Sentencia 22941 de abril 20 de 2006 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

IMPUTACIÓN OBJETIVA

Se reitera jurisprudencia sobre el principio de confianza, el riesgo permitido y la autopuesta en peligro.

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Radicación 22941

Bogotá, D.C., veinte de abril de dos mil seis.

Motivo de la decisión

Mediante sentencia del 24 de septiembre del 2003, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Santa Marta absolvió a la señora Martha Cecilia Ramírez Martínez del cargo de homicidio culposo que la fiscalía le había formulado.

El fallo fue recurrido por el apoderado de la parte civil y ratificado por el tribunal superior de la misma ciudad el 24 de junio del 2004.

El mismo togado acudió a la casación excepcional, que fue concedida y que la Corte admitió en auto del 6 de diciembre siguiente.

Recibido el concepto del señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, la Sala resuelve el fondo del asunto.

Hechos

Los esposos Dolly Inés Mojica García y Gustavo Alfonso Mahecha Martínez, en compañía de sus hijas, entre ellas Dolly Johana, de dos años de edad, se encontraban de vacaciones en Santa Marta, en el Condominio Santa María del Mar, de El Rodadero.

Aproximadamente a las ocho de la mañana del 29 de marzo de 1997, el padre y la niña se dirigieron a la recepción, pues aquel iba a firmar unos documentos. Al cabo de unos minutos, se detectó la desaparición de la infante.

Luego de la búsqueda, su cuerpo sin vida fue encontrado en el fondo del tanque de almacenamiento de agua, cuya tapa, por orden de la administradora Martha Cecilia Ramírez Martínez, era quitada diariamente para medir el nivel del líquido. Esta, a su vez, siempre disponía que se obstaculizara el paso con diversos muebles, que el día del suceso eran un escritorio y una silla. Al día siguiente se puso una reja.

Actuación procesal

Adelantada la investigación, el 23 de octubre del 2000 la fiscalía acusó a la procesada como autora del delito de homicidio culposo. La decisión fue apelada y la fiscalía delegada ante el tribunal la ratificó el 30 de octubre del 2001.

Luego fueron proferidos los fallos indicados.

La demanda

El apoderado de la parte civil acudió a la denominada casación excepcional o discrecional. Dijo que le fueron vulnerados sus derechos a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Explicó la necesidad de que la jurisprudencia desarrollara temas como el riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso.

Señaló que la procesada incurrió en culpa por omisión y acción, porque no había adoptado medidas preventivas como la colocación de la reja que hizo poner al día siguiente de la tragedia, y porque, en desarrollo de la búsqueda de la niña, ordenó cerrar el tanque, impidiendo un rescate oportuno.

Con tales premisas formuló los siguientes cargos:

Primero. Violación directa por falta de aplicación de los artículos 23 y 109 del Código Penal, producto de la interpretación errónea sobre el sentido y alcance de los conceptos de riesgo permitido, prohibición de regreso y principio de confianza.

Segundo (subsidiario). Violación indirecta del artículo 25 del Código Penal, por error de hecho, derivado de falsos juicios de existencia por omisión, pues si se hubieran valorado unos hechos y unas circunstancias que fueron pretermitidas, se habría proferido sentencia condenatoria.

Relacionó varios testimonios, fotografías, y el reglamento de propiedad horizontal, para concluir que la procesada, como administradora del edificio, esto es, con posición de garante, estaba obligada a adoptar medidas con el propósito de proteger a los residentes del condominio, entre las cuales se encontraba la de instalar una reja sobre el tanque para prevenir que un niño cayera en su interior (como hizo el día posterior a los hechos), y que los residentes, en virtud del principio de confianza, asumían que dentro del conjunto residencial las medidas de seguridad corrían a cargo de la sindicada.

Solicitó se case la sentencia, para que en su lugar se adopte la que en derecho corresponda.

El no recurrente

El defensor se opuso a las pretensiones, porque, dijo, se demostró que la acusada había tomado las previsiones normales (colocar obstáculos preventivos cuando el tanque estaba abierto), por las que sus antecesores también optaron y que nunca causaron inconformidad en el padre de la menor fallecida, quien en las asambleas no se quejó sobre la insuficiencia de las medidas.

Resumió las posiciones de las partes y las valoraciones judiciales y concluyó que estas acertaron en la aplicación de los principios de confianza y deber objetivo de cuidado, y agregó que el demandante no demostró lo contrario.

Aclaró que las pruebas no decían lo afirmado por el casacionista en el segundo cargo y que, por tanto, al no estar demostrada la ilegalidad de la sentencia, debía ser desestimado el recurso.

El Ministerio Público

Recomienda no casar la sentencia por los siguientes motivos:

1. En primer lugar, al igual que el sujeto procesal no recurrente, señala algunos errores técnico-formales del casacionista en la elaboración de la demanda.

