Sentencia 2287 de agosto 9 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PARTIDOS POLÍTICOS

CANCELACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA

EXTRACTOS: «Precisa determinar, en primer lugar, si el Consejo Nacional Electoral, en los términos de la Constitución Política que actualmente nos rige, de la ley que regula su funcionamiento y competencias, y de la que de manera general, hasta ahora, gobierna a los partidos y movimientos políticos, tiene o no facultad o competencia para cancelar o extinguir la personería jurídica de aquellos, pues, de una parte, el poder público debe ser ejercido por el pueblo, cuando le corresponde hacerlo en forma directa mediante los mecanismos o instrumentos consagrados en la Carta Política, o por medio de sus representantes, en los términos que la misma Constitución establece, y, por cuanto de otra parte, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, entre los cuales están indubitablemente los de asociación, los de crear o formar partidos y movimientos políticos, afiliarse a ellos, participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, para difundir a través de ellos sus ideas y programas, y el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Analizadas por la Sala las diferentes normas constitucionales y legales invocadas por el apoderado del accionante, en especial aquellas que le señalan al Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad de la organización electoral, sus funciones, competencias o facultades, encuentra que realmente no se le ha concedido por ellas (arts. 265 de la Constitución y 12 del Decreto 2241 de 1986, Código Electoral, en concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley 58 de 1985, estatuto básico de los partidos políticos y el art. 108 de la Carta sobre extinción y pérdida de personería jurídica de los partidos y movimientos políticos), la facultad, poder o competencia de cancelar o extinguir la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, aun cuando sí la de reconocerla.

Además de esto último, se le ha otorgado la facultad de exigirles cada cuatro años, antes de la iniciación de las campañas electorales, prueba de que cumplen con los requisitos legales para mantener vigente su personería jurídica, que no serían otros que los mismos señalados por el artículo 108 de la Carta Política para obtenerla, a saber: a) no menos de cincuenta mil firmas; b) o haber obtenido por lo menos la misma cifra en la elección anterior; c) o haber alcanzado representación parlamentaria.

De esta disposición legal (art. 4º, inciso tercero de la Ley 58 de 1985), en concordancia con el artículo 108 de la Constitución, no se puede deducir la facultad o competencia, no otorgada expresamente por la Carta Política o por la ley, de cancelar o extinguir la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, cuando se den los eventos señalados en la precitada norma constitucional, pues es (art. 122 de la C.N.) y ha sido un postulado del derecho público (art. 63 del anterior ordenamiento constitucional), el de que los empleos públicos deben tener sus funciones detalladas en ley o reglamento, lo que ha sido desarrollado por el derecho administrativo, como parte de ese derecho público, en el sentido de expresarse doctrinal y jurisprudencialmente, tanto en el país como en el extranjero, que la competencia es o debe ser expresa, que ella no se adquiere por analogía, a contrario sensu, o por deducción del funcionario público o del juez, y que, en tratándose de la actividad administrativa, esa falta o carencia de competencia expresa en el funcionario público, bien por cuanto no le ha sido asignada a ningún órgano de la administración, bien por cuanto la tiene expresamente otro de la misma administración, bien porque invade la competencia propia del jurisdiccional o del legislativo, constituye un vicio en el acto jurídico que se expide o profiere por faltar, entonces, un elemento esencial que condiciona su validez, lo que determina la posibilidad de su demanda ante el órgano competente de la jurisdicción especial, como en Colombia, y su declaratoria de nulidad con efectos retroactivos cuando se encuentre que realmente no se tenía, conforme al ordenamiento jurídico, esa competencia o facultad.

En síntesis, la extinción de la personería jurídica de partidos y movimientos políticos por no haberse obtenido en los comicios electorales el número de votos previsto en el art. 108 de la Constitución o alcanzado representación en el Congreso en la elección anterior, o la pérdida de ella, que no apareció en la codificación inicial del nuevo ordenamiento constitucional, pero sí en la certificación sobre artículos, párrafos o incisos omitidos en dicha codificación, expedida por el Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ante el vacío que dejó el constituyente en relación con la persona u organismo con competencia o facultad para disponer o decretar tal medida, debe ser objeto de reglamentación legal, bien para fijarla en el Consejo Nacional Electoral, conforme al numeral 12 del artículo 265 de la Carta, bien para otorgársela a la autoridad judicial que se precise».

