CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio Enrique Correa Restrepo

Ref.: 25000-23-27-000-11415-02-8926

Actor: NCR de Colombia S.A. (antes AT&T Global Information Solutions de Colombia S. A. Gis de Colombia S.A. y antes The National Cash Register Co of Colombia S.A.)

Sanción por no enviar información.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Consideraciones de la Sala

Según los términos del recurso de apelación la controversia en la presente instancia se concreta en determinar la legalidad de los actos administrativos en virtud de los cuales se impuso a la actora sanción por no enviar información, teniendo en cuenta la prescripción de la facultad sancionatoria y la improcedencia de la sanción alegadas por el recurrente.

Procede la Sala en primer término al análisis relativo a la oportunidad legal del acto sancionatorio.

Sobre el término de prescripción de la facultad sancionatoria de la administración, dispone el artículo 638 del estatuto tributario en su versión modificada por el artículo 64 de la Ley 6ª de 1992:

“ART. 638.—Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o ceso la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del estatuto tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar”. (Resalta la Sala).

De acuerdo con el texto de la norma, está claro que cuando las sanciones se imponen en resolución independiente, el término de dos años para formular el respectivo pliego de cargos se cuenta a partir de la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta o de ingresos y patrimonio, del año durante el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable, sin que por ello pueda entenderse que las sanciones deban estar vinculadas necesariamente a una vigencia fiscal determinada.

En relación con los hechos que puedan dar origen a la aplicación de la “sanción por no enviar información”, reza el artículo 651 en su parte pertinente:

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

“a)...”

De acuerdo con la anterior disposición, los hechos irregulares, sancionables están referidos al no suministro de información o pruebas dentro del plazo otorgado para ello por parte de la administración; cuando la información y pruebas suministradas no correspondan a lo solicitado por la entidad oficial: cuando lo solicitado sea suministrado extemporáneamente. Así mismo, según esta disposición, la sanción puede recaer sobre personas obligadas a suministrar información tributaria, como es el caso de los obligados a declarar en calidad de contribuyentes responsables, o sobre aquellas que no tienen tal calidad.

Acorde con la anterior disposición está el artículo 684 ib. que autoriza a la administración para requerir “cuando lo estime necesario”, información y pruebas a las personas que tengan o no la calidad de contribuyentes, con el fin de verificar la exactitud de la información suministrada en sus declaraciones tributarias o con el propósito de adelantar investigaciones tendientes a establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias.

De manera que, la oportunidad para solicitar información y pruebas no está ligada a una vigencia fiscal determinada, ya que ésta puede darse bien en desarrollo de la investigación que se ordene respecto determinado año gravable mediante una inspección tributaria o contable, o por fuera de ellas, en consideración a que las normas legales que autorizan tal facultad no establecen un término dentro del cual deba actuar la administración tratándose de solicitar información y pruebas.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, si bien es cierto los requerimientos mediante los cuales se solicitó a la sociedad actora información y pruebas fueron formulados en desarrollo de la inspección tributaria ordenada con el fin de verificar la exactitud de la información suministrada en su declaración de renta del año gravable 1991, no por ello la sanción impuesta, que se deriva de la no atención por parte de la sociedad a tales requerimientos, puede entenderse enmarcada en la vigencia fiscal objeto de la investigación. Luego para efectos de establecer el término de prescripción de la facultad sancionatoria previsto en el artículo 638 del estatuto tributario, y teniendo en cuenta que ésta fue impuesta mediante resolución independiente, ha de considerarse el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable y no la vigencia fiscal investigada.

En este orden de ideas, y dando aplicación a la citada norma, para establecer la oportunidad del acto sancionatorio acusado, debe tenerse en cuenta el año en el cual ocurrió el hecho irregular sancionable, o sea 1994, como en efecto lo consideró el a-quo y no el año gravable 1991 objeto de investigación.

En efecto, según el pliego de cargos que antecedió a la resolución sancionatoria, los requerimientos mediante los cuales se solicitó información a la sociedad actora, fueron formulados el 2 de marzo de 1994 y el 25 de abril del mismo año, requerimientos que obran a folios 56, 57 y 58 del cuaderno de antecedentes administrativos, en los cuales se otorgó a la sociedad el término de 4 y 8 días respectivamente, para suministrar la información requerida.

