existencia válida de contratos de agencia comercial que rigieran su relación contractual con Marpico S.A.

No existe al proceso evidencia alguna de aceptación expresa por parte del accionante del documento sin firmas referente a agencia comercial para 1997.

La honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de octubre 29 de 1991, M.P. Dr. Héctor Marín Naranjo, en referencia con el valor y la autenticidad de documentos no firmados ni reconocidos por la parte a quien se oponen dijo:

“Lo anterior pues, representa que el ámbito propio del artículo 269 lleva en sí una hipótesis excepcional y que, como tal, es de interpretación restricta. Por ende, el problema de la autenticidad de este tipo de documentos no puede ser mirado a la luz de las reglas generales contenidas en el artículo 252 y concordantes, sino, de modo exclusivo, con apoyo en la norma que de ellos se ocupa.

Siendo así las cosas, precisa anotar a renglón seguido que el reconocimiento expreso que se menciona en el artículo 269 viene a ser una forma específica, única orientada a conferirle autenticidad a tal clase de documentos, los cuales, repítese, no son colocables dentro de la órbita propia del artículo 252, tanto por lo ya expresado cuanto por el citado artículo 269, con claridad meridiana, prescribe que “… solo tendrán valor” en el caso de aceptación expresa por parte de aquél a quien se oponen a sus causahabientes”.

Conforme a la jurisprudencia y a las normas señaladas como violadas, en el caso litigado el documento (fl. 55, cdno. 1. exp.) que no fue firmado por el accionante, ni fue reconocido expresamente por él; carece de valor y por tanto de idoneidad como medio para probar contrato de agencia mercantil durante 1997, tiempo durante el cual, se probó la existencia de contrato de trabajo porque se demostró el servicio.

Si el tribunal hubiese considerado la falta de autenticidad del documento (fl. 55, cdno. 1 exp.) sobre contrato de agencia comercial, por carecer de firmas y, su falta de valor al no existir aceptación expresa del actor, habría acertado en su fallo y se habría ajustado a la legalidad, considerando que durante 1997 no existió entre la partes contrato válido de agencia comercial sino de trabajo y, no habría absuelto a la demandada de los cargos formulados en la demanda.

La violación del artículo 60 Código Procesal del Trabajo, también sirvió de medio de violación de normas sustanciales de carácter laboral sobre salarios, prestaciones e indemnizaciones ya señaladas en el cargo.

El antiguo tribunal del trabajo en jurisprudencia aún vigente sobre error en la naturaleza de los contratos dijo al respecto:

“EI error en que incurre el tribunal al apreciar la naturaleza de un contrato es un error de hecho” (Caso mar. 23/55, Londoño vs. Payán) ...”.

IX. Réplica

La réplica argumentó que el censor simultáneamente acusó una misma prueba por error de hecho y de derecho; que de los documentos obrantes a folios 210 y 212 del cuaderno 1 no se deriva una relación laboral sino una comercial; y que no se demostró yerros por parte del tribunal de la prueba indiciaria, documentos y los testimonios que fueron considerados en el fallo impugnado y que sustentan la decisión, los cuales se dejaron incólumes.

X. Se considera

Este cargo se orienta a determinar que el demandante nunca aceptó la existencia válida de los contratos de agencia comercial, afirmando siempre la presencia de un contrato de trabajo, para lo cual endilga un yerro fáctico estructurado en la errónea valoración de las pruebas denunciadas.

La sustentación del ataque gira en torno a demostrar que el contrato apreciado por el sentenciador denominado de agencia comercial visible a folios 55 a 57 del cuaderno número 1 “... solo debió ser considerado como contrato de naturaleza laboral y, no comercial como lo estimó el tribunal” por carecer de firmas y no haber sido reconocido por el demandante, y por tanto estar privado de autenticidad o valor probatorio; y de otro lado, que las comunicaciones cruzadas entre las partes obrantes a folios 210 y 212 del mismo cuaderno 1, lo que prueban es que el accionante no aceptó la existencia del contrato de agencia comercial desde el año 1997 manteniéndose en la postura de que lo que realmente lo unía a la accionada era un contrato de trabajo.

