Sentencia 2288 de abril 9 de 1991

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

SALA PLENA DE CASACIÓN LABORAL

INCENTIVOS PARA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA

INCENTIVOS PARA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA

ES CONSTITUCIONAL EL DECRETO 303 DE 1991

ES CONSTITUCIONAL EL DECRETO 303 DE 1991

Ref.: Expediente 2288 (377-E)

Ref.: Expediente 2288 (377-E). Sentencia 44. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 303 de enero 29 de 1991 “Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público; se modifican y adicionan en lo pertinente los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990, y se dictan otras disposiciones”.

Sentencia Nº 44. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 303 de enero 29 de 1991 “Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público; se modifican y adicionan en lo pertinente los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990, y se dictan otras disposiciones” .

Bogotá, D.E., abril nueve de mil novecientos noventa y uno.

Bogotá, D. E., abril nueve de mil novecientos noventa y uno.

I.Antecedentes

I. Antecedentes

En cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional remitió oportunamente a esta Corporación el Decreto Legislativo Nº 303 de enero 29 de 1991, para su revisión constitucional. Dentro del término de fijación en lista no hubo intervención ciudadana según lo acredita la Secretaría General en su informe de febrero 13 del presente año. El ciudadano Santiago Uribe Ortiz hizo llegar un escrito de impugnación parcial extemporáneamente, el cual por esta razón no será considerado.

En cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional remitió oportunamente a esta corporación el Decreto Legislativo Nº 303 de enero 29 de 1991, para su revisión constitucional. Dentro del término de fijación en lista no hubo intervención ciudadana según lo acredita la Secretaria General en su informe de febrero 13 del presente año. El ciudadano Santiago Uribe Ortiz hizo llegar un escrito de impugnación parcial extemporáneamente, el cual por esta razón no será considerado.

Surtido el trámite previsto tanto en la Constitución como en los Decretos 432 de 1969, 1894 de 1989, 2384 de 1990 y 340 de 1991 y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir, previas las consideraciones que adelante siguen:

Surtido el trámite previsto tanto en la Constitución como en los Decretos 432 de 1969, 1894 de 1989, 2384 de 1990 y 340 de 1991 y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir, previas las consideraciones que adelante siguen:

(...)

II. Texto del decreto

III. Concepto del Procurador General de la Nación

El texto sub examine es del siguiente tenor:

Mediante oficio de febrero 22 de 1991 el señor Procurador General de la Nación rindió su concepto en el cual considera que el decreto sub examine es exequible.

.....................................

Son sus argumentos los siguientes:

III. Concepto del Procurador General de la Nación

a) El referido decreto cumple los requisitos formales exigidos por el artículo 121 de la Carta y guarda conexidad con las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción en la medida en que complementa los mecanismos jurídicos diseñados por los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990, con el mismo propósito de obtener el restablecimiento de la normalidad en el país.

Mediante oficio de febrero 22 de 1991 el señor Procurador General de la Nación rindió su concepto en el cual considera que el decreto subexámine es exequible.

b) Ha dicho la Corte que la rebaja de pena y la condena de ejecución condicional son instituciones de derecho penal que concebidas bajo la óptica de la política criminal moderna pueden utilizarse para procurar que los responsables se sometan al imperio de la justicia. Por ello “si el Gobierno ha juzgado que la previsión de un tratamiento punitivo más benigno para quienes confiesen la ejecución de las conductas punibles relacionadas con el narcotráfico y sus delitos conexos, es la forma de procurar el pronto restablecimiento de la normalidad, se justifica ampliamente la adopción de tales medidas y por ello no pueden, ni los beneficios referidos ni la negativa del Gobierno a extraditar a sus súbditos ser motivo de reparo constitucional”.

Son sus argumentos los siguientes:

c) La modificación del artículo 5º del Decreto 3030 de 1990 por el 2º del Estatuto en revisión se aviene a los mandatos del artículo 26 Constitucional pues complementa el procedimiento para hacer efectivas las normas del decreto.

a) El referido decreto cumple los requisitos formales exigidos por el artículo 121 de la Carta y guarda conexidad con las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción en la medida en que complementa los mecanismos jurídicos diseñados por los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990, con el mismo propósito de obtener el restablecimiento de la normalidad en el país.

d) La creación del grado de jurisdicción de consulta para la sentencia condenatoria no contraría las disposiciones de la Carta Fundamental pues esta es materia que la misma defiere a la ley.

b) Ha dicho la Corte que la rebaja de pena y la condena de ejecución condicional son instituciones de derecho penal que concebidas bajo la óptica de la política criminal moderna pueden utilizarse para procurar que los responsables se sometan al imperio de la justicia. Por ello “si el Gobierno ha juzgado que la previsión de un tratamiento punitivo más benigno para quienes confiesen la ejecución de las conductas punibles relacionadas con el narcotráfico y sus delitos conexos, es la forma de procurar el pronto restablecimiento de la normalidad, se justifica ampliamente la adopción de tales medidas y por ello no pueden, ni los beneficios referidos ni la negativa del Gobierno a extraditar a sus súbditos ser motivo de reparo constitucional”.

IV. Consideraciones de la Corte

c) La modificación del artículo 5º del Decreto 3030 de 1990 por el 2º del Estatuto en revisión se aviene a los mandatos del artículo 26 Constitucional pues complementa el procedimiento para hacer efectivas las normas del decreto.

1. Competencia. 

d) La creación del grado de jurisdicción de consulta para la sentencia condenatoria no contraría las disposiciones de la Carta Fundamental pues esta es materia que la misma defiere a la ley.

Esta corporación es competente para adelantar el procedimiento de control automático y forzoso de los decretos de estado de sitio, según lo preceptúan los artículos 121 y 214 de la Constitución Nacional.

IV. Consideraciones de la Corte

2. El aspecto de las formalidades. 

1. Competencia.

El decreto en revisión cumple con los requisitos formales que exige el inciso 2º del artículo 121 de la Carta para los ordenamientos de su especie, toda vez que fue expedido por el Presidente de la República y lleva las firmas de todos los Ministros del Despacho, entre éstas, la del Viceministro de Relaciones Exteriores como encargado de las funciones de dicho despacho ministerial.

