Sentencia 22912 de junio 17 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRUEBA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

ES REQUISITO ESENCIAL ACREDITAR SU DEPÓSITO OPORTUNO

EXTRACTOS: «1. La crítica medular del cargo a la sentencia del tribunal radica en que se le haya dado eficacia a la convención colectiva y con base en ella fulminado condena a reintegro, a pesar de no estar acreditado en el proceso su depósito oportuno, pues al no constar en su texto la fecha de la suscripción, no se tenía la referencia temporal inicial para contar el término de los 15 días a que se refiere el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo para tal efecto, lo que constituye una deficiencia de acreditación de un acto solemne como lo es la convención colectiva.

Al respecto es de anotar que efectivamente el depósito oportuno de la convención colectiva según lo normado en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo es una exigencia de la ley para su validez, como reiteradamente lo ha señalado la Sala en los siguientes términos: “al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia esta atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando su texto auténtico, así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo” (Sents. de 16 de mayo/2001, Rad. 15.120 y de 4 de dic./2003, Rad. 21.042).

De este modo, la constatación de que en el sub litese aportó como fuente de los derechos reclamados un texto convencional en el cual no aparece la fecha en que fue suscrito por las partes, evidencia que se esta en la imposibilidad de determinar con certeza el punto de partida para empezar a contar el término de los 15 días a que hace referencia el artículo 469 citado.

Efectivamente, el texto de la convención colectiva obra a folios 263 a 343 del expediente, y en el folio 337 se lee “Como constancia de lo anterior se firma la presente convención colectiva de trabajo en la ciudad de Santafé de Bogotá a los” y sigue un espacio en blanco, sin que aparezca la fecha de suscripción, lo que impide verificar si el depósito fue hecho “a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma”, según las voces del pluricitado artículo 469.

Y es que la ley, en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la exigencia del documento escrito, contentivo de todos los términos de la convención colectiva, depositado oportunamente en el hoy Ministerio de la Protección Social, para acreditar la existencia y validez de la misma.

Uno de los requisitos allí precisados es que el depósito sea oportuno, el cual solo se cumple si tal actuación se surte dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la firma de la convención colectiva. De esta manera se ha de entender en concordancia con el artículo 468 del Código Sustantivo del Trabajo, que la fecha de firma de la convención hace parte de su contenido.

Así las cosas, el documento obrante al folio 345 que aparece suscrito por el presidente del Sindicato de Trabajadores del ISS, mediante el cual envía al Ministerio de la Protección Social las actas de acuerdo definitivo, además de que por sí mismo no da noticia de la fecha de la firma de la convención, no constituye la prueba solemne requerida por la ley, atrás aludida.

2. Además de lo anterior, constata la Sala que pese a que el recurrente manifiesta que a folio 345 obra constancia sobre el depósito de la convención colectiva que según dice fue el 28 de agosto de 1997, lo cierto es que ese documento no da cuenta de ese hecho. Se trata como se dijo, de una comunicación suscrita por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS, en la cual se afirma que se procede a “Depositar dentro del término legal, el original de la convención colectiva de trabajo o acta del acuerdo convencional definitivo”. Pero el mismo Ministerio entonces llamado de Trabajo y Seguridad Social, encontró que en realidad era un trámite de inscripción de actas de acuerdo y no de depósito de convención, como se observa en el auto proferido por la dirección regional de trabajo y seguridad social que obra al folio 346, donde se lee que a dicha documentación “por error involuntario de la oficina de correspondencia se le dio trámite de depósito de convención, siendo un radicado de acta de acuerdo según lo contemplado en los artículos 435 y 436 del Código Sustantivo del Trabajo”, por lo tanto dispuso darle trámite de radicado de acta de acuerdo conforme a esas disposiciones. Por ese mismo motivo, tampoco se puede tener como constancia del depósito de la convención, la que aparece sobre el texto de las actas de acuerdo definitivo (fl. 381), por no ser ellas la convención colectiva.

3. Por lo tanto, si el tribunal dio por acreditada la existencia de la convención colectiva no obstante la falta del requisito esencial de la prueba del depósito oportuno, incurrió en el desatino de dar “por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto” lo que corresponde al concepto de error de derecho según lo define el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en esa medida aplico indebidamente el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo como lo pregona la censura.

Este ha sido el criterio sostenido por la Corte en otras oportunidades en que se ha pronunciado sobre el tema. En sentencia de 4 de diciembre de 2003, radicación 21.042 ya citada, expuso:

“No puede pues acreditarse en juicio la existencia de una convención colectiva como fuente de derechos para quien la invoca en su favor sino aduciendo su texto auténtico y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o, cuando menos para esto último, mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro del plazo hábil la convención.

Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador dar por demostrado en juicio que hay una convención colectiva de trabajo, ni menos aún, reconocer derechos derivados de ella en beneficio de cualquiera de los contendientes. Y si llega a reconocer la existencia de aquella sin que aparezca en autos la única prueba legalmente eficaz para acreditarla, comete error de derecho y, por ese medio, infringe las normas sustanciales que preceptúan cosa distinta...” (resalta la Sala).

Por las razones anteriores el cargo es prospero y por ende, se procederá a la casación del fallo gravado.

Dadas las resultas de esta acusación, la Corte queda exonerada de abordar el estudio de los cargos restantes los cuales estaban igualmente encaminados a derruir el fallo de segundo grado en cuanto dispuso el reintegro y demás condenas inherentes a el, y teniendo en cuenta igualmente que el petitum de la demanda de casación tiende al quebrantamiento del fallo de segundo grado y que en instancia se “confirme la decisión de primer grado”.

En instancia, bastan las consideraciones expuestas en casación para confirmar la decisión del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, quedando así despachado el alcance de la impugnación».

(Sentencia de casación, 17 de junio de 2004. Radicación 22.912. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

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