Sentencia 22974 de mayo 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 22.974 (R- 0073)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: María Elizabeth Ortiz Pineda

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación.

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado por la demandada contra la sentencia de 11 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida por los actores en $ 51’590.000, por concepto de perjuicios materiales, y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 2000(1), para que un proceso fuese de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 26’390.000(2).

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento al hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, los daños perseguidos por la parte actora se habrían originado por la demora injustificada de las demandadas en la restitución del vehículo de placas XZF-124 a su propietaria y por el avanzado estado de destrucción que evidenció durante la diligencia de entrega, el 29 de enero de 1999 (fl. 59, cdno. 3), fecha esta última que debe tenerse en cuenta para contabilizar el término de caducidad previsto en la norma citada, pues a partir de ese momento fue posible evidenciar los daños que sufrió el automotor; por lo tanto y como quiera que, en el sub lite, la demanda fue instaurada el 22 de noviembre de 2000, no hay duda que ello ocurrió dentro del término de ley.

2.3. Caso concreto y análisis probatorio.

a) Retardo injustificado en la restitución del vehículo de placas XZF-124 a su propietaria.

Se encuentra acreditado que la señora María Elizabeth Ortiz Pineda es la propietaria del vehículo de servicio público de placas XZF-124, que habría resultado afectado como consecuencia de las actuaciones de las demandadas, conforme certificación original expedida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fl. 14, cdno. 1).

Mediante oficio DESF 01486 de 5 de octubre de 2001, la Fiscalía General de la Nación remitió al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina copia auténtica del proceso penal seguido contra el señor Reynaldo Hurtado Vega y otros, por violación a la Ley 30 de 1986, proceso radicado con el número 7511, cuyo traslado solicitó la demandante y coadyuvó la Fiscalía General de la Nación, lo que permite valorar las pruebas que allí militan (fls. 4, 92, cdno. 1).

Se demostró en dicho proceso penal que, el 14 de octubre de 1996, la Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina retuvo e inmovilizó el taxi Chevrolet Caprice, de placas XZF-124, porque en su interior eran transportadas unas cajas de cartón que contenían marihuana, según el oficio 0739 del 16 de octubre de 1996, dirigido por dicha entidad a la Fiscalía General de la Nación, en el cual se relataron los hechos que se exponen a continuación (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“(…) Siendo las 22:45 horas del 14 de octubre de 1996, nos desplazamos hasta la avenida de la pista de aterrizaje (…) con el fin de verificar una información que se venía trabajando días anteriores relacionada con el envío de una encomienda procedente de la ciudad de Cali y en donde se pretendía introducir a la isla sustancias estupefacientes por parte de un individuo de nombre Yavet Torres Cantillo, de quien se sabía poseía una tienda en el barrio El Cocal denominada Los Cocales y a la cual se le estaba montando vigilancia permanentemente para verificar la posible fecha del envío, por esta razón se puso en alerta al personal policial de guías de caninos del aeropuerto para que estuvieran pendientes de la carga que llegara procedente de la ciudad de Cali.

“A las 23:00 horas llegó al aeropuerto de esta localidad el avión HK4084X, de la empresa Aerorepública, procedente de la ciudad de Cali (…) del cual fueron bajadas de sus bodegas entre otras las cajas arriba mencionadas, las cuales fueron revisadas por el guía Jacob Beltrán González quien nos alertó de la gran cantidad de cajas; que en la revisión con el chuzo se detectó la existencia de la sustancia vegetal y las cuales fueron embarcadas con la colaboración del señor Reynaldo Hurtado, empleado de la empresa Aerorepública en el Chevrolet Caprice de color azul de placas XZF-124, al cual se le hizo un seguimiento hasta el sector del barrio Natania (…)” (fls. 154, 155, cdno. 1).

En el mismo proceso, se observa que, el 16 de octubre de 1996, la fiscalía delegada ante los jueces regionales de San Andrés Islas decretó apertura de instrucción del proceso penal por presunta violación a la Ley 30 de 1986, legalizó la captura de las personas implicadas en los hechos, dejó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes el vehículo de placas XZF-124, el cual fue “inmovilizado en las instalaciones del Comando de Policía de San Andrés y Providencia”, y ordenó la práctica de varias pruebas (fls. 157, 158, cdno. 1).

El 17 de mayo de 1997, la señora María Elizabeth Ortiz Pineda, mediante apoderado judicial, solicitó a la Fiscalía General de la Nación la entrega del automotor inmovilizado, en consideración a que éste nada tuvo que ver con los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1996 (fls. 162 a 164, cdno. 1).

