Sentencia 22892 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Radicación: 22.892 (R-05360)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Alfredo Diazgranados de la Hoz

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte

Acción: controversias contractuales

Bogotá, veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que el actor solicitó $ 18’000.000, por concepto de perjuicios materiales, y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1997(1), para que un proceso fuera de doble instancia, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, era de $ 13’460.000(2).

2.2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor del artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, norma que modificó el artículo 136 del Decreto 1 de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”, aplicable para la época de los hechos, la acción contractual debía interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento(3).

En el sub judice, el motivo que dio origen a la acción acá instaurada obedeció al presunto incumplimiento, por parte del Ministerio de Transporte, del contrato de arrendamiento 0003 del 4 de enero de 1996, toda vez que desocupó el inmueble arrendado el 30 de abril de 1997 y omitió el preaviso de tres meses para dar por terminado el citado contrato durante su prórroga, como lo exigía la cláusula 19 del mismo.

Al efecto, se encuentra acreditado en el plenario que, el 29 de abril de 1997, el Ministerio de Transporte, Seccional Magdalena, dirigió una carta al actor en la que le manifiesta que, ante la negativa para legalizar la prórroga del contrato de arrendamiento 0003 de 1996, se autorizó el traslado de las dependencias de dicho Ministerio a otra sede, a partir del 30 de abril de aquel mismo año (fl. 13, cdno. 1), fecha esta última que debe tenerse en cuenta para contabilizar el término de caducidad de dos años a los que alude la norma anteriormente citada; por lo tanto, como la demanda fue instaurada el 20 de junio de 1997, no hay duda que ello ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Caso concreto y análisis probatorio.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se tiene que, el 4 de enero de 1996, el Ministerio de Transporte y el señor Alfredo Diazgranados de la Hoz suscribieron el contrato de arrendamiento 0003 sobre el inmueble ubicado en la calle 22 # 15-61, para el funcionamiento de las dependencias del citado Ministerio en la ciudad de Santa Marta (fls. 8 y 9, cdno. 1). La duración del contrato fue pactada a doce (12) meses, contados a partir de enero de 1996 (cláusula cuarta) y el canon de arrendamiento fue establecido en $ 1’300.000 mensuales (cláusula quinta).

Las partes acordaron como causales de terminación unilateral del contrato, por parte del arrendador, las previstas por el artículo 16 de la Ley 56 de 1985 y, por parte del arrendatario, las previstas por el artículo 17 ibídem; además, se estableció que el arrendador, mediante un preaviso de tres (3) meses y el pago de la indemnización que prevé el inciso final del artículo 16 de la ley acabada de citar, podría dar por terminado el contrato durante cualquiera de sus prórrogas, mientras que el arrendatario lo podría dar por terminado dentro del término inicial o el de sus prórrogas, previo aviso escrito al arrendador con no menos de 3 meses de anticipación (cláusula 19).

Teniendo en cuenta los supuestos de hecho descritos en la demanda y las razones de defensa esgrimidas por el Ministerio de Transporte, la Sala, de conformidad con el material probatorio que milita en el plenario, abordará el estudio de los siguientes aspectos:

2.3.1. Cuestiones previas.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que el contrato no fue liquidado, como lo acordaron las partes en la cláusula décima sexta, lo que impidió, a su juicio, conocer el estado de cuentas de las partes; además, porque el actor no solicitó al juez la liquidación del contrato y, por lo mismo, no pudo comprobarse si aquél tenía o no derecho a que se le reconociera lo que estaba solicitando.

Al respecto, cabe señalar que, si bien en el sub lite el contrato de arrendamiento 0003 de 1996 no fue liquidado por las partes, de común acuerdo, ni por la Administración, unilateralmente, dicha circunstancia no impedía, de manera alguna, que el tribunal se pronunciara en relación con las pretensiones formuladas por el actor y mucho menos permite concluir, como lo hizo el fallo de primera instancia, que la omisión de dicho procedimiento comportara automáticamente la negativa de las pretensiones de la demanda.

