Sentencia 23106 de junio 29 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Marina Pulido de Barón

Aprobado Acta Nº 052

Bogotá, D.C., junio veintinueve de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Primer cargo. Causal tercera, nulidad originada en la falta de competencia del juez de conocimiento:

Tal como lo destaca la representante del Ministerio Público, el principio de juez natural se considera doctrinaria y jurisprudencialmente como uno de los pilares del concepto de debido proceso dentro de un sistema penal de corte democrático. Su naturaleza deriva del principio de legalidad en una de sus distintas facetas, fundamentalmente, legalidad del delito, del juez, de la pena y de su ejecución.

Los anteriores conceptos han de ser entendidos en cuanto la ley necesariamente debe prever, antes de la comisión de la conducta y no con carácter ex post facto, la conducta reprimida, la pena correspondiente por su comisión, el juez o tribunal competente y las condiciones en que se habrá de ejecutar la sanción en caso de que la actuación culmine con un juicio de responsabilidad penal.

En lo que atañe con la determinación previa del juez o tribunal a quien corresponda el conocimiento de la actuación que sobreviene a la comisión de una conducta punible, tema sobre el cual se edifica el cuestionamiento propuesto por el actor en este cargo, es preciso señalar que existan reglas claras que permiten establecer cuál es el funcionario revestido de competencia para tal efecto pues, como lo ha señalado la Sala, su atribución no puede surgir de interpretaciones analógicas que, dado el caso, podrían atentar contra el principio de seguridad jurídica y, en definitiva, terminan por contrariar la inspiración democrática del sistema penal colombiano.

Las pautas que regulan la competencia están referidas a varios presupuestos, entre los cuales se cuenta con el llamado factor territorial, cuya naturaleza deriva del lugar en donde haya tenido ocurrencia la infracción penal, esto es, que será competente el funcionario del sitio en donde tuvo ocurrencia la ilicitud.

El desconocimiento de los factores que establecen la competencia comporta vulneración del debido proceso y por esa razón está prevista legalmente como causal que configura invalidez de la actuación procesal (numeral 2º del artículo 304 del Decreto 2700 de 1991 y numeral ídem del 306 de la Ley 600 de 2000), cuyos efectos se remontan al momento mismo de la actuación procesal en que se verifique que fue asumida por un funcionario que carecía de competencia.

En punto del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, ha precisado la jurisprudencia de la Sala, como bien lo indican el casacionista y la procuradora delegada, que con el fin de establecer la competencia territorial es necesario tener en cuenta el lugar de consumación de la conducta, representado por aquel en donde se recibió el bien que incrementó en forma injustificada el patrimonio y, en el mismo orden de ideas, cuando se trata de títulos valores, el sitio en donde fueron entregados físicamente, tal como se consignó en la decisión referida por dichos sujetos procesales (1) . Esta tesis ha sido reiterada posteriormente, entre otras en la siguiente decisión que sobre el particular advirtió:

“2. La precisión y alcance de la conducta de enriquecimiento ilícito que consiste en incrementar el patrimonio, es que se consuma en el lugar donde se recibe el bien que genera el acrecentamiento.

Cuando se trata de cheques, el antecedente jurisprudencial de esta Sala de Casación Penal ha sido reiterativo en indicar que la mera recepción pura y simple de ese título valor constituye el incremento, por lo que el lugar donde se haya recibido físicamente es donde se acrece el patrimonio. Ello por cuanto la naturaleza jurídica del cheque como instrumento comercial —ha dicho la Sala—es la de ser una orden incondicional de pago” (2) .

Lo anterior conduce a colegir que asiste razón al censor al afirmar que el juez competente, cuando se trata del delito de enriquecimiento ilícito de particulares que involucra títulos valores, es el de lugar en donde se llevó a cabo su entrega física y efectiva.

Sin embargo, es necesario precisar que dada la complejidad del tipo penal de enriquecimiento ilícito y especialmente porque se trata de un delito de resultado es también admisible pregonar que la acción se extiende, en el caso de los cheques, a partir del momento en que son girados hasta cuando en forma efectiva se obtiene el acrecentamiento económico injustificado.

