Sentencia T-122 de julio 19 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

C.P. Dr. Ligia López Díaz

Rad. 23001-23-31-000-2001-0122-01, jul. 19/2001.

Actor: Eneida Petro Humanez

Acción de tutela

Nº Interno 821

Fallo

Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante, contra la Sentencia del 8 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual negó la acción de tutela.

Antecedentes

La señora Eneida Petro Humanez, en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, seccional Córdoba, con el fin que le sean amparados sus derechos fundamentales de igualdad, al voto, de petición y a la personalidad jurídica.

Indicó como hechos que dieron origen a la presente acción de tutela los siguientes:

Manifestó la accionante que en el año de 1997, se dirigió a la Registraduría Nacional del Estado Civil, seccional Córdoba, solicitando una rectificación de apellidos.

El día 19 de septiembre de 1997, le expiden una contraseña, la cual fue renovada el 10 de diciembre de 1999 y el 17 de noviembre de 2000, sin que hasta la fecha se haya expedido la cédula.

Solicita que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, expedir la correspondiente cédula con la rectificación solicitada.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la contestación de la acción de tutela, expresa que el artículo 24 del Decreto Ley 960 de 1970, establece que: “…la identificación de los comparecientes se hará con los documentos legales pertinentes dejando testimonio de cuales son éstos, sin embargo, en caso de urgencia, a falta de documento especial de identificación podrá el notario identificarlos con otros documentos auténticos o mediante fe de los conocimientos de parte suya”.

Así mismo, señaló que el Código de Procedimiento Civil deja abierta la posibilidad de que en ciertas circunstancias pueda aceptarse la identificación de los ciudadanos con medios probatorios distintos al de la cédula de ciudadanía.

Resalta que la accionante no ha sido desprotegida, puesto que la registraduría expide una contraseña mientras se le hace entrega definitiva de su documento. Aclara que la registraduría enfrenta un complejo proceso de modernización, lo cual ha implicado traumatismos totalmente ajenos a la voluntad de la entidad.

El fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante providencia del 8 de marzo de 2001, negó la tutela al considerar que no estaba vulnerado el derecho de petición, ni el de igualdad. En cuanto al derecho al voto, no se estudió su violación al argumentar que la tutela tiene por objeto la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales y como la vulneración se produjo en las pasadas elecciones, ya no era posible una orden de amparo.

La impugnación

La actora impugnó la decisión indicando que no era justo que un proceso de cedulación demore tres años. Reiteró que se le está violando el derecho a la igualdad, a un nombre, una identificación, el voto, a acceder a beneficios ante entidades, a la seguridad ciudadana, entre otros.

Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política puede ejercerse con el objeto de reclamar ante la jurisdicción, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Del análisis del expediente se advierte que la presunta vulneración del derecho de la accionante por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, radica fundamentalmente en la demora de más de 3 años para expedir su cédula de ciudadanía.

La Sala advierte que en casos similares, se ha negado la protección al considerar que, mientras es tramitada la referida cédula, la registraduría emite una contraseña válida de identificación. Así mismo, se ha indicado que el artículo 24 del Decreto Ley 960 de 1970, dispone: “…la identificación de los comparecientes se hará con los documentos legales pertinentes dejando testimonio de cuáles son éstos, sin embargo, en caso de urgencia, a falta de documento especial de identificación podrá el notario identificarlos con otros documentos auténticos o mediante fe de los conocimientos de parte suya”.

Sin embargo, la Sala observa que la primera contraseña fue expedida el día 19 de septiembre de 1997 y en consecuencia, han transcurrido 3 años y 10 meses, sin que a la accionante se le haya expedido su cédula de ciudadanía.

Si bien es cierto que la Registraduría Nacional del Estado Civil enfrenta un complejo proceso de modernización, que implica traumatismos iniciales en la producción de cédulas, tal motivo no es argumento razonable para justificar una demora de tales características.

El preámbulo de la Constitución Política señala que nuestro Estado tiene por objeto la realización de un orden económico y social justo. Del anterior postulado constitucional, surge que las actuaciones de la administración pública deben desenvolverse no sólo dentro del marco de lo legal, sino además dentro del marco de lo razonable.

En efecto, la Corte Constitucional ha precisado que la razonabilidad “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rige para el caso concreto” (1) .

(1) Sentencia C-530 de 11 de noviembre de 1993, Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

En este sentido, se ha distinguido entre racionalidad y razonabilidad en la siguiente forma:

— “Mientras que la razonabilidad hace relación a lo constitucionalmente admisible, la racionalidad hace relación a la conexidad;

— La primera apunta a una finalidad legítima mientras que la segunda apunta a una finalidad lógica;

— Una —la primera— hace alusión a la coherencia externa, esto es, con lo supuestos de hecho; la otra —la segunda— hace alusión a la coherencia interna, es decir, es un fenómeno estructural;

— Por último, lo razonable es de la esfera de la lógica de lo humano —material—, mientras que lo racional es de la esfera de la lógica forma" (2) .

(2) Ibídem.

En consecuencia, con tal prolongación en el tiempo y teniendo en cuenta que la contraseña es de carácter temporal, la Sala encuentra que a la actora se le ha restringido o limitado el ejercicio de sus derechos fundamentales como lo son al voto, a la personalidad jurídica y la igualdad.

Para justificar un trato desigual, es necesario comprobar que no se vulneren los principios constitucionales mediante el test de razonabilidad (3) , que se desenvuelve en tres criterios:

(3) Sentencia C-022 de enero 23 de 1996 de la Corte Constitucional. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

1. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual.

2. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.

3. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido.

Siendo la contraseña un documento temporal de identificación, en el caso, el concepto de proporcionalidad y razonabilidad se rompe cuando la situación se convierte en indefinida haciendo gravoso el pleno ejercicio de ciertos derechos catalogados como fundamentales.

La expedición reiterada de contraseñas, 19 de septiembre de 1997, 10 de diciembre de 1999 y 17 de noviembre de 2000, si bien le han permitido la identificación a su portadora, no le garantizan el ejercicio del derecho fundamental a participar en política a través del voto, tal como lo manifestó la accionante.

Dado que ha transcurrido tanto tiempo desde la primera petición, sin que aún se haya expedido la cédula, para la Sala no se evidencia que los hechos que dieron origen a la presente acción vayan a ser superados con prontitud; lo cual hace presumir que los derechos alegados por la actora se encuentran bajo amenaza.

Por las circunstancias particulares del caso, la Sala accederá a tutelar el derecho fundamental al voto, a la personalidad jurídica y a la igualdad de la señora Eneida Petro Humanez, ordenándole a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas le informe a la accionante el día en que podrá efectivamente reclamar su cédula de ciudadanía; término que a su vez no podrá ser superior a dos (2) meses.

Adicionalmente, se advierte a la Registraduría Nacional del Estado Civil que deben crear y facilitar mecanismos ágiles y eficientes para evitar reiterados incumplimientos para hacer efectiva la participación ciudadana.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia impugnada de fecha 8 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba. En su lugar:

2. CONCÉDASE el amparo al derecho fundamental al voto, a la personalidad jurídica y a la igualdad, conforme a los argumentos expuestos en la sentencia.

3. ORDÉNASE a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en el término de cuarenta y ocho (48) horas le informe a la accionante el día en que podrá efectivamente reclamar su cédula de ciudadanía; término que a su vez no podrá ser superior a dos (2) meses.

Cópiese, notifíquese, envíese copia al tribunal de origen y cúmplase.

Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Germán Ayala Mantilla—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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