Mediante resolución de 15 de septiembre de 1997, la Fiscalía General de la Nación ordenó la entrega definitiva del vehículo de servicio público de placas XZF-124, por estimar que no se demostró en el proceso penal la responsabilidad del señor Lorenzo Baldonado Meza, quien el día de los hechos conducía el citado automotor, del mismo modo que no se demostró la participación en el hecho punible de la señora María Elizabeth Ortiz Baldonado, propietaria del vehículo y, dado que éste se encontraba destinado al servicio público, las citadas personas no tenían por qué saber “el tipo de carga para el cual es utilizado en un momento determinado” (fls. 25 a 27, cdno. 3).

El 29 de abril de 1998, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la providencia anterior, en consideración a que (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Con el material probatorio arribado al expediente, así como las decisiones frente a la presunta responsabilidad de los aquí implicados, en especial a lo atinente al señor Lorenzo Baldonado Meza, encuentra la delegada que acertada resulta la postura de la fiscalía de instancia al ordenar la entrega definitiva del vehículo.

“En principio y de acuerdo al mismo trámite procesal, no se denota el conocimiento que tuviese Baldonado Meza ni mucho menos la propietaria del rodante doña María Elizabeth Ortiz Pineda del contenido de las cajas que recogieran el día en que se produjeron las capturas. Y tal como lo ha reconocido el sindicado Yavet Torres Cantillo, los demás aprehendidos eran ajenos a cualquier vínculo con el desarrollo delincuencial. Simplemente la actuación de Baldonado Meza al parecer se limitó al ejercicio de su labor de taxista, desprevenido de cualquier acto criminal.

“Bajo ese orden de ideas, resulta evidente, que el vehículo decomisado no era destinado a prácticas criminales, simplemente y debido a su desarrollo comercial de manera involuntaria se vio vinculado a una actividad de tráfico de estupefacientes del cual no tenían conocimiento ni su conductor ni su propietaria” (fls. 159, 160, cdno. 1).

El 29 de enero de 1999, la Fiscalía General de la Nación entregó materialmente el vehículo de placas XZF-124 al apoderado de la señora María Elizabeth Ortiz Pineda, conforme al acta suscrita en la misma fecha por la citada persona y la fiscalía delegada ante los jueces regionales de San Andrés Islas (fl. 59, cdno. 1).

El material probatorio revelado indica claramente que la inmovilización y posterior decomiso del vehículo en mención resultaban necesarios, en la medida en que se estableció en el proceso penal que fue utilizado para transportar sustancias prohibidas. No obstante ello, se encuentra acreditado en el proceso que la Fiscalía General de la Nación no solo retardó injustificadamente la restitución del automotor a su propietaria, sino que, además, éste fue reintegrado en avanzado estado de deterioro, como se verá a continuación, configurando así un daño antijurídico.

En efecto, como lo indica la prueba documental que obra en el plenario, la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución de 15 de septiembre de 1997, ordenó la entrega definitiva del vehículo de placas XZF-124 a la señora María Elizabeth Ortiz Pineda, decisión que fue confirmada el 29 de abril de 1998 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, en grado jurisdiccional de consulta; sin embargo, su entrega material se produjo el 29 de enero de 1999, esto es, 9 meses después de la orden de restitución del automotor a su propietaria, sin que mediara razón alguna que justificara dicho retardo, máxime cuando el apoderado de la señora Ortiz Pineda formuló a la Fiscalía General de la Nación varias peticiones, a fin de que se cumpliera inmediatamente la decisión de aenciente)be tal cula(sic) obra en envestigado penalmente y preentrega definitiva del vehículo.

Así, por ejemplo, el 26 de mayo de 1998, el doctor Hugo Alfonso Meza Manotas, apoderado de ese entonces de la señora Ortiz Pineda, radicó una solicitud ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, con el propósito de que se llevara a cabo la entrega material del automotor de placas XZF-124, “a fin de evitar más perjuicios a mi mandante” (fl. 44, cdno. 3).

El 31 de agosto del mismo año, el citado apoderado formuló una nueva solicitud a la Fiscalía General de la Nación, para que se realizara la entrega material del automotor, por estimar que su retardo le estaba generando enormes perjuicios a la actora y a su familia, quienes, según dijo, derivaban su sustento económico de la actividad que aquél desarrollaba y porque, además, el automotor se encontraba totalmente destruido y abandonado a su suerte (fl. 46, cdno. 3).