Esta situación se advierte en el asunto que se somete a consideración de la Sala, en donde fueron girados en una ciudad (Cali), pero está comprobado o bien que no fueron allí mismo entregados físicamente o existe indeterminación al respecto, para terminar consignándose en cuentas bancarias de otro lugar (Bogotá), en cuyo caso son competentes los funcionarios de los dos lugares referidos.

En efecto, gran parte de los 53 cheques que se atribuye ingresaron injustificadamente al patrimonio de Ramírez Arbelaez, se consignaron en cuentas bancarias con sede en la ciudad de Bogotá, bien de terceras personas o en donde el mencionado es el titular. Los títulos valores a los que se hace referencia son los siguientes:

— Cheque 2509883 de la cuenta 8023-022499-6 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Alfonso Martínez, girado a favor de Humberto Motta el 22 de octubre de 1991 por $ 4.000.000 y consignado en la cuenta 2318354602-4 del Banco de Colombia, sucursal Ricaurte de Bogotá, cuyo titular es José María Motta.

— Cheque 2540687 de la cuenta 8023-023175-6 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jorge Castillo, girado a favor de Julián Murcillo el 28 de noviembre de 1991 por $ 2.000.000 y consignado en la cuenta 2318354602-4 del Banco de Colombia, sucursal Ricaurte de Bogotá, cuyo titular es José María Motta.

— Cheque 2540706 de la cuenta 8023-023175-6 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jorge Castillo, girado a favor de Oscar Villarraga el 12 de diciembre de 1991 por $ 2.000.000 y consignado en la cuenta 0088-01135-8 de Davivienda, sucursal calle 57 de Bogotá, cuyo titular es Álvaro Villarraga Sarmiento.

— Cheque 2540707 de la cuenta 8023-023175-6 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jorge Castillo, girado a favor de Álvaro Villarraga el 13 de diciembre de 1991 por $ 1.000.000 y consignado en la cuenta 0088-01135-8 de Davivienda, sucursal calle 57 de Bogotá, cuyo titular es Álvaro Villarraga Sarmiento.

— Cheque 2580622 de la cuenta 8023-022499-6 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Alfonso Martínez, girado a favor de Mario Ramírez, el 20 de enero de 1992 por $ 2.000.000 y consignado en la cuenta 2318354602-4 del Banco de Colombia, sucursal Ricaurte de Bogotá, cuyo titular es José María Motta.

— Cheque 2591341 de la cuenta 8023-023884-3 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jesús Zapata, girado a favor de Mario Ramírez el 8 de febrero de 1992 por $ 4.450.000 y consignado en la cuenta 0088-01135-8 de Davivienda, sucursal calle 57 de Bogotá, cuyo titular es Álvaro Villarraga Sarmiento.

— Cheque 2591342 de la cuenta 8023-022499-6 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jesús Zapata, girado a favor de Humberto Motta el 8 de febrero de 1992 por $ 7.200.000 y consignado en la cuenta 2318354602-4 del Banco de Colombia, sucursal Ricaurte de Bogotá, cuyo titular es José María Motta.

— Cheque 2715024 de la cuenta 8023-023952-5 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Carlos Augusto Lozano García, girado a favor de Mario Ramírez el 22 de julio de 1992 por $ 4.000.000 y consignado en la cuenta 1016-155578-7 del Banco de Colombia, sucursal carrera octava de Bogotá, cuyos titulares son Mario Ramírez Arbeláez, Aura Lucía Ramírez Arbeláez y Martha Cecilia Salazar Palacio.

— Cheque 2734542 de la cuenta 8023-023884-3 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jesús Zapata, girado a favor de Mario Ramírez el 2 de septiembre de 1992 por $ 2.800.000 y consignado en la cuenta 1016-155578-7 del Banco de Colombia, sucursal carrera octava de Bogotá, cuyos titulares son Mario Ramírez Arbeláez, Aura Lucía Ramírez Arbeláez y Martha Cecilia Salazar Palacio.

— Cheque 2743305 de la cuenta 8023-023884-3 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jesús Zapata, girado a favor de Anny Osorio el 23 de septiembre de 1992 por $ 3.000.000 y consignado en la cuenta 005-08945-3 del Banco Ganadero sucursal centro internacional de Bogotá, cuya titular es Anny Osorio.