Debe recordarse que el actor solicitó que se declarara que el accionado incumplió el contrato de arrendamiento 0003 de 1996, por haber omitido, durante la prórroga, el preaviso de 3 meses para darlo por terminado unilateralmente, lo cual obliga al juez a verificar, de conformidad con las pruebas que militan en el plenario, qué ocurrió realmente durante la ejecución del contrato y si las partes cumplieron o no las obligaciones a su cargo, lo cual, en últimas, implica hacer un corte de cuentas, a fin de precisar quién le debe a quién y por qué concepto y, por eso mismo, no es cierto, como se dijo en la sentencia de primera instancia, que la falta de liquidación del contrato imposibilita establecer si el actor tiene o no derecho a que se le reconozca lo que está solicitando.

Así las cosas, al margen de que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes se hubiera o no liquidado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, tenía la obligación de pronunciarse y decidir acerca de las pretensiones de la demanda y de las excepciones propuestas por la accionada(4), como en efecto se hará a continuación, luego de abordar el estudio de los siguientes aspectos.

2.3.2. Régimen jurídico aplicable al contrato de arrendamiento 0003 del 4 de enero de 1996.

En el sub judice, el contrato en mención fue suscrito en vigencia de la Ley 80 de 1993, normatividad que nada dijo en torno al contrato de arrendamiento en el que es parte una entidad estatal y, por lo mismo, debe acudirse al artículo 13 de la citada ley, en cuanto dispuso que los contratos que celebran las entidades a las que se refiere el artículo 2º ibídem se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por aquélla.

En relación con tales contratos de arrendamiento, la Sala ha tenido la oportunidad de precisar que no constituyen un acto de comercio y, por lo tanto, no les son aplicables las disposiciones contenidas en la ley mercantil(5).

En línea con lo anterior, es indispensable señalar que, conforme al artículo 20 (num. 2º) del Código de Comercio(6), el arrendamiento de bienes inmuebles con el propósito de subarrendarlos constituye un acto de comercio; en el caso particular, el Ministerio de Transporte tomó en arrendamiento el inmueble ubicado en la calle 22 Nº 15-61, para el funcionamiento de sus dependencias en la ciudad de Santa Marta, de modo que la celebración del contrato 0003 del 4 de enero de 1996 no tuvo como propósito el arrendamiento del citado inmueble para subarrendarlo, como lo exige la norma para que el acto pueda considerarse mercantil y no hay prueba de que el arrendador lo hubiera tomado en arrendamiento para, a su vez, arrendarlo al ministerio y, por lo mismo, al citado contrato no le son aplicables las disposiciones del Código de Comercio(7), a lo cual se agrega que, según su cláusula décimo cuarta, el arrendatario tenía prohibido “subarrendar a ningún título el inmueble objeto del presente contrato” (fl. 9, cdno. 1).

Así las cosas, el contrato en mención se regía por las cláusulas contenidas en él, por ser ley para las partes, y por las disposiciones del Código Civil en aquellos aspectos no regulados por él mismo.

2.3.3. El incumplimiento del contrato.

Según la demanda, el Ministerio de Transporte incumplió, sin justificación alguna, el contrato de arrendamiento que suscribió con el señor Alfredo Diazgranados de la Hoz, toda vez que “desocupó el inmueble sin haber dado aviso al arrendador con tres (3) meses de anticipación, pese a que ya se encontraba prorrogado el término inicial” y porque, además, “no ha cancelado los cánones de arrendamiento, ni ha hecho entrega del inmueble”.

Es indispensable anotar que, según la cláusula tercera del contrato, su duración se pactó a doce (12) meses, contados a partir de enero de 1996. Al respecto, se encuentra acreditado en el plenario que, el 22 de enero de ese año, el Ministerio de Transporte recibió, de manos del señor Alfredo Diazgranados de la Hoz, el inmueble ubicado en la calle 22 Nº 15-65 de Santa Marta, tal como lo acredita el acta de entrega suscrita por las partes (fl. 10, cdno. 1) y, por lo mismo, se deduce que el plazo inicial del contrato finalizaba el 22 de enero de 1997.

No obstante, las partes acordaron que dicho término podía prorrogarse, en iguales condiciones, siempre que el arrendatario cumpliera con las obligaciones a su cargo y se allanara a los reajustes del canon de arrendamiento autorizados por las normas legales, para lo cual el arrendatario tendría que contar, previamente, con el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, salvo que las partes, o alguna de ellas, manifestara por escrito, mínimo con tres (3) meses de antelación al vencimiento del plazo inicial del contrato, la intención de darlo por terminado (cláusula cuarta).

