Sentencia 22881 de junio 10 de 2009

 

Sentencia 22881 de junio 10 de 2009 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE LA VÍCTIMA ES UNA GARANTÍA INTEMPORAL

La competencia para este fin se mantiene aunque prescriba la acción penal.

EXTRACTOS: «7. En relación con las medidas de cancelación de registros fraudulentos, no obstante la prescripción de las acciones penal y civil en esta causa, a la luz de los artículos 21, 64 y 66 de la Ley 600 de 2000 (L. 906/2004, arts. 22 y 101, ibíd.), la Sala ordenará la cancelación definitiva de los registros obtenidos fraudulentamente:

La Fiscalía Catorce Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Villavicencio, mediante Oficio 347 del 16 de septiembre de 1997, dispuso cancelar los registros de las escrituras públicas 3936 del 31 de agosto de 1992, la escritura pública 4432 del 23 de junio de 1994 y la 8812 del 6 de diciembre de 1994. (Cfr. anotación 19 del folio de matrícula inmobiliaria visible a fls. 40-144/2); en tal sentido, remitirá copia de esta decisión a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Villavicencio y al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, para lo de sus competencias (1) .

Por su parte, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio canceló, mediante anotación 19, del folio de matrícula inmobiliaria 230 0019 481 tales tradiciones. (Cfr. fls. 140–144/2).

En virtud del restablecimiento del derecho, no obstante la declaración de prescripción de las acciones penal y civil, y desde la perspectiva de los fines del Estado de procurar la “vigencia de un orden justo y la preservación del derecho de propiedad privada” (arts. 1º, 2º y 58 modificado por el A.L. 01/99 de la Const. Pol.), la Sala no elude el compromiso de restituir los bienes a su legítimo dueño o poseedor pacífico, salvo que otro acredite mejor derecho (Cfr. art. 64, inc. 2º; L. 600/2000, art. 66).

“Es una forma de resarcir el daño. “Como la protección de la propiedad privada en nuestro ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisición con justo título y de acuerdo a las leyes civiles, no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios, pues además de ser consustancial a su misión la restitución de los bienes objeto del hecho punible para restablecer el estado predelictual (restitutio in pristinum), la adquisición de ellos aun por un tercero de buena fe, no es lícita en razón del hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima.

Se trata de una forma de resarcimiento del daño que tiende a restablecer el quebranto que experimenta la víctima del hecho punible mediante la restitución originaria de los bienes objeto material del delito. Pero la orden del juez penal y su ejecución no agotan el deber indemnizatorio del procesado de quien puede exigirse el pleno resarcimiento del daño en el proceso penal mediante la constitución de parte civil, o en proceso civil una vez decidida la responsabilidad penal.

No se puede cuestionar entonces el deber que le impone la ley al juez de ordenar la cancelación de los registros espurios, simplemente por ser una función que tradicionalmente cumplía el juez civil en el correspondiente proceso de nulidad del acto jurídico vertido en el documento adulterado, ya que en razón del principio de la unidad de jurisdicción al juez penal se extiende la competencia para decidir sobre cuestiones civiles vinculadas con el hecho punible y por tanto complementarias con la defensa jurídica y social del crimen.

Aceptar la pretensión del actor de anonadar la integridad del precepto acusado, implicaría reconocer que el delito puede ser fuente o causa lícita de aquellos derechos que la Constitución denomina “adquiridos con justo título” y que deben ser protegidos por la ley aun en detrimento de los derechos del legítimo titular, de los que pretendió despojarlo el autor del hecho criminal” (CSJ, S. Plena, sent. dic. 3/87) (2) .