Esta corporación es competente para adelantar el procedimiento de control automático y forzoso de los decretos de estado de sitio, según lo preceptúan los artículos 121 y 214 de la Constitución Nacional.

Así mismo, se limita a suspender las disposiciones legales que le sean contrarias, como se en su artículo 5º; además, la circunstancia de modificar y adicionar los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990 enfatiza su carácter transitorio, pues estos últimos rigen “mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional”.

2. El aspecto de las formalidades.

3. Conexidad. 

El decreto en revisión cumple con los requisitos formales que exige el inciso 2º del artículo 121 de la Carta para los ordenamientos de su especie, toda vez que fue expedido por el Presidente de la República y lleva las firmas de todos los Ministros del Despacho, entre éstas, la del Viceministro de Relaciones Exteriores como encargado de las funciones de dicho despacho ministerial.

El estado de sitio que rige en Colombia en virtud del Decreto 1038 de 1984 (mayo 1º) tuvo como principal motivación la operación de grupos armados que han atentado en diversos lugares del país contra el régimen constitucional, así como la acción persistente de antisociales relacionados con el narcotráfico, que con hechos como el asesinato del doctor Rodrigo Lara Bonilla, a la sazón Ministro de Justicia, han perturbado “gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional”. Bien sabido es que de entonces a esta parte, los anotados fenómenos de violencia se han incrementado en forma notoria, conmoviendo hasta sus cimientos a la sociedad, que ve con perplejidad, angustia e impotencia cómo día a día avanza la ola de muerte y destrucción

Así mismo, se limita a suspender las disposiciones legales que le sean contrarias, como se lee en su artículo 5º, además, la circunstancia de modificar y adicionar los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990 enfatiza su carácter transitorio, pues estos últimos rigen “mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional”.

Pues bien: dadas estas condiciones, el Ejecutivo, órgano al que la Constitución le encomienda la preservación del orden público y su restablecimiento cuando fuere quebrantado, haciendo uso, si fuere menester, de la gama de poderes plasmada en el artículo 121 de la Carta, ha estimado que para alcanzar dicho fin de devolver al pueblo colombiano el orden y la tranquilidad a que tiene derecho, debe acudir a medidas extraordinarias que, al procurar a los agentes del narcotráfico y el terrorismo un tratamiento jurídico más benévolo que el previsto en la legislación preexistente los induzca a entregarse voluntariamente a las autoridades nacionales. De este modo se aspira a obtener el fortalecimiento de la justicia colombiana y la anhelada pacificación que no ha sido posible lograr por otros medios encuadrados dentro de nuestra legalidad.

3. Conexidad.

Esta idea directriz es la que campea a lo largo de una serie de Decretos Legislativos, que comienza con el 2047 de 1990, sigue con el 2147, el 2372 y el 3030 del mismo año y culmina por el momento con el 303 del año en curso, que es el objeto del presente proceso de revisión automática. Configuran ellos un conjunto normativo, al que se le ha impreso una tendencia gradualmente suavizante sin duda, con el objetivo declarado, aún a riesgo de que se la califique de contemporizadora en algunos sectores de la opinión y de dar ante ellos la apariencia de que su expedición obedece concatenadamente a planteamientos previos de sus destinatarios.

El estado de sitio que rige en Colombia en virtud del Decreto 1038 de 1984 (mayo 1º) tuvo como principal motivación la operación de grupos armados que han atentado en diversos lugares del país contra el régimen constitucional, así como la acción persistente de antisociales relacionados con el narcotráfico, que con hechos como el asesinato del doctor Rodrigo Lara Bonilla, a la sazón Ministro de Justicia, han perturbado “gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional”. Bien sabido es que de entonces a esta parte, los anotados fenómenos de violencia se han incrementado en forma notoria, conmoviendo hasta sus cimientos a la sociedad, que ve con perplejidad, angustia e impotencia cómo día a día avanza la ola de muerte y destrucción.

No es posible saber si efectivamente este régimen de excepción es idóneo para producir el resultado apetecido, o sea doblegar y enderezar la desviada voluntad de quienes se han distinguido por promover las formas más perversas de criminalidad, hasta hace poco desconocidas entre nosotros. De todos modos, cree la Corte que en nuestro sistema, ello queda librado al margen de racional apreciación de que goza el Presidente de la República en estas materias y su eficacia o ineficacia en la práctica es elemento ajeno al juicio de constitucionalidad. Simplemente, de lo expuesto se desprende que son disposiciones vinculadas íntimamente con la problemática de orden público que afecta al país, con sus causas y efectos y que apuntan, bien o mal (el tiempo lo dirá), a conjurarlos sin que se llegue todavía al extremo de que el Estado renuncie el ejercicio de su facultad represiva y punitiva del delito.

Pues bien: dadas estas condiciones, el Ejecutivo, órgano al que la Constitución le encomienda la preservación del orden público y su restablecimiento cuando fuere quebrantado, haciendo uso, si fuere menester, de la gama de poderes plasmada en el artículo 121 de la Carta, ha estimado que para alcanzar dicho fin de devolver al pueblo colombiano el orden y la tranquilidad a que tiene derecho, debe acudir a medidas extraordinarias que, al procurar a los agentes del narcotráfico y el terrorismo un tratamiento jurídico más benévolo que el previsto en la legislación preexistente, los induzca a entregarse voluntariamente a las autoridades nacionales. De este modo se aspira a obtener el fortalecimiento de la justicia colombiana y la anhelada pacificación que no ha sido posible lograr por otros medios encuadrados dentro de nuestra legalidad.

El decreto “sub examine” se inscribe entonces en idéntica línea de pensamiento de los que le precedieron, forma con ellos un engranaje regido por el mismo hilo conductor, es un eslabón más que integra un complicado proceso de política legislativa, discutible y discutida, pero sobre el cual ya recayó juicio de la Corte en cuanto al aspecto de conexidad; y, concedida ésta en las oportunidades anteriores, se impone aceptarla también en la actual.

Esta idea directriz es la que campea a lo largo de una serie de Decretos Legislativos, que comienza con el 2047 de 1990, sigue con el 2147, el 2372 y el 3030 del mismo año y culmina por el momento con el 303 del año en curso, que es el objeto del presente proceso de revisión automática. Configuran ellos un conjunto normativo, al que se le ha impreso una tendencia gradualmente suavizante sin duda, con el objetivo declarado, aún a riesgo de que se la califique de contemporizadora en algunos sectores de la opinión y de dar ante ellos la apariencia de que su expedición obedece concatenadamente a planteamientos previos de sus destinatarios.