Frente a lo anterior, es menester anotar que el Ministerio de Transporte cumplió a cabalidad, durante el año 1996, todas las obligaciones a su cargo, prueba de ello es que el actor no formuló reclamación alguna por la ejecución del contrato en ese período; además, el demandado se allanó a los reajustes del canon de arrendamiento autorizados por la ley, toda vez que se demostró en el plenario que pagó, en el año 1997, por concepto de arrendamiento, la suma de $ 1’487.980 por cada uno de los meses de febrero, marzo y abril (fl. 101, cdno. 1), a lo cual se suma que no obra prueba en el expediente que acredite que las partes, o alguna de ellas, hubieran manifestado por escrito, antes del vencimiento del plazo inicial del contrato, la intención de darlo por terminado y, por consiguiente, debe entenderse que aquél se prorrogó automáticamente 12 meses más, esto es, hasta el 22 de enero de 1998, pues clara e inequívocamente así lo acordaron las partes en la cláusula cuarta.

Si bien la parte demandada aseguró que el contrato no podía prorrogarse automáticamente, debido a la falta de disponibilidad presupuestal para el año 1997, para la Sala es claro que el ministerio tenía la obligación de realizar las gestiones necesarias que le permitieran contar con esa disponibilidad y así garantizar la ejecución del contrato de arrendamiento durante su prórroga, pues, como se vio, las partes guardaron silencio frente a la eventualidad de darlo por terminado al vencimiento del plazo inicial, posibilidad cuya concreción demandada dar aviso en tal sentido con no menos de 3 meses de antelación, según lo pactado en la cláusula cuarta.

Al respecto, resulta de suma importancia destacar que si bien es cierto la Ley 80 de 1993, bajo la cual se celebró y ejecutó el contrato de arrendamiento 0003-96, dispuso en su artículo 25, numeral 6, que las entidades estatales debían contar con la existencia de las respectivas partidas presupuestales, previamente a la apertura de la licitación, de los concursos o de la suscripción de los contratos, también es cierto que, a su turno, el numeral 13 de la misma disposición impone a las autoridades la obligación de efectuar las reservas y los compromisos presupuestales necesarios para atender la celebración y ejecución de los contratos.

Así, la omisión de la entidad pública demandada en la obtención de la correspondiente disponibilidad presupuestal, si bien podría dar lugar a la violación de los principios de legalidad del gasto y de planeación, al punto que podría llegar a comprometer la responsabilidad personal y patrimonial de los funcionarios que actúen con desobedecimiento de tales principios, no tiene la entidad suficiente para afectar la validez del respectivo contrato, toda vez que la ausencia de disponibilidad presupuestal no está llamada a configurar una específica causal de nulidad de los contratos estatales(8).

No hay entonces duda que, en el sub lite, la existencia de la disponibilidad presupuestal era una obligación a cargo del demandado y, por eso mismo, su ausencia no debía y no tenía por qué afectar al arrendador, pues el solo hecho de que el arrendatario guardara silencio frente a la posibilidad de dar por terminado el contrato 0003-96 dio paso, como lo sostiene el arrendador, a la prórroga del contrato por un año más, tal como lo acordaron las partes en la cláusula cuarta de este último.

Al respecto, cabe recordar que la buena fe, en materia negocial, implica para las partes una actitud de lealtad mutua, de fidelidad, honestidad y permanente colaboración en la relación contractual, con el fin de garantizar la ejecución óptima y eficiente de las obligaciones contraídas por ellas y de procurar la realización y satisfacción de los fines perseguidos con la celebración del contrato; por lo tanto, dicho principio implicaba para el demandado el deber de adoptar las medidas necesarias para apropiar los recursos suficientes que permitieran la cabal ejecución del contrato durante su prórroga, ya que ni él ni el arrendador, como se vio, manifestaron su intención de darlo por terminado al vencimiento del plazo inicial, comportamiento que denotó, sin lugar a dudas, la aceptación tácita de prorrogar el contrato en los términos inicialmente establecidos.

A lo anterior se suma que, en realidad de verdad, el problema no parece haber sido de índole presupuestal, pues todo indica que el ministerio, una vez desocupó el inmueble, tomó otro en arrendamiento (al respecto, ver oficio del ministerio, visible a fl. 12, cdno. 1), para lo cual debió contar con la correspondiente disponibilidad de recursos.