— Cheque 2798539 de la cuenta 8023-023884-3 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jesús Zapata, girado a favor de José Guillermo Castaño el 15 de noviembre de 1992 por $ 4.000.000 y consignado en la cuenta 01008291-5 del Banco Cafetero sucursal centro internacional de Bogotá, cuyo titular es José Guillermo Castaño Agudelo.

— Cheque 2994580 de la cuenta 8023-024406-0 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Édgar Castillo Plaza, girado a favor de Mario Ramírez el 17 de junio de 1993 por $ 1.000.000 y consignado en la cuenta 1016-155578-7 del Banco de Colombia, sucursal carrera octava de Bogotá, cuyos titulares son Mario Ramírez Arbeláez, Aura Lucía Ramírez Arbeláez y Martha Cecilia Salazar Palacio.

— Cheque 3054213 de la cuenta 8023-024597-5 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jairo Ortiz Molineros, girado a favor de Mario Ramírez el 29 de agosto de 1993 por $ 1.200.000 y consignado en la cuenta 1016-155578-7 del Banco de Colombia, sucursal carrera octava de Bogotá, cuyos titulares son Mario Ramírez Arbeláez, Aura Lucía Ramírez Arbeláez y Martha Cecilia Salazar Palacio.

— Cheque 3135423 de la cuenta 8023-024597-5 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jairo Ortiz Molineros, girado a favor de Mario Ramírez el 21 de diciembre de 1993 por $ 2.500.000 y consignado en la cuenta 005-08945-3 del Banco Ganadero sucursal centro internacional de Bogotá, cuya titular es Anny Osorio.

— Cheque 3162038 de la cuenta 8023-024597-5 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Jairo Ortiz Molineros, girado a favor de Mario Ramírez el 29 de agosto de 1993 por $ 1.200.000 y consignado en la cuenta 1016-155578-7 del Banco de Colombia, sucursal carrera octava de Bogotá, cuyos titulares son Mario Ramírez Arbeláez, Aura Lucía Ramírez Arbeláez y Martha Cecilia Salazar Palacio.

— Cheque 3401361 de la cuenta 8060-025029-0 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Comercializadora de Carnes del Pacífico Ltda., girado a favor de Juan Castro el 25 de febrero de 1995 por $ 2.500.000 y consignado en la cuenta 005-08945-3 del Banco Ganadero sucursal centro internacional de Bogotá, cuya titular es Anny Osorio.

— Cheque 3484721 de la cuenta 8060-025029-0 del Banco de Colombia, oficina principal de Cali, abierta a nombre de Comercializadora de Carnes del Pacífico Ltda., girado a favor de Pedro Pérez el 10 de abril de 1995 por $ 5.000.000 y consignado en la cuenta 0070-7012637-5 de Davivienda, sucursal San Martín de Bogotá, cuyo titular es Carlos Hernando Bautista Rincón.

Como atrás se señaló, es pertinente acotar que en el proceso no está demostrado que estos cheques fueron entregados en la ciudad de Cali a Ramírez Arbeláez; por el contrario, desdibuja tal hipótesis lo que los medios de prueba ponen en evidencia, empezando por lo que el mismo procesado adujo en su indagatoria:

“ ...por este concepto muchas veces cuando no podía viajar a las diferentes ciudades a recoger, a cobrar o a percibir mis honorarios podrían hacer las gestiones comerciales necesarias para hacérmelos llegar de manera que no puedo afirmar que eso corresponda a mis honorarios...” (3) .

En cuanto al cheque 3401361 de la cuenta 8060-025029-0 del Banco de Colombia de la oficina principal de Cali, abierta a nombre de Comercializadora de Carnes del Pacífico Ltda. y girado a favor de Juan Castro el 25 de febrero de 1995 por $ 2.500.000, pero consignado en la cuenta 005-08945-3 del Banco Ganadero, sucursal centro internacional de Bogotá, cuya titular era Anny Osorio, a quien el procesado señaló como su socia en el negocio de la comercialización de obras de arte y antigüedades, Ramírez Arbeláez indicó lo siguiente:

“Solicité que se le consignara a la cuenta antes referida para el pago de unas enciclopedias y unos libros de derecho y otros de colección que fueron remitidos a la ciudad de Cali”. (4)

Por otra parte, en el interrogatorio al procesado efectuado en la audiencia pública, al ser cuestionado por la adquisición de unas camisetas destinadas a propaganda publicitaria con fines políticos adquiridas al señor Luis Humberto Motta y pagadas con dineros provenientes de la organización de los hermanos Rodríguez Orejuela, precisó que “los cheques iban directamente a la cuenta de Motta” (5) .