Dilucidado este punto, se pasará al análisis de fondo o material de las disposiciones que contiene el decreto en revisión.

No es posible saber si efectivamente este régimen de excepción es idóneo para producir el resultado apetecido, o sea doblegar y enderezar la desviada voluntad de quienes se han distinguido por promover las formas más perversas de criminalidad, hasta hace poco desconocidas entre nosotros. De todos modos, cree la Corte que en nuestro sistema, ello queda librado al margen de racional apreciación de que goza el Presidente de la República en estas materias y su eficacia o ineficacia en la práctica es elemento ajeno al juicio de constitucionalidad. Simplemente, de lo expuesto se desprende que son disposiciones vinculadas íntimamente con la problemática de orden público que afecta al país, con sus causas y efectos y que apuntan, bien o mal (el tiempo lo dirá), a conjurarlos, sin que se llegue todavía al extremo de que el Estado renuncie el ejercicio de su facultad represiva y punitiva del delito.

4. Contenido del decreto. 

El decreto “sub-examine” se inscribe entonces en idéntica línea de pensamiento de los que le precedieron, forma con ellos un engranaje regido por el mismo hilo conductor, es un eslabón más que integra un complicado proceso de política legislativa, discutible y discutida, pero sobre el cual ya recayó juicio de la Corte en cuanto al aspecto de conexidad; y, concedida ésta en las oportunidades anteriores, se impone aceptarla también en la actual.

En dos aspectos esenciales modifica el artículo 1º del decreto “sub examine” los incentivos creados por los Decretos Legislativos 2047 y 3030 para que los responsables de los fenómenos de violencia que motivaron la declaratoria de turbación del orden público se sometan al imperio de la justicia.

Dilucidado este punto, se pasará al análisis de fondo o material de las disposiciones que contiene el decreto en revisión.

En primer lugar, hace extensivo el tratamiento punitivo más benigno (rebaja de penas o condena de ejecución condicional) a los delitos que, correspondiendo a los previstos en el artículo 1º del Decreto 3030 de 1990, sean confesados en las condiciones señaladas allí y que se hayan cometido hasta antes de la fecha de entrega. Como se recordará, conforme al artículo 1º del Decreto 3030 los beneficios sólo cobijaban los delitos ejecutados hasta el 5 de septiembre de 1990, exceptuados los de porte ilegal de armas y concierto para delinquir, respecto de los cuales los citados beneficios se aplicaban inclusive a los cometidos dentro de los ciento ochenta días siguientes a dicha fecha.

4. Contenido del decreto.

En segundo lugar ofrece a las personas que se sometan a la justicia, la garantía de no ser extraditadas por ningún delito, confesado o no, cometido antes de la fecha de entrega, bajo condición de que cumplan efectivamente la pena privativa de la libertad impuesta en la respectiva sentencia, salvo el caso en que hubieren sido beneficiadas con cesación de procedimiento de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del artículo 9º del mismo Decreto 3030 de 1990. Se observa que la concesión de la garantía en comento continúa supeditada, como en el régimen anterior, a la confesión. Así pues, para gozar de la misma es necesario que el responsable se entregue a la justicia, confiese alguno de los delitos favorecidos con el régimen en las condiciones previstas en el Decreto 3030 de 1990, purgue efectivamente la pena privativa de la libertad a que resultare condenado y no tuviere derecho al subrogado penal de la condena de ejecución condicional.

En dos aspectos esenciales modifica el artículo 1º del decreto “sub-examine” los incentivos creados por los Decretos Legislativos 2047 y 3030 para que los responsables de los fenómenos de violencia que motivaron la declaratoria de turbación del orden público se sometan al imperio de la justicia.

No se observa reparo de índole constitucional a los nuevos incentivos que para propiciar el sometimiento a la justicia de aquellos individuos a quienes se ofrecen, contempla la norma que se examina, pues, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia, la previsión de un régimen punitivo más benigno es un aspecto de la política criminal que corresponde regular al legislador. De otra parte, ha sido también pensamiento de la Corte el que no teniendo rango constitucional la extradición, es propio del legislador regularla sin que por ello mismo ofenda la Carta, pues es la política criminal la que determina y orienta sus criterios, aunque desde luego, al fijarla debe acatar las disposiciones superiores que gobiernan el ejercicio de la soberanía punitiva.

En primer lugar, hace extensivo el tratamiento punitivo más benigno (rebaja de penas o condena de ejecución condicional) a los delitos que, correspondiendo a los previstos en el artículo 1 º del Decreto 3030 de 1990, sean confesados en las condiciones señaladas allí y que se hayan cometido hasta antes de la fecha de entrega. Como se recordará, conforme al artículo 1º del Decreto 3030 los beneficios sólo cobijaban los delitos ejecutados hasta el 5 de septiembre de 1990, exceptuados los de porte ilegal de armas y concierto para delinquir, respecto de los cuales los citados beneficios se aplicaban inclusive a los cometidos dentro de los ciento ochenta días siguientes a dicha fecha.

A este respecto, conviene repasar la sentencia Nº 68 de octubre 3 de 1989 en la que la Corporación se refirió a esta materia y al verdadero sentido de la extradición en los párrafos que a continuación se transcriben:

En segundo lugar ofrece a las personas que se sometan a la justicia, la garantía de no ser extraditadas por ningún delito, confesado o no, cometido antes de la fecha de entrega, bajo condición de que cumplan efectivamente la pena privativa de la libertad impuesta en la respectiva sentencia, salvo el caso en que hubieren sido beneficiadas con cesación de procedimiento de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del artículo 9º del mismo Decreto 3030 de 1990. Se observa que la concesión de la garantía en comento continúa supeditada, como en el régimen anterior, a la confesión. Así pues, para gozar de la misma es necesario que el responsable se entregue a la justicia, confiese alguno de los delitos favorecidos con el régimen en las condiciones previstas en el Decreto 3030 de 1990, purgue efectivamente la pena privativa de la libertad a que resultare condenado y no tuviere derecho al subrogado penal de la condena de ejecución condicional.