(Sentencia de agosto 9 de 1993. Expediente 2287. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por la posición mayoritaria de la Sala, he disentido de la decisión adoptada mediante el fallo de la referencia, por las siguientes razones:

1. Si bien es cierto que ha sido un postulado del derecho público el de que los empleos públicos deben tener sus funciones detalladas en ley o reglamento y que ese postulado ha sido desarrollado por el derecho administrativo en el sentido de que la competencia debe ser expresa y que la ausencia de ella produce nulidad del acto, no puede pre-tenderse que ese principio pueda excluir de manera absoluta la facultad de interpretación racional del juez, especialmente cuando la presunta falta de competencia no obedece a que ella está atribuida a otra autoridad, como en el caso presente, en el cual la misma providencia acepta que “ante el vacío que dejó el constituyente en relación con la persona u organismo con competencia o facultad para disponer o decretar tal medida, debe ser objeto de reglamentación legal, bien para fijarla en el Consejo Nacional Electoral, conforme al numeral 12 del artículo 265 de la Carta, bien para otorgársela a la autoridad judicial que se precise”.

2. Si además se tiene en cuenta que, como también lo reconoce el fallo, la misma Constitución Política, en su artículo 108, de una parte, otorga al Consejo Nacional Electoral la competencia expresa de reconocer personería jurídica a los partidos o movimientos políticos y, de otra, establece que “la personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembros del Congreso, en la elección anterior” y que “se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento político a través de sus candidatos por lo menos cincuenta mil votos o no se alcance la representación en el Congreso de la República”, y que, finalmente, el artículo 4º de la Ley 58 de 1985, le ha otorgado al citado Consejo Nacional Electoral la facultad de exigirles a los partidos cada cuatro años, antes de la iniciación de las campañas electorales, prueba de que cumplan con los requisitos legales para mantener vigente su personería, para el suscrito ello quiere decir que estando regulados expresa y claramente los casos en que la citada personería se extingue, se pierde o no se mantiene, necesariamente debe existir una autoridad que así lo declare, que no puede ser otra que el mismo Consejo Nacional Electoral, quien la reconoce y ante quien debe comprobarse el cumplimiento de los requisitos para mantenerla.

3. Concluir lo contrario, como lo hace el fallo, implica desconocer la más mínima posibilidad de interpretación de las normas de competencia por parte del juez, lo cual conllevaría a negar dicha competencia cada vez que las normas atributivas de la misma adolezcan de alguna falla, por pequeña que sea, en aras de mantener en términos absolutos el principio de que la competencia debe ser expresa.

4. Igualmente, la conclusión del fallo implica que un partido o movimiento político, no obstante tener que probar legal y periódicamente que cumple los requisitos para mantener la personería, si no lo hace por negligencia o porque no puede probarlos o porque los que pretende probar no son los suficientes o necesarios para el mantenimiento de ella, continuará gozando de la misma y de los privilegios que con base en ella consagren las normas constitucionales y legales, como es el derecho a la financiación del funcionamiento del partido o movimiento y de sus campañas electorales (art. 109 de la Carta) y a utilizar los medios de comunicación social del Estado (art. 111 de la misma Carta), todas las cuales son consecuencias claramente contrarias al sentido y la finalidad que quiso consagrar el Constituyente al incluir en la Carta las normas sobre personería jurídica de los partidos y movimientos políticos y las prerrogativas que se derivan de ella.

En resumen, si bien es cierto que el vacío mencionado en el fallo (que para mí es sólo aparente) puede ser llenado por la ley y es conveniente hacerlo, considero que existen suficientes argumentos para concluir que sin necesidad de esa ley debe entenderse que la competencia para declarar la pérdida o la extinción de la personería jurídica de los partidos o movimientos políticos, de acuerdo con las causales constitucionales, corresponde al Consejo Nacional Electoral.

Con todo respeto,

Libardo Rodríguez Rodríguez. 

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