En ese orden de ideas, para la Sala no son de recibo las razones esgrimidas por el demandado en torno a que la prórroga del contrato de arrendamiento quedó supeditada a la celebración de uno nuevo. Este —se insiste—, se prorrogó automáticamente, por un período igual al inicialmente celebrado, al punto que el Ministerio de Transporte manifestó, en la contestación de la demanda (fl. 24, cdno. 1), que pagó al actor los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 1997 y, a juicio de la Sala, si efectuó dichos fue porque entendió, en efecto, que el contrato se había prorrogado automáticamente, de lo contrario no existía razón alguna para haberlos realizado, teniendo en cuenta que el plazo inicial finalizó el 22 de enero de 1997.

Además, si el 1º de abril de 1997 el Ministerio de Transporte remitió al arrendador el oficio 000259 (fl. 12, cdno. 1), por medio del cual le solicitó que se acercara a sus oficinas para firmar el contrato de arrendamiento 0004 de ese mismo año, a fin de prorrogar el contrato 0003-96 (cosa que no era necesaria ante la prórroga automática convenida desde el principio), no cabe duda de que tenía la respectiva disponibilidad presupuestal para el pago de los cánones posteriores.

Ahora bien, en la cláusula décimo novena del contrato 0003-96 (fl. 9, cdno. 1), las partes acordaron que el arrendatario podría darlo por terminado unilateralmente, dentro del término inicial o el de sus prórrogas, previo aviso escrito al arrendador con no menos a tres (3) meses de anticipación. Cumplida esta condición, el último de los mencionados tenía la obligación de recibir el inmueble; de lo contrario, el arrendatario “podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad administrativa competente, sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspondiente” (cláusula 19).

Al respecto, cabe indicar que, el 29 de abril de 1997, el demandado dirigió un escrito al señor Diazgranados de la Hoz, en el que le manifestó que (se transcribe tal cual obra en el expediente - fl. 13, cdno. 1):

“En atención a su negativa de legalizar el contrato de Arrendamiento de su inmueble ubicado en la calle 22 # 15-65, donde funcionan las oficinas del Ministerio de Transporte en esta ciudad y que le fuera remitido desde Bogotá debidamente firmado por el funcionario competente para su legalización, el Ente Central ha entendido que la devolución del referido documento sin tramitar por intermedio del ingeniero Germán Jiménez quien se encontraba encargado de la asesoría regional, es la manifestación expresa de NO CONTRATAR con nosotros el arrendamiento del referido bien, por lo que fuimos autorizados para conseguir una nueva sede a la que nos trasladamos a partir del día 30 de Abril en horas de la noche.

“Por lo anterior, urge su presencia en el inmueble de su propiedad, con el fin de hacerle entrega formal y real del citado bien.

“Agradecemos la colaboración prestada y le comunicamos que los cánones causados durante el presente año, le serán reconocidos mediante autorizaciones de pago” (fl. 13, cdno. 1).

Para la Sala, la misiva acabada de transcribir constituye el preaviso que echa de menos el demandante, pues a través de ella el Ministerio de Transporte, Seccional Magdalena, manifestó claramente al arrendador que, a partir del 30 de abril de 1997, se trasladaría a una nueva sede y que, por lo tanto, necesitaban hacerle entrega del inmueble arrendado, el cual fue desocupado ese 30 de abril (fl. 142, cdno. 2); no obstante, recuérdese que el Ministerio de Transporte sólo podía entregar el bien arrendado tres meses después del preaviso (cláusula décimo novena), esto es, el 30 de julio de 1997, cosa que no ocurrió, a lo cual se agrega que tampoco entregó el inmueble a través de “la autoridad administrativa competente”, ni acudió para ello a la acción judicial correspondiente y, por lo mismo, es claro que incumplió las obligaciones contraídas en el contrato 0003 de 1996, en particular en la cláusula décimo novena ya atrás citada.

