Sentencia 22905 de mayo 6 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SANCIÓN MORATORIA AL DEUDOR SOLIDARIO

EN SU CALIDAD DE DUEÑO DE LA OBRA O BENEFICIARIO DEL TRABAJO

EXTRACTOS: «Si bien es cierto que en fallo del 22 de abril de 2004 (Rad. 21074), ratificado posteriormente en la decisión del 24 de febrero de 2005 (Rad. 23233), sostuvo esta corporación que el deudor solidario del contratista (CST, art. 34), o sea, el dueño de la obra o beneficiario del trabajo, terminaba equiparándose al empleador para efectos de la sanción del artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo, por lo que era atendible su buena fe para verse exonerado de la obligación de indemnizar, reexaminado el tema por la mayoría de la Sala, es del caso ahora recoger la anterior jurisprudencia, por las razones que seguidamente se exponen.

El artículo 34 de Código Sustantivo del Trabajo no hace otra cosa que hacer extensivas las obligaciones prestacionales o indemnizatorias del contratista, al dueño de la obra conexa con su actividad principal, sin que pueda confundirse tal figura jurídica con la vinculación laboral, como lo ha sostenido esta Sala en otras ocasiones. La relación laboral es única y exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación con el obligado solidario, apenas lo convierte en garante de las deudas de aquel. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 26 de septiembre de 2000 (Rad. 14038) y del 19 de junio de 2002 (Rad. 17432).

Es claro, entonces, que la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante de pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a este una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que, se ha dicho, reafirma aún más su simple condición de garante.

En estas condiciones, es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario.

Como tuvo oportunidad de analizarse, al despachado el cargo anterior, el tribunal al confirmar la decisión del a quo sin ninguna consideración al respecto, acogió sin reservas los planteamientos de este con relación a la conducta injustificada del empleador contratista, que lo llevaron a concluir su falta de buena fe al abstenerse de cancelar oportunamente las acreencias de su ex trabajador. Fundamento fáctico este que no ataca el cargo y que es suficiente para mantener la decisión.

Es, en consecuencia, irrelevante para la decisión, que la conducta asumida por la obligada solidaria hubiere estado o no revestida de buena fe, por lo que la acusación se torna infundada».

(Sentencia de casación, 6 de mayo 2005. Radicación 22.905. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez).

SALVAMENTO DE VOTO

Mi disentimiento con la sentencia aprobada por la mayoría estriba en que haya rectificado la doctrina que con anterioridad había expuesto la Sala en el sentido de que el dueño de la obra o contratante puede liberarse de la sanción moratoria derivada del impago de salarios, prestacionales sociales o indemnizaciones por parte de un contratista independiente, siempre que acredite que su conducta estuvo revestida de bueno fe. El fallo del que me aparto consideró que en la reseñada hipótesis únicamente es posible examinar la conducta del empleador directo, esto es el contratista independiente, pero de ninguna manera la del dueño de la obra, puesto que este actúa como garante y en tal condición debe responder por la obligación no porque se le haga extensiva la culpa sino por el fenómeno de la solidaridad.

De manera particular considero que los argumentos contenidos en la sentencia del 22 de abril (Rad. 21074), siguen siendo válidos y a ellos acudo para poner de presente las razones de mi discrepancia.

Allí se dijo:

“El tribunal entendió que en el presente caso para aplicar el artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo no correspondía examinar la conducta del dueño de la obra o beneficiario del trabajo, esto es de la Empresas Públicas de Neiva, por cuanto las obligaciones laborales pendientes de pago están referidas a acreencias adeudadas en virtud del desarrollo del contrato de la obra celebrado entre las demandadas. Dejó entrever pues que en los eventos de solidaridad a que alude el artículo 34 ejusdem la imposición de la sanción moratoria al dueño de la obra es automática, una consecuencia forzosa en los eventos en que se le haya impuesto al contratista independiente. Según la exégesis implícita del ad quem, que el opositor recoge y expone abiertamente, si el contratista independiente resulta gravado con la sanción moratoria, el dueño de la obra debe ser afectado también inexorablemente con esa misma condena, en términos similares.

El entendimiento subyacente en el razonamiento del juzgador de segundo grado es a todas luces equivocado, porque cuando el artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo alude “al patrono” no está refiriéndose exclusivamente al empleador propiamente dicho sino en general al obligado al pago de los salarios y prestaciones el cual si bien es el empleador la mayoría de veces, no siempre ocurre así puesto que hay ocasiones en que en algunos eventos, como el que ahora se exima, existe un tercero que resulta vinculado también al pago de los reseñados derechos, hipótesis en la que este tercero termina equiparándose al empleador para efectos de la norma en cuestión.