La Sala no se ocupará de ellos, porque la admisión del escrito compete exclusivamente a la Corte, y esta ya le dio viabilidad.

2. Sobre el primer cargo, dice que el tribunal no se equivocó en la apreciación del riesgo permitido, porque la administradora del condominio asumió uno, que ella no había creado: abrir el depósito de agua, que si bien ocupaba un lugar inadecuado, esa eventualidad era conocida por visitantes y propietarios, quienes a su vez lo habían consentido.

3. En punto de la posición de garante que tenía la procesada, con acierto el ad quem concluyó que no fue negligente, imprudente o displicente porque previno a residentes y visitantes con los obstáculos o señales dispuestos para impedir el acceso al aljibe destapado, elementos que indicaban que debían evitar acercarse al sitio.

4. Si bien se podía acudir a mejores mecanismos, como la reja puesta al otro día de la tragedia, lo cierto es que los instrumentos utilizados con anterioridad no defraudaban las expectativas que correspondían a su rol de administradora, ni a su ámbito de responsabilidad.

5. Agrega que el principio de confianza era aplicable al caso analizado, porque resultaba admisible que la acusada esperara que los padres de la infante se comportaran dentro del ámbito de su competencia, esto es, que extremaran la vigilancia sobre ella, pues conocían con suficiencia el peligro existente.

Consideraciones

Presupuestos.

En el auto del 6 de diciembre del 2004, por medio del cual la Corte admitió la demanda de casación excepcional, expresamente dijo que volvería al tema del principio de confianza y a las teorías del riesgo permitido y de la prohibición de regreso, solamente para recordarlos frente a la situación concreta de este proceso.

No hizo distinción entre los cargos primero y segundo planteados en la demanda, de una parte, porque, en el fondo, conducen a la misma temática casi con las mismas palabras; de la otra, porque en verdad el censor, en el segundo reparo, se reduce a plasmar su subjetividad; y, finalmente, porque al contestar globalmente, la Sala, necesariamente, se ocuparía de la prueba.

La respuesta, entonces, será una, comprensiva de la contestación a los dos reproches.

El caso.

La Corte no casará la sentencia por los siguientes motivos:

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha sido ajena al análisis de los institutos propios de la denominada imputación objetiva.

a) Así, por ejemplo, en relación con el principio de confianza ha dicho que

“En lo que tiene que ver con el argumento que la defensa basa en el denominado principio de confianza, de cuya vigencia no duda la Sala, tampoco es atendible.

Es cierto que una de las características del mundo contemporáneo es la complejidad de las relaciones sociales y, en materia de producción de bienes o servicios, la especialización en las diferentes tareas que componen el proceso de trabajo. Esta implica la división de funciones entre los miembros del equipo de trabajo y por lo tanto un actuar conjunto para el logro de las finalidades corporativas. Como no siempre es controlable todo el proceso por una sola persona y en consideración a que exigir a cada individuo que revise el trabajo ajeno haría ineficaz la división del trabajo, es claro que uno de los soportes de las actividades de equipo con especialización funcional es la confianza entre sus miembros. Esta, cuando ha precedido una adecuada selección del personal, impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se le pueda atribuir a quien lo lidera, a condición naturalmente de que no lo haya provocado dolosamente o propiciado por ausencia o deficiencia de la vigilancia debida” (sentencia de única instancia, 21 de marzo del 2002, rad. 14.124).

b) Sobre el mismo principio de confianza y el riesgo permitido, la Corte también ha aclarado:

“1. Como es evidente, la simple relación de causalidad material no es suficiente para concluir en la responsabilidad penal de un procesado. A ello es menester agregar otras razones, entre ellas, las que demuestran que la consecuencia lesiva es “obra suya”, o sea, que depende de su comportamiento como ser humano. O, como se dice en el nuevo Código Penal, que plasma expresamente aquello que desde mucho tiempo atrás se viene exigiendo, “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” (art. 9º).

2. En casos como el analizado, la imputación jurídica —u objetiva— existe si con su comportamiento el autor despliega una actividad riesgosa; va más allá del riesgo jurídicamente permitido o aprobado, con lo cual entra al terreno de lo jurídicamente desaprobado; y produce un resultado lesivo, siempre que exista vínculo causal entre los tres factores. Dicho de otra forma, a la asunción de la actividad peligrosa debe seguir la superación del riesgo legalmente admitido y a este, en perfecta ilación, el suceso fatal.

Dentro del mismo marco, la imputación jurídica no existe, o desaparece, si aún en desarrollo de una labor peligrosa, el autor no trasciende el riesgo jurídicamente admitido, o no produce el resultado ofensivo, por ejemplo porque el evento es imputable exclusivamente a la conducta de la víctima...