III. Indemnización de perjuicios

El actor solicitó en la demanda, como indemnización, el pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de enero a diciembre de 1997; sin embargo, el material probatorio que milita en el expediente indica que el demandado únicamente adeuda el canon de enero de 1997 y los tres (3) meses del preaviso. En efecto, se encuentra acreditado que el Ministerio de Transporte pagó al actor la suma de $ 4’463.940, por concepto de arrendamiento correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 1997, como lo indica el comprobante de egreso 3779/1997 del 10 de junio de 1997 (fl. 41, cdno. 1); en cambio, no obra prueba alguna en el plenario que demuestre que el arrendatario hubiera pagado al actor el canon de enero de ese año.

Si bien el documento acabado de citar —comprobante de egreso 3779/1997— obra en copia simple, lo cual, en principio, impide otorgarle valor probatorio, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 13 de enero de 1998 (fls. 102 y 103, cdno. 1), lo incorporó al proceso como prueba, a lo cual se agrega que fue aportado directamente por la entidad pública que lo suscribió y, por lo mismo, debe entenderse que en esa entidad reposa el respectivo original, de tal suerte que podrá valorarse en este caso, máxime que el actor no lo cuestionó para nada.

En relación con los documentos que las entidades públicas aportan al proceso en copia simple, la Sala ha sostenido lo siguiente:

“Bajo este entendido, cuando una entidad pública directamente (…) aporta a un proceso copias de determinados actos o documentos proferidos o creados por ella misma, se debe concluir que se trata de copias fieles de su original y que cuentan con las condiciones de autenticidad requeridas legalmente, pues de acuerdo con los postulados del Principio Constitucional de la Buena Fe(9) (Principio General de Derecho), no se esperaría, por parte de la administración pública, un comportamiento diferente a la debida aportación de esos actos, comoquiera que fue ella misma quien los expidió.

“De acuerdo con el principio de la bona fides, tanto la administración como el administrado tienen la obligación de actuar con lealtad en cualquier etapa o evento de sus relaciones; así pues, cuando se solicita a la entidad pública que profirió un determinado acto administrativo que lo aporte a un proceso, se tiene la confianza legítima de que ésta allegará lo solicitado de conformidad con las exigencias normativas y no tendría por qué hacerlo de otra forma; por ende, en el evento de que al proceso se aporte ese acto o cualquier otro documento que tenga su génesis en la misma entidad que lo allega, éste deberá considerarse como auténtico, toda vez que no cabe esperar de la administración pública una conducta diferente a aportar copias fidedignas respecto de sus originales, pues quién más que ella misma para constatar y dar cuenta de su veracidad al punto de que la propia entidad pública se encuentra legalmente autorizada para autenticar los documentos que reposan en sus archivos y expedir copias válidas de los mismos. Cabe advertir al respecto que, en todo caso, estos documentos podrán ser tachados de falsedad en el proceso, de acuerdo con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, pero mientras ello no ocurra, las copias simples aportadas por la misma entidad que creó o produjo los actos o documentos originarios, se reputarán auténticas.

“Desde esta perspectiva se tiene que el numeral 1º (sic) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la competencia de las entidades públicas para verificar la autenticidad de las copias, consagra, a su vez, dos supuestos: en primer término contempla el caso de que en la entidad repose el original o la copia auténtica de un acto o documento que no sea de su autoría y de los cuales, sin embargo, se solicite una copia. En ese evento, el funcionario competente la expedirá, señalando, expresamente, su coincidencia con el respectivo original o con la copia auténtica, pues sólo de esta forma esa nueva copia se reputará, igualmente, auténtica; y, en segundo lugar, se tendrán como auténticas también aquellas copias aportadas por la misma entidad pública que produjo o creó los actos o documentos originarios, sea que en ellos se certifique expresamente su concordancia para con el original o con la copia auténtica o que, simplemente, los aporte en copia simple, ya que, como se dijo anteriormente, no tendría por qué aportarlas en condiciones disímiles a su original, amén de que en todos los casos la contraparte mantiene a salvo su derecho para controvertir, cuestionar e incluso tachar tales documentos si estima contar con elementos suficientes para dudar de su veracidad o autenticidad e incluso para concluir acerca de la falsedad de los mismos.

“Según lo expuesto, las copias aportadas a un proceso, previa autorización del respectivo director de oficina administrativa, sólo se tendrán como auténticas cuando se manifieste su coincidencia con el original o con copia autenticada y, de no ser así, se verificará si el documento aportado fue, a la vez, proferido o creado por la misma entidad pública que lo allega, pues en ese caso se tendrá como auténtico.

