SENTENCIA 2310, 2365, 2404 DE MAYO 27 DE 1994

 

Sentencia 2310, 2365 y 2404 de mayo 27 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SE DENIEGA LA NULIDAD DEL DECRETO 2155 DE 1992

EXTRACTOS: «Para facilitar el análisis de los cargos de violación expuestos en los diferentes procesos que han sido objeto de acumulación, la Sala los clasifica de la siguiente manera:

I. Cargos relacionados con la violación del artículo transitorio 20:

a) El Gobierno Nacional hizo caso omiso de las recomendaciones y evaluaciones de la comisión asesora (cargos 1º del proceso Nº 2310 y 1º literal e) del proceso Nº 2365).

b) La Superintendencia de Sociedades estaba en consonancia con la nueva Carta Política, por lo cual no podía ser objeto de reestructuración; el constituyente no efectuó redistribución de competencias en el caso de la entidad y la redistribución de recursos en nada se relaciona con la reestructuración de ella (cargos 4º del proceso Nº 2310 y 1º literal a) del proceso Nº 2365).

c) El Gobierno Nacional no podía cambiar la naturaleza jurídica de la entidad ni dotarla de nuevas funciones (cargo 2º del proceso Nº 2310).

d) La autorización dada al Gobierno Nacional en el artículo transitorio 20 no tiene relación alguna con la modificación de las normas sobre inspección y vigilancia previstas en el Código de Comercio ni con la determinación de la naturaleza, principios y funciones, de que tratan los artículos 1º a 6º (cargo 1º literal c) del proceso Nº 2365).

e) Las disposiciones contenidas en los artículos 5º, en su inciso 2º y parágrafos 1º y 2º, 37, 38 y 55 exceden el término previsto en la norma transitoria (cargos 1º —por razón del tiempo— del proceso Nº 2365 y 1º del proceso Nº 2404).

f) El artículo transitorio 20 no autoriza derogar y reformar normas del Código del Comercio (cargos 3º del proceso Nº 2310; 1º literal b), 2º y 3º del proceso Nº 2365).

II. Cargos referentes a la supresión de empleos (cargos 1º literal d) y 4º del proceso Nº 2365; y 3º en lo que toca con el Decreto Nº 0598 de 1993, del proceso Nº 2404).

III. Cargo relativo a la violación del debido proceso por parte del Decreto Nº 0598 de 1993 (cargo 2º del proceso Nº 2404).

I. En lo tocante a los cargos relacionados con el artículo transitorio 20 de la Constitución Política, cabe tener en cuenta lo siguiente:

a) Esta Corporación en reiterados pronunciamientos ha precisado que del contenido del referido precepto transitorio se infiere que la voluntad del constituyente no fue otra que la de que expertos en administración pública y derecho administrativo, en atención a sus autorizados conocimientos sobre la materia, asesoraran, sugirieran, ilustraran o aconsejaran al Gobierno Nacional en la tarea de reestructurar, fusionar o suprimir las entidades del orden nacional que le fue asignada, sin que en ningún momento pueda afirmarse que la evaluación y recomendación por parte de aquellos tuviera carácter obligatorio para éste, pues de considerarse así no sería el Gobierno Nacional sino la comisión asesora la destinataria de las facultades conferidas en el mandato transitorio en referencia, alcance este que no se deduce de su texto.

b) También ha sido criterio unánime y reiterado de la Sala el considerar que si bien es cierto que la Constitución Política hizo especial énfasis en la norma transitoria sobre la redistribución de competencias y recursos que ella establece, a tales aspectos no se circunscribió únicamente la reforma constitucional.

En efecto, una importante innovación, entre otras, fue la de haber consagrado los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad como orientadores de la función administrativa, sin cuyo acatamiento no podrían realizarse los fines esenciales del Estado a que se contrae el artículo 2º de la Carta, el cual, en última instancia, permite garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden político, económico y social justo.

Según se desprende del texto del Acta Nº 11 de 16 de diciembre de 1992, en que consta la discusión del proyecto de reestructuración de la Superintendencia de Sociedades (folio 19 anexo expediente Nº 2404), con ella se busca que se reduzcan los trámites para el desempeño de las funciones de una manera eficiente y se propone eliminar la duplicidad de funciones con la Superintendencia de Valores. Por esta razón no puede afirmarse válidamente que la reestructuración de la entidad no estuviera acorde con las normas contenidas en la reforma constitucional.

c) En lo concerniente a la censura de cambio de naturaleza jurídica, que, según el actor del proceso Nº 2310, operó en la Superintendencia de Sociedades, tampoco está llamado a prosperar ya que del contenido del artículo 1º del decreto acusado que señala la naturaleza de la entidad no se colige que se haya producido cambio alguno en su naturaleza, dado que sigue manteniendo el carácter de Superintendencia, que respecto de las sociedades mercantiles ejerce, por delegación del Presidente de la República, su inspección, vigilancia y control.