“ . . . hasta ahora en Colombia la extradición no está regulada constitucionalmente y, por lo tanto, puede el legislador disponerla en los términos que considere pertinentes, observando las reglas superiores que resulten aplicables, como las del debido proceso.

No se observa reparo de índole constitucional a los nuevos incentivos que para propiciar el sometimiento a la justicia de aquellos individuos a quienes se ofrecen, contempla la norma que se examina, pues, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia, la previsión de un régimen punitivo más benigno es un aspecto de la política criminal que corresponde regular al legislador. De otra parte, ha sido también pensamiento de la Corte el que no teniendo rango constitucional la extradición, es propio del legislador regularla sin que por ello mismo ofenda la Carta, pues es la política criminal la que determina y orienta sus criterios, aunque desde luego, al fijarla debe acatar las disposiciones superiores que gobiernan el ejercicio de la soberanía punitiva.

La extradición no es una renuncia a la soberanía del Estado ni una declinatoria de su poder y deber de sancionar los delitos que dentro de su jurisdicción penal se cometen, sino la expresión de la solidaridad internacional en el castigo de la criminalidad, que corresponde a todos los Estados, y el reconocimiento, legal por supuesto, de la soberanía del Estado requirente para investigar y fallar los hechos punibles que se cometan en él.

A este respecto, conviene repasar la sentencia Nº 68 de octubre 3 de 1989 en la que la corporación se refirió a esta materia y al verdadero sentido de la extradición en los párrafos que a continuación se transcriben:

Entonces, por ningún motivo sería admisible que un delito cometido en Colombia o que en virtud de los factores de jurisdicción penal le está sometido, sea juzgado en el exterior, pero se trata precisamente del caso contrario, esto es, de que corresponde el ejercicio de ese poder soberano a otro Estado y a reconocerlo así se endereza únicamente la extradición”.

“... hasta ahora en Colombia la extradición no está regulada constitucionalmente y, por lo tanto, puede el legislador disponerla en los términos que considere pertinentes, observando las reglas superiores que resulten aplicables, como las del debido proceso.

Ahora bien, se observa que la condición de efectivo cumplimiento de la pena privativa de la libertad, a la cual el artículo 1º del decreto en estudio subordina la efectividad de los beneficios ofrecidos a las personas que se sometan a la justicia en las condiciones y por los delitos contemplados en el Decreto 3030 de 1990 no es nueva, pues análogo requerimiento se había previsto en el artículo 6º de este último decreto, a cuyo tenor aquellos beneficios se pierden si el procesado o condenado incurre en fuga o intenta fugarse, al igual que si se retracta o si la confesión es desvirtuada; todo lo cual esta Corporación declaró exequible mediante sentencia Nº 24 proceso 2276 (372-E) de marzo 7 de 1991.

La extradición no es una renuncia a la soberanía del Estado ni una declinatoria de su poder y deber de sancionar los delitos que dentro de su jurisdicción penal se cometen, sino la expresión de la solidaridad internacional en el castigo de la criminalidad, que corresponde a todos los Estados, y el reconocimiento, legal por supuesto, de la soberanía del Estado requirente para investigar y fallar los hechos punibles que se cometan en él.

Por lo demás, ya en el artículo 1º del Decreto 2047 de 1990 se disponía que la confesión libre y espontánea de la comisión, en calidad de autor o partícipe, de cualquiera de los hechos punibles beneficiados, debería servir de base para dictar sentencia condenatoria. Por mantenerse dicha exigencia en la norma que se examina, es del caso recordar el pensamiento de la Corporación sobre la misma, plasmado en la sentencia 153 de octubre 25 de 1990:

Entonces, por ningún motivo sería admisible que un delito cometido en Colombia o que en virtud de los factores de jurisdicción penal le está sometido, sea juzgado en el exterior, pero se trata precisamente del caso contrario, esto es, de que corresponde el ejercicio de ese poder soberano a otro Estado y a reconocerlo así se endereza únicamente la extradicción”. Ahora bien, se observa que la condición de efectivo cumplimiento de la pena privativa de la libertad, a la cual el artículo 1º del decreto en estudio subordina la efectividad de los beneficios ofrecidos a las personas que se sometan a la justicia en las condiciones y por los delitos contemplados en el Decreto 3030 de 1990 no es nueva, pues análogo requerimiento se había previsto en el artículo 6º de este último decreto, a cuyo tenor aquellos beneficios se pierden si el procesado o condenado incurre en fuga o intenta fugarse, al igual que si se retracta o si la confesión es desvirtuada; todo lo cual esta corporación declaró exequible mediante sentencia No. 24 proceso 2276 (372-E) de marzo 7 de 1991.

“... la confesión prevista en el artículo 1º y a la cual se vinculan los beneficios señalados, en nada riñe con el postulado fundamental originario de la Constitución de 1886, artículo 25 de la codificación vigente, que proscribe el empleo de cualquier tipo de coacción para provocar la autoincriminación, vale decir para obligar a la persona a declarar contra sí misma o contra sus parientes consanguíneos o afines más próximos

Por lo demás, ya en el artículo 1º del Decreto 2047 de 1990 se disponía que la confesión libre y espontánea de la comisión, en calidad de autor o partícipe, de cualquiera de los hechos punibles beneficiados, debería servir de base para dictar sentencia condenatoria. Por mantenerse dicha exigencia en la norma que se examina, es del caso recordar el pensamiento de la corporación sobre la misma, plasmado en la sentencia 153 de octubre 25 de 1990:

La norma no coarta la libre determinación de las personas, ni de ella cabe interpretación alguna en el sentido de que obliga a quienes han intervenido en la realización de conductas punibles a declarar contra sí mismos. Por el contrario exige la presencia de ciertos supuestos que son indicadores inequívocos de que quien confiesa lo hace libre de cualquier presión, por cuanto se requiere, en primer lugar, que el implicado “no se encuentre privado de la libertad” y “comparezca voluntariamente ante el juez penal o promiscuo y haga confesión libre y espontánea de los hechos punibles cometidos””.