Pero más determinante sobre el particular resulta lo que en desarrollo de la misma diligencia señaló posteriormente el sindicado y que también destaca la representante del Ministerio Público:

“Manifiéstele a esta audiencia por favor cual fue el trámite normal como el modus operandi que utilizó usted entre los años 1991 a 1995 para recibir los pagos de las transacciones de índole comercial que en consideración a sus múltiples actividades realizó. CONTESTÓ. (...) señor juez los cheques de Cali se manejaban en Cali, todo este origen de proceso se origina en Cali. Los cheques de Bogotá con las sociedades de Bogotá se mandaban a Bogotá, PREGUNTADO: manifiéstenos por favor si conoce y de ser así cuál ha sido su relación con los señores Julian Murcillo Posada y Jairo Aparicio Lenis (...) CONTESTÓ ...lgualmente el señor Julián Murcillo me contactó en la ciudad de Bogotá con el fin de ayudarle a conseguir y cotizar unos elementos publicitarios para la campaña política... (6) (negrillas fuera de texto).

Si a las manifestaciones del procesado se suma el hecho de que tenía su domicilio para ese entonces en la ciudad de Bogotá y que su eje de actividades era también esta capital, no ofrece ninguna dificultad concluir que la conducta que se le atribuye tuvo ocurrencia en las ciudades de Cali, en donde recibió la mayor parte de los cheques —algunos de los cuales cobró por ventanilla—, y en Bogotá, a donde otros fueron consignados directamente en las cuentas bancarias de terceros que Ramírez Arbeláez determinaba, o en su cuenta personal —cuya titularidad compartía con su cónyuge y hermana—, dada la imposibilidad de desplazarse en todas las oportunidades a recibirlos a la sede de la organización delictiva, según el mismo lo admitió.

Ahora bien, en punto de establecer el lugar de comisión de la conducta punible existen tres teorías; la primera, denominada de la acción, dispone que el delito se entiende cometido en el sitio donde se realizó la acción con independencia del resultado. La segunda, llamada del resultado, asume que el ilícito fue cometido en el lugar donde se concretó el resultado exigido en el tipo penal. Y, la tercera, denominada mixta o la de la ubicuidad, supone que el delito se cometió de manera indistinta donde tuvo lugar la acción, donde se desarrolló o ejecutó, o donde finalmente se consumó o produjo el resultado.

En el artículo 13 del Decreto 100 de 1980 (14 de Ley 599 de 2000) el legislador adoptó la teoría de la ubicuidad al señalar que la conducta punible se entiende realizada “en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción” o “donde se produjo o debió producirse el resultado”.

En cuanto comporta la definición de la competencia por el factor territorial como garantía del principio del juez natural, se entiende, por regla general, que el competente es el funcionario con jurisdicción en el lugar en donde se cometió el delito, caso en el cual es imprescindible verificar los supuestos anteriormente abordados, esto es, dónde se produjo la acción, o bien en qué sitio tuvo lugar el resultado, dejando en claro que a partir de la competencia a prevención bien puede ocurrir que un determinado ilícito cuya acción se produjo en un sitio pero que sus resultados ocurrieron en otro, determinen la competencia de distintos funcionarios judiciales por el factor territorial.

Es lo que sucede en el caso que se somete a consideración de la Sala, pues si bien existe claridad en que todos los títulos valores fueron girados en Cali, contra cuentas bancarias de la organización delictiva en esa ciudad, indistintamente que hayan sido entregados allí mismo, en Bogotá, o en un sitio indeterminado, es lo cierto que algunos terminaron consignándose directamente en cuentas de la capital del país; es decir, que el resultado consistente en el acrecentamiento económico “para sí o para otro” exigido en el tipo penal, se concretó en esta última ciudad; en consecuencia, también es competente, de acuerdo con el factor territorial y por la adscripción del legislador a la “teoría de la ubicuidad”, el juez de este último lugar.

