Sentencia 2294 de septiembre 13 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

IRREGULARIDADES EN DOCUMENTOS ELECTORALES

DEBE PROBARSE LA ALTERACIÓN SUSTANCIAL

EXTRACTOS: «Como bien lo ha planteado el a quo, las tachaduras o enmendaduras y raspaduras no son, necesariamente, motivo de nulidad de las actas de escrutinio porque, si bien pueden llegar a constituir un indicio de alteraciones sustanciales en su contenido no prueban que estas se hayan presentado. La causal prevista en el numeral 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo exige, primero, que se acredite fehacientemente la existencia de alteraciones sustanciales en lo escrito en las actas y además, que las mismas se hayan producido después de haber sido firmadas por los jurados de votación. En este caso no se ha acreditado que los resultados consignados en las actas hayan sido alterados sustancialmente; la sola existencia de enmendaduras pudo obedecer al cambio de resultados originado en un recuento de votos, por ejemplo. Menos aún se ha establecido que la presunta alteración se produjo con posterioridad a su elaboración y suscripción por los jurados, circunstancia que ni siquiera es mencionada por los actores.

Con relación a la falta de firma de los registros de votantes es necesario precisar que dichos documentos hacen parte de los registros electorales y que tienen por objeto permitir que de su confrontación con la lista de sufragantes se pueda establecer si se ha incurrido en doble o múltiple votación tal como lo prevé el artículo 83 del Código Electoral. En parte alguna de la ley o del reglamento se establece la necesidad de su suscripción por parte de los jurados de votación, requisito que rige solamente en relación con las actas de escrutinio que deben ser firmadas por lo menos por dos de los jurados como condición de validez.

Los actores hacen mucho énfasis en el hecho, acreditado en el proceso, de que los sobres que contenían los documentos electorales de algunas mesas de votación que señalan, llegaron abiertos al momento de su ingreso en el arca triclave.

Sobre el particular es preciso anotar que la previsión del artículo 143 del Código Electoral sobre la introducción de los documentos electorales en un sobre luego de terminado el escrutinio de jurados de votación, es claro que obedece a la necesidad de salvaguardar la integridad de los mismos. Pero, de la circunstancia de que no se selle el sobre o que luego de sellado se abra por defecto del sellamiento o sea abierto, no se sigue necesariamente que se haya adulterado el resultado de la votación. Por lo mismo, el hecho de que los sobres que contenían los papeles electorales de algunas mesas llegara abierto al lugar donde se encontraba el arca triclave, como se constata en el acta de recibo respectiva, no constituye causal de nulidad de los escrutinios respectivos. Para que ello pudiera alcanzar dicha entidad era preciso que los actores acreditaran plenamente que el resultado electoral reportado en los documentos allegados al arca triclave en las condiciones descritas, fue materialmente diferente del obtenido en el escrutinio de jurados de votación, lo cual habría dado lugar a que se configurase la causal prevista en el artículo 223-3 del Código Contencioso Administrativo. En el expediente no existe prueba alguna en tal sentido.

También se afirma que el arca triclave permaneció abierta durante los días 3 y 4 de noviembre, circunstancia que no fue discutida por las partes durante el proceso; pero, de manera semejante a lo anotado respecto de los sobres abiertos, ese solo hecho no permite tener por acreditado que se hubieran alterado los resultados de las votaciones.

Se invoca igualmente la ocurrencia de errores aritméticos presuntamente registrados en los escrutinios. Como es sabido, ese hecho se encuentra enlistado como causal de reclamación en el artículo 192 del Código Electoral y como tal debió ser planteado ante la instancia administrativa que, en todo caso, es la competente para dilucidarlo.

Las partes actoras, reclaman sobre la reducción del tiempo hábil de votación; que en los puestos particularmente afectados con este hecho las listas de sufragantes era de 800 cédulas con lo cual se impidió la participación popular “... quien sabe con qué fines ...”, más aún de “un fraude generalizado”. Una acusación en tales términos no puede ser de recibo porque es general y forzosamente vaga e imprecisa.

Toda acusación contra un acto administrativo debe tener unos contornos definidos, tanto cuantitativos como cualitativos; vale decir, no es posible un ataque general sin que se precisen las causas o razones de la ilegalidad como tampoco pretender que toda irregularidad acarree la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación o de las corporaciones electorales.

Hablar de fraude generalizado sin indicar dónde residen los motivos de ilegalidad de la actuación cuestionada imposibilita el estudio del respectivo cargo. El acto administrativo electoral está amparado por la presunción de legalidad y para desvirtuarla es necesario indicar con precisión los motivos de ilegalidad de que adolezca, dado que, la jurisdicción es rogada y por tanto, no puede decidir ultra o extra petita.

Sin lugar a dudas, pretermitir el tiempo hábil de las votaciones o impedir la participación popular en unas elecciones de alcalde municipal, aun cuando no se sepa con qué fines, constituyen violaciones a la Constitución y a la ley que acarrean la nulidad de la respectiva elección; pero, dada la generalidad del cargo y la ausencia total de prueba de los hechos en que se lo hace consistir, impone que el mismo deba ser desestimado».

(Sentencia de septiembre 13 de 1999. Expediente 2294. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

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