“... la confesión prevista en el artículo 1º y a la cual se vinculan los beneficios señalados, en nada riñe con el postulado fundamental originario de la Constitución de 1886, artículo 25 de la codificación vigente, que proscribe el empleo de cualquier tipo de coacción para provocar la autoincriminación, vale decir para obligar a la persona a declarar contra sí misma o contra sus parientes consanguíneos o afines más próximos.

Dicha exigencia se corrobora en el artículo 1º del Decreto 3030 de 1990, el cual además específica que se debe determinar el hecho punible con las condiciones de tiempo, modo y lugar de realización que permitan identificarlo claramente y que no es dable alegar causales de justificación, inculpabilidad o impunibilidad.

La norma no coarta la libre determinación de las personas, ni de ella cabe interpretación alguna en el sentido de que obliga a quienes han intervenido en la realización de conductas punibles a declarar contra sí mismos. Por el contrario exige la presencia de ciertos supuestos que son indicadores inequívocos de que quien confiesa lo hace libre de cualquier presión, por cuanto se requiere, en primer lugar, que el implicado “no se encuentre privado de la libertad” y “comparezca voluntariamente ante el juez penal o promiscuo y haga confesión libre y espontánea de los hechos punibles cometidos””.

Sobre los aspectos últimamente aludidos, es del caso reiterar lo dicho por la Corte al declararlos exequibles en la ya citada sentencia 24 de marzo 7 de 1991. Proceso 2276 (372-E):

Dicha exigencia se corrobora en el artículo 1º del Decreto 3030 de 1990, el cual además especifica que se debe de terminar el hecho punible con las condiciones de tiempo, modo y lugar de realización que permitan identificarlo claramente y que no es dable alegar causales de justificación, inculpabilidad o impunibilidad.

“No se trata, de ninguna forma, de una renuncia prohibida o cuya práctica viole un preciso precepto constitucional. Se está, forzosamente, ante una necesaria consecuencia de la confesión bien hecha. Si alguien declara libre y espontáneamente, ajeno a todo apremio, no tiene por qué con el correr del tiempo retractarse, justificarse o demostrar que lo dicho no lo incrimina o compromete. De ocurrir esto se podría temer por una confesión acomodaticia u oportunista, constitutiva de un verdadero fraude de la ley. Esta simple consideración satisface a la corte para aseverar paladinamente que no hay renuncia indebida; las exigencias hechas se justifican, estas sí, como necesidad del régimen que, de lo contrario sería ineficaz, resultado vicioso que precisamente combaten las medidas de estado de sitio”.

Sobre los aspectos últimamente aludidos, es del caso reiterar lo dicho por la Corte al declararlos exequibles en la ya citada sentencia 24 de marzo 7 de 1991 proceso 2276 (372-E):

El artículo 2º requiere para su cabal entendimiento de una interpretación sistemática con el conjunto normativo conformado por los Decretos 2047, 2147, 2372 y 3030, y en especial con el artículo 6º del decreto últimamente citado. Conforme a dicha normatividad es dable distinguir dos tipos de causales que desvirtúan el régimen de sometimiento a la justicia en ellos previsto. La primera comprende dos “hechos”, cuales son la retractación de la confesión y su infirmación. La segunda abarca dos “conductas delictivas”, que son la fuga y su tentativa.

“No se trata, de ninguna forma, de una renuncia prohibida o cuya práctica viole un preciso precepto constitucional. Se está, forzosamente, ante una necesaria consecuencia de la confesión bien hecha. Si alguien declara libre y espontáneamente, ajeno a todo apremio, no tiene por qué con el correr del tiempo, retractarse, justificarse o demostrar que lo dicho no lo incrimina o compromete. De ocurrir esto se podría temer por una confesión acomodaticia u oportunista, constitutiva de un verdadero fraude de la ley. Esta simple consideración satisface a la Corte para aseverar paladinamente que no hay renuncia indebida; las exigencias hechas se justifican, estas sí, como necesidad del régimen que, de lo contrario sería ineficaz, resultado vicioso que precisamente combaten las medidas de estado de sitio”.

Esclarecido lo anterior, debe entenderse conforme al artículo 2º del decreto en revisión que para que los mencionados “hechos” o “conductas delictivas” hagan perder cualquiera de los beneficios, no basta su mera ocurrencia fáctica sino que es preciso que los mismos estén probados dentro del proceso. Dicha exigencia es lógica y respeta las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso.

El artículo 2º requiere para su cabal entendimiento de una interpretación sistemática con el conjunto normativo conformado por los Decretos 2047, 2147, 2372 y 3030, y en especial con el artículo 6º del decreto últimamente citado. Conforme a dicha normatividad es dable distinguir dos tipos de causales que desvirtúan el régimen de sometimiento a la justicia en ellos previsto. La primera comprende dos “hechos”, cuales son la retractación de la confesión y su infirmación. La segunda abarca dos “conductas delictivas”, que son la fuga y su tentativa.

A la luz de esas reflexiones, interpreta entonces la Corte la parte final de la norma que se analiza en el sentido de que los hechos punibles cuya comisión comporta pérdida de los beneficios establecidos, no pueden ser otros que la fuga y su tentativa y que para que dicha pérdida se materialice es preciso que se ejecutoríe la sentencia condenatoria que declare responsable de la comisión de tales hechos al mismo sujeto que inicialmente se hubiese sometido al régimen punitivo más favorable previsto en los citados decretos.

Esclarecido lo anterior , debe entenderse conforme al artículo 2º del decreto en revisión que para que los mencionados “hechos” o “conductas delictivas” hagan perder cualquiera de los beneficios, no basta su mera ocurrencia fáctica sino que es preciso que los mismos estén probados dentro del proceso. Dicha exigencia es lógica y respeta las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso.

En efecto, necesario es advertir que el otorgamiento de los beneficios opera solamente respecto de los delitos cometidos antes de la fecha de entrega, pues del texto del artículo 1º del decreto en estudio se infiere—contrario sensu—que los perpetrados después no quedan amparados por el tratamiento indulgente que cobija a los primeros.

A la luz de esas reflexiones, interpreta entonces la Corte la parte final de la norma que se analiza en el sentido de que los hechos punibles cuya comisión comporta pérdida de los beneficios establecidos, no pueden ser otros que la fuga y su tentativa y que para que dicha pérdida se materialice es preciso que se ejecutoríe la sentencia condenatoria que declare responsable de la comisión de tales hechos al mismo sujeto que inicialmente se hubiese sometido al régimen punitivo más favorable previsto en los citados decretos.