Como en principio los dos funcionarios (el de Cali y el de Bogotá) resultan competentes, lo cierto es que de acuerdo a las reglas que definen la atribución de competencia a prevención, esta radicara en aquel del lugar en donde primero se hubiera formulado la denuncia, o donde primero se hubiera proferido resolución de apertura de la instrucción, como lo dispone el artículo 80 del Decreto 2700 de 1991 (83 de la Ley 600 de 2000).

Establecido lo anterior se tiene que en el asunto de la especie la actuación se originó con ocasión de la expedición de copias ordenada por un fiscal regional de Bogotá el 7 de noviembre de 1998 en el proceso 24249 (proceso 8000), motivo por el cual una fiscalía de esta misma ciudad dispuso la apertura de instrucción y, por tanto, eran los jueces de esta capital los competentes para asumir su conocimiento, como en efecto ocurrió con el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el cual tramitó la fase del juicio y dictó la sentencia de primer grado con sujeción a las pautas legales sobre la materia.

Así las cosas, carece de razón el demandante al pretender la nulidad de la actuación procesal argumentando que el mencionado funcionario no era competente para asumir el conocimiento del asunto, razón por la cual el cargo se desestima.

2. Segundo cargo. Causal tercera, nulidad por violación al debido proceso, por desconocimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica:

El tema sobre el cual gravita la argumentación del casacionista está orientado a demostrar que se vulneraron los referidos principios, en tanto que para la fecha de la conducta que se le atribuye a su defendido (hasta la emisión del último de los títulos valores), regía la interpretación constitucional contenida en la sentencia C-127 de 1993, la cual condicionaba la tipicidad del delito de enriquecimiento ilícito de particulares a la previa declaratoria de responsabilidad penal y no la hermenéutica posterior contenida en fallo C-319 de 1996, por cuyo medio se reconsideró dicha postura para concebirlo como delito autónomo.

Como en forma acertada lo señala la colaboradora del Ministerio Público, sobre idéntico planteamiento ya ha tenido la Sala la oportunidad de referirse con antelación, especialmente en las sentencias de fechas abril 2 (7) y 4 (8) de 2001 y del 13 de febrero de 2002 (9) .

Se señaló en aquellas ocasiones y ahora se reitera habida cuenta que el censor expone los mismos argumentos respecto de los cuales la Sala fijó su postura en los antecedentes referidos, que la Corte Constitucional en la sentencia C-127 de 1993, frente a la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el Decreto 2266 de 1991 por medio del cual se adoptaron como normas permanentes, entre otras disposiciones, el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989, advirtió someramente que “La expresión ‘de una u otra forma’, debe entenderse como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas, en cualquier forma que se presenten estas”, y que “Las actividades delictivas deben ser judicialmente declaradas, para no violar el debido proceso, y el artículo 248 de la Constitución Política, según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.

Así mismo, en el auto 045A del 19 de octubre de 1995 emitido por el Magistrado Sustanciador, doctor José Gregorio Hernández Galindo, al cual también alude el casacionista, se rechazó una nueva demanda de inconstitucionalidad propuesta contra la misma norma en el entendido de existir cosa juzgada constitucional.

Sin embargo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-319 de fecha 18 de julio de 1996, al resolver la acción pública de inconstitucionalidad promovida contra los artículos 148 del Código Penal y 1º del Decreto 1895 de 1989 advirtió, respecto de la expresión “derivado, en una u otra forma, de actividades delictivas”, contenida en ambas disposiciones, “que en manera alguna debe interpretarse en el sentido de que deba provenir de un sujeto condenado previamente por el delito de narcotráfico o cualquier otro delito. No fue eso lo pretendido por el legislador; si ello hubiese sido así, lo hubiera estipulado expresamente. Lo que pretendió el legislador fue respetar el ámbito de competencia del juez, para que fuera él quien estableciera, de conformidad con los medios de prueba y frente a cada caso concreto, la ilicitud de la actividad y el grado de compromiso que tuviese con la ley el sujeto activo del delito”.

Como se señaló en las anteriores decisiones de la Sala, el criterio contenido en ese primer pronunciamiento, referente al carácter subordinado del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, no tiene valor de cosa juzgada implícita, pues de haber sido así la misma Corte Constitucional habría encontrado en esa fuerza vinculante una infranqueable talanquera para abordar nuevamente el punto”.