A los anteriores requerimientos la sociedad dio respuesta el 25 de marzo y el 5 de mayo de 1994 (fls. 52, 59, y 60 del cuaderno de antecedentes administrativos), complimiendo parcialmente con la información y exigencias requeridas por la entidad fiscal, como en efecto consta en la resolución sancionatoria, que en la parte pertinente dice:

“No obstante, de acuerdo a la respuesta enviada por el contribuyente el día 26 de marzo de 1994 radicada bajo el Nº 003837, se pudo establecer que la mencionada información se suministró en forma incompleta ya que no se aportó lo referente a los puntos cuatro (4) certificaciones expedidas por las entidades bancarias en donde constara el valor de los rendimientos financieros determinados durante el año gravable de 1991 y quinto (5) fotocopias de los documentos que conforman parte del renglón 35 (descuentos tributarios $ 60.000) por el mismo año gravable”.

“En respuesta al mencionado oficio el contribuyente envía el día 5 de mayo de 1994 el documento radicado bajo el Nº 006886, pero en forma incompleta ya que deja de suministrar lo referente a los puntos terceros y sexto anteriormente mencionados, reiterando que se le conceda un plazo de 10 días hábiles para poder aportar la información restante la cual, sin embargo no ha sido entregada hasta la fecha en los términos de la solicitud”.

De acuerdo con lo anterior está plenamente establecido que el hecho irregular sancionable ocurrió en el año de 1994, en consecuencia el término de dos años previsto en el artículo 63B del estatuto tributario, para formular el pliego de cargos, debía contarse a partir de la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta correspondiente al año gravable de 1994.

Según el Decreto 2798 de 1994, mediante la cual se fijaron los plazos para declarar impuesto de renta, por el año gravable de 1994, se estableció en relación con los grandes contribuyentes, calidad que ostenta la sociedad actora que, “el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios se inicia el 1º de marzo de 1995 y vence el 17 de abril del mismo año, cualquiera que sea el NIT del declarante”.

Así las cosas y no obstante que en el proceso no aparece evidencia sobre la fecha de presentación de la declaración de renta de 1994 por parte de la actora, el término para formular el pliego de cargos se inicia en todo caso en el año de 1995 y concretamente en la fecha límite señalada por el reglamento para tal efecto, esto es el 17 de abril de 1995, luego la administración estaba facultada para notificar el pliego de cargos en relación con la irregularidad ocurrida durante 1994, hasta el 17 de abril de 1997, esto es dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración de renta de 1994, año en que tuvo ocurrencia el hecho irregular sancionado.

Como quiera que el pliego de cargos fue notificado el 14 de junio de 1994, es evidente que su formulación se hizo dentro del término legal previsto para el efecto, en consecuencia, carece de fundamento la pretensión de nulidad de los actos acusados que se sustenta en la supuesta extemporaneidad de la actuación administrativa, razón por la cual comparte la Sala la decisión del tribunal en cuanto niega la prosperidad del cargo.

En cuanto a la pretermición del término para proferir la resolución sanción, tampoco asiste razón al recurrente, toda vez que habiendo sido notificado el pliego de cargos el 16 de junio de 1994, el término de un mes previsto en el artículo 651 para dar respuesta vencía el 17 de julio de 1994, como este día no era hábil el vencimiento ocurría el día siguiente hábil, que lo fue el 18 del mismo mes y año, fecha esta última en la cual la sociedad contribuyente radicó el escrito de respuesta al pliego de cargos, tal como consta en el escrito respectivo obrante a folios 43, 44 y 45 del cuaderno de antecedentes.

Así las cosas, la administración disponía de 6 meses para notificar la resolución sanción, contados a partir del 18 de julio de 1994, esto es hasta el 18 de enero de 1995 y ésta se produjo y notificó el 17 de enero de 1995, como en efecto consta en la misma resolución, luego es evidente el cumplimiento por parte de la administración al término legal previsto para efectos de emitir la resolución sancionatoria.

Por lo anterior, asiste razón al tribunal cuando considera que la actuación fue oportuna, negando la nulidad impetrada, decisión que se confirmara en la presente instancia.

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