La relación causal, entonces, está clara: conducción de un bus, es decir, actividad peligrosa. Luego, superación del riesgo permitido, con pluralidad de infracciones; y después, finalmente, caída de la víctima por conducta culposa imputable al guía de la máquina...

e) Una circunstancia que exime de la imputación jurídica u objetiva por disolución de la actividad peligrosa o por desaparición de la superación del riesgo permitido, es el denominado principio de confianza, en virtud del cual el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales, dentro de su competencia.

Seguramente, en ese principio tenía fe el finado y probablemente (el conductor) también esperaba comportamiento correcto de aquel, es decir, del usuario.

Sin embargo, el principio de confianza tiene limitaciones como ocurre en eventos como el ahora analizado.

Al principio de confianza se opone, y prima sobre él, el principio de defensa, también conocido como principio de seguridad.

Este postulado significa que el hombre medio debe prever que si bien en la actividad diaria está sujeto al principio de confianza, determinadas personas pueden obrar en contra de los reglamentos, como sucede con los niños, los infantes, los minusválidos, los enfermos y, por supuesto, los ancianos. Así, el conductor tenía que dar primacía a este principio y procurar, insistiendo al señor... que se hiciera en otro lugar que le propiciara seguridad, porque, no se olvide, era un ciudadano de elevada edad, estaba ebrio o tomado y que persistió en permanecer sentado casi que en la entrada del bus; o, si se quiere, más fácil: ya que se desplazaba con la puerta abierta, cerrarla para proteger a... No obstante, el guía del bus no hizo nada para ello.

En fin, si ... creó el riesgo no permitido, puesto que las reglas de tránsito prohíben dejar las puertas abiertas de un vehículo cuando se lo tiene bajo mando, y si además una de sus funciones como titular del ejercicio de la actividad peligrosa de conducir era cerrarlas, su comportamiento no halla ninguna justificación social y legal, por cuanto la ley, mientras la costumbre no se integre a ella, prevalece sobre los usos de los miembros de una determinada comunidad. Su deber era, en su condición de garante de un derecho, y ante la negativa del usuario a internarse en el bus para no correr el riesgo de caerse, proceder a ajustar las puertas o negarse a transportarlo, así en el medio en que desarrollaba su actividad fuera de buen recibo la conducta contraria” (sent. de casación de mayo 20/2003, rad. 16.636).

c) Sobre ese principio de confianza, la jurisprudencia de esta corporación igualmente ha señalado:

“Tal principio de confianza opera en una comunidad determinada de interrelación, cuando quien realiza el riesgo tolerado conforme a las normas que disciplinan la actividad correspondiente puede esperar que quienes intervienen en el tráfico jurídico también observen a su vez las reglas pertinentes, de modo que no se le puede imputar un resultado antijurídico en desarrollo de la actividad riesgosa permitida conforme al deber de atención, si en esta interfiere un tercero que desatiende la norma de cuidado que le es exigible, o si a pesar de no atender la norma de cuidado esta desatención no fue determinante en tal producto, sino la injerencia, dolosa o culposa, de ese tercero.

La determinación de la efectividad del principio de confianza en un ámbito de interrelación está guiada por la apreciación racional de las pautas que la experiencia brinda o de las concretas condiciones en que se desenvuelve una actividad u organización determinada, porque son elementos que posibilitan señalar si una persona, al satisfacer las reglas de comportamiento que de ella se esperan, está habilitada para confiar en que el dolo o la culpa de los demás que interactúan en el tráfico jurídico no la van a afectar” (sent. de única instancia, sep. 17/2003, rad. 17.765).

d) En lo relacionado con la prohibición de regreso y la superación del riesgo permitido, la Sala ha expuesto:

“b) El principio de prohibición de regreso.

También lo ha insinuado el tribunal. Ha dicho que los cinco viajeros departían desde temprano, que de acuerdo optaron por dirigirse a otra ciudad, que ante el retén aumentaban la velocidad, la disminuían, frenaban y de nuevo arrancaban, zigzagueaban, e incluso que el conductor provocó a los policiales y proporcionó con su vehículo el blanco para que el autor abriera fuego. Es decir, para justificar la condena por complicidad, ha hecho el recorrido previo a la causación del daño, para decir que con su conducta los ocupantes del taxi posibilitaron, dolosamente, el resultado, y no hicieron nada para impedirlo. Mejor dicho, se fue atrás, a mirar la conducta de los procesados y al retornar concluyó que sí participaron en el homicidio.

La teoría de la prohibición de regreso, de larga data —hecha en sus inicios para corregir la teoría de la equivalencia de las condiciones en materia de causalidad material—, afirma que cuando una persona realiza una conducta culposa, irrelevante o inocua para el derecho penal, y con ella facilita, propicia o estimula la comisión de un delito doloso o culposo por parte de otra, no le es imputable el comportamiento criminoso de esta última, excepto si tiene posición de garante, excede los límites del riesgo permitido y conoce la posibilidad de comisión de delito doloso o culposo por parte de la otra.