Una apreciación articulada de tal antecedente con las consideraciones del fallo C-060 de 2008, permiten a la Sala advertir que el restablecimiento del derecho de la víctima es una garantía intemporal que dimana directamente de la Constitución Política y de la cual no puede sustraerse el juez; por ello, a pesar de la prescripción de la acción como declaración objetiva de extinción de la acción penal, legalmente contemplada (L. 600, art. 38; L. 906/2004, art. 77), la competencia para hacer este tipo de declaraciones se mantiene:

“... Esa reforma cae también en la incongruencia. Las dos normas anteriores a la del fragmento demandado permitían (permiten, en las acciones penales que se continúan adelantando bajo la L. 600/2000), adoptar esta decisión “en cualquier momento de la actuación” en que aparezca demostrada la tipicidad —los elementos objetivos— de la conducta punible, oportunidad que en el sistema procesal acusatorio no procedería, en contravía a lo que es su plausible avance en defensa de los derechos de las víctimas.

Adviértase que, tal como lo exponen varios intervinientes, pueden existir diversas situaciones en las que se cuente a cabalidad con prueba suficiente sobre los elementos objetivos del tipo penal, sin que se reúnan, en cambio, las exigentes condiciones que son necesarias, particularmente en cuanto a la responsabilidad penal, para poder proferir sentencia condenatoria (L. 906/2004, art. 7º), siendo necesario entonces emitir un fallo absolutorio.

También pueden presentarse casos en los que exista “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el carácter apócrifo del título de adquisición, pero ninguna información acerca de los posibles responsables de dicha adulteración, circunstancia en la cual no podrá procederse al archivo de las diligencias por parte de la fiscalía, por cuanto esta situación no encuadra en los supuestos que para esta decisión prevé el artículo 79 de la misma Ley 906 de 2004. Por el contrario, el ente investigador debe continuar ejerciendo la acción penal a fin de poder determinar quiénes fueron los autores de dicha conducta punible, y mientras tanto, de acuerdo con lo establecido en los ya citados artículos 22 ibídem y 250.6 de la Constitución Política, deberá adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito, y de ser posible, que las cosas vuelvan al estado anterior, independientemente de la responsabilidad penal.

Finalmente, puede surgir también un factor de extinción de la acción penal, como alguna causal de preclusión u otras situaciones que la terminan (muerte del procesado antes de proferirse sentencia, prescripción o, en los casos previstos por la ley, mutatis mutandis y dentro de sus propias condiciones legales y aún constitucionales, algunas de ellas preservantes de los derechos de las víctimas, como indemnización integral, pago, desistimiento, amnistía propia, aplicación del principio de oportunidad).

Así las cosas, no obstante que se hubiere arribado al “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el carácter fraudulento del título en cuestión, la ocurrencia de cualquiera de las situaciones últimamente reseñadas traería como consecuencia la definitiva imposibilidad, pues no habrá fallo condenatorio, de obtener la cancelación del título apócrifo, necesaria para lograr el pleno restablecimiento del derecho de la víctima.

En la misma línea planteada por el demandante, la Corte encuentra que esta situación se deriva precisamente de que la norma demandada exija que dicha decisión se tome exclusivamente en la sentencia condenatoria, que nunca se producirá en las comentadas eventualidades. De no existir tal restricción, la cancelación podría ordenarse siempre que objetivamente exista prueba suficiente de la contrafacción, de manera semejante a como ocurriera con la aplicación de las normas anteriores, transcritas páginas atrás.

Es claro entonces que por efecto del requisito contenido en la expresión “En la sentencia condenatoria”, el segundo inciso del artículo 101 parcialmente demandado puede dar lugar a situaciones en las que antijurídicamente se pierda por completo la posibilidad de que la víctima obtenga el pleno restablecimiento de su derecho, mediante la cancelación de los títulos y registros fraudulentamente obtenidos.

Al analizar medidas semejantes a esta y teniendo en cuenta los alcances de la protección constitucional “a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles” (art. 58), la Corte ha resaltado (9) , tal como ahora reitera, la importancia de que los correctivos previstos en la ley para volver las cosas a su estado original y desvirtuar los derechos arrogados contrariando el orden jurídico, se apliquen de manera pronta y efectiva, de modo que se evite la continuación y/o la consumación de situaciones irregulares, así como la de los perjuicios que ellas injustamente causan.