En lo atinente al primer aspecto el recurrente está cuestionando es la validez y eficacia probatoria de uno de los documentos contractuales de agencia comercial que se aportaron al proceso, cuya acusación no es admisible por la vía de los hechos sino por la del puro derecho.

De tal modo, que la discrepancia respecto a las condiciones requeridas para la validez o eficacia de un medio de prueba, no son propias del sendero de ataque seleccionado que pueda conducir a un error de hecho evidente en casación, por corresponder a un planteamiento que lleva ínsito un problema de hermenéutica jurídica, que se debió encaminar por una senda distinta a la indirecta.

Sobre el tema conviene recordar que conforme el criterio reiterado de esta Sala de la Corte la acusación de asuntos concernientes a la aducción, aportación, validez y decreto de pruebas solo es susceptible de impugnación por la vía directa. En relación a este punto es oportuno traer a colación lo expresado en sentencia del 7 de febrero de 2001 radicado 15438, donde se dijo:

“(...) Resulta claro entonces que el tribunal restó valor probatorio a los documentos en cuestión por considerar que no fueron controvertidos en el proceso y que no cumplen con los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil y, en este orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, el ataque debió formularse por vía directa, imputándose la violación de medio de las reglas procesales pertinentes, pues antes de incurrir el sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos por omisión de la prueba —que es lo que estrictamente puede conducir al error de hecho manifiesto— lo que en realidad habría infringido es la ley instrumental que gobierna la producción, aducción o, para el caso que nos ocupa, la validez, de los elementos probatorios legalmente admisibles ...”.

Respecto a las documentales de folios 210 y 212 del cuaderno 1, efectivamente no fueron apreciadas por el juez de apelaciones, pero esa omisión no tiene la identidad suficiente para generar un error protuberante de hecho capaz de quebrar el fallo impugnado, por la sencilla razón de que son las mismas partes las que están ratificando su posición, por cuanto mientras en la comunicación de noviembre 26 de 1997 dirigida a la sociedad que constituyó el actor, el gerente de la demandada hace alusión a la terminación del contrato que cataloga como de agencia comercial (fl. 210), en la respuesta a la misma con destino a la accionada calendada diciembre 1º de 1997 el demandante se refiere a la finalización de lo que en su sentir era un contrato laboral (fl. 212), lo que significa que la empresa en su misiva no aceptó la relación de trabajo subordinado, y en la proveniente del accionante no le es dable a este crear una prueba para su propio beneficio por ser inaceptable desde el punto de vista probatorio.

Adicionalmente, no es suficiente para anular la sentencia recurrida que se ataquen solo algunos de los medios probatorios, si los que se dejan de controvertir son suficientes para apoyar la solución a que llegó el sentenciador.

Pero debe agregarse que el tribunal hizo mención a los contratos de agencia comercial (fls. 366, 370, 374 del cdno. 2 y 55 del cdno. ppal.), a un contrato de trabajo (fl. 41), a las renuncias presentadas por el actor (fls. 42, 294 y 300), a las liquidaciones de los contratos de trabajo (fls. 43 y 301), memorando sobre itinerarios (fl. 58), comunicación de fechas probables de visitas a los diferentes municipios (fl. 59), certificaciones expedidas por la demandada (fls. 60 a 62), recibos de pago de comisiones (fls. 92 a 106), comprobantes de pago (fls. 114 a 167), recibos de impuesto, vehículos y peajes (fls. 170 a 189), certificado de cámara de comercio (fl. 63) y a las declaraciones de testigos (fls. 491, 492, 494, 496, 619, 658, 664, 665, 666, 668, 673, 674 y 677), probanzas todas ellas que no fueron denunciadas en este cargo que es autónomo frente a los otros dos, donde es pertinente recordar que al sustentarse la sentencia con pruebas calificadas como en las que no lo son, una vez acreditado el error de hecho a través del examen de las primeras (documento auténtico, confesión judicial e inspección ocular) se tiene que demostrar que también estas últimas fueron indebidamente valoradas, lo que en el exámine no se cumplió.