Al respecto, oportuno se ofrece precisar que la Corte Constitucional en el análisis de la cosa juzgada constitucional se ha encargado de determinar sus efectos y su fuerza vinculante.

De esta manera, en cuanto respecta con lo plasmado en la parte resolutiva del fallo, ninguna controversia surge en torno a la fuerza de cosa juzgada explícita que de allí dimana y a sus efectos erga omnes que obligan incluso a la misma Corte Constitucional.

La misma consecuencia se predica de lo que se conoce como ratio decidendi, entendiéndose por tal los conceptos contenidos en la parte motiva pero que expresan el “principio, regla o razón general que constituye la base de la decisión judicial específica” (10) , cuya entidad también es de doctrina vinculante y valor de cosa juzgada implícita, efectos a los que tampoco puede sustraerse dicha corporación.

En cambio, en lo atinente a los obiter dicta o consideraciones incidentales de la respectiva providencia, por no estar vinculadas de manera inescindible a la decisión adoptada, simplemente constituyen un criterio auxiliar en la labor judicial en los términos precisados en el inciso 2º del artículo 230 de la Carta Política, como en efecto ocurrió con los comentarios esbozados en la sentencia C-127 de 1993 en lo atinente al carácter subordinado de la conducta delictiva de enriquecimiento ilícito de particulares, como quiera que se trató de escuetas reflexiones sobre dicho tópico que así hayan aludido tangencialmente a algunos derechos fundamentales no tuvieron mayor desarrollo argumentativo y de las que no es posible evidenciar el fundamento o la razón ligada inescindiblemente a la exequibilidad de la norma descriptiva de tal ilícito; por el contrario, su contenido revela que se trató de conceptos que contaron con una fuerza simplemente persuasiva.

Por consiguiente, a partir del entendimiento de que esas motivaciones del referido fallo no guardaban relación directa con su parte resolutiva, es claro que no ostentaban el carácter obligatorio que pregona el censor.

Además, la Corte Constitucional dentro de la facultad con la que cuenta para señalar los efectos de sus fallos de control constitucional, precisó ulteriormente que los conceptos contenidos en ella tenían esa naturaleza, cuando sobre ese aspecto precisó en el aludido fallo C-319 de 1996, lo siguiente:

“...la Corte se ve precisada a reconsiderar el planteamiento hecho en la parte motiva de la Sentencia C-127 de 1993 ...Debe aclararse que no se trata en este caso de un cambio de jurisprudencia, por cuanto, por una parte, la decisión adoptada en esa providencia fue de exequibilidad de las normas acusadas, es decir del delito de enriquecimiento ilícito tal como estaba concebido en ellas y, por otra parte, el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que fue declarado exequible por esta Corte establece, respecto de las sentencias de la Corte proferidas en cumplimiento del control constitucional ‘que solo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva’, y que ‘la parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general’...” (12) .

Lo anteriormente expuesto, permite inferir que no le asiste razón al casacionista cuando pregona la presunta vulneración de las garantías del bloque de constitucionalidad, constitucionales y legales citadas, a partir de los argumentos contenidos en esta censura.

Así las cosas, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno. Cópiese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

(1) Sentencia de fecha abril 4 de 2001; M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Rad. 16356.

(2) Auto del 12 de marzo de 2002; M.P. Carlos E. Escobar. Rad. 19124 y, en el mismo sentido, providencias del 20 de junio de 2001; M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón y del 19 de junio de 2003; M.P. Dr. Herman Galán Castellanos. Rad. 18483.

(3) Folio 49 del cuaderno original número 1º.

(4) Folio 4 del c.o. Nº 4.

(5) Folio 6 del c.o. Nº 18

(6) Folios 12-16 c.o Nº 18.

(7) Radicación 14536; M.P. Édgar Lombana Trujillo.

(8) Radicación 16356; M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(9) Radicación 15224; M.P. Édgar Lombana Trujillo.

(10) Corte Constitucional, sentencia SU-047 del 29 de enero de 1999, M.P. Drs. Gaviria Díaz y Martínez Caballero.

(12) Este criterio fue reiterado posteriormente en la sentencia de unificación SU-047 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.

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