Sentencia 22923 de febrero 14 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRESUPUESTO PROCESAL DE DEMANDA EN FORMA

INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ

EXTRACTOS: «El tribunal debía interpretar la demanda a la luz de los principios generales del derecho que orientan la tutela efectiva, dentro del marco de una justicia pronta y eficaz; pues sin duda la pretensión en el ámbito del derecho procesal no es más que la exigencia de una declaración que se hace a una persona a través de la demanda que se presenta ante el funcionario judicial para que la declare en una sentencia. Esto induce a reflexionar que entre la demanda y el fallo, se ofrece una estrecha relación, lo cual constituye los límites dentro de los que se desenvuelve el procedimiento y de allí que lo deseable es, que quien solicitó el derecho, al invocar el hecho que lo respalda, lo haga con suma claridad, al igual que lo que asume como pretensión, sin dejar de lado la actividad que debe desplegar el operador judicial en la obtención de los fines de la administración de justicia.

Esto porque en todos los eventos en que el sentenciador se encuentre ante una demanda oscura, vaga o imprecisa, está en el deber de interpretarla, teniendo en cuenta todo el libelo y el cuidado de no alterar sus factores esenciales, a fin de descubrir la auténtica intención del suplicante.

No se puede olvidar que en el derecho procesal la demanda como constitutiva del derecho de acción, es de gran trascendencia en la estructuración y culminación del proceso, la cual debe ajustarse en su forma y contenido de los artículos 25, 25A, 26, 70 y 76 del Código de Procedimiento Laboral y de la SS, modificados los tres primeros por los cánones 12,13 y 14 de la Ley 712 de 2001.

Dentro de aquella preceptiva encontramos, que las pretensiones deben solicitarse con claridad y precisión, formularse por separado debiendo tener cuidado que no se excluyan entre sí, señalando cuales son principales y cuales son subsidiarias o al menos que le permitan al juez identificar, sin caer en la confusión, que es lo principal que se reclama o implora, naturalmente con el adecuado respaldo en los supuestos de hecho que le sirven de soporte, debidamente “clasificados y enumerados”.

Desde antaño, es jurisprudencia adoctrinada que cuando el juez al momento de dictar sentencia se encuentra ante una demanda que no ofrezca la precisión y claridad debidas, bien por la forma como aparecen las súplicas, ora en la exposición de los hechos, también en los fundamentos de derecho, o en las unas y en los otros, está en la obligación de interpretarla para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus súplicas, para lo cual debe tener muy presente todo el conjunto de ese libelo, sin que pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración, por cuanto los dos forman un todo jurídico; y además si es necesario para precisar su auténtico sentido y aspiración procesal, tener en cuenta las actuaciones que haya desarrollado el actor en el trámite del proceso, lo cual debe observar celosamente el instructor judicial a manera de saneamiento, a efecto de evitar una nulidad o una decisión inhibitoria con grave perjuicio para los litigantes y talanquera infranqueable para que se llegue a la norma individual constituida con la sentencia de fondo, lo que choca con el deber ser de la administración de justicia.

Pero la labor interpretativa no puede ser ni mecánica ni ilimitada, siempre deberá dirigirse a consolidar su naturaleza y los fines que se buscan con la demanda, sobre todo en casos donde se presenta de manera oscura e imprecisa, haciendo que surja lo racional y lógico de la pretensión querida por el demandante, sin ir a caer en exigencias extravagantes, bien de datos, factores o circunstancias que no son indispensables para determinar el alcance de la pretensión deseada con amparo en la Constitución y la ley.

Es que hoy más que nunca se debe ser objetivo en la contemplación de la demanda introductoria del proceso y es cuando la labor del juez dispensador del derecho debe estar siempre dirigida a desentrañar no solo el sentido, alcance o el propósito del precepto jurídico portador del ritual y el derecho, sino también el entendimiento cabal de la conducta del sujeto de derechos que ha venido a la jurisdicción en procura de una tutela oportuna de los mismos, que en el desarrollo de la justicia social es de trascendental importancia.

Por ello al encargado de administrar justicia, se le atribuye como misión ineludible interpretar los actos procesales y extraprocesales que se relacionen en cada litigio que se le asigne por competencia, a efecto de aplicar con acierto las disposiciones legales y constitucionales que regulen la materia puesta a su disposición, para una solución adecuada y justa.

Así las cosas, cuando la demanda no ofrece claridad y precisión en los hechos narrados como pedestal del petitum, o en la forma como quedaron impetradas las súplicas, tiene dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina, que para no sacrificar el derecho sustancial, es deber del fallador descubrir la pretensión en tan fundamental pieza procesal y tratar de borrar las imprecisiones, lagunas o vaguedades que en principio quedan exteriorizadas. Con razón se ha dicho que “la torpe expresión de las ideas no puede ser motivo de repudiación del derecho cuando este alcanza a percibirse en su intención y en la exposición de ideas del demandante”, lo cual no es más que la protección de los principios que orientan la observancia del derecho sustancial por encima de las formas, dentro del marco del debido proceso a que se contraen los artículos 29, 228 y 230 de la carta mayor (Cas. Civil, dic. 12/36. t. XLVII. pág. 483).