Colofón a lo anterior la sentencia debe mantenerse inmodificable por estar soportada en el análisis que efectuó el juez de alzada de los elementos probatorios que no fueron objeto de ataque.

Por consiguiente el cargo se desestima.

XI. Tercer cargo

El recurrente acusó la sentencia del ad quem de ser violatoria por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida del artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que sirvió como medio de violación de las mismas normas enunciadas en la proposición jurídica del segundo cargo, siendo innecesario repetirlas.

Expresó que el tribunal incurrió en el error manifiesto de hecho de “… No encontrar demostrado estándolo que, los acuerdos comerciales entre Marpico S.A. y Ruiz Delgado Ltda., se celebraron por debajo del mínimo de derechos y garantías existentes en el Código Sustantivo del Trabajo, a favor de Mario Ruiz Ángel (sic) ...”.

Como pruebas mal apreciadas relacionó las siguientes:

“a) Memorando (fl. 58, cdno. 1 exp.), de Marpico S.A. a Mario Ruiz R.;

b) Documento (fls. 189 a 191, cdno. 1. exp.) de noviembre 19 de 1997, de Mario Ruiz R. a Marpico S.A.;

c) Documentos (fls. 300 y 294, cdno. 1 exp.) sobre renuncias de enero y mayo de 1992;

d) Documento sobre contrato de trabajo de abril 1º de 1979 (fl. 291, cdno. 1 exp.), y

e) Documento sobre contrato de agencia correspondiente a 1993 (fls. 366 a 369)”.

Y como prueba dejada de valorar el “Acta no conciliada de Regional del Trabajo de Santander (fl. 215, cdno. 1 exp.) …”.

En la sustentación del cargo el censor dijo:

“(...) El tribunal aplicó indebidamente el artículo 60 Código Procesal del Trabajo, que dispone:

“EI juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”.

El tribunal incurrió en error manifiesto porque no valoró todos los documentos allegados al proceso ni los relacionó entre sí.

El tribunal incurrió en yerro manifiesto de hecho al no encontrar demostrado estándolo que los contratos de agencia comercial alegados por la accionada están por debajo del mínimo de derechos y garantías establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, en favor del trabajador en cuanto, conllevan renuncia a prestaciones sociales irrenunciables y a seguridad social que el actor disfrutaba mediante contrato de trabajo.

El error ostensible de hecho cometido por el ad quem, tuvo como fuente la errónea valoración de unos documentos y la no valoración de otro.

A (fls. 366 a 376, cdno. 2 exp. y 57, cdno. 1, exp.), se advierten documentos sobre 4 contratos denominados “de agencia comercial” valorados erróneamente por el ad quem, por cuanto es claro que, en ellos no se consigna pago de prestaciones sociales por lo cual, se encuentran por debajo del mínimo de derechos y garantías consagrados por la ley laboral a favor del accionante.

A (fl. 215, cdno. 1 exp.), en acta no conciliada de septiembre 16 de 1998 que el tribunal no valoró, sobre lo expresado por el apoderado de la accionante se lee:

“Las pretensiones laborales que invoco, esto es por salarios, primas, bonificaciones, cesantías, vehículo, etc., ascienden a la suma de ciento noventa y ocho millones de pesos ($ 198.000.000) m.cte., para lo cual me apresto a formular la correspondiente demanda laboral ante la imposibilidad de tener una conciliación”.

En el acta, se evidencia cómo a la terminación de la relación en noviembre 26 de 1997, el trabajador reafirma la existencia de contrato de trabajo al exigir el pago de salarios y prestaciones sociales ante la posición patronal de sostener la existencia de relación comercial.