En el caso de autos, se observa lo siguiente: (i) Los viajeros, al superar el retén si(sic) detenerse, violaron reglamentos, es cierto, pero esa acción, per se, es indiferente para el derecho penal. (ii) La conducta de los ocupantes, específicamente del conductor, no facilitaba, propiciaba ni estimulaba, dentro de la lógica y el sentido común, la comisión de un delito doloso de homicidio. (iii) Ninguno de los ocupantes tenían posición de garante para resguardar el derecho a la vida del agente ultimado. (iv) El comportamiento de los señores... no sobrepasó los límites del peligro permitido, respecto de la vida de..., que fue eliminada dolosamente por... (v) Nada indicaba, en las escenas antecedentes, que fuera posible calcular la perpetración de un delito doloso o culposo de homicidio. Y si a todo ello sumamos que el conductor... guiaba presionado por... y que este descendió intempestivamente del automotor para disparar sobre el policial, la conclusión es nítida: ninguna responsabilidad es predicable de los procesados, porque al “regresar” los sucesos, a su comportamiento no les es objetivamente imputable el resultado.

Y agréguese que —a propósito de que el tribunal también alude a la responsabilidad por “organización”—, como con razón ha dicho el Ministerio Público en su concepto, “Jakobs precisamente trae el ejemplo del conductor de taxi, que ‘no responde del delito cometido por su cliente una vez llegado al punto de destino, aunque este se lo haya anunciado durante el trayecto’ (La imputación objetiva en derecho penal. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1994, pág. 72)”.

c) La superación del riesgo permitido.

El tribunal, sin decirlo expresamente —pero contrariando al a quo, quien explicó por qué los procesados no habían sobrepasado el riesgo permitido— da a entender que sí fueron más allá de lo admitido jurídicamente y que, por ello, colaboraron en la producción del resultado lesivo.

La respuesta tiene que ser negativa. En efecto, los ocupantes del vehículo, al desatender las normas que les imponía la obligación de respetar el “retén”, se excedieron, sin duda alguna, con lo cual fueron más allá del riesgo permitido y, en abstracto, aumentaron la posibilidad de riesgo, pero no del riesgo consistente en que alguien... fuera a utilizar el arma de fuego para apagar la vida del agente. Aquí es suficiente tener en cuenta que aun en los casos de incremento de riesgo, la persona queda exenta de imputación jurídica cuando el resultado que se produce ocurre por algo que se sale del canal que ordinariamente crea la conducta jurídicamente desaprobada.

Dicho de otra manera, el desconocimiento de las normas sí puede generar peligros. Pero peligros inherentes a ese desconocimiento, es decir, que la infracción no se vincula para nada con resultados extraños a lo que suele suceder. Por eso la doctrina considera, por ejemplo, que “la imputación al tipo objetivo presupone que en el resultado se haya realizado precisamente el riesgo no permitido creado por el autor. Por eso está excluida la imputación, en primer lugar, si, aunque el autor haya creado un peligro, para el bien jurídico protegido, el resultado se produce, no como efecto de plasmación de ese peligro, sino solo en conexión casual con el mismo” (Claus Roxin. Derecho penal. Parte general. Tomo I fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Madrid, Civitas, 1997, T: Diego-Manuel Luzón Peña y otros —de la 2ª edición alemana—, pág. 373); que “En el segundo de los niveles en el que se trata la cuestión de la imputación objetiva es el de la exigencia de que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado...” (Enrique Bacigalupo. Principios de derecho penal. Parte general. Madrid, Akal, 5ª edición, 1998, pág. 195); que “tampoco se realiza en el resultado el riesgo no permitido cuando se produce más tarde sobre una víctima que en el momento de la creación del riesgo no estaba amenazada por este” (Enrique Bacigalupo, obra citada, pág. 196); y que si se concibe como complicidad “el incremento del riesgo jurídicamente desaprobado, causal para el resultado típico”, en general ha de entenderse que es cómplice quien “posibilita, facilita, intensifica o asegura el hecho mediante su contribución. El caso más claro de participación es la posibilitación, tal como se presenta por ejemplo en la entrega de un veneno al autor, que no puede ser detectado en el cuerpo del asesinado y que no puede ser conseguido de otra manera. El caso más frecuente es seguramente el de la acción de facilitar: mediante consejos, la entrega de armas e instrumentos, etc. La intensificación consiste en el refuerzo del impulso del autor, por ejemplo mediante el consejo de golpear más fuerte, sustraer más, etc. Finalmente, el aseguramiento se expresa en vigilar y asumir otras funciones de protección” (Claus Roxin. Dogmática penal y política criminal. Lima, Idemsa, 1998, T: Manuel Abanto Vásquez, páginas 403 y 420/1).