Es que de verdad, lo que hace inepta una demanda por indebida acumulación de pretensiones, es la imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante implora y fijar sus verdades trascendencia jurídica como en muchas oportunidades lo ha predicado esta Corte; y lo decidido por el tribunal como que conduce a una elaboración paradigmática, cuando la ley de enjuiciamiento lo que exige es que el libelo no imposibilite definitivamente su entendimiento, como ha quedado claro en esta oportunidad.

Acorde con lo dicho, el cargo se encuentra fundado, ya que no se necesitaba de un esforzado razonamiento para descubrir que la pretensión principal requerida por el actor no era otra que el derecho al reintegro y sus consecuencias jurídico-económicas, procurando con ello el restablecimiento de la estabilidad laboral.

De otro lado no esta por demás reprochar la decisión oficiosa del tribunal de dar por demostrada la falta de un presupuesto procesal, para lo cual ni siquiera tenía competencia funcional, comoquiera que el único apelante contra la decisión de primer grado fue el demandante, quien a su vez había resultado beneficiado con ese pronunciamiento. Y tampoco sobra agregar que la parte demandada propuso en su oportunidad la correspondiente excepción previa de falta de los requisitos formales de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, la misma que fue rechazada por el juez de conocimiento sin que la proponente hubiera interpuesto recurso alguno contra esa decisión. No escapa a la Sala advertir, que la definición del organismo colegiado, lo que deja entrever es una desafortunada ligereza en la interpretación del libelo introductor, porque lo que considero como indebida acumulación de pretensiones no es más que una acumulación sucesiva a continuación del éxito del reintegro como petición principal, fácil de deducir, como bien lo coligió el juzgador de primera instancia, sin necesidad de exigir palabras sacramentales.

Los anteriores elementos de juicio le habrían permitido adicionalmente al tribunal dar por superado el escollo formal que finalmente lo llevó a proferir una sentencia inhibitoria, no muy saludable para la administración de justicia ni para la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, de donde surge como fruto el de la estabilidad laboral.

Siguendo con ese derrotero, no deben olvidar los jueces la importante modificación introducida por el artículo 39-2 y 3º de la Ley 712 de 2001, modificatorio del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que básicamente tiene como objetivo fundamental la aplicación de los principios de celeridad y saneamiento del rito procesal, dotando al juez de amplias facultades de dirección del proceso, que conllevan también el principio de eficacia, para que la controversia culmine con una decisión de fondo, como anhelo máximo de la administración de justicia.

No otra cosa se desprende del contenido del parágrafo 1º de la citada disposición, el cual reguló el procedimiento que debe observar el juez para cuando fracase el intento de conciliación, obligándolo a que en primer lugar, proceda a decidir las excepciones previas acorde con lo previsto en el artículo 32 del citado estatuto procesal, modificado por el 19 de la Ley 712 de 2000 en caso de que se hubieran propuesto. En segundo, debe adoptar las medidas necesarias que eviten nulidades y sentencias inhibitorias y por último, con el requerimiento a las partes, precisar los hechos del proceso en los cuales los contradictores estén de acuerdo y que admitan la prueba de confesión, hechos que se declararan probados y que consecuencialmente implicara el rechazo de las pruebas que pretendían demostrarlos.

La nueva intención legislativa procesal pone de presente que en materia de los llamados presupuestos procesales, especialmente el denominado como la demanda en forma, ya no es un asunto que corresponde al juzgador dirimirlo en la sentencia que ponga fin a la instancia, pues para este momento procesal ya debe estar satisfecho, bien porque el juez al estudiar la demanda la inadmitió y el interesado corrigió las deficiencias formales de que adolecía, ora porque la parte demandada propuso la correspondiente excepción previa —como ocurrió en este caso y le fue resuelta desfavorablemente—, o ya porque el juez, en desarrollo de las nuevas facultades, adoptó las medidas de saneamiento pertinentes en orden a evitar las nulidades y las inhibiciones.

Cuando Io dicho antes ocurre y el proceso se encuentra para proferir sentencia, esta, como ya se dijo, necesariamente debe ser de fondo. Y toda esa actuación, para corresponder con la actual tendencia legislativa, debe ser respetada por el superior cuando el proceso llegue a su conocimiento por apelación o por consulta. De lo contrario, la reforma sería inocua y sin efecto práctico, contrariando el claro e inequívoco querer del legislador, sobre todo cuando se pregona no solo normativamente (CPC, art. 4º), sino doctrinariamente que al interpretar la ley de procedimiento, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, inspiración que se consagra en el artículo 228 de la Carta Política».

(Sentencia de casación, 14 de febrero de 2005. Radicación 22.923. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López)

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Me aparto de la decisión que le dio prosperidad al primer cargo, por las razones que de manera breve expongo enseguida:

Para la mayoría, el tribunal incurrió en un desacierto de hecho cuando no tomó en consideración que la pretensión principal requerida por el actor no era otra que el derecho al reintegro y sus consecuencias jurídicas, procurando con ello el restablecimiento de la estabilidad laboral, conclusión que no requería de un esforzado razonamiento. Previamente al Ilegar a esa inferencia, en la sentencia de la que me aparto se censura al fallador de la alzada que no interpretara la demanda a la luz de los principios generales del derecho que orientan la protección efectiva de los trabajadores; labor interpretativa que, se le dijo, no puede ser mecánica ni limitada.