La misma solicitud fue reiterada el 16 de septiembre de 1998 por el apoderado de la actora, con fundamento en que “la entrega del automotor fue decretada de tiempo atrás y confirmada dicha providencia como debe ser de su conocimiento, continuando la retención en forma injustificada, situación que afecta el patrimonio económico de mi mandante por las razones expuestas en forma repetida” (fl. 48, cdno. 3).

Lo anterior deja sin fundamento las afirmaciones de la Fiscalía General de la Nación, en torno a que la actora fue quien no concurrió a tiempo a recibir el vehículo de placas XZF-124, pues, tal como se observa con la prueba documental referida, una vez la fiscalía ordenó la entrega definitiva del automotor a su propietaria, aquélla, a través de su apoderado judicial, elevó varias solicitudes escritas ante la fiscalía, a fin de que se concretara la entrega material del automotor, pero inexplicablemente ello tardó 9 meses.

Así las cosas, se encuentra acreditado el retardo injustificado de la Fiscalía General de la Nación en la entrega del vehículo de placas XZF-124 a su propietaria, ninguna razón válida que justifique o avale dicho comportamiento se demostró en el proceso y dado que dicha medida recayó sobre un vehículo que, además, era de servicio público, resulta apenas lógico que tal omisión produjo un daño antijurídico a la demandante, que ésta no tenía por qué soportar.

b) Daños sufridos por el vehículo de placas XZF-124, durante el tiempo en que permaneció inmovilizado en un parqueadero de la Policía Nacional.

Según los hechos de la demanda, además del retardo injustificado en la restitución del automotor, éste fue devuelto a su propietaria en avanzado estado de deterioro.

Para la época en que la Policía Nacional inmovilizó el vehículo de placas XZF-124, éste se encontraba en aceptable estado, al menos en cuanto a pintura, latonería y algunos accesorios, conforme al inventario practicado el 15 de octubre de 1996 por la Sijín, el cual se transcribe a continuación:

“Cant ElementosEstadoCantElementos Estado
“UnoTableRegularUno Esp. Retrov.Regular
“SeisviBuenoTresStopRegular
“CuatroPuertasRegularDosParabrisasBueno
“CuatroRinesBuenoUnoGato mecán.Bueno
“DosBomperBuenoUnovarilla gatoBueno
“UnoPersianaMaloCuatroRuedasBueno
“DosCint. de seg.RegularNo tieneTapas rines 
“DosEmblemasBuenoCuatroChap. puerts.Malo
“DosLlave swichBuenoUnoEsp. internosBueno
“UnoRadioBuenoDosCojines 
“DosBot. seg puert.RegularSeisDireccionalesRegular
“UnoVarilla aceiteRegularDosLimpiaparabRegular

 

En cuanto al estado técnico-mecánico del citado automotor, no obra prueba alguna en el plenario que demuestre en qué condiciones se encontraba al momento de su inmovilización, aunque todo parece indicar que funcionaba normalmente, al punto que el día de los hechos fue retenido mientras se disponía a transportar un pasajero que pretendía movilizar unas cajas de cartón, las cuales, se estableció, contenían sustancias prohibidas, según se desprende de las decisiones de la Fiscalía General de la Nación en las que se ordenó la entrega definitiva del automotor de servicio público de placas XZF-124.

Con el fin de acreditar los daños y perjuicios sufridos por el automotor, la parte actora aportó con la demanda una diligencia de inspección judicial anticipada, la cual fue practicada el 1º de junio de 1999 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 15 a 17, cdno. 1) y el dictamen pericial, rendido el 12 de agosto de 1999 (fls. 18, 19, cdno. 1); sin embargo, tales pruebas no pueden valorarse en el sub lite, si se tiene en cuenta que en ellas no intervino la Fiscalía General de la Nación y, por lo tanto, no tuvo oportunidad alguna para controvertirlas ni ejercer su derecho de defensa. Justamente, esa entidad cuestionó en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación dicha situación.

Para la Sala, tal omisión configura una violación al debido proceso, consagrado por el artículo 29 de la Constitución Política(3), cuyos efectos se traducen en la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con pretermisión de las formalidades legales necesarias para la producción de las pruebas, particularmente la referida al derecho de contradicción por la parte contra la cual se opone.

En relación con las pruebas obtenidas con violación del debido proceso, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:

“Estima la Corte que se ajusta a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las partes, la expresión ‘solamente’ que emplea el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, para indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución, según el cual ‘es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso’, esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone ésta(4) (se resalta).