Como se ve con facilidad; si se afirma que... aumentaron el riesgo jurídicamente inadmitido, no es posible hacerles imputación jurídica alguna, por cuanto el hilo que permitiría el reproche objetivo había sido roto, desfigurado, por el comportamiento de..., totalmente separado de aquella conducta generadora de riesgo no permitido” (sent. de casación de abril 4/2003, rad. 12.742).

e) Recientemente, mediante sentencia de casación del 11 de mayo del 2005 (rad. 22.511), en relación con el principio de confianza y la autopuesta en peligro, la Sala se pronunció así:

“La jurisprudencia de la Sala, desde hace bastantes días, se ha pronunciado sobre los concretos aspectos de la denominada teoría de la imputación objetiva. Específicamente sobre lo relacionado con la creación del riesgo, el principio de confianza y la concurrencia de varias personas en la producción de un resultado.

Por vía de ejemplo, el 14 de septiembre de 1995 (rad. 9973) afirmó:

“Por otra parte, la Sala considera oportuno aclararle al defensor de la procesada que el principio de confianza que esgrime para presentar sus tesis defensivas no tiene el alcance que le imprime, pues no se puede afirmar que las conductas ilícitas que se le imputan a la procesada se debieron a la confianza que le inspiraba el titular del despacho por tener este una mayor experiencia; e igualmente el hecho de que la secretaria no puede ser vigilante de los actos del juez, ni de cualquier funcionario del despacho judicial, porque entonces ¿dónde quedaría la división del trabajo “necesario en todo tipo de actividades de los cuales no se escapa el realizado en un juzgado?”. Así las cosas, concluye el defensor que a la procesada no se le puede imputar objetivamente las conductas ilícitas por las cuales se le profirió sentencia condenatoria .

“Günther Jakobs, autor en quien la defensa soporta las tesis defensivas, es uno de los máximos exponentes de la teoría de la imputación objetiva, el cual en sus estudios académicos, pretende que los principios de garantías demoliberales en torno a la protección del individuo cedan a favor de los fines del Estado. De ahí que se hable de la teoría de la adecuación social.

“Sobre los anteriores principios fue concebida la teoría de la imputación objetiva como una forma de la imputación jurídico-penal, partiendo de los juicios éticos y del deber del ciudadano que busca eliminar en principio las tesis causalistas o materialistas para encontrar las causas del delito y centrarse en las teorías puramente o de contenido normativo...

“Es así como la teoría de la imputación objetiva ha sufrido modificaciones, pues en un principio su aplicación se ha restringido al problema de la imputación del resultado, es decir, a la atribuibilidad de la lesión o la puesta en peligro del bien jurídicamente protegido; y posteriormente la doctrina la ha incluido en las formas peligrosas de comportamiento, en las que encuentra su fundamento la producción del resultado que ha de tener como base en la creación de un riesgo legalmente desaprobado.

“Sobre el principio de confianza la doctrina ha considerado que el radio de acción de la teoría se debe extender a todas aquellas actividades en las cuales participen pluralidad de personas y por ello, la división del trabajo debe tener como su soporte a la confianza..

“Empero, la división del trabajo se debe entender dentro de sus respectivos límites y uno de ellos es cuando una persona dentro de la empresa no cumple a cabalidad con las funciones que le han sido asignadas, no puede posteriormente entrar a justificar su comportamiento con base en que los demás sujetos que conforman el conglomerado laboral sí deben hacerlo y menos, cuando una de sus tareas sea precisamente la de verificar el cumplimiento de labores del personal que está a su cargo.

“Es cierto que el titular de un juzgado es el que ejerce el control entre sus subalternos conforme a los reglamentos y a la ley, pero si el juez transgrede o no cumple con sus funciones ello no autoriza a los demás funcionarios para que desatiendan sus tareas y después de cualquier irregularidad advertida, pueda ampararse en el principio de confianza”.

Posteriormente, el 20 de mayo del 2003 (rad. 16.636), expuso:...

“4. Finalmente, el actor busca negar la imputación al conductor afirmando que el resultado lesivo fue producto de la autopuesta en peligro emanada de la conducta de la propia víctima.

“Respóndese:

“a) Es sabido que el comportamiento de la víctima, bajo ciertas condiciones, puede eventualmente modificar y hasta excluir la imputación jurídica al actor .

“b) Para que la acción a propio riesgo o autopuesta en peligro de la víctima excluya o modifique la imputación al autor o partícipe es necesario que ella:

“Uno. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado.

Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo.

Tres. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella.