d) No resulta ajeno a la reestructuración de una entidad el señalamiento de las funciones generales y especiales y de los principios que la orientan. Por el contrario, es de la esencia y naturaleza de la estructura de una entidad el que se prevean los criterios o políticas que la gobiernan y las facultades que tiene a su cargo ejercer, pues sin ello se haría nugatorio el cumplimiento de los objetivos que justifican la razón de su creación.

e) En lo que atañe a los cargos en los cuales se invoca el exceso en el término previsto en el artículo transitorio 20, tampoco tienen virtualidad de prosperar habida cuenta que del contenido de dicha norma se infiere claramente que las facultades conferidas al Gobierno Nacional, por la materia que regulan, que es la misma que le ha sido asignada al Congreso de la República en el artículo 150 numeral 7º de la Carta, son de naturaleza legislativa, sólo que, ante la revocatoria del mandato de los congresistas, le fueron atribuidas excepcional y transitoriamente al ejecutivo. Por lo mismo difieren de las de naturaleza administrativa que a éste le atribuye la Carta en forma permanente en el artículo 189 numeral 14, como a las que se refieren en los artículos 37, 38 y 55 acusados, para cuyo ejercicio no requiere de término alguno sino obrar conforme a la ley, que en el presente caso lo es el Decreto 2155 demandado.

Por tal razón, no es de recibo la afirmación de que hubiera habido exceso en el término previsto en la norma transitoria en estudio y, en consecuencia, se descarta la transgresión de éste, lo cual conduce a la Sala a levantar la suspensión provisional de los efectos de las expresiones relativas al plazo contenidas en los artículos 37, 38 y 55 del Decreto 2155 de 1992, ordenada en auto de 21 de mayo de 1993 en el proceso Nº 2365.

f) En atención a lo precedente, esto es, a que los decretos expedidos con fundamento en el artículo transitorio 20 tienen la misma fuerza o entidad normativa que la ley, y por ello están autorizados para modificar o derogar disposiciones contenidas en preceptos de igual jerarquía.

En este sentido bien podía el Gobierno Nacional, en cuanto toca con las funciones de inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles, hacer regulaciones diferentes a las consignadas en el Código de Comercio.

II. En lo que respecta a las censuras relativas a la supresión de cargos o empleos prevista en el Decreto Nº 2155 de 1992, que se materializó con la expedición del Decreto Nº 0598 de 30 de marzo de 1993 “por el cual se establece la planta de personal para la Superintendencia de Sociedades”, también impugnado en el proceso Nº 2404, estima la Sala que deben desestimarse toda vez que, como lo ha sostenido en diversos pronunciamientos, la supresión, fusión o reestructuración ordenada por el artículo transitorio 20 lleva ínsita o aparejada la de supresión de cargos o empleos, es decir, que cuando el constituyente facultó al Gobierno para reestructurar, fusionar o suprimir las entidades mencionadas en la norma transitoria, de antemano lo estaba autorizando para suprimir los cargos que no requirieran las necesidades del servicio, ello en aplicación de la prevalencia del interés general sobre el particular y sin perjuicio, obviamente, de la obligación de indemnizar los perjuicios que se puedan causar a sus titulares, como consecuencia de la decisión adoptada.

III. Finalmente, en lo tocante con la censura de violación del artículo 29 de la Constitución Política por parte del Decreto Nº 0598 de 1993, a que alude el 2º cargo del proceso Nº 2404, no tiene tampoco vocación de prosperidad ya que, como lo expresó la Sala al pronunciarse sobre la solicitud de suspensión provisional impetrada en el referido proceso, el Decreto Nº 0598 no guarda relación alguna con la materia contenida en el precepto constitucional citado pues a través de él no se ordena ni se concluye actuación judicial o administrativa alguna, que son las que ameritan la observancia del debido proceso que postula la norma en mención.

Por lo demás, el Decreto Nº 0598 de 1993, fue expedido dentro del término previsto en el artículo 55 del Decreto Nº 2155 de 1992, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de éste e implica, como ya se dijo, el ejercicio de una función administrativa, lo cual descarta la transgresión del mencionado artículo 29 y del 150 numeral 7º de la Carta, a que se contrae el cargo en estudio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIEGANSE las súplicas de las demandas en los procesos acumulados Nos. 2310, 2365 y 2404.

2. LEVANTASE la suspensión provisional de los efectos de las expresiones referentes al plazo contenidas en los artículos 37, 38 y 55 del Decreto Nº 2155 de 1992, ordenada en auto de 21 de mayo de 1993 en el proceso Nº 2365.

3. Devuélvanse a los actores las sumas de dinero depositadas por concepto de gastos ordinarios del proceso o su remanente.

Cópiese, notifíquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase».

(Sentencia de mayo 27 de 1994. Expedientes 2310, 2365 y 2404. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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