No obstante ello y a pesar de que, en la diligencia de entrega del vehículo al apoderado de la actora, ocurrida el 29 de enero de 1999, no se practicó inventario alguno del automotor (fl. 39, cdno. 3), obran otros medios de prueba que permiten establecer que éste sufrió grave deterioro durante el tiempo que permaneció inmovilizado en un parqueadero de la Policía Nacional, particularmente porque el vehículo quedó a la intemperie.

Al respecto, puede citarse la diligencia de inspección judicial practicada al vehículo el 19 de agosto de 1997, la cual fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación que, para tal efecto, designó como perito al agente Emel Rojas Vitta, quien para la época de los hechos se desempañaba como técnico en identificación de automotores de la Sijín, conforme al acta suscrita en dicha diligencia, cuyas conclusiones se dejan expuestas a continuación (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“(…) Tengo a la vista un vehículo automotor, marca Chevrolet, línea Caprice Classic, de color azul claro en la parte superior y azul oscuro en la parte inferior, en el momento de la presente diligencia el vehículo porta la placa XZF-124 en la parte delantera y en la parte trasera, este vehículo se identifica con el número de serie 1G1BL69Z1GY17921, se deja constancia que durante la presente diligencia no se constata el número de motor del vehículo examinado por cuanto el capot del mismo se encuentra cerrado bajo llave, las puertas del vehículo aseguradas y no se cuenta con las llaves para abrirlo. Igualmente se deja constancia que el vehículo objeto de la presente diligencia se encuentra en mal estado de conservación y mantenimiento, le hacen falta las direccionales delanteras, la tapa del capot se encuentra dañada, el vehículo en general se encuentra en mal estado de latonería y pintura, al momento de la diligencia se encuentra pinchado y con abundante vegetación a sus alrededores y por debajo” (se resalta) (fls. 170, 171, cdno. 1).

Es indispensable anotar que la citada diligencia de inspección judicial se practicó 17 meses antes de la entrega material del automotor a su propietaria y ya en ella se evidenciaba un avanzado estado de deterioro de aquél. En adición a lo anterior, cabe resaltar que el señor José Milser Garzón Morales, quien para la época de los hechos laboraba como mecánico en el parqueadero-taller de la Policía Nacional, ubicado en la vía a “Las Tablitas”, aseguró, en declaración rendida en este proceso el 22 de junio de 2001, que el vehículo de la actora presentaba alto grado de deterioro en cuanto a latonería y pintura, por efecto del sol y del agua y de encontrarse a la intemperie y rodeado de maleza (fls. 107, 108, cdno. 1).

El mismo testigo aseguró también que un señor llamado Fredy Osorio fue la persona que siempre estuvo pendiente en el parqueadero del vehículo inmovilizado y que, en una ocasión, llevó a un mecánico hasta ese lugar para que le retirara algunas piezas; sin embargo, ello, por sí solo, no permite asegurar que la actora sea la responsable del deterioro del vehículo, como lo aseguró la Fiscalía General de la Nación en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, pues lo cierto es que no obra prueba alguna en el plenario que permita establecer quién es el señor Fredy Osorio que menciona el testigo y mucho menos es posible precisar a nombre de quién o con autorización de quién actuaba dicha persona, ya que ninguna prueba, distinta a la citada declaración, permite relacionarlo con la señora Ortiz Pineda y en ninguna otra parte del proceso sale a relucir ese nombre; además, no obra prueba alguna en el plenario que indique que el vehículo fue desvalijado, pues en la diligencia de entrega del automotor al apoderado de la propietaria no se practicó inventario alguno.

Conforme a lo anterior, no hay duda que el vehículo de servicio público, de placas XZF-124, de propiedad de la señora María Elizabeth Ortiz Pineda, sufrió grave deterioro, por efecto del agua y del sol, durante el tiempo que permaneció inmovilizado en el parqueadero de la Policía Nacional, a órdenes de la Fiscalía General de la Nación.

Si bien la actora encauzó la demanda contra la Nación - Policía Nacional y contra la Fiscalía General de la Nación, por los daños que sufrió el automotor de su propiedad, es necesario señalar que la única responsable de dicha situación es la última de las mencionadas, pues la actuación de la Policía Nacional, en este caso particular, se limitó a dar cumplimiento a una orden proferida por la Fiscalía General de la Nación, como lo era la de permitir que el vehículo de placas XZF-124 quedara inmovilizado en un parqueadero suyo; además, como se dijo anteriormente, los daños que sufrió el automotor obedecieron al hecho de que éste permaneció a la intemperie. Distinto sería, si estando inmovilizado el automotor en el parqueadero de la Policía Nacional, éste resulta desvalijado en ese lugar, caso en el cual aquélla tendría que responder por dicha situación, pero ello no ocurrió en este caso.