“Si se vuelven a mirar los folios, concretamente aquellos que constituyen la prueba, la conclusión es fácil: don..., dado su estado de ebriedad, el sueño que tenía según un testigo, y su edad, sentado en el estribo del automotor, no contaba con la posibilidad de decidir si asumía o no riesgos; por las mismas razones, no tenía suficiencia para determinar si con su conducta se colocaba en situación de riesgo; y, por último, que podría ser lo primero y único, el conductor tenía posición de garante, como se dijo atrás, respecto del ofendido”.

“Es claro, así, que el comportamiento de la víctima, en este supuesto, no podía atomizar ni disolver la imputación que se ha hecho a...”.

Recientemente, el 27 de octubre de 2004 (rad. 20.926), sobre los mismos temas se pronunció así:

“De otra parte, y con el objeto de responder el planteamiento del Ministerio Público, ciertamente la Corte ha estimado que, desde la perspectiva de la imputación objetiva, “no todo engaño que pudiera concebirse causal respecto del resultado perjudicial permite la imputación del resultado a la conducta del autor, pues, de acuerdo con el argumento victimológico, la víctima debe de acudir a los mecanismos de autotutela exigibles, porque será entonces punible el comportamiento capaz de sobrepasar la barrera de contención que supone la actitud negligente del procesado.

“Sin que lo que se afirme signifique cambiar el concepto que la Sala tiene al respecto, comoquiera que se trata de un pensamiento elaborado para una situación muy distinta a la que ahora se estudia, se debe recordar que la imputación jurídica del resultado, que se constituye en el primer nivel de desarrollo de la teoría de la imputación objetiva, se sustenta en el principio de que el riesgo jurídicamente desaprobado que se concreta de manera efectiva en la producción del resultado, es el fundamento de la imputación, con lo cual se pretende superar aquellas tendencias ontologicistas que enlazaban acción y resultado con exclusivo apoyo en las conocidas teorías de la causalidad (teoría de la equivalencia, conditio sine qua non, causalidad adecuada, relevancia típica).

“En ese margen, los criterios de imputación objetiva parten de dos supuestos básicos: el de riesgo permitido y el principio de confianza, que determinan el estado de interacción normal de las relaciones sociales y de los riesgos que en ellas se generan. De manera que, solo cuando la víctima asume conjuntamente con otro una actividad generadora de riesgos (lo cual acá no ocurre), puede eventualmente imputársele el resultado a la víctima, siempre que esta tenga conocimiento del riesgo que asume. En consecuencia, si es el autor quien recorre la conducta descrita en el tipo penal (quien crea el riesgo), el resultado debe serle imputado a aquel y no a la víctima, pues esta obra dentro del principio de confianza que le enseña que en el tráfico de las relaciones sociales el vendedor realizará el comportamiento en el ámbito de competencia que le impone la organización.

“Si se quisiera ir mas allá, podría también decirse que “actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia: solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Lo demás —salvo los deberes generales de solidaridad que sirven de sustento a la omisión de socorro— no le concierne al sujeto, no es de su incumbencia”...

“... la confluencia de comportamientos imprudentes, tanto del procesado como de la víctima, puede tener consecuencias para efectos civiles, pero no para quien desencadena el resultado antijurídico. Y agregó que en el caso estudiado”.

“... si el acusado no hubiese invadido con el tractocamión que conducía, el carril que le correspondía al carro donde iban las víctimas, el accidente no había ocurrido, a pesar de que el conductor del... hubiese ingerido bebidas embriagantes antes del accidente, pues esa situación no fue el factor desencadenante de la colisión”.

“19. Además, una circunstancia que exime de la imputación jurídica u objetiva es el denominado principio de confianza, en virtud del cual el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales. En materia de tránsito automotor el principio de confianza implica, por ejemplo, que el conductor de un vehículo que posee prioridad frente a otros automotores puede confiar en que ellos cumplirán su deber de detenerse respetando su derecho; o que otro automotor no invadirá, en contravía y en una curva, el carril por donde le corresponde desplazarse. El conductor del vehículo en el cual iban las víctimas, a pesar de haber ingerido licor, se desplazaba por el carril que le correspondía y podía confiar que ningún otro conductor cometería la imprudencia de desplazarse en contravía por el mismo, menos en una curva; pero el acusado vulneró esa confianza realizando la temeraria maniobra productora de los delitos investigados”...

a) El fenómeno de la elevación del riesgo se presenta cuando una persona con su comportamiento supera el arrisco admitido o tolerado jurídica y socialmente, así como cuando tras sobrepasar el límite de lo aceptado o permitido, intensifica el peligro de causación de daño.

b) Para que exista imputación jurídica del resultado es menester que la creación del riesgo, por superación o por intensificación del mismo, genere el resultado lesivo, es decir, que haya nexo de fundamento a consecuencia entre uno y otro.

c) Si una persona realiza conducta contraria a las normas, pero su comportamiento no es la razón de ser del resultado reprochable, puede invocar el principio de confianza. Afirmar lo contrario equivaldría a admitir la imputación a título de responsabilidad anómala o meramente objetiva.

d) Para casos como este, al cual el casacionista vincula el principio de confianza y aquello que traslada de la doctrina con el nombre de “deber de observación”, es posible acudir a los fenómenos denominados “compensación de culpas” y “concurrencia de conductas”, este último superación de aquel. En virtud del primero, en materia penal no existe esa forma de extinguir las obligaciones pues si varias personas intervienen en el hecho, cada una responde por lo suyo; y según el segundo, la discusión sobre la responsabilidad de los concurrentes se resuelve acreditándola a quien ha hecho el aporte definitivo, cuando no es predicable de los dos o más imputados o acusados.

