Sentencia 22955 de junio 18 de 2004

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 22955

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta Nº 42

Bogotá D.C., dieciocho de junio de dos mil cuatro.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Margarita Cobo González contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, de fecha 29 de septiembre de 2003, proferida en el proceso ordinario laboral promovido contra el Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca.

I. Antecedentes

Margarita Cobo González demandó al Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca para que se ordene pagarle la pensión como cónyuge sobreviviente desde el 1º de junio de 1975, o desde la fecha en que resulte probada, hasta que se produzca el fallo y de ahí en adelante, con los intereses y la indexación de ahí en adelante.

En lo que interesa al recurso fundamentó sus pretensiones en que como cónyuge sobreviviente del causante, Roberto Osorio Charissi, le fue reconocida la pensión de sobrevivientes hasta el mes de mayo de 1975 y a partir de esta fecha fue retirada de la nómina de pensionados, sin razones justificativas.

La entidad demandada se opuso a las pretensiones; respecto de los hechos dijo que deben probarse, e invocó las excepciones de prescripción e inexistencia legal de la obligación.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, en sentencia del 20 de mayo de 2003, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones y condenó en costas a la demandante.

II. La sentencia del tribunal

Apeló la demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, confirmó la de primera instancia e impuso las costas a la recurrente.

Para adoptar su decisión el Tribunal tomó en cuenta que la demandante obtuvo la pensión de sobrevivientes por fallecimiento de su cónyuge, Roberto Osorio Charissi, según Resolución 3191 del 15 de mayo de 1974, de la que disfrutó hasta el 9 de octubre de 1975, fecha de la Resolución 8317 que suspendió su pago y le otorgó un seguro global de tres anualidades pensionales, por haber contraído un nuevo matrimonio con Leonel Aldemar Izquierdo Campo el 6 de julio de 1974, en conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley 90 de 1946.

Añadió que la actora pretende ahora recuperar el derecho pensional extinguido, con apoyo en normas expedidas con posterioridad al 9 de octubre de 1975, puesto que la Ley 90 de 1946 disponía el cese del pago de la pensión de sobrevivientes por contraer la viuda un nuevo matrimonio, sin que resulte posible aplicar la nueva legislación al caso sometido a estudio, pese a la potencial favorabilidad para la demandante.

III. El recurso de casación

Lo interpuso la demandante y con él pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del Juzgado y condene a la entidad demandada al restablecimiento o recuperación del derecho a la sustitución pensional como sobreviviente, con los reajustes anuales e intereses moratorios, tomando en cuenta el principio de la favorabilidad y las costas.

Para el efecto propuso un cargo que fue replicado.

Cargo único:

Acusa la sentencia por “violar en forma directa las garantías contenidas en la Constitución Nacional de 1.886 en concordancia con la actual, por falta de aplicación de las normas sustanciales superiores constitucionales, que condujeron a la violación de los artículos 1º del plebiscito de Diciembre 1º de 1.957, artículos 16, 17,. 23, 30, 37, 50 y 53 de la Constitución de 1.886, transgredida por la Ley 33 de 1.973, la Ley 12 de 1.975 y el Decreto 1160 de 1.989, normas que fueron declaradas inexequibles por la Sentencia C-309 de 1.996 proferida por la Honorable Corte Constitucional y derogadas por la Ley 100 de 1.99. (sic)” (folio 8 del cuaderno de la Corte).

Afirma que el quebranto de las disposiciones citadas consistió en:

1. No dar por demostrado, estándolo, que las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 y el Decreto 1160 de 1989 fueron violatorios de los artículos 16, 17, 23, 30, 37, 50, 51, 52 y 53 de la Constitución Política de 1886, al haberle suspendido a la demandante el goce de la pensión dejada por el causante, pero que al entrar en vigencia la nueva Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993 se restableció automáticamente el derecho a la pensión de sobrevivientes.

2. No dar por demostrado, estándolo que la pensionada sobreviviente estuvo amparada por las Constituciones de 1886 y 1991.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 reconoce como beneficiarios a los sobrevivientes que reúnan los requisitos y que las leyes y decretos aplicados por el Tribunal atentan contra los principios y derechos fundamentales y son contrarios al ordenamiento jurídico de la Constitución Política de aquella época y la actual.

Para su demostración sostiene, en suma, que si el Ad quem hubiera apreciado las anteriores pruebas y aplicado las normas constitucionales anteriores y actuales y el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 habría concluido que la demandante tiene derecho a la referida prestación y que la reforma plebiscitaria de 1957 declaró la igualdad de derechos y obligaciones de la mujer frente al varón.

La réplica:

La oposición dice que la demanda de casación adolece de errores de técnica, toda vez que las normas constitucionales no pueden confrontarse en este recurso extraordinario, y para el efecto transcribió un pronunciamiento de esta Corporación para concluir que la proposición jurídica es inadecuada y debe rechazarse.

Insiste en que el discurso de la censura es de instancia, que la modalidad seleccionada para el ataque en casación no es concordante con la demostración, y que la sentencia deberá permanecer incólume dado que el razonamiento el Tribunal sobre la irretroactividad de la ley laboral no fue atacado por la recurrente.