“De otro lado, resulta importante anotar que aquellos documentos que no se encuentren firmados ni hayan sido manuscritos por la parte a quien se oponen, sólo tendrán valor probatorio en tanto fueren aceptados expresamente por ella o por sus causahabientes, de conformidad con los dictados del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(10); adicionalmente, el artículo 252 del mismo estatuto prescribe que se presume auténtico un documento en tanto exista certeza respecto de la persona que lo ha elaborado, lo ha manuscrito o lo ha firmado”(11).

Hechas las anteriores precisiones, la Sala reitera que el comprobante de egreso 3779/1997, el cual obra en copia simple, podrá ser valorado.

En resumidas cuentas, el demandado adeuda al actor el canon de enero de 1997 y el de 3 meses más de arrendamiento, a título de indemnización, por haber desocupado el inmueble al día siguiente del preaviso; al respecto, es menester señalar que el canon acordado por las partes, para el año 1996 fue de $ 1’300.000, valor que, con el incremento sufrido para el año 1997, quedó en $ 1’487.980 (fl. 101, cuaderno 1) y, por lo tanto, el Ministerio de Transporte adeuda al actor la suma de $5’951.920.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 5’951.920) (suma que adeuda el demandado) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el promedio de los índices de precios al consumidor vigentes en los meses en los que el actor debió recibir dichos pagos.

 

s22892p10.bmp
 

Ra = $ 16’154.594,09

Sobre el capital histórico se liquidará un interés técnico del 6% anual, así:

 

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Donde:

i = interés técnico

Valor histórico = $ 5’951.920

Número de meses = 193,9 (de enero / 1997 a febrero /2013)

 

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I= $ 5’770.386,44

En conclusión, se tiene lo siguiente:

Capital $ 16’154.594,09

Interés legal: $ 5’770.386,44

Total: $ 21’924.980,53

De otro lado, si bien el actor solicitó en la demanda la restitución del inmueble en el mismo estado en el que fue entregado al arrendatario, no obra prueba alguna en el plenario que indique que dicho bien hubiera sufrido daños o deterioro y, por lo tanto, debe entenderse que fue restituido en buen estado.

Conforme a lo antes expuesto, la Sala revocará la sentencia del 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, pues se acreditó en el plenario que el Ministerio de Transporte incumplió el contrato de arrendamiento 0003 del 4 enero de 1996, ya que omitió el pago correspondiente al canon del mes de enero de 1997 y el pago de 3 meses de arrendamiento a título de indemnización, por haber desocupado el inmueble al día siguiente del preaviso, en contravía de lo dispuesto en la cláusula décimo novena del contrato.

2.4. Condena en costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, por la cual no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar:

a) DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Transporte, por haber omitido el pago del canon de arrendamiento del mes de enero de 1997 y el pago de 3 meses de arrendamiento, por haber desocupado el inmueble antes de que finalizaran los 3 meses del preaviso, como se dispuso en la cláusula décima novena del contrato.

b) CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Transporte a pagar al señor Alfredo Diazgranados de la Hoz la suma de veintiún millones novecientos veinticuatro mil novecientos ochenta pesos con cincuenta y tres centavos ($ 21’924.980,53) m/cte.

c) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.»

(1) La demanda fue instaurada el 20 de junio de 1997.

(2) Decreto 597 de 1988.

(3) Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 —7 de julio de 1998— el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedó así:

“ART. 136.—Caducidad de las acciones.

(…).

“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

“a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

“b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

“c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

“d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

(4) El artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, aplicable para ese entonces, disponía que:

“En la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su contestación. La motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen.

“La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este código (…).

(5) Ver sentencias del 15 de febrero de 1999, expediente 11.194 y del 29 de noviembre de 2004, expediente 20.190

(6) “ART. 20.—Son mercantiles para todos los efectos legales:

(…).

“2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos” (se resalta).

(7) “Artículo 22 del Código de Comercio. Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial”.

(8) Consejo de Estado, sentencia del 30 de junio de 2008, expediente 23.003.

(9) El artículo 83 de la Constitución Política prescribe: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

(10) Artículo 269 Código de Procedimiento Civil “Instrumentos sin firma. Los instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien se oponen, sólo tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella o sus causahabientes”.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 18.168.