Mirados los anteriores criterios frente al asunto que convoca la atención de la Sala, concretamente frente a la sentencia impugnada, se concluye lo siguiente:

a) El joven conductor que guiaba el automóvil había ingerido bebidas embriagantes, momentos antes de la colisión. Esto “posiblemente incidió” —dijo el tribunal— para que no hubiera podido evitar el impacto.

b) No obstante, tras el análisis respectivo de la prueba, el tribunal, atinadamente, encontró que el choque no se habría producido si no hubiera sido porque el conductor del tracto camión invadió el carril que le correspondía al carro ocupado por las víctimas. Por eso afirmó que el señor... había desplegado el comportamiento determinante del suceso lamentable.

c) Como también explicó el tribunal, el principio de confianza era perfectamente predicable del conductor víctima, porque sin embargo de haber ingerido licor, “se desplazaba por el carril que le correspondía y podía confiar que ningún otro conductor cometiera la imprudencia de desplazarse en contravía por el mismo, menos en una curva; pero el acusado vulneró esa confianza realizando la temeraria maniobra productora de los delitos investigados”.

d) Lo anterior impide pensar, entonces, tanto en compensación de culpas como en concurrencia de conductas”.

2. En el caso examinado, las pruebas aportadas a la investigación muestran lo siguiente:

a) El señor Gustavo Alfonso Mahecha Martínez, propietario del apartamento 904 del condominio donde sucedieron los hechos, declaró que la tapa del tanque donde cayó su hija de dos años había sido quitada y que

“... lo único que había alrededor de la boca del tanque era una silla y una mesa, lo cual no tapaba suficientemente el acceso... Es costumbre de ese condominio destapar todos los días ese tanque para ver el nivel del agua, ya que yo llevo cuatro años de estar viniendo acá a Santa Marta y siempre me he bajado en ese condominio y me daba cuenta de que todos los días destapaban ese tanque, y les sugiero a los propietarios o administradores de ese condominio que coloquen una reja para cuando quiten la tapa de concreto”.

b) Sobre la apertura diaria de la alberca y la puesta de varios muebles a modo de prevención y obstáculo para que los residentes no se acercaran al lugar (escritorio, silla, matera), dan cuenta José Domingo Barranco Gutiérrez, William Rafael Granados Toro, Shirle Clemencia Turizo Parodis, Alba Nellys Criado Pérez, Gustavo Enrique Orozco Mercado, Alcides Manuel Cuello Orozco, Ángel Rafael Manjarrés Manga, Lucy Esther Manjarrés Martínez, Wiston Vega Guzmán, Samaira Gail Ramírez Gutiérrez, Adriana María Jaramillo Aguirre, Jorge Eliécer Giraldo, Eduardo Silva Ardila y la procesada Martha Cecilia Ramírez Martínez. De conformidad con varias de esas declaraciones, la última era quien daba la orden de poner esos elementos.

En esas condiciones, la integridad de las pruebas aportadas a la investigación, incluso el testimonio de quien resultara perjudicado con lo sucedido, demuestran que la construcción del complejo de apartamentos se hizo incluyendo el estanque en un sitio no estratégico, cerca del ascensor.

Como es evidente, esa situación era totalmente ajena a la administradora del edificio.

c) Si la ubicación de ese pozo significaba el peligro que desencadenó el suceso, incontrastable resulta concluir que la acusada no creó ese riesgo, que el mismo fue ajeno a su actuar, pero, además, que la situación era conocida y admitida por todos los copropietarios del condominio, incluido el padre de la niña —cuatro años atrás había comprado el inmueble y lo frecuentaba—, quienes sabían de la existencia del depósito de almacenamiento y de la necesidad de que, en las “temporadas altas”, periódicamente fuera necesario quitarle la tapa para controlar el nivel del agua.

d) Aparte que la procesada no dio origen a esa situación, los mismos medios de convicción demuestran que tampoco incrementó ese riesgo, que dentro del contexto normal de las relaciones sociales generadas por la existencia del condominio, fue asumido como permitido por los usuarios.