Debe aclararse, en todo caso, que la Fiscalía General de la Nación dejó el vehículo inmovilizado a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, según la resolución de 16 de octubre de 1996 a la cual se hizo alusión anteriormente; sin embargo, como acertadamente lo sostuvo el tribunal, no obra prueba alguna en el plenario que acredite que la primera haya entregado formalmente el vehículo a la segunda, como tampoco hay prueba que esta última lo haya recibido de manos de la Fiscalía General de la Nación, aunado al hecho de que dicha institución no fue demandada en el proceso. Siendo ello así, no hay duda que la obligación de velar por la conservación y custodia del automotor le correspondía a la Fiscalía General de la Nación, la cual omitió dicho deber, razón por la cual debe responder, a título de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por todos los daños y perjuicios que esa situación le produjo a la actora.

En cuanto a dicho régimen de responsabilidad, habría que decir que dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”(5). Éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias del juez.

Finalmente, la Sala no comparte las razones esgrimidas por el tribunal, en cuanto redujo en un 50% la condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que el señor Yavet Torres Contillo fue el responsable del transporte de las sustancias prohibidas que se encontraron en el vehículo de servicio público de placas XZF-124 y, por ende, el causante de las medidas que afectaron a la parte actora, pues lo cierto es que no existe nexo causal alguno entre la actuación de esa persona y los daños que sufrió el automotor de la demandante, ya que, como se dejó expuesto, la demora en la restitución y los daños que afectaron el vehículo obedecieron a la negligencia de la Fiscalía General de la Nación, por haber retardado injustificadamente la entrega del vehículo a su propietaria y por no haber adoptado las medidas necesarias para su custodia y conservación.

III. Indemnización de perjuicios

Previo a establecer el monto de la indemnización correspondiente, es menester resaltar que la Fiscalía General de la Nación fue la única que recurrió la decisión anterior, lo cual le confiere la calidad de apelante único e impide la agravación de la condena impuesta por el tribunal; por lo tanto y como quiera que el recurso de apelación interpuesto por la demandada no cuestionó la indemnización de los perjuicios estimados por el a quo, como tampoco lo hizo la actora, quien no formuló recurso alguno contra la decisión anterior, la Sala se limitará a actualizar el monto de la condena impuesta.

Los actores solicitaron en la demanda, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1000 gramos de oro y la suma de $ 51’590.000, por concepto de perjuicios materiales (fl. 4, cdno. 1).

A su turno, el tribunal, luego de reducir el monto de la condena impuesta a la demandada, en un 50%, la condenó a pagar la suma de $ 4’778.665, por daño emergente, y la suma de $ 4’264.958, por lucro cesante y negó el pago de perjuicios morales, por estimar “que la demandante no demostró de qué manera sufrió dolor moral por la incautación del vehículo , y como es bien sabido la jurisprudencia ha establecido que los daños morales cuando son causados por pérdidas materiales deben ser debidamente probados, es decir no se presumen” (fl. 228, cdno. 5).

La suma del daño emergente y del lucro cesante arroja $ 9’043.623. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 9’043.623) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que se profirió la sentencia del tribunal, esto es, abril 11 de 2002.

índice final - marzo /2012 (110,76)

Ra = $ 9’043.623 ________________________________ =

índice inicial - abril / 2002 (69,22)

Ra = $ 14’470.842

3.1. Condena en costas.

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la demandada, por cuanto la conducta procesal desarrollada por ella no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 11 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y, en su lugar:

a) DECLÁRASE la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación, a título de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por los daños y perjuicios causados a la demandante como consecuencia de la demora injustificada en la restitución del vehículo de servicio público de placas XZF-124 y por el avanzado estado de deterioro en el que lo restituyó.

b) CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora María Elizabeth Ortiz Pineda, por concepto de perjuicios materiales, la suma de catorce millones cuatrocientos setenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($ 14’470.842) m/cte.

c) EXONÉRASE de responsabilidad a la Nación-Policía Nacional.

d) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

4. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.»

(1) La demanda fue instaurada el 22 de noviembre de 2000.

(2) Decreto 597 de 1988.

(3) ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

(…).

“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(4) Sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, expediente 14.307.