Ahora bien, cabría preguntarse: ¿cómo y en qué momento operaría la extradición respecto de las infracciones penales cometidas antes de la entrega, en el evento de que se produjeran las conductas delictivas o los hechos no delictivos que acarrean la pérdida de los beneficios?

En efecto, necesario es advertir que el otorgamiento de los beneficios opera solamente respecto de los delitos cometidos antes de la fecha de entrega, pues del texto del artículo 1º del decreto en estudio se infiere —contrario sensu— que los perpetrados después no quedan amparados por el tratamiento indulgente que cobija a los primeros.

Para absolver este interrogante han de diferenciarse dos situaciones, según que por tales conductas delictivas se haya producido y esté ejecutoriada sentencia condenatoria, o que los hechos no delictivos ocurran durante el curso del proceso.

Ahora bien, cabría preguntarse: ¿cómo y en qué momento operaría la extradición respecto de las infracciones penales cometidas antes de la entrega, en el evento de que se produjeran las conductas delicitivas o los hechos no delictivos que acarrean la pérdida de los beneficios?

En el primer caso sería aplicable el artículo 5º del Decreto Legislativo 1860 de 1989, declarado exequible mediante sentencia número 68 de octubre 1º de 1989 y a cuyo tenor, por aplicación del artículo 660 CPP, es facultativo del Gobierno diferir la entrega hasta cuando el condenado por la fuga o su tentativa cumpla la pena que al efecto le hubiese sido impuesta.

Para absolver este interrogante han de diferenciarse dos situaciones, según que por tales conductas delictivas se haya producido y esté ejecutoriada sentencia condenatoria, o que los hechos no delictivos ocurran durante el curso del proceso.

En el segundo evento, como el sujeto tendría la calidad de “procesado”, el Gobierno “podrá ordenar la entrega inmediata del extraditado al Estado solicitante, aun cuando con anterioridad al recibo de la solicitud de extradición estuviere procesado en Colombia, por cualquier otro delito” (artículo 5º del Decreto Legislativo 1860 de 1989, inciso final).

En el primer caso sería aplicable el artículo 5º del Decreto Legislativo 1860 de 1989, declarado exequible mediante sentencia número 68 de octubre 1º de 1989 y a cuyo tenor, por aplicación del artículo 660 C.P.P., es facultativo del Gobierno diferir la entrega hasta cuando el condenado por la fuga o su tentativa cumpla la pena que al efecto le hubiese sido impuesta.

Con las anteriores precisiones y bajo este entendimiento, que arroja un sentido unívoco de la disposición analizada, la Corte la juzga avenida a la Carta Fundamental.

En el segundo evento, como el sujeto tendría la calidad de “procesado”, el Gobierno “podrá ordenar la entrega inmediata del extraditado al Estado solicitante, aun cuando con anterioridad al recibo de la solicitud de extradición estuviere procesado en Colombia, por cualquier otro delito” (art. 5º del Decreto Legislativo 1860 de 1989, inciso final).

El artículo 3 º del decreto en revisión adiciona el 5º del Decreto 3030 de 1990 en el sentido de disponer que en el auto de apertura de la investigación el juez debe solicitar a las autoridades extranjeras por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el envío de todas las pruebas y demás informaciones de que dispongan, relativas a los procesos o investigaciones que en el correspondiente país cursen contra el procesado, sea que se trate de los mismos hechos o de otros que puedan ser materia de investigación en Colombia, para lo cual deberá precisar los motivos de la indagación así como los datos que permitan su identificación.

Con las anteriores precisiones y bajo este entendimiento, que arroja un sentido unívoco de la disposición analizada, la Corte la juzga avenida a la Carta Fundamental.

Trátase pues de una norma que en desarrollo del principio del debido proceso consagrado en el artículo 26 de la Carta, determina las actuaciones procesales que debe disponer el juez en el auto de apertura de la investigación con las cuales se busca unificar y centralizar toda la información relacionada con procesos o investigaciones que en contra del acusado se adelanten tanto en el país como en el exterior, para efectos de hacer operativa la acumulación de los procesos de que trata el artículo 7º del Decreto 3030 de 1990 y el beneficio de no extradición a que se refiere el artículo 1º del decreto en revisión.

El artículo 3º del decreto en revisión adiciona el 5º del Decreto 3030 de 1990 en el sentido de disponer que en el auto de apertura de la investigación el juez debe solicitar a las autoridades extranjeras por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el envío de todas las pruebas y demás informaciones de que dispongan, relativas a los procesos o investigaciones que en el correspondiente país cursen contra el procesado, sea que se trate de los mismos hechos o de otros que puedan ser materia de investigación en Colombia, para lo cual deberá precisar los motivos de la indagación así como los datos que permitan su identificación.

Tampoco cabe formular tacha alguna de inconstitucionalidad respecto del parágrafo de esta norma, que ordena la aplicación prevalente de los tratados públicos, convenciones, usos internacionales y acuerdos válidamente celebrados entre gobiernos, pues con ello no hace sino reiterar el principio que, conforme a la legislación procedimental penal ordinaria, regula las relaciones de las autoridades colombianas con las extranjeras para todo lo relacionado con la aplicación de la ley penal (art. 641 CPP).

Trátase pues de una norma que en desarrollo del principio del debido proceso consagrado en el artículo 26 de la Carta, determina las actuaciones procesales que debe disponer el juez en el auto de apertura de la investigación, con las cuales se busca unificar y centralizar toda la información relacionada con procesos o investigaciones que en contra del acusado se adelanten tanto en el país como en el exterior, para efectos de hacer operativa la acumulación de los procesos de que trata el artículo 7º del Decreto 3030 de 1990 y el beneficio de no extradición a que se refiere el artículo 1º del decreto en revisión.

El artículo 4º establece el grado de consulta ante el Tribunal de Orden Público para la sentencia condenatoria que se profiera en los procesos de que tratan los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990.