Que la administradora no elevó ese peligro, conocido y admitido por todos, surge de la circunstancia consistente en que ninguno de los copropietarios, a pesar de lo evidente del acto de quitar la tapa del tanque, hubiera mostrado inconformidad alguna, o dado muestras de que las señales preventivas fueran insuficientes, o propuesto que se adoptaran otras más rigurosas.

El propio afectado, en su declaración inicial, explicó que cuando el aljibe era destapado se colocaban diferentes muebles para obstruir el paso, y solo después de ocurrida la fatalidad consideró necesario aconsejar se pusiera una rejilla de seguridad.

En las condiciones de construcción y convivencia dentro del condominio, entonces, se tuvo como válido el procedimiento relativo al depósito de agua, esto es, las reglas sociales en ese conjunto llevaron a tenerlo como un riesgo permitido.

f) De otra parte, las funciones de la administradora del edificio le exigían realizara las gestiones necesarias para velar, entre otras cosas, por la seguridad de los residentes, como se lee en el literal (l) del artículo 63 de los estatutos del condominio. Sobre este aspecto, en consecuencia, tenía posición de garante.

Para imputarle jurídicamente el resultado, la investigación debía demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que de su parte no se había actuado con la diligencia requerida para impedir que el peligro existente se incrementara.

Y tal como se acaba de reseñar, la totalidad del material probatorio indica que, por orden de la acusada, cada vez que la tapa del estanque era retirada, se colocaban diversos muebles, que tenían la finalidad de impedir el paso a los transeúntes, a la par que servían de señal preventiva.

Los residentes, incluidos los padres de la menor fallecida, nunca mostraron, tácita o expresamente, inconformidad con las medidas adoptadas por la administradora, comportamiento que permite la inferencia contraria: consideraban que las mismas eran suficientes para eliminar el riesgo.

Dentro de ese contexto cabe concluir que si, con el beneplácito de los copropietarios, la señora procesada realizó las gestiones de cuidado que estimó oportunas, podía y debía confiar en que aquellos igualmente realizarían las actuaciones dentro del ámbito de competencia de sus roles dentro del grupo.

Sin ánimo alguno de responsabilizar a los padres de la infante, no se debe dejar de lado que si bien la escasa edad de la víctima impedía que pudiera ser receptora consciente de las señales de alerta, lo mismo no se podría concluir frente a sus progenitores, quienes, a su vez, eran garantes de su seguridad e integridad, y en relación con quienes la procesada sí podía esperar tuvieran mediana diligencia a favor de su familiar.

Resáltese que el padre de la niña conocía todo lo relacionado con la apertura frecuente del depósito de agua y tácitamente aprobaba las medidas adoptadas por la administradora. Esa circunstancia le conducía a proceder con la diligencia necesaria para proteger a las personas y, por ende, aquella podía esperar confiadamente que, previstas por ella las medidas de seguridad que todos aceptaban como suficientes, el ofendido hiciera lo propio con las que a él le correspondían como garante de la integridad de su hija. Y el proceso dice que tanto el progenitor como una hermana (mayor de edad) de la infante, la dejaron sola cerca de las instalaciones que podían generar riesgo.

En síntesis, el material probatorio demuestra que la acusada actuó con el deber objetivo de cuidado que le era exigible, que no creó ni incrementó el riesgo jurídicamente relevante, y que en virtud del principio de confianza razonablemente podía esperar que los demás fueran igualmente diligentes.

El tribunal lo expresó puntualmente y con tino en su fallo:

“La situación se registra con mayor claridad, si se tiene en cuenta que la encausada Martha Cecilia Ramírez Martínez, no integraba ni hacía parte de las personas encargadas de operar o intervenir en el arreglo de la motobomba ni para llenar de agua el depósito, su injerencia como era apenas natural debido a su cargo de administradora era la de expedir la correspondiente orden, mas no en estricto sentido, la de instalar avisos o los obstáculos que indican alguna restricción en el tráfico peatonal o de circulación, lo cual estaba a cargo de los operarios o encargados de solucionar la falta de agua. Pero en el supuesto de encontrarse obligada, la Sala se remite a lo explicado en párrafos anteriores, porque mal podría exigirse en todos los eventos una garantía total de seguridad, sería probablemente lo ideal, pero con la debida advertencia de precaución totalmente advertible, resulta suficiente ya que por otra parte a los ciudadanos se les exige un mínimo de prudencia tal y como se explicó”.

Así, el resultado no podía serle imputado a la administradora Martha Cecilia Ramírez Martínez.

Como esa fue la conclusión de los jueces, se concluye que no incurrieron en los errores señalados en la demanda, causa por la cual será desestimada, como con acierto lo piden el defensor no recurrente y el Ministerio Público.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia demandada.

Notifíquese y cúmplase.

Sigifredo Espinosa Pérez-Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier Zapata Ortiz. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria

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