Esta consideración, junto a la relativa a la importancia y especial protección constitucional que, según se ha explicado, tienen los derechos de los damnificados por los delitos, hacen que no resulte necesario, razonable ni justo que el restablecimiento se condicione de manera indefinida, o peor aún, pueda frustrarse definitivamente.

Por todo lo anterior, encuentra la Corte que por efecto de la expresión demandada, algunas de las víctimas de este tipo de delitos no tienen completamente garantizado el derecho a acceder a la administración de justicia, para que pronta y cumplidamente se le defina la restitución a que tiene derecho, situación que a su turno vulnera, parcialmente, las garantías constitucionales del debido proceso y el restablecimiento del derecho (arts. 229, 29 y 250-6 constitucionales, respectivamente).

Ha de resaltarse, claro está, que como constante frente a todo lo analizado, también opera el respeto debido a los principios fundamentales que trazan la forma, caracteres y fines del Estado social de derecho (arts. 1º, 2º y preámbulo de la Const.)” (3) .

8. La Sala no hace pronunciamiento alguno en relación con los efectos que pudo haber tenido la conducta de fraude procesal en la que incurrió la procesada Bernarda Patricia Arroyave Ruiz al pretender engañar al Juez Primero Civil del Circuito de Villavicencio cuando a instancias de esa cadena delictiva de engaños determinó que se iniciara un proceso ejecutivo en su contra, sencillamente porque desconoce si en el proceso ejecutivo el juez civil adoptó alguna medida que perjudicara a la dueña (poseedora legítima) de los cánones.

El cargo de prescripción de la acción penal propuesto por el demandante, con la coadyuvancia del representante del Ministerio Público (que propuso la prescripción de la acción al modo de casación oficiosa) prospera. Ello releva a la Sala de responder las demás censuras.

9. Finalmente, al verificar que entre el 28 de agosto de 1998 cuando la unidad de fiscalías delegadas ante el Tribunal de Villavicencio confirmó la acusación (fls. 3-12 cuaderno de segunda instancia de la fiscalía) y el 29 de julio de 2002, cuando el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio profirió la sentencia absolutoria (fls. 93-115/3), transcurrió un lapso considerable de tres (3) años y once (11) meses, que incidió en la prescripción de la acción penal, la Sala remitirá copia de esta decisión con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Villavicencio, Sala Disciplinaria, con el fin de que el funcionario(a) rinda las explicaciones necesarias por la mora en el trámite del proceso.

En mérito de lo dicho la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal y administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de las acciones penal y civil seguidas contra Bernarda Patricia Arroyave Ruiz y Elkin González Betancourt (no recurrente en casación) por la conducta punible de fraude procesal.

2. CESAR EL PROCEDIMIENTO seguido contra Bernarda Patricia Arroyave Ruiz y Elkin González Betancourt.

3. ORDENAR LA CANCELACIÓN DEFINITIVA de los registros de las escrituras públicas 3936 del 31 de agosto de 1992, de la escritura pública 4432 del 23 de junio de 1994 y de la 8812 del 6 de diciembre de 1994 (cfr. anotación 19 del folio de matrícula inmobiliaria visible a fls. 140-144/2); EXPEDIR copia de esta decisión con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Villavicencio y al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, para lo de sus competencias. El juez de primera instancia deberá cancelar los gravámenes y las cauciones prestadas.

4. EXPEDIR copia de esta decisión con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Villavicencio (Cfr. núm. 9).

Contra esta decisión no procede recurso alguno. Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(Sentencia de 10 de junio de 2009. Radicación 22881. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero).

(1) Cfr. Oficio 2210 del 14 de octubre de 1997 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio Meta (fl. 141/2).

(2) Cfr. Régimen Penal Legis, anotación [§ 4785], envío 99 de enero de 2009; en el mismo sentido, Corte Constitucional, sentencia C-060 de 2008.

(3) Corte Constitucional, sentencia C-060 de 2008.

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