Tampoco cabe formular tacha alguna de inconstitucionalidad respecto del parágrafo de esta norma, que ordena la aplicación prevalente de los tratados públicos, convenciones, usos internacionales y acuerdos válidamente celebrados entre gobiernos, pues con ello no hace sino reiterar el principio que, conforme a la legislación procedimental penal ordinaria, regula las relaciones de las autoridades colombianas con las extranjeras para todo lo relacionado con la aplicación de la ley penal (art. 641 C.P.P.).

En sentir de la Corte esta norma se amolda a la Constitución, porque no hace más que concretar como forma propia del juicio que debe seguirse, la segunda instancia en virtud del citado grado de jurisdicción; con ello se procura rodear la decisión de mayores seguridades, no violándose por consiguiente la garantía constitucional del debido proceso.

El artículo 4º establece el grado de consulta ante el Tribunal de Orden Público para la sentencia condenatoria que se profiera en los procesos de que tratan los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990.

El artículo 5 º expresa que la vigencia del decreto comienza a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias que es lo propio de los decretos de esta especie.

En sentir de la Corte esta norma se amolda a la Constitución, porque no hace más que concretar como forma propia del juicio que debe seguirse, la segunda instancia en virtud del citado grado de jurisdicción; con ello se procura rodear la decisión de mayores seguridades, no violándose por consiguiente la garantía constitucional del debido proceso.

Corolario obligado de las precedentes consideraciones, es que la preceptiva revisada se conforma a la Carta y, en especial, a las previsiones su artículo 121.

El artículo 5º expresa que la vigencia del decreto comienza a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias, que es lo propio de los decretos de esta especie.

Vl. Decisión

Corolario obligado de las precedentes consideraciones, es que la preceptiva revisada se conforma a la Carta y, en especial, a las previsiones de su artículo 121.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema Justicia -Sala Plena-previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

VI. Decisión

RESUELVE:

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia —Sala Plena— previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

Es CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo Nº 303 de enero 29 de 1991 “Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento de orden público, se modifican y adicionan en lo pertinente los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990 y se dictan otras disposiciones”.

RESUELVE:

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Es CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo Nº 303 de enero 29 de 1991 “Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público, se modifican y adicionan en lo pertinente los Decretos Legislativos 2047 y 3030 de 1990 y se dictan otras disposiciones”.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente.—Rafael Baquero HerreraRicardo Calvete RangelJorge Carreño LuengasManuel Enrique Daza ÁlvarezGuillermo Duque RuízPedro Augusto Escobar TrujilloEduardo García SarmientoGustavo Gómez Velásquez, salvamento de voto —Carlos Esteban Jaramillo SchlossErnesto Jiménez DíazPedro Lafont PianettaHéctor Marín NaranjoRafael Méndez ArangoFabio Morón DíazAlberto Ospina BoteroDídimo Páez VelandiaJorge Iván Palacio Palacio, con salvamento de voto—Simón Rodríguez Rodríguez Rafael Romero SierraEdgar Saavedra Rojas Jaime Sanín GreiffensteinHugo Suescún PujolsJuan Manuel Torres FresnedaJorge Enrique Valencia MartínezRamón Zúñiga Valverde.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Blanca Trujillo de Sanjuán, Secretaria.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente.—Rafael Baquero Herrera—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Manuel Enrique Daza Alvarez—Guillermo Duque Ruiz—Pedro Augusto Escobar Trujillo—Eduardo García Sarmiento— Gustavo Gómez Velásquez, salvamento de voto —Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Ernesto Jiménez Díaz—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Rafael Méndez Arango—Fabio Morón Díaz—Alberto Ospina Botero—Dídimo Páez Velandia—Jorge Iván Palacio Palacio, con salvamento de voto—Simón Rodríguez Rodríguez— Rafael Romero Sierra—Edgar Saavedra Rojas— Jaime Sanín Greiffenstein—Hugo Suescún Pujols—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia Martínez—Ramón Zúñiga Valverde.

SALVAMENTO DE VOTO

Blanca Trujillo de Sanjuan, Secretaria.

Nuestra discrepancia fundamental, respecto del Decreto Legislativo 303/91, se centra en la redacción del artículo primero (“... cometido antes de la fecha de la entrega ...”) pues su contenido no se aviene con las características que destaca el art. 121 de la C. Nacional. No se cuestiona la complejidad que reviste, en nuestro medio y en nuestros días, la delincuencia a la cual se refiere el D. L. 3030/90, ni la necesidad de escrutar posibles soluciones en torno del mismo. Pero lo que no se compadece con estas políticas, que se muestran perentorias, inaplazables y de permanente renovación, es el propósito indefinido que domina este dispositivo y que lejos de armonizar con esas necesidades y procurar los beneficios que con el mismo se persiguen, se constituye en una normatividad nociva.

SALVAMENTO DE VOTO

La cuestión es de fácil presentación. En efecto, se cae de su peso que medida de tan profundo beneficio, que traduce un tratamiento de extrema benignidad, no asumido para otros delincuentes ni para otras conductas delictivas, evidentemente menos dañinas, debería expresar limitaciones precisas y contener factores que permitan evaluar los resultados obtenidos para decidir su permanencia o modificación. La turbación del orden público, por este aspecto, no puede descuidarse hasta el punto de imposibilitarse su debido seguimiento, con desmedro del ulterior ejercicio de las atribuciones del estado de sitio, propias a este asunto. Cuando no se fija término alguno para que los presuntos beneficiarios se sientan compelidos a aceptar este generosísimo ofrecimiento, el Gobierno está exteriorizando su indiferencia porque la medida adoptada se cumpla de inmediato, o dentro de uno, dos, tres o más años. Y, entonces, ¿la perentoriedad (coetaneidad, relación causal) que manda el artículo 121 de la Carta, se entenderá como satisfecha? ¿Cuándo y por qué el Estado podrá determinar que su propuesta, condicionada a la entrega, ha conseguido una respuesta válida, o por el contrario ha sido desatendida y debe pensar en otra alternativa? Y cómo repercutirá situación tan incierta (la de la entrega voluntaria) en las funciones que deben cumplir los jueces competentes para conocer de los delitos cometidos por esta clase de procesados, pues si activan las investigaciones, promueven las capturas y, en fin, realizan todo lo que deben realizar dentro de la órbita de sus obligaciones, resultan entorpeciendo o frustrando la comentada “entrega” voluntaria. Pero si por el contrario esta consideración, a más de los sinsabores y riesgos que esta especie de averiguaciones comporta, les lleva a abstenerse de realizar sus funciones, de adelantar con dedicación y efectividad el proceso, advendrá por consecuencia que ni el delincuente se entregue, ni el expediente se perfeccione o logre terminar. La medida, pues, se muestra totalmente contraria a los fines del estado de sitio y de lo que debe ser el propósito de la justicia.