IV. Consideraciones de la Corte

Acierta la oposición cuando señala que la demanda de casación adolece de errores de técnica.

En efecto, en el cargo se señala como infringida una serie de normas constitucionales y como se sabe, ese tipo de disposiciones por erigir principios generales requieren desarrollo legal y, como tales, para los efectos del recurso extraordinario en principio no pueden ser considerados como preceptos sustantivos en tanto no consagran derechos concretos. De ahí que esta Sala de la Corte haya considerado que “no obstante la jerarquía supralegal de los preceptos constitucionales, ellos, en principio, no están habilitadas para hacer parte del compendio normativo que debe señalarse como infringido, en atención que no atribuyen por sí solos derechos concretos en materia salarial, prestacional, indemnizatoria o simplemente en relación con créditos sociales en particular, los cuales están consagrados en las disposiciones legales sustantivas nacionales, de las que ninguna mención se hace en el cargo” (Sentencia del 15 de agosto de 2001, Radicación 15839).

Y en este caso acontece que, como es obvio, ninguna de las disposiciones de la Constitución Nacional de 1886 que para la recurrente fueron directamente infringidas consagra el derecho a la pensión de sobrevivientes cuyo pago pretende le sea restablecido. 

Así las cosas, incurre la censura en la omisión de no invocar norma sustantiva alguna del orden nacional que regule el asunto relacionado con esa pensión, que estime haya sido quebrantada por el Tribunal, pues el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al que tangencialmente se alude en la demostración del cargo, pese a participar de esa naturaleza, no consagra el derecho prestacional que se pretende y es norma posterior a su consolidación, de tal suerte que no pudo ser directamente infringido en cuanto, además de no ser pertinente al caso debatido, no podía ser aplicado por el Tribunal de manera retroactiva. 

Lo anteriormente reseñado da al traste con el cargo, en razón de que los preceptos que orientan el recurso extraordinario de casación laboral exigen que se determinen las disposiciones que se consideran infringidas, sin que se pueda entender que ello quedó subsanado con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, transformado en legislación permanente por la Ley 446 de 1998, en tanto que dicha regulación exige al menos el señalamiento de una norma sustancial que se refiera al derecho controvertido. 

Por otra parte, como surge de la sinopsis del fallo impugnado, la conclusión del Tribunal se soportó, en esencia, en su argumento según el cual lo planteado por la actora es improcedente porque busca que se le reconozca el derecho pensional que perdió a la luz de lo dispuesto en la Ley 90 de 1946, con base en normas promulgadas con posterioridad al 9 de octubre de 1975, pues entendió ese fallador que “nos es imposible hoy, como le fue al juzgado de primera instancia, aplicar las normas posteriores pese a la potencial favorabilidad para la actora (...)” (folio 11).

El anterior argumento no es cuestionado por la censura, de suerte que debe permanecer indemne como estribo del fallo impugnado, porque como lo ha explicado en muchas ocasiones esta Sala de la Corte, es deber inexcusable del recurrente en casación desquiciar todos los argumentos que hayan servido de apoyo al sentenciador para adoptar la decisión cuya anulación pretende, pues su propósito se verá frustrado si se limita a cuestionar razonamientos distintos o a combatir solo una parte de la argumentación plasmada en la providencia acusada, puesto que así tenga razón en la crítica que formula, al dejar libres de cuestionamiento los verdaderos pilares del fallo, seguirán ellos sirviendo de cimiento a la decisión censurada.

Y es que en realidad lo que la recurrente plantea en su escrito es un juicio sobre la constitucionalidad de las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 y del Decreto 1160 de 1989, a la luz de las normas de la Constitución Nacional de 1886 que considera quebrantadas, cuestionamiento que, desde luego, no es propio del recurso extraordinario de casación, porque no le corresponde a la Corte decidir la constitucionalidad de los citados preceptos.

Aparte de lo anterior, cumple precisar que la impugnante igualmente alude a la sentencia de la Corte Constitucional C-309 de 1996, la cual considera que fue erróneamente apreciada por el Tribunal; cuestión que así presentada, no puede ser elucidada por la modalidad de violación de la ley escogida, porque, en cuanto involucra un criterio jurisprudencial, como lo destaca el replicante, debió ser planteado por el motivo de interpretación errónea de la ley sustancial. 

Con todo, contrariamente a lo que sostiene la censura, el juez de la alzada no hizo mención a la citada sentencia, de modo que no pudo haberla apreciado con error, aun cuando no sobra advertir que en esa providencia no se hizo una confrontación de las normas acusadas por la recurrente con la Constitución de 1886 y si bien se declaró la inexequibilidad de parte de esas disposiciones, en lo que interesa al asunto debatido se precisó el derecho a recuperar la pensión extinguida por haber contraído nuevas nupcias, pero solo respecto de las viudas que hubieren perdido el derecho a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, circunstancia que no se presenta respecto de la demandante.

El cargo, por lo antes dicho, se desestima.

Como hubo oposición las costas del recurso extraordinario son de cargo de la recurrente.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, de fecha 29 de septiembre de 2003, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Margarita Cobo González contra el Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca.

Costas en casación a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.