La violación del artículo 60, Código Procesal del Trabajo, sirvió de medio de violación de otras normas de carácter sustancial. Veamos:

El tribunal en el fallo impugnado aplicó indebidamente el artículo 13 Código Sustantivo del Trabajo que dispone:

“Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagrados a favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo”.

Conforme a la norma ninguno de los convenios de agencia comercial allegados al proceso produce efecto alguno en cuanto desconocen dicho mínimo de derechos y garantías que el trabajador mantenía hasta mayo 1º de 1992 y que las normas laborales consagran.

La jurisprudencia ha dicho respecto al artículo 13 lo siguiente:

“EI texto del artículo 13 es una proposición jurídica inexpugnable: la ley sustantiva consagra un mínimo de prestaciones; todo pacto por debajo de ese mínimo es nulo y carece de efectos” (CSJ, Cas. Laboral. Sent. abr. 9/59. G.J. 2210, pág. 422).

Conforme a la jurisprudencia que se encuentra vigente, los acuerdos entre Mario Ruiz y Marpico S.A., para renunciar, constituir la sociedad Ruiz Delgado Ltda., y, celebrar contratos de agencia son nulos y no produjeron efecto alguno por cuanto no incluyen salario básico, ni prestaciones sociales, ni seguridad social, constituyendo pactos por debajo del contrato de trabajo que sí las incluye como mínimo de derechos irrenunciables.

En los documentos (fls. 366 a 374, cdno. 2 y 57, cdno. 1 exp.) erróneamente valorados por el ad quem, es evidente que se estipula contrato de agencia comercial que en sus cláusulas no consagra; ni salario básico ni ningún tipo de prestación social, ni suma que las compense.

La violación del artículo 60 Código Procesal del Trabajo, también sirvió de medio de violación del contrato de trabajo como ley.

En el contrato de trabajo firmado en febrero 1º de 1988, cláusula décima (fl. 41, cdno. 1 exp.) se lee:

“las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto ... Conforme al contrato ley, los acuerdos modificatorios no consignados a continuación de su texto afectan el mínimo de derechos y garantías prestacionales del trabajador”.

Es claro que, las modificaciones acordadas sobre constitución de la firma comercial, Ruiz Delgado, y sobre contratos de agencia comercial previas renuncias del trabajador se efectuaron en documentos diferentes al que contiene el contrato de trabajo de febrero 1º de 1988, por lo cual, carecen de validez.

La violación del artículo 60 Código Procesal del Trabajo, sirvió de medio de violación también del artículo 14 Código Sustantivo del Trabajo, porque es ostensible que los convenios comerciales impuestos por la accionada conllevaron la renuncia de derechos irrenunciables consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, en favor del trabajador.

El ad quem, le hizo producir a la norma, efectos diferentes en cuanto en su fallo en lugar de condenar a la accionada la absolvió por haber hecho renunciar al accionante a derechos irrenunciables.

Marpico S.A. obligó al actor a renunciar a prestaciones sociales irrenunciables. Veamos:

A (fl. 247, cdno. 1 exp.), se evidencia contrato de trabajo a término indefinido firmado entre el actor y Marpico S.A., en febrero 1º de 1988, erróneamente valorado por el ad quem, al no tener en cuenta que consagra salarios y prestaciones sociales para el accionante a los cuales debió renunciar al suscribir contratos de agencia comercial.

A (fls. 294 y 300, cdno. 1 exp.) se evidencian 2 documentos sobre renuncia del actor al contrato de trabajo en enero y mayo de 1992 vigente desde febrero de 1979, erróneamente valorados por el ad quem, porque no tuvo en cuenta que no produjeron efecto alguno al ser presentada mediante condicionamiento patronal para seguir laborando y al no relacionarse con los documentos folios 189 a 192, cuaderno 1 expediente sobre entrega de elementos de trabajo por el trabajador al patrono en noviembre de 1997, aclarando no haber renunciado.