Nuestra discrepancia fundamental, respecto del Decreto Legislativo 303/91, se centra en la redacción del artículo primero (“... cometido antes de la fecha de la entrega ...”) pues su contenido no se aviene con las características que destaca el art. 121 de la C. Nacional. No se cuestiona la complejidad que reviste, en nuestro medio y en nuestros días, la delincuencia a la cual se refiere el D. L. 3030/90, ni la necesidad de escrutar posibles soluciones en torno del mismo. Pero lo que no se compadece con estas políticas, que se muestran perentorias, inaplazables y de permanente renovación, es el propósito indefinido que domina este dispositivo y que lejos de armonizar con esas necesidades y procurar los beneficios que con el mismo se persiguen, se constituye en una normatividad nociva.

Lo anterior para no comentar otro aspecto, no menos importante pero que no entra en el rol de las facultades del control de constitucionalidad, como es el de observar cómo todos estos decretos carecen del condicionamiento más indispensable y lógico, o sea, que la sociedad prescinde en un momento dado de aplicar la regla general de la ley (delito, proceso, sanción) pero condicionado este favor singular a la no comisión de nuevos delitos, caso en el cual no sólo habría lugar a sancionar éstos sino a reactivar las investigaciones anteriores por incumplimiento de las condiciones dentro de las cuales se concedió el beneficio. Pero hoy en día, al delincuente no se le estimula a abandonar su tarea delictiva sino de manera momentánea, mientras obtiene la rebaja de la pena, la sentencia de ejecución condicional, o la cesación de procedimiento. Si el Gobierno fuera más avisado, sobre un factor evidente, y respecto del cual se dan múltiples antecedentes en la legislación, estaría reforzando el abandono de la vida delictiva, subordinando la gracia a permanecer ajeno a la actividad delictiva en que ésta se ha concedido. Extraña sí que tan elemental previsión no se haya insinuado ni acordado en tantos, tan disímiles, tan contradictorios y tan inesperados preceptos como los que forman legión, ayer y hoy, signados por una excepcional lenidad para quienes, en el terreno del delito político y común, parecen sólo tener por objetivo terminar con el estado de derecho y acabar con todo vestigio institucional.

La cuestión es de fácil presentación. En efecto, se cae de su peso que medida de tan profundo beneficio, que traduce un tratamiento de extrema benignidad, no asumido para otros delincuentes ni para otras conductas delictivas, evidentemente menos dañinas, debería expresar limitaciones precisas y contener factores que permitan evaluar los resultados obtenidos para decidir su permanencia o modificación. La turbación del orden público, por este aspecto, no puede descuidarse hasta el punto de imposibilitarse su debido seguimiento, con desmedro del ulterior ejercicio de las atribuciones del estado de sitio, propias a este asunto. Cuando no se fija término alguno para que los presuntos beneficiarios se sientan compelidos a aceptar este generosísimo ofrecimiento, el Gobierno está exteriorizando su indiferencia porque la medida adoptada se cumpla de inmediato, o dentro de uno, dos, tres o más años. Y, entonces, ¿la perentoriedad (coetaneidad, relación causal) que manda el artículo 121 de la Carta, se entenderá como satisfecha? ¿Cuándo y por qué el Estado podrá determinar que su propuesta, condicionada a la entrega, ha conseguido una respuesta válida, o por el contrario ha sido desatendida y debe pensar en otra alternativa? Y cómo repercutirá situación tan incierta (la de la entrega voluntaria) en las funciones que deben cumplir los jueces competentes para conocer de los delitos cometidos por esta clase de procesados, pues si activan las investigaciones, promueven las capturas y, en fin, realizan todo lo que deben realizar dentro de la órbita de sus obligaciones, resultan entorpeciendo o frustrando la comentada “entrega” voluntaria. Pero si por el contrario esta consideración, a más de los sinsabores y riesgos que esta especie de averiguaciones comporta, les lleva a abstenerse de realizar sus funciones, de adelantar con dedicación y efectividad el proceso, advendrá por consecuencia que ni el delincuente se entregue, ni el expediente se perfeccione o logre terminar. La medida, pues, se muestra totalmente contraria a los fines del estado de sitio y de lo que debe ser el propósito de la justicia.

Gustavo Gómez VelásquezRicardo Calvete RangelJorge Iván Palacio Palacio.

Lo anterior para no comentar otro aspecto, no menos importante pero que no entra en el rol de las facultades del control de constitucionalidad, como es el de observar cómo todos estos decretos carecen del condicionamiento más indispensable y lógico, o sea, que la sociedad prescinde en un momento dado de aplicar la regla general de la ley (delito, proceso, sanción) pero condicionado este favor singular a la no comisión de nuevos delitos, caso en el cual no sólo habría lugar a sancionar éstos sino a reactivar las investigaciones anteriores por incumplimiento de las condiciones dentro de las cuales se concedió el beneficio. Pero hoy en día, al delincuente no se le estimula a abandonar su tarea delictiva sino de manera momentánea, mientras obtiene la rebaja de la pena, la sentencia de ejecución condicional, o la cesación de procedimiento. Si el Gobierno fuera más avisado, sobre un factor evidente, y respecto del cual se dan múltiples antecedentes en la legislación, estaría reforzando el abandono de la vida delictiva, subordinando la gracia a permanecer ajeno a la actividad delictiva en que ésta se ha concedido. Extraña sí que tan elemental previsión no se haya insinuado ni acordado en tantos, tan disímiles, tan contradictorios y tan inesperados preceptos como los que forman legión, ayer y hoy, signados por una excepcional lenidad para quienes, en el terreno del delito político y común, parecen sólo tener por objetivo terminar con el estado de derecho y acabar con todo vestigio institucional.

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Gustavo Gómez Velásquez—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Iván Palacio Palacio. 

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