No desconozco que, como se afirma en el fallo, cuando las demandas sean confusas los jueces deben hacer un esfuerzo por interpretarlas para desentrañar el verdadero alcance del actor, pues de no hacerlo estarán relegando su verdadera función a un segundo plano. Pero el hecho de que no se esfuercen por interpretar las aspiraciones del demandante no puede configurar un desacierto evidente de hecho, sino un incumplimiento de las labores que como falladores les asignan tanto la ley como la jurisprudencia, cuestión que de cara al recurso extraordinario, no puede elucidarse por la vía indirecta o de los hechos.

Por otro lado, si para encontrar lo que en verdad dice una pieza procesal que sea oscura o confusa el juzgador debe realizar una labor de indagación para descifrar su verdadero contenido, a mi juicio es obvio que ese documento admite varias lecturas posibles, de suerte que no incurrirá en un desacierto de valoración, ni mucho menos uno que pueda ser calificado como ostensible, cuando de esa pieza extrae el juez lo que, a simple vista, ella acredita.

Y ello es así porque se ha dicho que por error de valoración probatoria solo puede tenerse el que surge del simple cotejo entre el hecho que se haya dado por demostrado por el fallador y lo que claramente resulte establecido de las pruebas, esto es, que sea protuberante o como gráficamente se ha señalado por la jurisprudencia, “brille al ojo”.

En este caso eI tribunal sí tuvo en cuenta que el actor demandó de manera principal su reintegro, pero, precisamente por ello, al encontrar que al lado de esa aspiración había otras planteadas igualmente como principales y que eran incompatibles con aquella dada su naturaleza, consideró que se presentaba una indebida acumulación de pretensiones, conclusión jurídica que, en mi opinión, no es ostensiblemente desacertada, pues es lo cierto que mientras el reintegro supone la reanudación del vínculo laboral, otros derechos, como la sanción por mora reclamada en este caso por el actor, precisan de la terminación del contrato de trabajo.

Así las cosas, lo que de manera evidente surge al rompe de la susodicha demanda es la formulación de varias pretensiones, todas ellas principales, algunas de las cuales son incompatibles con otras. Y si eso fue lo que concluyo el tribunal, no cometió un dislate abultado.

Estimo, entonces, que contrariamente a lo que exige ahora la mayoría de la Sala, no se equivocó ostensiblemente el juez de la alzada si se abstuvo de suplantar la voluntad del demandante para definir cuales de sus aspiraciones debían ser estudiadas como principales y cuales como subsidiarias, pues se ajusto a lo que sobre el particular de tiempo atrás ha explicado esta Sala de la Corte que, por ejemplo en la sentencia del 9 de octubre de 1996, radicación 8966, puntualizó:

“Es claro que el mandato constitucional 228 consagra la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal o procesal; pero prevalencia no significa exclusión del extremo de menor categoría, sino su preponderancia. El derecho. sustancial debe estar por encima de las formas del juicio, que no por ello desaparecen, pues de ser así otros principios que les dan contenido, como el debido proceso, desaparecerían, con grave perjuicio para la cumplida administración de justicia. A pesar del predominio del derecho sustancial sobre el formal o procesal, hay en este juicio un inconveniente insoslayable para que el primero este por encima del segundo: al juez se le colocó en la imposibilidad de dictar una sentencia de fondo porque el demandante le propuso, al mismo tiempo, pretensiones opuestas y excluyentes. Y como la garantía constitucional del derecho sustancial no resuelven las situaciones antagónicas, el canon 228 de la Constitución Nacional no fue violado por el tribunal, pues una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Es cierto que según el artículo 32 del Código de Procedimiento Laboral el juez debe decidir sobre las excepciones dilatorias en la primera audiencia de trámite; pero ello no significa que si la demanda defectuosa ha sido admitida o el proceso se adelanta sin una tal decisión previa que no propuso o no quiso proponer el demandado, el juez pueda, frente a pretensiones excluyentes, dictar una sentencia de fondo, pues no es él, dentro de nuestro sistema legislativo, quien asuma el deber de iniciar el proceso o de confeccionar la demanda, de manera que tampoco le esta dado, a su arbitrio, decidir cual es la pretensión sobre la cual deba fallar en el fondo y sobre cual deba adoptar una actitud de abstención. Aun cuando el juez tiene la facultad de interpretar la demanda y de orientar el proceso en la mejor forma para brindar una solución de fondo, ello no llega hasta la posibilidad de cambiar eI planteamiento del demandante quien debe saber o identificar en su demanda el derecho del cual se considera titular. Por tanto eI juez no puede dictar sentencia de fondo si el proceso se adelantó a partir de una demanda con pretensiones excluyentes”.

Gustavo José Gnecco Mendoza. 

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