A (fls. 366 a 376, cdno. 2. exp.), se evidencian documentos sobre contrato de agencia comercial de mayo 2 de 1992 a 1997, erróneamente valorados por el ad quem, porque no tuvo en cuenta que al tenor de la norma (CST, art. 14) no produjeron efecto alguno al celebrarse renunciando a derechos irrenunciables.

Si el tribunal hubiese valorado correctamente los documentos referidos, habría establecido también que, desde 1989, el actor adquirió ... derecho a pensión sanción, por más de 10 años de servicios derecho irrenunciable perfeccionado al renunciar por causa imputable al patrono que, dejó sin validez convenios de agencia comercial.

Si el tribunal no hubiese incurrido en error manifiesto y grave de hecho, no hubiese absuelto a la accionada, condenándola a pagar los salarios, prestaciones e indemnizaciones señalados en la demanda ...”.

XII. Réplica

Por su parte el opositor solicitó desestimar el cargo y argumentó que el recurrente no hizo desarrollo o demostración en relación a todas sus afirmaciones, las cuales carecen de virtualidad para derruir la presunción de acierto y legalidad del fallo impugnado, por lo que no se acredita el error de hecho atribuido; que el artículo 13 del Código Sustantivo de Trabajo no es aplicable a los contratos de agencia comercial; y que en un comienzo mientras existió relación laboral siempre se cancelaron al actor los derechos laborales que le asistía.

XIII. Se considera

Si bien el censor se duele que el tribunal “… no valoró todos los documentos allegados al proceso ni los relacionó entre sí ...”, únicamente denunció como prueba dejada de apreciar el acta no conciliada de la regional de Santander que corre a folio 215 del cuaderno 1, donde “… el trabajador reafirma la existencia de contrato de trabajo al exigir el pago de salarios y prestaciones sociales ante la posición patronal de sostener la existencia de relación comercial ...”, como si la otra documental en realidad se hubiera estimado.

La aludida probanza no demuestra que los acuerdos comerciales se hayan celebrado por debajo de derechos y garantías que le asisten al demandante, y la simple reclamación previa a acudir a la justicia ordinaria de unas pretendidas acreencias, no conlleva la existencia del vínculo laboral y la merma en las condiciones con que se venía prestando el servicio, pues se requiere que en realidad ya dentro del proceso esas circunstancias queden plenamente acreditadas.

En lo concerniente a las demás pruebas que se reseñan como mal valoradas, la censura en este cargo no cuestiona la constitución por parte del demandante de la sociedad Ruiz Delgado Ltda., ni la existencia de los convenios de agencia comercial, sino que aquellos “... son nulos y no produjeron efecto alguno ...” por estar ese pacto “... por debajo del mínimo de derechos y garantías establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, a favor del trabajador en cuanto, conllevan renuncia a prestaciones sociales irrenunciables y a seguridad social que el actor disfrutaba mediante contrato de trabajo ...”, modificación contractual que en su sentir carece de validez por estar antecedida de renuncias del accionante, todo lo cual se traduce en una disquisición meramente jurídica, que debió acusarse por un sendero distinto al seleccionado, esto es la vía directa.

Así las cosas, acorde con lo expuesto, sumado a lo que se dijo al responder los cargos anteriores, el recurrente no se ocupó de atacar todos los medios probatorios en los que se apoyó el tribunal ni destruyó la totalidad de sus razonamientos esenciales, lo cual conduce a que esa inactividad mantenga incólume lo decidido por el tallador con independencia de su acierto, pues la sentencia impugnada conserva la presunción de legalidad, y de certeza, haciendo que este tercer cargo se desestime.

Como se formuló réplica, las costas por el recurso extraordinario se impondrán al recurrente.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral, el 12 de septiembre de 2003, en el proceso adelantado por Mario Fernando Ruiz Rangel contra la sociedad Marpico S.A.

Costas a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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