Sentencia 2310 de mayo 18 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NACIONALIDAD COLOMBIANA

NO SE PRUEBA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA

EXTRACTOS: «Se demanda la nulidad de la Resolución 2602 del 12 de julio de 1999 por medio del cual la señora Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, nombró a la señora Ana Elvia Roa Becerra en el cargo de Canciller 13 PA, en el Consulado General de Colombia en Londres, que se encontraba vacante.

Sostiene el demandante que la señora Ana Elvia Roa tiene la nacionalidad colombiana y no ha renunciado a ella, como sería lo pertinente e indispensable para acceder al cargo para el cual fue designada, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º literal b del artículo 5º de la Ley 443 de 1998, que establece que los cargos de servicio administrativo en el exterior sólo podrán ser de libre nombramiento y remoción, si son ocupados por personas que no sean ciudadanos colombianos.

El demandante considera que la resolución citada es violatoria del artículo 125 de la Constitución Política que establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, exceptuando los de libre nombramiento y remoción entre los cuales se podrían considerar los del servicio administrativo en el exterior si son ocupados por personas que no sean nacionales colombianos; de lo contrario, habrá de cumplirse con los requisitos propios de la carrera administrativa.

Las normas citadas como infringidas establecen:

“Artículo 125.—De la Constitución Nacional. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley...”.

Y el artículo 5º de la Ley 443 de 1998 prevé:

“De la clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley, son de carrera, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo conforme a la Constitución y a la ley, aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación y los de trabajadores oficiales.

2. Los empleos de libre nombramiento y remoción que correspondan a los siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, que adelante se indican, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así: (...).

En la Administración Central del Nivel Nacional. (...).

En el Ministerio de Relaciones Exteriores los del servicio administrativo en el exterior”.

La Corte Constitucional en sentencia C-368 de mayo 26 de 1999, magistrado ponente Eduardo Cifuentes, declaró la exequibilidad del literal b, numeral 2º del artículo 5º de la Ley 443 de 1998, bajo el entendido de que esos cargos solamente podrán ser de libre nombramiento y remoción si son ocupados por personas que no sean nacionales colombianos. Discurrió así la Corte:

“De lo anterior se deduce que, por lo general, las personas más apropiadas para desempeñar cargos en el servicio administrativo en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores son personas que residen en los países donde Colombia tiene misiones diplomáticos y consulares. Ello significa que la aplicación de las normas de carrera para este tipo de cargos se vería distorsionada, por cuanto habría dificultades en relación con las convocatorias y con la realización de los concursos, además de que, frecuentemente, estos últimos, en la práctica, no contarían con participantes colombianos o tendrían a los mismos en condiciones de desventaja. Ello, aunado al hecho de que el Estado colombiano no está obligado a concederles derechos laborales de este tipo a ciudadanos de otros países residentes en el exterior, conduce a la conclusión de que la norma demandada es constitucional. Sin embargo, la declaración de constitucionalidad se formula bajo el entendido de que los cargos analizados solamente podrán ser de libre nombramiento y remoción si son ocupados por personas que no tengan la nacionalidad colombiana. En el caso contrario, es decir, cuando los empleos vayan a ser asignados a ciudadanos colombianos, sí habrá de cumplirse integralmente con los requisitos propios de la carrera, de manera tal que se respete el derecho de todos los colombianos a competir en igualdad de condiciones por la adjudicación de esos empleos”.

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, los empleos del servicio administrativo en el exterior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, son de libre nombramiento y remoción cuando quienes aspiren a ellos sean de nacionalidad extranjera, en razón de los especiales conocimientos sobre el lenguaje y el país donde se van a ejercer, perfil que se asimila más a las personas que residen en los países donde Colombia tiene misiones diplomáticas y consulares, y para los cuales los nacionales colombianos no podrían competir en igualdad de condiciones.

Lo anterior no excluye de su ejercicio, obviamente, a los ciudadanos colombianos que reúnan tales requisitos, pero en este caso sí habrá de cumplirse con las exigencias propias de la carrera para su provisión.

Así las cosas, se hace necesario entrar a estudiar si en el caso sub examine, el nombramiento cuya nulidad se pretende recayó en una persona de nacionalidad colombiana, pues de esta condición depende que el cargo sea de carrera o de libre nombramiento y remoción.

El actor afirma que la señora Ana Elvia Roa Becerra ostenta la nacionalidad colombiana y no pertenece a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni está inscrita en el escalafón de carrera administrativa y, para probar estos hechos, aporta fotocopia simple de la tarjeta correspondiente a la cédula de ciudadanía número 51.587.132 de Bogotá, en la que consta que la señora Ana Elvia Roa Becerra nació en Bogotá Cundinamarca (fl. 13), y certificación expedida por la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores (E), en la que se asevera que la mencionada señora no figura como funcionaria inscrita en el escalafón de carrera administrativa (fl. 19).

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, Estatuto de Registro del Estado Civil, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en las mismas.

Se concluye por lo anterior, que la tarjeta correspondiente a la cédula de ciudadanía no es prueba idónea para demostrar la nacionalidad.

Es sabido que la nacionalidad, ha sido considerada por la doctrina, como un vínculo de doble carácter, político y jurídico; el primero, representado en la sujeción de la persona a un Estado y el segundo, en cuanto confiere un status jurídico específico. En cuanto respecta la situación examinada, la calidad de nacional colombiano determina la imposibilidad de acceder al empleo administrativo en el servicio exterior, sin pertenecer a la carrera administrativa especial.

Es claro que el único cargo contra el acto enjuiciado se fundamenta en la afirmación del demandante de que la señora Roa Becerra ostenta la nacionalidad colombiana y ese hecho no aparece acreditado en el proceso, por los medios de prueba que la ley expresamente establece para el efecto. Por tanto habrán de denegarse las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de mayo 18 de 2000. Expediente 2310. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

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