Como la aplicación de la sanción consagrada en el artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo no es en ningún caso automática conforme ha tenido oportunidad de precisarlo esta Sala, resultaría absurdo que solamente pueda intentar exonerarse de ella el propio empleador alegando que su conducta estuvo revestida de buena fe, pero no pueda hacer lo mismo el deudor solidario que en su calidad de dueño de la obra o beneficiario del trabajo debe salir a responder por el monto de las obligaciones laborales contraídas por aquel. Constituye un tratamiento asimétrico con el deudor solidario que se le obligue en virtud de un mandato legal al cubrimiento de las cargas laborales dejadas por el contratista independiente, pero al mismo tiempo se límite su derecho de defensa y se le cercene la posibilidad de poder alegar que su conducta es de buena fe cuando demuestre que estuvo presto a pagar o canceló lo que honestamente creyó deber. Sería tanto como poner en el mismo plano la conducta de quien nada adujo ni mostró ningún interés en satisfacer las obligaciones a su cargo directamente, y la del que pretendió cumplir en lo que estimó le correspondía pagar solidariamente, lo cual no cabe en el espíritu y la teleología ínsitos en el artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo.

No puede perderse de vista, adicionalmente, que en los términos del artículo 1577 del Código Civil “El deudor demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y además todas las personales suyas”, norma que proscribe cualquier limitación a la defensa que puede desplegar el deudor solidario y que resulta ilustrativa para reafirmar el criterio que arriba se dejó expuesto.

Fluye entonces de lo dicho que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra puede ser liberado total o parcialmente del pago de la sanción moratoria que se le reclame siempre que acredite con razones de peso que su conducta estuvo revestida de buena fe.

Así las cosas, incurrió el ad quem en el yerro jurídico denunciado al considerar que en el evento de obligaciones solidarias entre el contratista independiente y el dueño de la obra o beneficiario del trabajo como consecuencia del no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores del primero, corren a cargo del segundo, automáticamente, los salarios moratorios, toda vez que se trata de acreencias “adeudadas en vigencia del desarrollo del contrato de obra celebrado entre las demandas”, sin que le sea dado aducir que estuvo incurso en conducta de buena fe”.

De haberse atenido a esas pautas, el tribunal habría dado prosperidad al tercer cargo, pues de acuerdo con los planteamientos allí expresados la demanda solidaria procedió de buena fe al abstenerse de reconocer y pagar los créditos sociales reclamados.

Carlos Isaac Náder. 

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «En primer lugar considero que la llamada indemnización moratoria, antes que la reparación obligada de un daño, es una sanción en el sentido estricto de esta expresión, es decir, un castigo para quien incurre en una acción mala. Tan ello es así, que toda la jurisprudencia tanto del extinguido Tribunal Supremo del Trabajo como la Corte Suprema de Justicia, se ha construido precisamente, sobre la buena o la mala fe del empleador renuente al pago de salarios y prestaciones adeudadas a la terminación del contrato de trabajo, como elemento determinante que en últimas causa su imposición o exoneración.

En el anterior entendimiento, la responsabilidad solidaria que regula el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, comprende los derechos laborales relativos a salarios, prestaciones o indemnizaciones, pero no a las sanciones. Y como ya quedó dicho que en realidad la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, es una sanción, su extensión no cabe dentro de los derechos del trabajador a los cuales alude específicamente el primero de los preceptos mencionados.

De otro laso, también discrepo del criterio ahora mayoritario, según el cual no es posible analizar la conducta de buena o de mala fe en que pudo haber incurrido el beneficiario de la obra, cuando el empleador no paga los derechos laborales que dan lugar a la imposición de la referida sanción, sino que únicamente hay que analizar la conducta de este, de quien aquél sólo es un garante.

En efecto, un garante es simplemente una persona que responde por la obligación de otra que la contrae y que no la satisface en su oportunidad, estando a su cargo hacerlo, mientras que el deudor solidario, por su voluntad, testamento o ley, siempre será deudor, pues en esa clase de obligaciones el total de la deuda puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores, de ahí que el artículo 1577 le confiera al deudor demandado la facultad de proponer todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, incluidas todas las personales suyas.

(...).

Por lo demás, no puedo dejar pasar por alto que la nueva orientación jurisprudencial, al limitarle la defensa al deudor solidario, vulnera, a mi juicio, el principio del debido proceso que como guía y luz para el derecho adjetivo consagra el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 y cuya finalidad no es otra que hacer efectivos los derechos sustanciales.

En consecuencia, estimo que el recurso debió prosperar respecto a los temas aquí ventilados».

Luis Javier Osorio López.

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